Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63023
Causa nº: 2-63023-2018
" VERNUCCI ROLANDO RAUL Y OTRO/A C/ DELDOUX JUAN LUIS Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintidós días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), encontrándose el Doctor Víctor Mario Peralta Reyes en uso de licencia al momento del sorteo (Resolución SCBA N° PT462 del 19-8-20), con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Vernucci, Rolando Raúl y otro/a c/. Deldoux, Juan Luis y otro/a s/. Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión" (Causa Nº 63.023), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación contra la sentencia de fs. 77/81?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
I.1. La usucapión del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral: Circ. I; Secc. C; Manz. 106e; Parc. 6; U.F. n° Uno; Pda. 22175; Matrícula N° 40.399 del Partido de Olavarría (078) sito en calle Azopardo n° 3390 de la ciudad homónima, fue promovida por Rolando Raúl Vernucci y Julia Haydee Meno –titulares registrales del 50% de la cosa- contra Juan Luis Deldoux y Zulema Ana Tomasenea –titulares del restante 50%- (ver informe de dominio de fs. 12/14 y demanda de fs. 34/36vta.).
Dijeron que el 18-12-74 adquirieron el 50% del bien y que desde entonces ostentan la posesión animus domini. Manifestaron haber abonado todos los impuestos, realizado mejoras, alquilado el 100% del bien en reiteradas ocasiones sin oposición. Ofrecieron prueba y pidieron se dicte sentencia admitiendo su pretensión.
2. Tras decretarse la rebeldía de los demandados a raíz de su incomparecencia (fs. 39/44vta., 47, 61/62vta.), y declararse la cuestión como de puro derecho (fs. 74/74vta.), se arribó al dictado de la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda (fs. 77/81).
En cuanto fue materia de agravios (art. 266, CPCC), se dijo allí que en los procesos de usucapión no rige en plenitud la normativa de los arts. 354 inc. 1 y 60 del Código Procesal, siendo necesario comprobar los elementos que la configuran. Tras reparar en que actores y demandados resultan condóminos del bien en partes iguales, que los primeros no probaron el momento en que comenzaron a poseer en exclusividad (interversión del título), y que la prueba rendida (documental traída con la demanda) únicamente acredita que realizaron actos de administración sobre el inmueble, la sentencia rechazó la demanda con costas.
3. Los actores dedujeron apelación (fs. 83), siéndoles concedido el recurso libremente (fs. 83 y 90).
Expresaron que a pesar de que la sentencia refirió que la prueba recabada resultaba insuficiente, omitió indicar que la rebeldía declarada permite compensar la deficiencia de la prueba en su favor. Sobre esa idea central, alegaron que resulta incontrovertido lo afirmado en la demanda en punto a que desde el 18-12-74 se comportaron como dueños de la totalidad del inmueble (no sólo de la mitad del mismo), siendo prueba de ello además el contrato de alquiler acompañado. A lo que –añadieron- que la declaración de la cuestión como de puro derecho (fs. 74/74vta.) importó admitir que las afirmaciones de la demanda no resultan controvertidas.
2. Elevada que fue la causa y practicado el sorteo de rigor, está en condiciones de ser decidida.
II.1. Liminarmente he de señalar que los hechos materia del presente litigio transcurrieron durante la vigencia del derogado Código Civil, por lo que habrá de ser ésta la ley aplicable (art. 7 del C.C.y C). Sin perjuicio de ello, no se advierte una regulación sustancialmente distinta en el nuevo ordenamiento, por lo que no se plantea un conflicto de derecho transitorio (cfr. arts. 1897, 1899, 1900, 1901, 1903 y css. del C. C. y C; esta Sala, causas N° 60.704, del 16/5/16 “Aschei…”). Ahora bien, el hecho de no haber sido reformado el plazo veinteañal del art. 4015 del Cód. Civ. constituye una pauta hermenéutica ineludible para el juez, porque si el legislador hubiera querido reducir los plazos de la prescripción adquisitiva lo habría hecho con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y no lo hizo (cfr. art. 1899 del Cód. Civ. y Com.). Cuando el legislador quiso modificar el plazo de la usucapión no tuvo reparo en hacerlo; así mediante la ley 17.711 redujo el plazo treintañal a veinte años recogiendo las condiciones socioeconómicas de la época (1968). En virtud de ello, el juez se encuentra vinculado por el plazo legal por lo que el actor deberá acreditar inexorablemente su cumplimiento para adquirir la propiedad (cfr. arts. 4015, 4016 –según ley 17.711- del Cód. Civ. y art. 1898 del C.C. y C; esta Sala causa N° 60.734, del 3/11/16 “Perretta…”).
2. Pues bien, en el abordaje del recurso intentado por los actores que pretenden usucapir el 50% del inmueble (ya que son titulares del otro 50%), se torna preciso reparar en tres aspectos principales: a) que el conflicto se planteó entre condóminos titulares registrales de la cosa (fs. 12/14 y 34/36vta.); b) que el proceso se desarrolló en rebeldía de los demandados (fs. 47, 61/62vta.); c) que la cuestión tramitó como de puro derecho (fs. 74/74vta.).
El sub-caso trata de una usucapión entre condóminos en cuyo marco los demandados, debidamente notificados del traslado de demanda, no comparecieron a juicio (cf. cédulas de fs. 39/44vta. y rebeldía declarada a fs. 47). Los actores asumieron que la declaración de rebeldía que siguió a dicha incomparecencia simplificaba su actividad probatoria por lo que pidieron que se declare la cuestión como de puro derecho (fs. 63). Celebrada la audiencia preliminar de prueba sin la presencia de la parte accionada (Plan Piloto de Generalización de la Oralidad; Resol. SCBA 1904/2012 y 3683/2012), la a quo ponderó, de un lado, que la única prueba ofrecida era la informativa y, del otro, que la rebeldía conducía a aliviar al accionante de la carga de probar pues no existían propiamente hechos controvertidos. Así, resolvió declarar la cuestión como de puro derecho, providencia que no fue impugnada por la actora que enseguida pidió que se dicte la sentencia (fs. 74/75).
Ahora bien, la rebeldía de los demandados en el juicio de usucapión ha sido estudiada por Areán, quien ha señalado que: “puede ocurrir que el propietario conocido, con domicilio conocido y, por lo tanto debidamente citado, no comparezca durante el plazo que tiene para contestar la demanda y, consiguientemente, la misma quede incontestada. La declaración de rebeldía subsiguiente no altera la secuela regular del proceso (art. 60). Y si bien en caso de duda hará presumir la verdad de los hechos lícitos afirmados por el actor, esta regla deberá manejarse con mucho cuidado en el proceso de usucapión. En ningún supuesto el actor deberá ser relevado de la obligación de probar los hechos que dan virtualidad a la adquisición del dominio por prescripción…” (cfr.
Areán, Beatriz A. “Juicio de usucapión”, 5ta. edición actualizada, reimpresión, Hammurabi 2009, pág. 502). Es que la adquisición del dominio por prescripción excede la voluntad de las partes, “en todo juicio de usucapión está comprometido el orden público y los efectos de la rebeldía no pueden equipararse a otros procesos en los que se discuten derechos, privados eminentemente subjetivos y patrimoniales, como podría ser un accidente de tránsito. En efecto, la rebeldía no basta por sí sola para admitir la demanda, pues el reclamante deberá ofrecer la prueba necesaria a los efectos de acreditar los extremos requeridos por la normativa de fondo para que se produzca la adquisición de un derecho real sobre la cosa; en el caso, que la ha poseído con ánimo de dueño, de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante veinte años.
De no ser así, se desestimará la demanda ya que el ordenamiento legal prohíbe que se adquiera un derecho real por prescripción por la sola voluntad de las dos partes” (cfr. Kipper, Claudio M. y Otero, Mariano C. “Prescripción adquisitiva. El proceso de usucapión como modo de adquirir el dominio”, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007, pág. 295; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, sent. del 11/3/13 “Villarreal…” –con voto de la Dra. Areán-, JA 2013-II; esta Sala, causas n° 57.024, del 28-3-13 “Asociación Evangélica Pentecostal de la Argentina…”; n° 61.330 del 29-5-17, “Ballarena…”; Sala I, sent. del 11-6-13, “Zouza…”, AR/JUR/2013; causa n° 53.833, del 25-3-10 “Pato…”; Cám. Civ. y Com. 2da., Sala III, de la La Plata, causa nro. 118.986, del 6/10/15, “Mansilla…”; Cám.
Civ. y Com. de San Martín, Sala 2, causas nro. 67.866, del 5/6/14 “Cotoia…”, nro. 67.378, del 22/10/13 “Korell…”, Cám. Civ. y Com. de Dolores, causa 87.470, del 16/8/11 “Guerrero…”; entre otras).
Conforme lo expuesto, puede concluirse que la declaración de rebeldía de los demandados no exime a los actores de acreditar en la etapa probatoria su derecho sobre el inmueble, sin perjuicio de la valoración que además pudiera hacerse de la conducta procesal de los accionados (fs. 39/44, 47; arts. 59, 679 y ss. del C.P.C.C).
3. Ingresando al análisis puntual del sub-caso cabe señalar que la usucapión entre condóminos exige la exteriorización de la intención de poseer de forma exclusiva respecto de los demás propietarios, ello así porque los derechos que otorga el condominio sobre la cosa pueden confundirse con la posesión ejercida sobre la totalidad del inmueble, por lo que quien pretende adquirir debe probar la interversión del título originario mediante el cual comenzó a poseer el inmueble y dicha prueba requiere especial rigor en su apreciación por parte del juzgador (cfr. arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680 ss. y cdtes. y art. 4015 –texto según ley 17.711- del Cód. Civ.).
Sobre el punto, expresó el máximo tribunal provincial que “quien posee en virtud de un título que reconoce la existencia de los derechos de otro no puede invocar la posesión exclusiva sobre el inmueble porque lo impide su causa possessionis, que admite la concurrencia de otros derechos en común. El a quo ha considerado, con acierto, que los actores no han acreditado la interversión de su título, o sea, que no han mudado la causa de su posesión. Y ello ocurre solamente cuando manifiestan por actos exteriores la intención de privar al restante poseedor de disponer de la cosa y cuando sus actos producen ese efecto” (S.C.B.A, Ac. 39.746, del 8/11/88 “Martínez…”; Cám. Civ. y Com. Segunda, Sala III, de La Plata, causa 118.986, del 6/10/15 “Mansilla…”).
El caso “Mansilla” citado presenta similitud con estas actuaciones por tratarse de una usucapión entre condóminos; allí se expresó que “no sólo ha de invocarse y probarse una posesión animus domini munida de todos y cada uno de los caracteres que la ley quiere para erigirla de un modo dominial (pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante veinte años), sino que, en el mismo inicio de ella ha de existir un acto o una serie de actos inequívocos de exclusión de sus poseedores, a partir de lo cual su antigua y legítima coposesión mudó a una posesión ilegítima, pero exclusiva y excluyente de toda otra, o mejor aún, en el fundamento de la pretensión cobra singular relevancia la interversión que el mismo hace de su originario título de coposeedor o poseedor promiscuo, por el exclusivo y único poseedor” (Cám. Civ. y Com. 2da., Sala III, La Plata, causa 118.986 cit.).
En esta misma línea doctrinal se enrola Zannoni quien expresó que “el condómino no es poseedor a título precario, como lo es un usucapiente tercero, puesto que, por hipótesis, posee como propietario (art. 2676, Cód. Civ.) y puede gozar de la cosa común conforme el destino de ella (art. 2684). De tal modo los actos que habitualmente habilitan la prueba de la posesión para el usucapiente no son suficientes en el caso del condominio, si no se prueba que el condómino ha excluido cualquier acto de posesión de los otros condóminos…” (cfr Cámara Nacional Civil, Sala F, sent. del 28/5/10 “Cassinelli…”, La Ley Online, AR/JUR/21313/2010; ver también: Molina Quiroga, Eduardo “Usucapión, condominio y cesión de derechos”, La Ley 2011-B, pág. 281).
En consecuencia, la parte actora debe acreditar que los copropietarios tomaron conocimiento de su intención de prescribir la totalidad del inmueble sin que pueda existir ninguna clase de duda al respecto, dado que los actos de la usucapiente podrían confundirse con el ejercicio de los derechos que la ley otorga al condómino sobre la cosa común (art. 2676 ss. y cdtes. del Cód. Civ.).
4. Sobre esta base doctrinal y jurisprudencial analizaré las presentes actuaciones que tienen como antecedente el condominio conformado a partir de la compraventa de la mitad indivisa del inmueble que hicieran los actores mediante Escritura Pública N° 509 del 18-12-74 (cf. asiento 1 del informe de dominio de fs. 12/14vta.). Los accionantes afirman haber ejercido la posesión exclusiva, pública y pacífica del inmueble desde la misma fecha de la adquisición de su parte indivisa (18-12-74), haciéndose cargo del pago de todos los impuestos, habiendo introducido mejoras “tal como se desprende del plano de Mensura” (fs. 35), habiéndolo alquilado en reiteradas oportunidades y cobrando el 100% del monto producto del alquiler (como lo demuestra con uno de los contratos que acompañó), y “conectado el gas con fecha 2 de Abril de 1969” (o sea, antes de haber adquirido por escritura el 50% indiviso de la cosa; fs. 35).
Sin embargo, los actos que los condóminos actores mencionaron como posesorios a los fines de sustentar su pretensión no son excluyentes de la posesión de los restantes copropietarios, no exteriorizando una interversión del título en los términos requeridos por la ley, ya que bien pudieron ser realizados en el ejercicio regular del derecho derivado del condominio (art. 2676 Cód. Civ.).
4.1. Claramente no puede asignarse esa virtualidad al pago del impuesto inmobiliario (fs. 25/33). Es que siendo los actores titulares de una porción del inmueble (50%) el pago de los impuestos que lo gravan no exterioriza su voluntad de excluir a los condóminos, ya que constituye el ejercicio regular de un derecho del copropietario (art. 2676, Cód. Civ.). Se ha dicho que “el pago de impuestos realizado en forma exclusiva por uno de los condóminos no puede ser interpretado como demostrativo de la interversión del título de su posesión, cuando él mismo era uno de los únicos coposeedores que tenían el uso y goce exclusivo de la común, casa familiar, desde años atrás. En tales casos, la normal tolerancia de los demás comuneros –generalmente ensanchada por lealtades y afectos parentales que ni siquiera los llevarán a requerir durante todo ese tiempo el pago de una indemnización o canon locativo-, suele estar acompañada por el pacto, de común tácito, de que el o los comuneros que usufructúan para sí la cosa común se hace cargo de tales pagos” (Areán, Beatriz A. “El juicio de usucapión”, 5ta. edición, reimpresión, Hammurabi 2009, pág. 503).
La sentencia apelada destacó que el pago de impuestos importa simplemente actos de administración, de por sí insuficientes para tener por configurada la interversión del título (fs. 80, consid. 4.). Ese argumento no fue rebatido por los apelantes que apenas se limitaron a reiterar en su recurso que pagaron los impuestos desde que tomaron posesión, más sin precisar por qué ello debe interpretarse de un modo distinto al señalado por la a quo (art. 260, CPCC). En las condiciones descriptas, los comprobantes aportados no prueban la interversión del título del condómino para convertirse en propietario exclusivo, ni menos aún que ese incomprobado cambio en la causa de la posesión se hubiera extendido por el lapso de veinte años (fs. 25/33; arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015 –ley 17.711-, Cód. Civ.; arts. 375, 384, 679 ss. y cdtes., CPCC).
4.2. Otro tanto cabe decir de los diferentes comprobantes de pago acompañados a la causa que paso a describir, no sin antes aclarar –a los fines de su adecuada ponderación- que el domicilio del inmueble objeto de autos es el de calle Azopardo n° 3390.
Así, por caso, se observa que los comprobantes de pago del servicio de electricidad obrantes a fs. 15, 16 –parte superior de la foja- y 24, a nombre de Rolando Vernucci consta como domicilio el de Azopardo n° 3396 (sólo el comprobante de color azul de fs. 16 –parte inferior de la foja- abonado en fecha 09-9-10 refiere aisladamente al de Azopardo n° 3390).
Por su parte, los comprobantes de pago de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones mencionan al actor Vernucci Rolando como único dato ligado al presente pleito, más debo señalar que en la documental consta un domicilio distinto al del inmueble que se pretende usucapir (“Cl Pringles n° 1699”; fs. 17/19), y que los actores omitieron desplegar cualquier actividad probatoria adicional para determinar que el servicio se prestaba efectivamente en Azopardo n° 3390.
Otro tanto cabe decir de los comprobantes de pago de la Tasa Municipal por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos emitidos a nombre de Vernucci Rolando (fs. 23), ya que los datos catastrales allí descriptos (Circ. 2; Secc. G; Ch. A; Manz. 602/J; Parc. 14), tampoco guardan relación con la cosa que se pretende adquirir (ver supra, ap. I.1).
Y si bien la documentación emitida por Gas del Estado –salvo la primera de fs. 21- (fs. 20/22), y los correspondientes al Impuesto Inmobiliario (fs. 25/33) sí se vinculan con el inmueble objeto de autos, no alcanzan para tener por acreditada de manera clara, insospechada y convincente la intención de los actores de poseer la cosa para sí con exclusión de los restantes condóminos (interversión del título), trasuntando por lo tanto el ejercicio regular del derecho de condominio por parte de los accionantes tal como se desprende con toda claridad de la doctrina y jurisprudencia que ya mencioné.
Naturalmente, pues ese no es su objeto, tampoco el Plano “Mensura que pretende prescribir” visado en fecha 27-5-14 (fs. 11) acredita las mejoras que el apelante manifestó haber realizado utilizando para ello expresiones genéricas e imprecisas que en nada contribuyen a sostener la postura que defiende (alegó “He realizado mejoras, tal como se desprende del plano de mensura”; fs. 35).
Y por las razones que expuse más arriba, la falencia probatoria que emerge del análisis precedente no puede ser suplida a partir de la incomparecencia y consecuente declaración de rebeldía de los condóminos demandados (arts. 60, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 679 y ccs., CPCC).
4.3. Por lo expuesto, propicio al acuerdo confirmar la sentencia apelada que rechazó la usucapión (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015 y ccs., Cód. Civ.; art. 1899, CCCN; arts. 30, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 679 y ccs., CPCC), con costas de alzada al actor vencido en el trámite recursivo (arts. 68, 69 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve confirmar la sentencia apelada que rechazó la usucapión (arts. 2353, 2373, 2377
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.