Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133579
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoca la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 31/10/2022 en lo tocante con la imposición de costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado; las de Alzada se imponen en el mismo sentido, en función a la ausencia de contradicción (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 133579; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
PERAFAN JUAN JOSE Y OTRO/A C/ BANCO DE ESPAÑA Y AMERICA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de Marzo de Dos mil veintitres, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133579, caratulada: "PERAFAN JUAN JOSE Y OTRO/A C/ BANCO DE ESPAÑA Y AMERICA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 31 de octubre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado hizo lugar a la demanda sumaria por prescripción adquisitiva del dominio promovida por JUAN JOSE PERAFAN Y MIRTA MABEL GONZALEZ en contra de BANCO DE ESPAÑA Y AMERICA; declaró adquirido por los actores, por prescripción veinteañal, el dominio del inmueble con frente a calle Batalla de Chacabuco, entre las calles Las Heras y Pedro Bourel, matrícula número 90962 de Florencio Varela (32), Catastro I; B; MANZ. 122; PARC.12, según plano de mensura identificado como 32-0064-2015, partida Nº5.145, superficie 355,41 m2, que da lugar a la parcela 2ª; ordenó que, firme el decisorio y previo cumplimiento del art. 21 de la ley 6716, se oficie al Registro de la Propiedad Inmueble para que proceda a su inscripción y en forma simultánea cancele la inscripción de dominio que consta a nombre de los accionados con relación al bien inmueble supra descripto; impuso las costas a los demandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para el momento en que se encuentre determinada la base regulatoria (art. 27 inc. a ley 8904/77 y 14967).
2. Contra esta forma de decidir apela la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes en representación de la demandada (presentación electrónica de fecha 2 de noviembre de 2022), ataque que previamente concedido (proveído de fecha 4 de noviembre de 2022) fue fundado en esta instancia en tiempo y forma (presentación electrónica del 18 de diciembre de 2022). Corrido el pertinente traslado (proveído del 19 de diciembre de 2022), no recibió réplica de la contraria por lo que, vencido el plazo, se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 2 de febrero de 2023).
3. El agravio de la apelante se ciñe a la imposición de costas en contra de la demandada, reclamando que se fijen en el orden causado, toda vez que no ofreció una oposición férrea de su parte.
Sumado a ello alega que los accionantes para obtener el reconocimiento de su derecho debieron acreditar principalmente la existencia de actos posesorios, por una necesidad propia e inherente a estos tipos de procesos de orden público.
Concluye a partir de allí que resulta razonable entonces que sean las mismas las que afronten los gastos vinculados con su actuar.
4. Abordando la tarea revisora, encuentro central destacar que en este proceso la Defensoría Oficial actúa en representación del ausente procesal (arts. 1870 inc. 1, 1871, del C.C. -hoy derogado, ver arts. 358, 362, 1320, 1322, y concs. CCyC-; 81 ley 5827 -actualmente sin vigencia, ver arts. 33, 36 y concs. ley 14442-; 49 del CPCC).
A partir de la orden del Juez, ante la ausencia de intervención de la demandada para hacer valer sus derechos (proveído del 13 de septiembre de 2018), asume la intervención la Dra. Karina Luján Dicosimo quien denuncia expresamente que ignora si los hechos son tal como se relatan en la demanda, efectúa la negativa de rigor y reserva respuesta definitiva para la oportunidad pertinente (v. presentación electrónica de fecha 28 de septiembre de 2018).
Luego, conferida la vista en los términos del art. 354 inc. 1 CPCC (proveído de fecha 16 de agosto de 2022), la Dra. Andrea García expresamente dice “entiendo que corresponde dejar librado al alto criterio de S.S. la resolución final que ha de recaer en las presentes actuaciones” (presentación electrónica de fecha 21 de agosto de 2022).
De ello se deprende con toda claridad, tal como lo expresa la apelante, que no existió férrea negativa de su parte que obligara a los actores a accionar (por las mismas características de este tipo de procesos de orden público), ni que les haya requerido de una actividad jurisdiccional extra a quienes demandaron.
A partir de allí, considero admisible la eximición de las costas, escapando a la regla objetiva de la derrota. En tal supuesto ello depende del comportamiento procesal observado y permite al juzgador una solución equitativa en atención a las circunstancias del caso (art. 68 del CPCC; CC0102 LP, 233166, RSD-77-99, S 18/05/1999, “Codesal de De Luca, Teresa c/Braco, Juan s/Prescripción adquisitiva”, Sumario Juba B152189; esta Cámara Sala 1, RSD-110-19, S 09/05/2019).
En consecuencia, corresponde en estas actuaciones que las costas de la instancia deberán ser cargadas en el orden causado atento las características del proceso, excepcionando así la regla general (art. 68 CPCC) y las correspondientes a esta Alzada en el mismo sentido, en función a la ausencia de contradicción.
A partir de lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso y revocar la sentencia dictada en estas actuaciones en lo tocante con la imposición de costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado.
Con el alcance referido, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 31/10/2022 en lo tocante con la imposición de costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado; las de Alzada cabe sean impuestas en el mismo sentido, en función a la ausencia de contradicción (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoca la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 31/10/2022 en lo tocante con la imposición de costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado; las de Alzada se imponen en el mismo sentido, en función a la ausencia de contradicción (art. 68, segundo párrafo, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2023 08:30:54 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2023 09:04:04 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/03/2023 09:24:45 hs. bajo el número RS-63-2023 por DILLON MARIA SOLEDAD.
Fin de la sentencia