Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
El depósito previo efectuado a fs. 586 ($ 165.100) queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
"AVELDAÑO MERCEDES ISABEL C/ SAMUDIO DE MILLAN ELSA JUANA S/ PRESCIPCION ADQUISITIVA"
La Plata, 11 de Marzo de 2020.
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, en el marco de una acción de prescripción adquisitiva de dominio iniciada por la señora Mercedes Isabel Aveldaño contra la señora Elsa Juana Samudio, revocó lo resuelto por el juez de grado y, en consecuencia, rechazó dicha pretensión. Para así decidir, entendió el tribunal de alzada que con la prueba aportada no se logró demostrar que la accionante haya ejercido la posesión de modo ininterrumpido por el período invocado, ni tampoco la invocada cesión de derechos y acciones posesorios (v. fs. 541/552).
Frente a ello, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 564/585). Tal vía fue denegada con sustento en la insuficiencia del valor del agravio, teniendo en consideración las valuaciones fiscales de los bienes obrantes a fs. 561/563 (v. fs. 590 y vta.) y ello motivó la deducción de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 650/663).
II. Al respecto, cabe señalar que, en casos como el aquí traído, el valor del agravio, a los fines de dar cumplimiento con las disposiciones del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial texto según ley 14.141 y Acordada 3.947/2019- es de monto determinado y está representado por la valuación fiscal de los bienes objetos del presente juicio a la fecha de interposición de la impugnación (causas C. 120.638 "Medisa", resol. de 29-VI-2016; C. 121.726, "Sarno", resol. de 20-IX-2017; C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018; C. 121.946, "Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Servicios Asistenciales Universo Limitada", resol. de 21-XI-2018).
En el supuesto de autos las valuaciones fiscales de los inmuebles involucrados -tal como lo reconoce la impugnante- ascienden a la suma total de $ 678.176 (v. fs. 570 vta./571, 644/646 y 654 vta.), importe que no alcanza el mínimo de ley para acceder a la revisión por la vía intentada (art. 278, texto ley 14.141 y Acordada 3.947/2019; doctr. causas C. 120.894, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IV-2017; C.122.813, "Velasco", resol. de 20-III-2019 y C. 123.275, "Chehin", resol. de 21-VIII-2019).
A lo expresado es menester agregar que resulta inatendible la pretensión que aquí se expone, de tomar en consideración a dicho fin, en lugar del monto de la referida valuación que surge de la documentación expedida por ARBA, la suma que allí se indica como correspondiente a la base imponible -v. fs. 570 vta./571 y 654 vta.- (conf. doctr. causas C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019 y C. 122.920, "Aira", resol. de 20-III-2019).
III. Asimismo, en torno a la alegación formulada respecto a la inconstitucionalidad de la citada ley 14.141 (v. fs. 655, 657/659 vta.), modificatoria de los arts. 278 y 280 del digesto de forma local, esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (causas C. 111.979, "Municipalidad de Exaltación de La Cruz", resol. de 1-IX-2010; C. 113.913, "Castosa", resol. de 13-IV-2011; C. 117.376, "Amundarain", resol. de 26-VI-2013; C. 119.026, "Zarzecki", resol. de 23-XII-2014; C. 120.733, "Pérez", resol. de 22-VI-2016; C. 122.008, "Conti", resol. de 29-XI-2017 y C. 122.365, "San Miguel", resol. de 3-V-2018).
Tampoco asiste razón al recurrente en cuanto afirma que la ley 14.141 al contemplar un mecanismo de actualización prohibido por el art. 10 de la ley 23.928, es inconstitucional.
Al respecto, cabe señalar que, conforme surge de los fundamentos de dicha normativa, el principal objetivo que persiguió la reforma a los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial es restablecer el rol que le compete a esta Corte manteniendo el carácter extraordinario de su intervención. En tal sentido, allí se expresó que tal modificación pretendía no solo actualizar el monto, sino también incorporar un instrumento que permita su fijación automática en términos de valor, a fin de evitar que la ley deba ser modificada en cada oportunidad en que el mismo resulte desvirtuado por vicisitudes económicas. A esos efectos se fijó el valor del litigio y el depósito previstos en los artículos citados, en relación al valor del jus arancelario.
Ello no implica la actualización, reajuste o indexación que prohibe la ley 23.928 citada -texto según ley 25.561-, toda vez que tanto la summa gravaminis como el depósito previo, en tanto presupuestos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, no pueden considerarse comprendidos en la previsión de su art. 10, aplicable a las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (conf. doctr. Q. 72.153, "Bacalo", resol. de 6-XI-2013; A. 71.957, "Botazzi", resol. de 18-IX-2013; C. 117.939, "Podestá", resol. de 23-XII-2013 y A. 74.409, "Carnevale", resol. de 29-III-2017).
IV. Por lo demás, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478; v. fs. 655, 657, 659 vta. y 661) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el sub lite , no se advierte - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales (v. fs. 652 y vta., 654/656, 660 y vta.), en la decisión impugnada, se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018 y C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019).
El remedio extraordinario intentado resulta, en consecuencia, inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
El depósito previo efectuado a fs. 586 ($ 165.100) queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia