Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $575.5000 efectuado (v. oficio de 3-III-2020) queda perdido (art. 294, CPCC). El Tribunal de Alzada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.835, "Asociación Civil Seminario Evangélico Interdenominacional de Teología contra Unión Evangélica de la Argentina (UEA). Prescripción adquisitiva", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la acción de usucapión e hizo lugar a la reconvención por reivindicación interpuesta por la demandada. Impuso las costas de las dos instancias y por ambas acciones a la actora vencida (v. sent. electrónica de fecha 2-VIII-2021; págs. 20/21).
La actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. doc. electrónico de fecha 24-VIII-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Asociación Civil Seminario Evangélico Interdenominacional de Teología (en adelante ACSEIT) promovió demanda de adquisición de dominio por usucapión vicenal contra la Unión Evangélica de la Argentina y/o propietarios respecto del inmueble sito en calle Pte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1234 de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, compuesto por dos lotes, individualizados catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Manz. 27, Parc. 9 (Lote 7), Matrícula n° 2048 y Circ. 1, Secc. A, Manz. 27, Parc. 9 (Lote 8), Matrícula n° 2049, ambos con una superficie total de 748,36 m2.
Refiere que el inmueble estaba ocupado desde el año 1988 por el Seminario Evangélico Interdenominacional de Teología (en adelante SEIT), que continúa la posesión.
Seguidamente explica los actos posesorios realizados en dicho inmueble durante veinticuatro años y la organización institucional correspondiente a SEIT, señalando la existencia de un directorio y de un estatuto interno. También hizo mención a distintas entidades evangélicas que le dieron amparo legal, destacando que en el año 2010 obtuvo personería jurídica, recibiendo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el número de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y el reconocimiento de la Municipalidad de San Fernando.
Corrido el traslado de ley se presentó la Unión Evangélica de la Argentina (en adelante UEA) desconociendo la pretensión actora. Manifestó que el inmueble siempre fue propiedad de la Fundación Evangélica Argentina hasta que en el año 2001, por donación, le fue transferida en propiedad.
Relata que la actora obtuvo personería jurídica recién en el año 2009 y que SEIT ni siquiera podía ser considerada una "simple asociación" de las que da cuenta el art. 46 del Código Civil.
Sin perjuicio de contestar el planteo de usucapión, la demandada reconvino por reivindicación para lograr la posesión de los bienes que ocupaba la reconvenida ACSEIT. Esta última contestó repeliendo la pretensión.
Se abrieron los procesos a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda por usucapión y rechazando la reconvención incoada. Se impusieron las costas de ambas acciones a la UEA.
Esta última apeló el pronunciamiento (v. escrito electrónico de fecha 13-III-2018), el que fue repelido por la contraria.
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta revocó el pronunciamiento de primera instancia desestimando la demanda de usucapión y admitiendo la reconvención por reivindicación.
Para decidir de esa manera, comenzó recordando que en nuestro régimen jurídico las asociaciones podrían tener personalidad jurídica otorgada por el Estado, según lo dispuesto por el art. 33, apartado segundo, inc. 1 del Código Civil, con el carácter de personas jurídicas privadas y, por ende, ser sujetos de derecho capaces de adquirir bienes por sí mismos, conforme el objeto estatutario y el régimen previsto en su creación. También que podrían ser simples asociaciones, según el art. 46 del Código Civil, aunque deberían estar constituidas por instrumento público o privado con firmas certificadas, ya que no serían personas jurídicas sino sujetos de derecho pero con aptitud legal limitada; en el plano patrimonial, carecerían de poder de registración a su nombre de inmuebles o muebles, según lo disponía el art. 1.003 del Código Civil, pues solo serían sujetos pasivos de legado o donación en función de su posible constitución y autorización legal. Aclaró que la donación o el legado estarían sujetos a que las simples asociaciones obtuvieran la autorización para funcionar, adquiriendo entonces el carácter de persona jurídica de conformidad con los arts. 1.806 y 3.735 del Código Civil, y así podrían adquirir el dominio de bienes inmuebles o muebles registrables.
Seguidamente resaltó que si bien para prescribir se necesitaba de la posesión esta debía corresponderse con la posibilidad virtual de hacerlo, pues de lo contrario la posesión en sí resultaba inocua, no virtual, nominal, no operante y carente de aptitud jurídica para devenir en dominio pleno. Basó su fundamentación en los arts. 3.950 y 3.952 del Código Civil y en un fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca.
Luego analizó la documentación acompañada por la actora, la que consistió en el acta constitutiva del SEIT de fecha 25 de agosto de 1984, y concluyó que no era posible considerar a esa asociación como persona jurídica, pues no se había acreditado que hubiese sido autorizada por la ley o el gobierno, como lo requiere el art. 45 del Código Civil, ni tampoco era válido el reconocimiento de la Municipalidad de San Fernando como Entidad de Bien Público en los términos del decreto 13.903/89. Agregó que la documentación fue desconocida en su autenticidad por la contraria y que era la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia- quien debía intervenir en los procesos de constitución de asociaciones que requirieran autorización estatal, por disposición del art. 45 mencionado.
Reafirmó que SEIT encuadraba jurídicamente en la figura de simple asociación sin existencia legal como persona jurídica. Además, sostuvo que no era posible reconocerlo como sujeto de derecho puesto que la designación de autoridades realizada en el acta constitutiva no había sido efectuada por escritura pública ni por instrumento privado certificado por notario, tal como lo exigía el art. 46 del Código Civil.
Resaltó que la actora tampoco logró demostrar que el dinero para la adquisición del inmueble hubiera sido propio de SEIT, su antecesora frente al desconocimiento de la contraria- ni que hubiera sido enviado por SEIT a la Fundación Evangélica Argentina (FEA) para adquirirlo.
Advirtió que ambas instituciones SEIT y ACSEIT- no resultaban coincidentes en su objeto social y que, si bien el estatuto de esta última era un "estatuto tipo", pudieron haber aclarado que eran continuadores del primero y no lo hicieron. Resaltó, además, que la actora había nacido con personalidad jurídica propia al obtener la autorización estatal el día 25 de febrero de 2010 y que, por ese motivo, no pudo ejercer nunca actos posesorios con anterioridad a esa fecha. Basó su decisión en la causa Ac. 79.187, "Ponce" (sent. de 2-VII-2003), y en que tampoco se había probado que hubiera sido continuadora de otra persona física o jurídica que hubiese poseído con ánimo de dueño con anterioridad a ella.
De esa manera rechazó la acción de usucapión y admitió la de reivindicación.
En esa tarea recordó que era requisito de esa acción real tener el título que daba derecho a poseer y destacó que no se encontraba discutido en autos que la Unión Evangélica de la Argentina resultaba ser titular dominial del inmueble que pretendía reivindicar en virtud de haberlo recibido por donación de la Fundación Evangélica Argentina, conforme surgía de la escritura n° 93 que obraba a fs. 935/939, la que se encontraba registrada.
Rechazó entonces la pretensión de la reivindicada de que la reivindicante debía probar la posesión del inmueble, cuando no surgía de autos que los anteriores titulares dominiales la hubieran perdido, y que tampoco la reivindicada había probado su posesión de conformidad con la exigencia legal para usucapir.
II. Se agravia la recurrente de la violación de los arts. 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 10, 11, 31 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; además, denuncia infracción de doctrina legal y la configuración de absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas.
Comienza su impugnación destacando que la decisión de la Cámara se redujo a analizar la capacidad jurídica de la actora, despreciando que era continuadora de SEIT y sin tener en cuenta que la Corte federal había sostenido que las simples asociaciones que mencionaba el art. 46 del Código Civil eran sujetos de derecho.
Agregó que la personalidad jurídica no dependía de la autorización estatal sino de la voluntad de las personas físicas que la componían. Citó autores de doctrina y transcribió el art. 46 en apoyo de su postura.
Sostuvo que acreditó que SEIT era sujeto de derecho con capacidad de contraer obligaciones y que la actora era su continuadora, quien adquirió personalidad jurídica en el año 2010. Cita la causa C. 117.106, "Santamaría" (sent. de 8-IV-2015), para reafirmar su alegación.
Destacó que la Cámara minimizó la cobertura legal que tienen las asociaciones evangélicas, pues al contestar la reconvención planteada por la demandada esta parte había puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones evangélicas y el abuso al que están sometidas por otras instituciones del culto.
Seguidamente alegó sobre la prueba producida, haciendo referencia al acta n° 74 del año 2001 para señalar que fue ACSEIT quien dio la autorización para que FEA donara el inmueble a UEA e indicó que del acta n° 109 del 24 de agosto de 2009 surge que el directorio de SEIT debía constituirse en asociación civil, como consta en el acta constitutiva de ACSEIT de fecha 25 de agosto de 2009.
En cuanto a las testimoniales producidas, destacó que los declarantes no diferenciaron entre SEIT y ACSEIT, y que tampoco la Cámara ha tenido en cuenta el reconocimiento de la vigencia institucional por parte de la Municipalidad de San Fernando y de instituciones continentales.
Puso énfasis en que es arbitraria la decisión de la Cámara y violatoria de los arts. 7 y 8 de la Constitución de la Provincia, al entregar un edificio a quien nunca fue su dueño sino que lo obtuvo por donación de otra institución que le otorgó cobertura legal, desconociendo el derecho a quien ha mantenido y edificado el inmueble y en el cual se había capacitado a los fieles en la religión y espiritualidad evangélica (v. fs. 24/27).
III. El recurso no prospera.
III.1. Se plantea aquí si la actora, ACSEIT, es la sucesora en la posesión del inmueble de marras que inició SEIT, una simple asociación en los términos del art. 46 del Código Civil.
En principio corresponde dejar sentado que son de aplicación las normas del Código Civil (art. 3), en razón de que el lapso de la posesión que esgrime la actora (desde el año 1988 y por veinticuatro años según refiere en su demanda) corresponde a ese estatuto legal.
III.2. Ingresando entonces a resolver la cuestión planteada, debe tenerse presente que esta Corte sostiene que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 122.310, "Nonaka", sent. de 3-VII-2019; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", sent. de 17-V-2021; entre muchas otras).
Encuentro que la impugnante se desentiende del fundamento central del pronunciamiento y no logra demostrar que se haya configurado el absurdo ni la violación normativa que denuncia en el fallo puesto en crisis (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En efecto, la Cámara consideró que SEIT no tenía capacidad jurídica para poseer con la finalidad de usucapir por lo que ACSEIT no podía continuar esa posesión. Sostuvo: "Así encuentro que 'SEIT' encuadra jurídicamente en la figura de simple asociación por ser una asociación sin existencia legal como persona jurídica. Además no es posible reconocerlo como sujeto de derecho puesto que la designación de autoridades realizada en el acta constitutiva no fue efectuada por escritura pública y tampoco el instrumento privado fue certificado por escribano público, tal como lo exige el art. 46 del C.Civil".
De esa parcela del pronunciamiento surge el análisis formal que necesariamente tuvo que hacer el Tribunal de Alzada para corroborar si se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Código de fondo respecto de la antecesora de ACSEIT, en lo que atañe a la continuación de la posesión enarbolada por la actora.
Por eso reafirmó que: "...la actora no puede alegar una ocupación propia animus domini con antelación a la autorización otorgada el 25/2/2010 (fs. 860) que le confirió el carácter de sujeto susceptible de adquirir bienes. Para decirse 'continuadora' debe necesariamente acreditar y nominar primeramente a las personas físicas o jurídicas que poseyeron el bien, y probar luego que tal posesión, de la que se pretende continuadora lo fue con los caracteres y atributos que exige la ley, es decir actos de naturaleza posesoria (art. 2384 del C.Civil) con ánimo de prescribir" (el destacado figura en el original).
Frente a tal basal fundamentación la actora insiste en que su antecesora SEIT- tenía capacidad jurídica para contraer obligaciones y que no dependía de ninguna autorización estatal sino de la voluntad de las personas físicas que la componían.
Como se aprecia la recurrente solo confronta la decisión desde su particular posición, pues el art. 46 del Código Civil establece que "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público...".
ACSEIT no ha presentado ninguna documentación de la que surgiera que su antecesora tenía capacidad jurídica para poseer con ánimo de dueño, lo que tampoco se acreditó con la mención de que en el acta constitutiva figuraban como integrantes quienes también conformaron SEIT.
Es de resaltar que lo dirimente en este debate es la falta de personalidad jurídica que tenía la antecesora (SEIT) de la actora para adquirir el inmueble por cualquiera de los medios establecidos en el Código Civil-, ya que solo hubiera sido posible esgrimirlo si aquella hubiera formalizado su constitución por escritura pública o por documento privado con las firmas certificadas, punto fundamental del pronunciamiento que la actora no acepta, desconociendo la manda del art. 46 del Código Civil.
Por eso el Tribunal de Alzada concluyó: "...que el SEIT no resulta ser una persona jurídica autorizada y tampoco sujeto de derecho y no se demostró con certeza que la ACSEIT fuese continuadora del SEIT. Asimismo, está fuera del debate, que la actora (ACSEIT) recién nació con personalidad jurídica propia al obtener la autorización estatal el día 25 de febrero de 2010 (fs. 860, art. 33, 3er apartado, inciso 1 del C.Civil) por lo cual no pudo ejercer actos posesorios con anterioridad a tal estatus legal".
En ese sentido, en el Código Civil comentado, respecto del art. 46 los autores señalan que las simples asociaciones civiles que no cumplen con las formalidades de la ley son grupos humanos organizados, pero no son personas jurídicas (Bueres Alberto J.- Higton, Elena I.: Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial; Tomo 1A; Editorial Hammurabi, 1era. Edición; págs. 457/461).
Encuentro, entonces, que la quejosa no ha logrado demostrar a esta Corte que la Cámara haya errado en su razonamiento ni violado la legislación que denuncia, lo que implica la insuficiencia de su embate.
Debe tenerse presente que para esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos del juzgador limitándose a paralelar en forma genérica su opinión discrepante con el fallo sin hacerse cargo de las concretas razones que lo sustentan (conf. doctr. causas C. 97.160, "Hornos", sent. de 6-XI-2013; C. 122.687, "Rodríguez", sent. de 17-XI-2020; entre muchas otras).
A ello agrego que tampoco es suficiente (art. 279, CPCC) con denunciar como violada la doctrina legal de este Tribunal, sino que es carga del recurrente realizar un confronte o comparación de los elementos fácticos esenciales de la doctrina legal que cita respecto del caso que ahora se encuentra en análisis (conf. doctr. causas C. 116.798, "Citibank N.A.", sent. de 17-XII-2014 y C. 122.651, "Morosini", sent. de 26-III-2021).
Además, es dable recordar que no pueden ser atendidas las infracciones a normas constitucionales que se apoyan en una no acreditada transgresión a normas de derecho común (conf. doctr. causas Ac. 77.461, "González", sent. de 13-XI-2002; C. 101.572, "Alfil Azul S. A.", sent. de 1-IV-2009).
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto. Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y doy el mío en igual sentido.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
A la cuestión planteada, y por los mismos fundamentos que la doctora Kogan, doy también mi voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $575.5000 efectuado (v. oficio de 3-III-2020) queda perdido (art. 294, CPCC). El Tribunal de Alzada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 20:51:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2022 11:21:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2022 08:15:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 00:20:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2022 14:23:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/03/2022 15:59:32 hs. bajo el número RS-7-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia