Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.269 "PANIZZI SERGIO ANGEL C/ LOSADA ALDO Y OTROS/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/ USUCAPION"
I. El actor reconvenido deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 24-VI-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 29-VII-2020 y su archivo adjunto identificado como "Recurso Extraordinario Federal...").
En el caso, la Cámara revocó el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a la demanda de usucapión incoada por Sergio Ariel Panizzi contra Aldo Losada, Liliana Ofelia Scocozza y "Niveloni y Arin Sociedad Anónima, Inmobiliaria y Agropecuaria", rechazándola al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. Seguidamente, admitió la reconvención por reivindicación e impuso las costas al actor por ambas instancias y acciones (v. sents. de 3-X-2017 y 22-V-2018).
II. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad y debido proceso (preámbulo y arts. 1, 14, 17, 18, 33, 35 y 75 inc. 22, Const. nac.; 23, DADDH; 8 y 21, CIDH; 14, PIDCyP; v. págs. 4, 11, 24 y 36/40, adjunto cit.).
II.1. Sostiene que la sentencia en crisis -apartándose dogmáticamente de las pruebas aportadas y del derecho aplicable al caso- omitió dar un tratamiento adecuado a la controversia planteada. Ello, por cuanto formuló -a su modo de ver- una consideración fragmentaria de los elementos conducentes y rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que se desentendió del fundamento central del pronunciamiento, relativo a la accesión de posesiones.
Contrariamente a lo expuesto, alega que los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- relacionados, puntualmente, con las pruebas testimoniales, periciales y la documental, resultaban suficientes para acreditar la cesión de derechos a su favor, demostrar que se encontraban cumplidos todos los recaudos exigidos por la ley para adquirir el bien por usucapión y refutar las razones dadas por el a quo (v. págs. 11/18 y 24/39, adjunto cit.).
II.2. Denuncia, también, que esta Corte interpretó con excesivo rigor formal lo normado por los arts. 679 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial y 24 inc. "c" de la ley 14.159.
Al respecto, alega que, dadas las particularidades de la presente causa, mantener el criterio de que los actos posesorios no pueden ser probados exclusivamente con las declaraciones de testigos, no constituye una derivación razonada del derecho vigente e importa -a su entender- una renuncia consciente a la verdad jurídica. Y agrega que, exigir constancias documentales supone -lisa y llanamente- imponer una obligación de cumplimiento imposible, dada la precariedad de la construcción y la falta de servicios habilitados. Y cita -en sustento de postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 323:2834; 308:1881; 240:99; 261:322; 305:944; 307:1174; 320:1038; 304:1340 y 271:130, entre otros; v. págs. 18/24, adjunto cit.).
II.3. Finalmente, peticiona, por un lado, que se decrete la suspensión del trámite de las actuaciones y la ejecución de la sentencia hasta tanto se dicte resolución definitiva y, por el otro, que se dicten las medidas que se estimen pertinentes para efectivizar el ejercicio de la jurisdicción (v. pág. 39, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 19 de agosto de 2020), el mismo fue contestado por los demandados (v. escrito electrónico de fecha 2 de septiembre de 2020).
IV.1. Respecto de la vía federal deducida, corresponde destacar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho público y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias y de la normativa que rige al caso efectuado por la Cámara y la suficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley para desvirtuar esas conclusiones, art. 279, CPCC y ), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112, 306:443, 324:1721, 2672, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa e irrazonable interpretación de las pruebas y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local que ya han merecido respuesta (v. págs. 11/39, adjunto cit. y sentencia en crisis).
IV.3. Por otro lado, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, propiedad, igualdad y debido proceso; preámbulo y arts. 1, 14, 17, 18, 33, 35 y 75 inc. 22, Const. nac.; 23, DADDH; 8 y 21, CIDH; 14, PIDCyP; v. págs. 4, 11, 24 y 36/40, adjunto cit.) así como la simple mención de los fallos internacionales que cita (v. págs. 18/24, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.204, "Antiguas Estancias Don Roberto", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 113.190, "Albisu De Soler", resol. de 7-III-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 16:44:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 11:22:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:00:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:33:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 12:48:18 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia