Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122993
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.993, "Llanos, Guillermina Rosa contra Da costa Lauro, Deolinda Rosa y otro. Prescripción adquisitiva", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había estimado procedente la demanda por usucapión con relación a los dos lotes de terreno objeto de autos, rechazando la acción vinculada con el inmueble identificado con la partida inmobiliaria n° 171.471 (v. fs. 730/738).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico presentado con fecha 26-IX-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Guillermina Rosa Llanos articuló la presente acción de prescripción adquisitiva vicenal contra Deolinda Rosa Da Costa Lauro y Osvaldo Milton Kevin Gras, en su carácter de propietarios de los inmuebles ubicados en la ciudad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, identificados en el escrito de inicio (v. fs. 108/114 vta.).
Relató que ha poseído desde el año 1978 en forma continua, pacífica e ininterrumpida los lotes de terreno cuya usucapión aquí se persigue (v. fecha interposición de la demanda: 4-X-2010; v. fs. cit.).
El magistrado de origen, tras examinar las probanzas de la causa, juzgó que aquellas eran demostrativas de los actos materiales que la accionante había realizado y, consecuentemente, de la posesión ejercida por más de veinte años, con las características exigidas por la ley (v. fs. 570/581 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por el accionado Osvaldo Milton Kevin Gras, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza lo modificó parcialmente, rechazando la acción vinculada con el inmueble identificado con la partida inmobiliaria n° 171.471 (v. fs. 730/738).
En suma, entendió que si bien en relación al lote más pequeño (partida n° 167.970) correspondía confirmar la sentencia de origen, cabía deslindar la situación del terreno de mayor extensión (partida n° 171.471), el que se encontraba en un estado de total abandono, debiéndose -por ende- rechazar la pretensión intentada a su respecto.
III. Frente a este modo de decidir se alza la actora mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación del art. 2.251 del Código Civil y Comercial de la Nación y la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de su par provincial. Alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. presentación en formato electrónico de fecha 26-IX-2018).
En prieta síntesis, aduce que el fallo recurrido resulta arbitrario toda vez que ha omitido valorar constancias esenciales de la causa, examinando erróneamente la prueba rendida en autos (v. págs. 4/6).
En particular, niega el estado de abandono del predio, afirmando que del reconocimiento judicial llevado a cabo por la Cámara se aprecia la instalación de un portón y cerco perimetral, un medidor de luz y la presencia de vehículos estacionados en su interior, uno de los cuales es nuevo y pertenece al hijo de la accionante (v. págs. 6/7).
De otra parte, sostiene que es erróneo considerar que el basural ubicado en la parte externa del inmueble sea demostrativo del estado de desatención del predio, máxime cuando de las fotografías surge la existencia de un inmueble de chapa y madera que en la actualidad es utilizado para guardado de materiales (v. págs. 8/12).
Por último, arguye que la Cámara aplicó erróneamente el art. 2.251 del Código Civil y Comercial de la Nación habida cuenta de que dicha disposición legal se refiere a la acción real de reivindicación, no introducida por ninguno de los codemandados (v. págs. 13/15).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De manera liminar, debo señalar que en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación corresponde dejar sentado que, en el caso, tratándose de una acción de prescripción adquisitiva del dominio cuyo plazo no ha sido modificado por la ley 26.994 y que habría vencido bajo la vigencia de la ley anterior, resultan de aplicación las disposiciones del Código Civil de Vélez (v. demanda: fs. 108/114 vta.; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2. Aclarado ello, y en atención a la naturaleza de la acción instaurada, cabe recordar que determinar si el usucapiente justificó o no la posesión mediante la acreditación de actos posesorios, sin reconocer en alguna otra persona algún señorío sobre el inmueble, por todo el lapso que la ley establece para que opere la prescripción adquisitiva, es una cuestión de hecho, solo revisable en sede extraordinaria si en la impugnación se evidencia que la sentencia ha incurrido en valoración absurda de la prueba (conf. causas Ac. 83.752, "Catallino", sent. de 28-VII-2004; C. 97.412, "Lovelle", sent. de 20-V-2009; e.o.,) y habiéndose denunciado dicho vicio lógico del razonamiento corresponde entrar a su tratamiento.
IV.3. Ahora bien, el Tribunal de Alzada -para decidir como lo hizo- comenzó por señalar que el objeto de la presente demanda era divisible, pudiendo haber sido objeto de dos juicios independientes, pues se trataba de la usucapión de dos lotes colindantes pero con ocupaciones y actos posesorios distintos (v. fs. 734 vta.).
A continuación, advirtió que con relación a la partida inmobiliaria n° 167.970 (lote más pequeño de calle México, que contenía edificaciones en las que vivían los usucapientes -con partes viejas, es decir, anteriormente edificadas, y partes nuevas, construidas en el año 2010) había elementos de convicción suficientes que revelaban que se había comportado como dueño. En tal sentido se refirió al comprobante de pago de los servicios, la prueba testimonial y, en particular, a la inspección ocular realizada por la Cámara (v. fs. 734/736).
En cuanto al lote de mayor extensión sito en la calle Bruselas (partida inmobiliaria n° 171.472), señaló que era de toda evidencia que presentaba árboles de antigua data, existiendo un verdadero malezal con montículos y pozos pequeños que indicaban que la tierra no había sido parquizada. Observó la presencia de autos estacionados en el lugar, algunos de ellos abandonados, y de una construcción precaria en ruinas, de escasa dimensión, inhabitada. A ello adunó que dicho cuadro de situación era coincidente con el rótulo de "baldío" inserto por la agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el aviso de deuda del impuesto inmobiliario y con la existencia de un extenso basural en la parte externa del lote, que denotaba el total estado de abandono del inmueble (v. fs. 736 y vta.).
En suma, reparó en que tales circunstancias, adicionadas a la falta la acreditación del pago de impuestos o servicios municipales y sin una prueba pericial que precisara el tiempo de mejoras, pozo de agua, etcétera, permitían concluir que no se habían acreditado los elementos para que prosperase la usucapión con relación a dicho terreno (v. fs. 736 vta.).
IV.4. Estos argumentos, que sirvieron de base fundamental para la decisión adoptada por la Cámara, no han sido eficazmente rebatidos por la recurrente, quien en su presentación se limitó a expresar su disconformidad con el fallo criticado, sin llegar a poner en evidencia el error valorativo del mismo (v. págs. 6/15; conf. art. 279, CPCC).
Ha dicho esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe efectuar en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese fin la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. causas C. 116.430, "P., M. G.", sent. de 11-III-2015; C. 120.040, "Harnan", sent. de 29-VIII-2018; etc.), tal la situación acontecida en la especie, y que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues solo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la instancia extraordinaria para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas Ac. 94.900, "Saldivia", sent. de 7-II-2007; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; e.o.), vicio que a pesar de su denuncia no logra acreditar la impugnante (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, a lo largo de su pieza recursiva la quejosa hace hincapié en variados elementos de convicción que -a su juicio- han sido ignorados por la Cámara: la existencia de una casa donde vivía la familia de la actora (v. pág. 10), la presencia de un medidor de luz en el predio en cuestión (v. pág. 12), etcétera.
Sin embargo, lejos de haber sido preteridas, tales circunstancias fueron especialmente ponderadas por los sentenciantes, aunque en sentido adverso a sus intereses.
En cuanto a la existencia de una supuesta vivienda en el lugar, el Tribunal de Alzada señaló que se trataba de "una construcción precaria en ruinas de reducido tamaño, actualmente inhabitable, es más del impuesto bajado de la página de ARBA dice Baldío- ver fs. 707, sin que se supiera quien la hizo ni como la hizo", a lo cual nada más habían logrado aportar las declaraciones de los testigos (v. fs. 736 y vta.).
Con relación al suministro de energía eléctrica, la Cámara precisó que si bien se habían acompañado comprobantes de pago de la luz que se remontaban al año 1991 coincidentes con el domicilio de la calle Bruselas 2.262 a nombre de Roberto Aldo Eula -quien fuera cónyuge de la accionante-, se observaba que en Bruselas 2.262 no había nada que ameritara dicho servicio, el que en rigor correspondía al lote de la calle México (v. fs. 734 vta.).
Por otra parte, las restantes alegaciones dirigidas a criticar la apreciación de determinadas situaciones de hecho -a saber, la existencia de un basural (v. pág.7), la presencia de automóviles (v. pág. 9) o de un arco de fútbol en el predio (v. pág. 12), etcétera- solo evidencian la postulación de un criterio discrepante con el del juzgador, dejando incólume el fundamento principal de la sentencia consistente en el total estado de abandono del inmueble -constatado por el reconocimiento judicial realizado por el Presidente de la Sala (v. fs. 726/727 vta. y 736)- y la falta de acreditación por parte de la actora de la antigüedad de las supuestas mejoras realizadas (v. fs. 733 vta. y 734), que llevaron al Tribunal de Alzada al rechazo de la acción en lo que respecta a dicho lote.
En este aspecto recuerdo que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja enhiesta la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causas C. 117.710, "Bononi", sent. de 20-V-2015; C. 122.310, "Nonaka", sent. de 3-VII-2019; e.o.).
IV.5. En lo concerniente a la crítica vinculada con la extensión de la solución a la codemandada Gras no recurrente, advierto que -más allá del acierto o error que pueda predicarse con relación a la aplicación al caso del art. 2.251 del Código Civil y Comercial de la Nación-, tratándose de un litisconsorcio pasivo necesario -vínculo procesal que la recurrente se limita a desconocer (v. pág. 13) y dada la naturaleza común de los argumentos esgrimidos en la apelación de fs. 688/695 vta., la quejosa no ha logrado controvertir ni demostrar el yerro que endilga al fallo en crisis (art. 289, CPCC).
IV.6. Finalmente, resta señalar en lo que hace a las transgresiones a preceptos constitucionales (v. pág. 2) que resulta estéril la generalizada denuncia acerca de su quebrantamiento, cuando queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común sin que se haya acreditado la errónea aplicación de estas (conf. causas C. 120.693, "Arias", sent. de 11-IV-2018; C. 122.308, "Pereyra Iraola", sent. de 5-VI-2019; e.o.); circunstancia que sella definitivamente la suerte adversa del remedio intentado.
V. En consecuencia, no habiéndose evidenciado por quien tenía la carga de hacerlo las violaciones de la decisión cuestionada como así tampoco el absurdo esgrimido, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (conf. arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan en cuanto propone rechazar el recurso extraordinario en tratamiento. Sin embargo, respecto de lo consignado en el capítulo IV.5., en lo atinente al agravio vinculado a la extensión de lo decidido en la sentencia al condómino no recurrente, no se verifica en la especie la infracción normativa denunciada (art. 289, CPCC), por las siguientes consideraciones.
I.1. Al iniciar el tratamiento del reparo, la Cámara precisó que en tanto solo había apelado el señor Gras -no así el restante codemandado- la cuestión suscitada debía resolverse acudiendo a los principios que rigen el condominio. Así, invocó la regla del art. 2.251 del Código Civil y Comercial de la Nación y, luego de remitir a ciertos precedentes acerca del alcance de la acción reivindicatoria ejercida por el condómino, concluyó que la apelación del codemandado -en su condición de copropietario- beneficiaba también a quien no se había alzado contra lo decidido en la instancia de origen.
Frente a tal modo de decidir, el recurrente denuncia infracción al mentado art. 2.251. A su entender esa norma resulta inaplicable al caso, pues allí se regula sobre la acción reivindicatoria, que no fue la pretensión esgrimida en la especie. Además, advierte que tal dispositivo se refiere al supuesto de la legitimación activa del condómino y no al de la legitimación pasiva que ocupa en el proceso de usucapión, que es el que se configura en esta controversia.
I.2. La crítica no es de recibo.
De la lectura del pronunciamiento en crisis se desprende que el fundamento jurídico en que se afirma no radica en la literalidad del texto del precepto que contiene el mentado art. 2.251 del Código Civil y Comercial de la Nación sino en los "principios generales" que rigen el condominio ("es loable destacar las reglas del condominio", advirtió de inicio el a quo ). Desde esa perspectiva la norma aludida es tan solo una aplicación especial de aquellos postulados.
Además, con ser cierta la diferencia que puntualiza la pieza recursiva en orden a la desigual posición relativa del comunero que resiste la pretensión tendiente a que se declare la prescripción adquisitiva del dominio de aquella que ocupa quien ejerce la acción reivindicatoria según lo regulado por el citado artículo (pues como bien señala el quejoso, en un caso el propietario ocupa el rol de legitimado activo y en el restante el de legitimado pasivo), hay sin embargo entre ellas semejanzas nada desdeñables. En lo que aquí interesa, en ambas situaciones el titular dominial esgrime frente al tercero un poder de preservación que procura el resguardo de ese derecho de propiedad amenazado. De lo que puede inferirse el conjunto de efectos que produce el accionar de uno de los condóminos respecto de los restantes cotitulares de ese derecho real.
En líneas generales (y esto vale tanto para el Código de Vélez, como para el Código Civil y Comercial de la Nación), esos actos de preservación del bien realizados por el condómino frente a las intromisiones de terceros pueden reputarse practicados en beneficio de todos los condóminos. Es dable predicarlo tanto para los meros actos de conservación de la cosa (arts. 2.701 y 2.709, Cod. Civ.) como respecto del ejercicio de las acciones posesorias (arts. 2.489, Cód. Civ.; 2.245, Cód. Civ y Com.) o de las acciones reales (arts. 2.799 y 2.679, Cód. Civ.; 2.251, Cód. Civ y Com.).
No parece extraño que así sea, pues como lo ha predicado este Tribunal (por aplicación de los arts. 2.508 y 2.673 del Cód. Civ.; que con similar tenor se replican en los arts. 1.943 y 1.893 en el Código Civil y Comercial) en caso de pluralidad de propietarios y poseedores sus derechos frente a terceros abarcan a la totalidad de la cosa (conf. causas Ac. 39.746, "Martínez", sent. de 8-XI-1988 y Ac. 86.996, "de Lóizaga", sent. de 7-VI-2006). La economía misma de la figura del condominio supone la existencia de un derecho extendido a la totalidad de la cosa, aunque no se traduzca en la existencia de actos materiales sobre parte alguna de ella (Fallos: 313:961).
En ese entendimiento se ha señalado que "un condómino titular de un octavo del inmueble, al igual que otro titular de siete octavos, sólo puede reivindicar la cosa y no la cuota. La titularidad de cada uno de los condóminos no se aplica a una porción de la cosa materialmente determinada, sino que se proyecta sobre cada una de las moléculas integrativas de la cosa.[...] Lo correcto es que siempre se reivindique la cosa; no se pueden reivindicar las alícuotas, porque la mitad, el tercio, el cuarto o el quinto inciden sobre toda la cosa y no se corporizan ni siquiera idealmente en ningún sector de ella" (Alterini, Jorge H.; Derechos Reales: acciones reales , RdN, 857, 123).
Ello es así -como ya se ha advertido- por vía de principio, pues pese a lo señalado, el art. 2.251 admite la reivindicación "de una parte material de la cosa", o reducida "a la medida de su parte indivisa". De tal suerte, para determinar cuál ha sido en la especie el concreto alcance del poder de resistencia obrado por el condómino hay que estar a los propios términos de los escritos postulatorios y -en la especie- de fundamentación del recurso de apelación articulados.
I.3. En el recurso no se repara en el mentado distingo contenido en la regla que se estima erróneamente aplicada. Tampoco se invocan otros preceptos que refieran la específica situación de autos o que al menos permitan deducir la vigencia de otros principios aplicables a la materia en debate de los que pueda extraerse una solución diversa a la adoptada por el Tribunal de Alzada. Para más, tampoco se detiene en el análisis de las piezas procesales involucradas en el caso para intentar acreditar la causal de absurdo como vicio grave y patente en la labor de interpretación de esos escritos en cuanto al alcance de las pretensiones esgrimidas por los condóminos.
En vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 95.758, sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, sent. de 10-III-2011; C. 108.027, sent. de 11-V-2011; A. 72.392, "Bonomi", sent. de 16-III-2014; e.o.).
A su turno, cuando la disputa versa sobre la interpretación y alcances de las piezas procesales obrantes en el expediente, con insistencia ha señalado el Tribunal que aquella labor constituye una cuestión circunstancial, o sea de he
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