Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 163813
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación articulado por la actora el 17-7-2019 (arts. 242, 246, 270, 311, 315 y conc. del C.P.C.C.).
II. Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° 280-S FOLIO N° 1486/8
EXPEDIENTE N° 163.813. JUZGADO N° 6.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 31días del mes de octubre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SIERRAS DE BALCARCE S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE BALCARCE S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION SUCAPION" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 246?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado la jueza declaró operada la caducidad de la instancia en estas actuaciones, con costas a la actora.
Para arribar a dicha decisión sostuvo que luego de la intimación ordenada a fs. 243 la accionante se presentó el 12-10-2018 solicitando la apertura a prueba de la causa, la que no fue receptada por encontrarse pendientes de cumplimiento una serie de traslados previos (fs. 175 y 183) y la notificación de un proveído (fs. 235).
Expuso que siendo ésta su última actuación, el término de seis meses previsto en el art. 310 inc. 1ro. del C.P.C.C. se encontraba vencido al momento en que la demandada formuló el pedido de caducidad el 29-5-2019.
II. Síntesis de los agravios.
La actora apeló a través del escrito electrónico de fecha 17-7-2019 y lo fundó por la misma vía el 8-8-2019. La réplica de la contraria tuvo lugar el 27-8-2019.
En líneas generales los agravios giraron en torno a que:
II.1. El planteo de caducidad de la demandada debió desecharse de plano pues no debió perderse de vista que este expediente resultaba conexo con otros 23 entre las mismas partes y por la misma materia, pero con diferentes objetos en función a los distintos lotes del terreno, por lo que correspondía reputar que mediaba la existencia de una sola litis e instancia, de manera que la existencia de actos impulsorios en cualquiera de ellos favorecía en los demás, en virtud de los alcances de las medidas para mejor proveer dispuestas en la causa madre a fs. 1542 y 2292.
II.2. El último acto de impulso no fue su presentación del 12-10-2018, sino el auto que lo proveyó del día 29-10-2018, por lo que entre éste y la pieza de la contraria solicitando la caducidad del 29-5-2019 no estaba cumplido el plazo de seis meses, que recién habría sucedido una vez pasada la medianoche de ese día.
II.3. Uno de los traslados pendientes de cumplimiento que obstaron al pedido de apertura a prueba estaba a cargo de la demandada (sustanciar con la actora la documentación acompañada por la accionada en oportunidad de contestar la demanda), por lo que la cuestión quedaba atrapada por el art. 311 del C.P.C.C.
III. Consideración de los agravios.
Abordaré el análisis de las quejas en el mismo orden en que fueron reseñadas.
III.1. El primero de los cuestionamientos no puede ser abordado por este cuerpo judicial en la medida que excede el ámbito de su competencia. Ello es así porque resultan extrañas a su función revisora el tratamiento de argumentos o defensas que debieron plantearse en la etapa procesal de postulación, pues de lo contrario se quebrantaría el derecho de defensa de la contraparte (arts. 18 CN, 8 CADH; 266 y 272 del C.P.C.C.).
En tal sentido se ha resuelto que el límite de la pretensión -principal o incidental- está dado por el contenido de los escritos presentados y replicados en la instancia de origen, límite que no puede ser soslayado por las partes al expresar agravios. De modo que es extemporáneo el tema no planteado en aquellas ocasiones y que recién se pretende introducir en esa pieza recursiva. Al punto que su tratamiento por la alzada importa la violación de los arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 266 y 272 del Código Procesal (esta Sala causa nro. 150.558, RSI 177 del 6-7-2012; entre otras; Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", 2a. edit., LEP, pág. 423, La Plata, 2004).
En el caso de autos, examinados los términos en que quedó trabada la incidencia vinculada al planteo de caducidad (v. fs. 243, 244 y 245 y los escritos electrónicos de fecha 15-8-2018, 12-10-2018 y 29-5-2019), encuentro que el apelante al afirmar que no debió darse curso al pedido de caducidad de la demandada por la existencia de causas conexas, procura introducir planteos sobre los que no se suscitó debate alguno ante la contraria que mereciera un pronunciamiento específico del colega de la instancia previa, escapando así a su juzgamiento en esta alzada.
Es más, la conducta que ahora adopta puede catalogarse como contradictoria por ser contraria a la doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet) que deriva del principio de buena fe (art. 9 del CCyC), pues los argumentos que ahora esboza para apuntalar el agravio debió formularlos en la oportunidad de contestar la intimación que se le cursara en los términos del art. 315 del C.P.C.C., y no sólo no lo hizo, sino que consintió la puesta en marcha de este modo anormal de terminación del proceso a instancias de la demandada, limitándose a solicitar la apertura a prueba de la causa y, en consecuencia, que se le dé por contesta y cumplida la intimación cursada.
En suma, la crítica de la apelante deviene estéril por cuanto constituyen capítulos no propuestos oportunamente a la consideración de la instancia de origen (art. 266 y 272 del C.P.C.C.).
III.2. La segunda queja resulta abstracta y, por ende, carente de significación jurídica.
Es doctrina de viejo cuño del Supremo Tribunal Provincial que "los jueces sólo están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal mientras se mantenga un real interés del accionante. Aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida" (S.C.B.A.; Ac. 55.773 del 26-5-99; Ac. 55.662 del 17- 5-00; Ac. 57.135 del 24-11-99; entre otros).
El recurrente sostiene que a la fecha en que la demandada solicitó la caducidad de la instancia (29-5-2019) no estaba cumplido el plazo de seis meses, porque el último acto de impulso no fue su presentación del 12-10-2018, sino el auto que lo proveyó del día 29-10-2018, por lo que entre éste y aquélla el término recién habría sucedido una vez pasada la medianoche de este día.
Ahora bien, independientemente de la decisión que se pueda adoptar, lo cierto es que aun en la posición más favorable al recurrente la cuestión deviene estéril, pues, en definitiva, entre el pedido de caducidad del 29-5-2019 y la resolución que lo recepta del 7-6-2019 no medió por parte de la actora acto impulsorio alguno, vaciando de contenido al agravio esbozado.
III.3. La última queja no corre mejor suerte que las anteriores.
La apelante asevera que uno de los traslados pendientes de cumplimiento -el de fs. 175- que obstaron al pedido de apertura a prueba estaba a cargo de la demandada, por lo que la cuestión quedaba atrapada por el art. 311 del C.P.C.C.
Dicho canon prevé en su parte final que "Para el cómputo de los plazos, se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del Juez" .
Al respecto, calificada doctrina autoral sostiene que la inactividad procesal que desemboca en la pérdida de la instancia se exterioriza en la no ejecución de acto alguno, o si los que se cumplen carecen de idoneidad para impulsar el procedimiento, y sólo se suspende el curso de la caducidad durante el lapso en que la inmovilización del proceso emana de causas que impidan que la parte, aún queriéndolo, pueda activarlo, lo que no se aprecia en el caso (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos…" 2da. ed., LEP, Tº IV-A, p. 124).
En el caso, sin embargo, la falta de impulso en la sustanciación de documentación adosada en el conteste de la demanda no constituye un elemento que "suspenda" el computo del plazo en los términos del art. 311 del ritual, sino que habilita a otros cursos de acción, como puede ser la presentación espontánea del interesado en los términos de los arts. 354 y 356 del ritual, o bien la solicitud al juez, como director del proceso, para que lo dirija procurando la mayor economía procesal (art. 35 inc. 5to. ap. "e" del C.P.C.C.) o que ejerza las facultades ordenatorias tendientes a evitar la paralización del trámite de las actuaciones (art. 36 inc. 1ro. del C.P.C.C.; doct. esta Sala, causa nro. 164.565, RSD 20 del 19-2-2019).
Por otra parte, tampoco se configura la situación prevista por el artículo 313 inc. 3ro. del C.P.C.C., en el sentido de relevar a la parte de activar el proceso cuando dicha carga se ha trasladado al órgano jurisdiccional, ya que el expediente no estaba en condiciones de resolver por estar pendientes una serie de traslados previos (fs. 175 y 183) y la notificación de un proveído (fs. 235).
De allí que no resulte atendible argüir que no le es imputable a la accionante la inactividad procesal que se le endilga ya que frente a cualquier frustración del trámite pretendido por más injustificable que éste sea, era obligación de su parte instarlo como se explicó en los párrafos anteriores, a fin de lograr el dictado de las resoluciones pertinentes al estadio procedimental que se aspiraba transitar, en aras de demostrar su interés en la continuidad e interrumpir así el curso de la caducidad y no guarecerse en una supuesta morosidad imputable a la contraria (Cám. Apel. Civ. y Com., La Plata, causa nro. 120.050 del 12-4-2016), lo que no aconteció sellando la suerte adversa de este agravio en particular y del recurso en general (arts. 242, 246, 270, 311, 313 y conc. del C.P.C.C.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación articulado por la actora el 17-7-2019, con costas (arts. 68, 242, 246, 270, 311, 315 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación articulado por la actora el 17-7-2019 (arts. 242, 246, 270, 311, 315 y conc. del C.P.C.C.). II) Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI RUBÉN D. GÉREZ
Lucas M. Trobo
Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia