Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122980
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"CAROU MARCELO ARTURO Y OTS. C/ SUCESORES DE MADERNA Y OT. S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA"
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. Los doctoresÁlvaro Gustavo Casalins y Juan Ignacio Casadella -por derecho propio- interponen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de nulidad oportunamente articulado, con sustento en la inadmisibilidad de los remedios extraordinarios locales contra decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios (art. 292, CPCC, Acordada 1.790; v. fs. 22/35 y 18/19, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en el marco del presente juicio de prescripción adquisitiva- confirmó la base regulatoria establecida sobre la valuación fiscal del inmueble de autos (v. fs. 1/3)
II. En la vía ahora intentada, los letrados fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, igualdad y debido proceso (arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; 23, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; v. fs. 27 vta./28 vta.).
II.1. Plantean que esta Corte mantiene arbitrariamente una regulación de honorarios profesionales en la que se tomó como base arancelaria la valuación fiscal del inmueble objeto de autos, omitiendo considerar las estimaciones acompañadas -tanto en la causa en estudio como en la conexa sobre nulidad de acto jurídico- contrariando -así- la normativa de fondo y adjetiva que enumeran y los derechos constitucionales ya enunciados (v. fs. 28).
Así, exponen que ambas causas -la presente sobre prescripción adquisitiva y la de nulidad de acto jurídico- versan sobre el mismo bien inmueble. Sin embargo, denuncian que se fijaron dos bases arancelarias distintas: para la primera se consideró la valuación fiscal del inmueble objeto de autos y para la segunda, su valor de mercado. Ello implica, a su entender, una vulneración de los arts. 27 inc. "a" y 46 del decreto ley 8.904/77 y el 384 del Código adjetivo, y por ende, de los principios de congruencia, bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal (v. fs. 28/29 vta.)
II.2. Afirman que, tanto los sentenciantes anteriores, como este Tribunal no ponderaron correctamente la doctrina legal de esta Corte, en la que se sostiene que la ley arancelaria debe ser interpretada a partir de sus palabras y de forma sistemática, sin olvidarse la realidad y el contexto que la informa. En ese sentido, opinan que tampoco se tuvo en consideración uno de los criterios directrices en los juicios de contenido económico, esto es, que las regulaciones de honorarios deben guardar proporción con los valores reales en juego (v. fs. 31).
II.3. Sostienen, por fin, que la decisión atacada configura un supuesto de fundamentación aparente y omite el tratamiento de cuestiones a su cargo. Manifiestan que la decisión resulta contradictoria y se desentiende de los agravios planteados, fundamentándose en afirmaciones dogmáticas (v. fs. 33 vta./34).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 36), el mismo no fue contestado.
IV. Al respecto, corresponde señalar que las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la fijación de la base regulatoria realizada por los órganos de grado, así como la admisibilidad de los recursos extraordinarios provinciales), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos de los recurrentes no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
IV.1. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, dogmatismo, autocontradicción, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable (v. fs. 28 y 33/34 vta.), tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones de los impugnantes no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la vía intentada, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. Por último, cabe apuntar que la simple denuncia de la pretendida vulneración de garantías constitucionales y convencionales (arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; 23, Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; v. fs. 27 vta./28 vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, dado que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. SCBA, causas Ac. 96.343, resol. de 24-IX-2008; C. 100.875, resol. de 2-III-2011; C. 103.368, resol. de 26-XII-2012; entre tantas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia