Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123269
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.269, "Panizzi, Sergio A. contra Losada, Aldo y otra. Prescripción adquisitiva vicenal" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Soria, Kogan .
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda de usucapión y, seguidamente, admitió la reconvención de la demandada por reivindicación. Impuso las costas al actor por ambas instancias y acciones (v. fs. 487 y vta.).
Se interpuso, por el accionante vencido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 493/525).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor Sergio Ariel Panizzi promovió demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra Aldo Losada y contra Niveloni y Arin Sociedad Anónima, Inmobiliaria y Agropecuaria, respecto de dos lotes de terreno ubicados sobre la ruta 205, calle Reconquista 563/571, de la localidad de Ezeiza, partido del mismo nombre, cuyas nomenclaturas catastrales son las siguientes: Circ. V, Sección E, Manzana 1-ac, Parcelas 50 y 51, Matrículas 35.467 y 35.468, respectivamente, los que poseía por sí desde el año 2004 a título de dueño, continuando la posesión animus domini de su antecesor y cedente señor Omar Ricardo Bruno, como surgía de la cesión de derechos posesorios que acompañó (v. fs. 4/10 vta.).
Se presentó espontáneamente la señora Liliana Ofelia Scocozza, en su calidad de propietaria de los lotes, repeliendo la acción y reconviniendo por reivindicación (v. fs. 39/42 vta.), lo que fue contestado por el actor (v. fs. 102/103 vta.; 155). Igual presentación realizó el demandado Aldo Losada interponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, cuyo traslado fue contestado por el excepcionado solicitando el rechazo de la defensa (v. fs. 126/129). El actor desistió de las codemandadas Niveloni y Arin Sociedad Anónima, Inmobiliaria y Agropecuaria (v. fs. 140).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda por prescripción adquisitiva vicenal contra el señor Losada y la señora Scocozza y rechazando la reconvención por reivindicación opuesta por esta última. Se impusieron las costas, por ambas acciones, a los demandados vencidos (v. fs. 430/443 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los accionados (v. fs. 444), presentando su correspondiente expresión de agravios (v. fs. 456/464), la que fue respondida por el actor (v. fs. 466/472 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, ésta revocó la sentencia de grado anterior, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Losada y rechazó la demanda de usucapión promovida por el señor Panizzi, admitiendo, en cambio, la reivindicación a favor de la señora Scocozza.
I.2.a. Para decidir de esa manera, en la medida del recurso interpuesto, comenzó estableciendo que las relaciones jurídicas del caso habían sido consumadas con anterioridad al 1 de agosto de 2015, motivo por el cual correspondía encuadrar normativamente el asunto dentro de los preceptos del ordenamiento jurídico vigente a ese momento (v. fs. 477/478).
Luego, recordó, con apoyo de doctrina de autor y fallo de Cámara nacional, que la usucapión era un medio para adquirir el dominio de cosas muebles e inmuebles por la realización de actos durante el tiempo fijado por la ley y que hubieran sido ejercitados con animus domini , aclarando que para que esa posesión fuera útil se debía probar cómo y cuándo se la había tomado. Agregó que debía ser continua y tenerla para sí, de conformidad con el art. 4.015 del Código Civil (v. fs. 478 y vta.).
Resaltó que la demostración de los hechos en que se fundaba el derecho debía ser concluyente y comprendía la prueba de la posesión animus domini actual y anterior, siendo relevante la que se tuviera en el inicio de la ocupación pues, con cita de causas de esta Corte, señaló que ese último recaudo representaba el único medio hábil para satisfacer la exigencia temporal contenida en el art. 4.015 del Código Civil (v. fs. 478 vta.).
Con apoyatura en distintas fuentes jurisprudenciales, expresó que resultaba necesario que el pretendiente formara debida y concluyente convicción de la existencia de una posesión animo et corpore, de cuya data inicial no cupiera la menor duda, pues la interversión del título debía exteriorizarse públicamente y ser evidenciada con actos materiales calificables como posesorios, cumpliendo la posesión con las notas de pacífica, pública, continua e ininterrumpida (v. fs. 479).
Seguidamente, y sobre los lineamientos expuestos, ingresó al análisis de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica y advirtió que existía un déficit probatorio infranqueable ya que nuestro sistema legal no contenía la presunción de que cualquier ocupación era a título de dueño, siendo carga de quien la invocaba su demostración. Agregó que por los intereses socioeconómicos que estaban en juego se encontraba comprometido el orden público y porque el abandono del derecho de propiedad y posesión no se presumía, pues el propietario no la perdía aún en circunstancias desfavorables como podrían ser que el bien estuviera baldío y un tercero entrare en posesión a no ser que mediara adquisición del dominio por usucapión (v. fs. 479 vta. y 480).
Encontró que el accionante había denunciado el comienzo de la posesión de los dos lotes a partir del 6 de octubre de 2004 y que a ella se le anexaba la de su antecesor, señor Omar Ricardo Bruno, la que habría comenzado en el año 1982 en forma pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño y sin contradictor alguno y que surgía de la cesión de derechos posesorios que el actor había adjuntado en instrumento público a fs. 64/66 (v. fs. 480).
Consideró, entonces, que al tratarse de una accesión de posesiones le incumbía al actor probar la existencia de actos posesorios ejecutados por su antecesor y los realizados por él, recaudos que no encontró probados en el plazo legal que exigía la norma (v. fs. 480 vta.).
Para ello señaló que el plano de mensura había sido visado en el año 2009, que para la Municipalidad de Ezeiza ambos lotes figuraban como baldíos y que en este tipo de juicios no era dable admitir una demanda de usucapión en base únicamente a la prueba testimonial pues resultaba violatorio del art. 24 de la ley 14.159; 679 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial y de lo que había establecido esta Corte en la causa Ac. 57.602 (sent. de 1-IV-1997).
Apreciando las declaraciones de los testigos, señores Kilian, Pastorini y Toledo, advirtió que resultaba llamativo que si el actor había manifestado haber ingresado en octubre de 2004 aquellos hubieran sido contestes en que lo habían visto allí ejecutando mejoras con mucha anterioridad a esa fecha, motivo por el cual consideró que tales manifestaciones debilitaban la posición de aquel (v. fs. 481 y vta.).
A diferencia de la valoración efectuada en primera instancia, formó también su convicción desestimatoria de la demanda en base a la pericia realizada por la arquitecta, pues la experta se había constituido en los terrenos, los había inspeccionado y había detallado las construcciones existentes, explicando las razones de la dificultad que se le presentaba para determinar la antigüedad de ellas. Consideró, además, que eran adecuadas las imágenes satelitales del sitio web Google Earth, pues habían sido capturadas en febrero de 2010 y en ellas aparecían los terrenos como baldíos, en concordancia con el informe del municipio y con las cédulas catastrales adjuntadas a la escritura de compraventa realizada en mayo de 2008 que la demandada acompañó en su responde (v. fs. 481 vta. y 482).
En cuanto a la pericia presentada por el ingeniero agrónomo consideró que carecía de interés para dilucidar el entuerto pues en su informe había aludido a las mejoras realizadas en los lotes, a la construcción de un pozo de agua y a la existencia de diversos árboles, pero ningún dato había aportado acerca de la fecha de realización de la obra y de la plantación. Agregó que el experto había demostrado un exceso en sus incumbencias al calificar como actos posesorios los elementos que describió en el dictamen (v. fs. 482 y vta.).
Encontró, además, que no estaba debidamente acreditada la posesión de su antecesor, pues más allá de la cesión presentada a fs. 64/66 la única prueba ofrecida había sido la testimonial, en la que los declarantes indicaron la presencia de un señor anciano de quien no pudieron precisar nombre, edad u otros datos que permitieran identificarlo con el señor Bruno, motivo por el cual esos testimonios no formaban su convicción pues no estaban reforzados con otros medios de prueba ante la exigencia de la denominada prueba compuesta (v. fs. 482 vta. y 483).
Tampoco eran conducentes los recibos adunados, pues databan los más antiguos del año 2004. Añadió que eran una prueba complementaria, que debía analizarse en armonía con los restantes elementos y que no llegaban a cubrir un plazo razonable que se acercara a los veinte años que la ley exigía (v. fs. 483).
Por último, estableció que la posesión del actor no era pacífica desde que la demandada-propietaria le había remitido carta documento al accionante en fecha próxima a su adquisición, la que había sido recibida y respondida por aquel (v. fs. 483 y vta.).
I.2.b. En cuanto a la reconvención por reivindicación articulada por la demandada señora Scocozza, la Cámara luego de recordar los requisitos de la acción, entre ellos el título, encontró que la reconviniente había acompañado a fs. 368/371 copia certificada de la escritura de compraventa de los lotes y a fs. 362/367 los informes de dominio. Apreció que de los antecedentes dominiales incorporados en el título surgía que la adquisición de los inmuebles por el señor Aldo Losada se remontaba al año 1979, por lo que existía la presunción iuris tantum de que era poseedor y propietario desde aquella época y que el reivindicante no estaba obligado a probar que tenía la posesión, pues le era suficiente con acreditar su derecho a poseer, en razón de que la venta importaba la cesión implícita de todos los derechos y acciones del vendedor sobre la cosa, inclusive la acción de marras (v. fs. 483 vta./485 vta.).
Estableció que, dentro de ese marco interpretativo, la única posibilidad concreta que tenía el reconvenido para resistir la acción era probar en forma acabada y plena que poseyó animus domini de manera "quieta" (sic), pública, pacífica e ininterrumpida durante el lapso requerido por la ley para tener por operada la usucapión larga, requisitos que encontró que no fueron acreditados por el actor, quien debía restituir las parcelas (v. fs. 486 y vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando violación y errónea aplicación de los arts. 679, 680, 681 y 682 del Código Procesal Civil y Comercial; 2.351, 2.362, 2.363, 2.380, 2.373, 2.383, 2.387, 2.396, 2.758, 2.772, 2.778, 2.789 a 2.792, 2.794, 4.015, 4.016 siguientes y concordantes del Código Civil; 679, 680, 681 y 682 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15, 168, 171 de su par provincial; 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 inc. 1 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Alega, asimismo, violación de doctrina legal, absurdo y arbitrariedad.
II.1. Comienza su impugnación señalando la falta de sana crítica en la apreciación que ha hecho la Cámara de las pruebas producidas, y respecto de las testimoniales, las que entiende han sido por demás extensas y ricas en detalle, destaca que sólo ha tomado en cuenta su ingreso a la posesión en octubre de 2004 cuando los testigos declararon que había efectuado mejoras con mucha anterioridad. Afirma que ambas circunstancias no se contraponen y son contestes con la confesional prestada. Resalta que ha habido una valoración aislada de la prueba configurándose el absurdo que describe la doctrina legal, pues ningún testigo declaró que él fuera poseedor en o desde los años 1995 o 1996, sino simplemente que estaba en el inmueble (v. fs. 499 vta./504 vta.).
Transcribe parte de las declaraciones de los testigos Kilian, Toledo y Pastorini para señalar que de ellas se desprende que es legítimo, público y pacífico poseedor de los bienes inmuebles, que han sido ocupados desde el año 1981 por otro sujeto, que ni el señor Losada ni la actual propietaria se apersonaron en el predio, que el inmueble fue mejorado paulatinamente, pues de ser un terreno baldío y un pastizal paso a tener una casita de material donde vivía el anterior poseedor, se mejoró el frente, se niveló la calle con tierra y se montó un tinglado (v. fs. 504 vta./506).
Para reforzar el valor de los testimonios prestados por los que -según dice- son vecinos linderos al inmueble, describe el contenido de informe del ingeniero agrónomo Clozza, obrante a fs. 299/304 vta., en el que se verificaba la existencia de actos posesorios extraordinarios y ordinarios, lo que -considera- resulta suficientemente ilustrativo del estado del predio y que a su vez es coincidente con lo manifestado por los testigos. Indica que esos extremos ponen en evidencia el absurdo pronunciamiento que parcializó los testimonios y realizó una interpretación antojadiza cuando con las declaraciones testimoniales se verificó su posesión pacífica, continua e ininterrumpida, a título de dueño y sin contradictor, desde el año 1982 al reconocer la posesión del anterior dueño, el señor Bruno (v. fs. 506/508 vta.).
Toma como sustento para atacar lo que sostiene ha sido una parcializada y descontextualizada apreciación que hizo la Cámara de la prueba producida, la causa Ac. 79.613, "Rodríguez" (sent. de 6-XI-2002), y afirma que de las probanzas de autos se ha podido extraer un conjunto de indicios graves, inequívocos, precisos y concordantes, constitutivos de presunciones sobre la realidad fáctica que permiten dar por probado su animus domini (v. fs. 508 vta./509 vta.).
Encuentra equivocada la valoración que ha hecho la Cámara respecto del plano de mensura pues no es mayor su convicción cuanto más cercana sea su confección a la fecha de la toma de posesión, en razón de que ese elemento no es un medio de prueba, sino un requerimiento de la ley adjetiva y debe ser próximo a la fecha de interposición de la demanda, como así lo ha establecido esta Corte en la causa C. 120.698, "Yacht Club Argentino" (sent. de 6-XII-2017; v. fs. 509 vta./510 vta.).
Califica de absurda la valoración que hizo el Tribunal de Alzada respecto del informe de deuda emitido por la Municipalidad de Ezeiza de fecha 21 de julio de 2014 de que ambos lotes resultaban baldíos en zona residencial, pues ese instrumento no fue creado con la finalidad de acreditar la categoría de los inmuebles, y cuando la pericia había revelado la existencia de un tinglado en el inmueble construido entre los años 2010 y 2012 (v. fs. 510 vta. y 511).
Explica, con sustento en fallo de Cámara, que si bien los recibos de pago adunados a fs. 378/405 no alcanzan a cubrir los veinte años en la posesión, demuestran a las claras el ánimo del prescribiente de comportarse como titular del lote de terreno y de esos documentos se desprende que sus fechas coinciden con la de la cesión, por lo que su demérito es producto de la absurda valoración que ha hecho el sentenciante (v. fs. 511 y vta.).
Destaca, además, que ha sido errónea la valoración de la pericia presentada por la arquitecta Sassi, ya que su conclusión no es como la expresa el Tribunal de Alzada, toda vez que la perito nunca había manifestado que todas las construcciones tuvieran una antigüedad no mayor a tres o cuatro años a la fecha del dictamen, pues respecto del techado sostuvo que no podía establecer su fecha de construcción porque había sido realizado con materiales de demolición. Agrega que la utilización de las imágenes satelitales demuestra la falta de rigor científico, pues son cuestiones ajenas a la materia de la experta, lo que provoca su descalificación de conformidad con la doctrina de esta Corte en la causa Ac. 77.189, "Rodríguez" (sent. de 6-VI-2019), por lo que se debió requerir la intervención de un experto, ya que el sitio web no certifica autenticidad y cualquiera de los usuarios registrados pueden subir imágenes satelitales (v. fs. 512/516).
Destaca que en la propia fotografía se observa la existencia de edificaciones que dan cuenta de un terreno ocupado; y agrega que al impugnar el dictamen adjuntó fotografías del año 2002 donde se advierten los objetos que comercializa y una construcción de chapa, lo que está respaldado por los testimonios de los señores Kilian, Pastorini y Toledo, motivo por el cual considera que la Cámara se aparta de la verdad objetiva que deriva de la causa, pues lo que surge del dictamen y de sus conclusiones no resulta concordante con el informe de la Municipalidad de Ezeiza ni con las cédulas catastrales acompañadas a la escritura de compraventa del año 2008, que dan cuenta de que los terrenos eran baldíos (v. fs. 516 vta./518).
Sostiene, a diferencia de lo decido por la Cámara, que su posesión había sido pacífica y que la carta documento que le fue remitida por la demandada Scocozza no logró interrumpir el plazo prescriptivo, pues el requisito temporal de su posesión se hallaba largamente cumplido a la fecha del envío de la misiva postal. Agrega que ni el demandado Losada ni la nueva propietaria estuvieron presentes en los lotes desde el año 1981. Cita la causa Ac. 21.047 en apoyo de su postura (v. fs. 518/519 vta.).
II.2. Por último, se desconforma de que se haya admitido la reivindicación por la que reconvino la señora Scocozza.
Pone de relieve que, frente a la acción real, probó estar en posesión de la cosa durante el plazo prescripto por la ley, motivo por el cual no debe restituir el inmueble al producirse el efecto adquisitivo de los lotes, debiéndose mandar a cancelar la inscripción anterior (v. fs. 519 vta. y 520).
Sostiene que los antecedentes dominiales incorporados en la escritura traslativa de dominio no abastecen el requisito de presentar los títulos anteriores, pues de esa manera no se cumple con la doctrina legal. Cita las causas Ac. 68.604, C. 98.866 y C. 99.055, pues la razón de ser de esa imposición es la garantía de bilateralidad y control de la contraparte en resguardo del principio de igualdad y de defensa en juicio (v. fs. 520 vta./521 vta.).
Señala determinadas irregularidades en los antecedentes dominiales y en las personas vendedoras y en la escribana interviniente, lo que considera podría fulminar la validez del acto notarial y afectar los derechos de propiedad, dominio y posesión de la demandada Scocozza como continuadora de sus antecesores vendedores y poseedores de los lotes (v. fs. 521 vta. y 522).
Alega que en este caso la Cámara soslayó la ausencia de prueba suplantándola con una mera remisión, pues se debieron acompañar la escritura traslativa de dominio antecedente.
III. El recurso no prospera.
III.1. El recurrente se agravia de la errónea apreciación que la Cámara realizó respecto de la prueba colectada y afirma haber acreditado la posesión de los lotes con animus domini por el plazo de veinte años, como establece el art. 4.015 del Código Civil (legislación aplicable de conformidad con el art. 7 del Código Civil y Comercial).
Justifica su postura reconociendo haber comenzado su posesi
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