Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.632 "AVELDAÑO MERCEDES ISABEL C/ SAMUDIO DE MILLAN ELSA JUANA S/ PRESCIPCION ADQUISITIVA"
I. La actora deduce, mediante presentación electrónica de fecha 1 de junio del corriente año, recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (v. resol. de 11-III-2020).
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo del magistrado de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de prescripción adquisitiva de dominio incoada por la señora Mercedes Isabel Aveldaño contra la señora Elsa Juana Samudio. En consecuencia, la rechazó al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 3-IV-2019 y 17-IX-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, afianzar la justicia, propiedad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 1, 16, 17, 18, 31 y 166, Const. nac.; 25, CADH; v. págs. 19/22, 24, 29, 31/32, 36/37, 39 y 42, del pdf adjunto identificado como "Recurso Papel final.pdf" del trámite "Recurso extraordinario federal - Deduce" de fecha 2-VI-2020).
II.2. Sostiene, que el pronunciamiento en crisis debe ser dejado sin efecto, en tanto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias comprobadas de la causa. Ello por cuanto, a fin de examinar el valor del litigio para la admisibilidad del recurso local interpuesto, este Tribunal consideró -dogmáticamente y con excesivo rigor- la valuación fiscal de los terrenos involucrados en el pleito, sin contemplar la aplicación al caso de la valuación efectuada por ARBA identificada como "Base Imponible", cuyo monto supera el mínimo de 500 jus establecido por la ley para recurrir.
En tal sentido, expone que siguiendo la regla in dubio pro actione debió estarse a la opción más favorable, a fin de garantizar el acceso a la instancia extraordinaria.
Considera, así, que lo resuelto colisiona con el principio de la tutela judicial efectiva y contradice la doctrina del Máximo Tribunal nacional que exige estar a la realidad de los hechos por sobre las ficciones preestablecidas. Y cita en sustento de su postura el voto minoritario de la causa C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018 y el precedente de la Corte federal "Colalillo" (CSJN Fallos: 238:550; v. págs. 18/22, 25/31 y 33/36, pdf cit.).
II.3. Reitera, por otro lado, el agravio vinculado con la inconstitucionalidad de la ley 14.141, la cual mediante su art. 1 modificó el citado art. 278. Ello por cuanto entiende que se impuso un sistema de indexación automática que: 1) se opone al art. 10 de la ley 23.928, 2) restringe el acceso a la justicia y 3) afecta -seriamente, según su modo de ver- la seguridad jurídica, en tanto hace impredecible el monto del agravio al momento de recurrir (v. págs. 22/25 y 37/42, pdf cit.).
II.4. Finalmente, denuncia que el caso excede el interés individual y constituye un supuesto de gravedad institucional en tanto lo resuelto se basa en rigorismos formales que afectan a la comunidad de modo directo e inmediato, incumpliendo, además, con el mandato de afianzar la justicia (v. págs. 31/32, pdf cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 18 de junio de 2020), el mismo fue contestado por la demandada (v. soporte electrónicos de fechas 29 y 30 de junio de 2020).
IV.1. Respecto del remedio federal, es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 295:54; 330:133; 330:4770, entre otros).
En el presente caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la recurrente no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 18/42, pdf cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48). En efecto, insiste la impugnante en cuestionar la valuación utilizada por esta Corte y denunciar la inconstitucionalidad de la ley 14.141, con argumentos que ya merecieron oportuna respuesta en la decisión impugnada (v. puntos II y III, resol. en crisis cit.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de excesivo rigor formal, dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa, omisión de cuestiones conducentes e irrazonable interpretación de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de afianzar la justicia, tutela judicial efectiva, propiedad, defensa en juicio y debido proceso; arts. 1, 16, 17, 18, 31 y 166, Const. nac.; 25, CADH; v. págs. 19/22, 24, 29, 36/37, 39 y 42, pdf cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular el precedente "Colalillo", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 120.993, "Gonzalez", resol. de 7-III-2018; C. 122.201, "Cienfuegos", resol. de 28-XI-2018; C. 122.306, "La Perelada S.A.", resol. de 13-II-2019; C. 122.171, "Di Menna", resol. de 18-IX-2019; C. 123.727, "Caimi", resol. de 2-IX-2020; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 31/32, pdf cit.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:01:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 17:38:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2020 09:02:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 16:50:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 14:36:48 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia