Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24921
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-24921-2014 R.S.:91/2021
Con fecha 30 de Marzo de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ MARTINEZ NORMA YOLANDA C/ MASSARO LIRIA Y OTRO/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION ” Causa Nº MO-24921-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Departamental en su sentencia de fecha 30 de Octubre de 2019, rechazó la demanda, con costas a la actora.
Apela la parte actora, su recurso se concede libremente y se funda con la presentación de fecha 19 de Diciembre de 2019, que no fue replicada.
Se queja la parte actora del rechazo de su demanda; habla de la documentación aportada en el proceso de desalojo, de la forma en que adquirieron el inmueble los demandados, sosteniendo que posee el inmueble desde el año 1993; habla de los servicios que se encuentran a su nombre y sostiene que el reconocimiento judicial avala lo que han declarado los testigos.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los pasos procesales del caso, se llamaron "autos para sentencia", sorteándose luego el orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de resolver.
2. Reseñada así la cuestión, he de señalar -tal como lo ha hecho la Sra. Jueza de la instancia previa- que el presente caso ha de regirse por las normas del Código Civil hoy derogado (art. 7 CCyCN y su doctrina) atento la fecha en la que acontecieron los hechos debatidos.
Sentado ello, cabe efectuar algunas reflexiones en materia de prescripción adquisitiva.
Es bien sabido que uno de los medios para adquirir el dominio es la prescripción adquisitiva.
Al efecto, debe acreditarse la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida del bien durante el lapso de veinte años (arts. 4015, 4016 y ccdtes. C. Civil).
En este contexto, y con relación a la prueba en los juicios de usucapión, ha sostenido también este Tribunal que " la prueba de haber mediado una posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre todo el inmueble que se pretende usucapir, durante el lapso legal, queda exclusivamente a cargo del pretendido usucapiente art. 375 del Cód. Procesal, quien debe traer al litigio elementos de juicio suficientes que sirvan para desplazar la titularidad del derecho de propiedad. Es criterio unánime de nuestros Tribunales que el análisis de las pruebas de la posesión en sus dos aspectos o sea, animus y corpus debe llevarse a cabo con la mayor estrictez (S.C.B.A., Acuerdos y Sentencias 1971, t. II, p g. 493; Morello "El proceso de usucapión"; Wemberg, "La prueba de la posesión, E.D., t/ 44, p g. 445). Respecto de la usucapión, por tratarse de cuestiones en que está interesado el orden público (esta Sala II, E.D., t. 94, p g. 228), la prueba sobre el cumplimiento de los recaudos para usucapir deber ser examinada por el Tribunal de Alzada, con independencia del análisis que sobre el particular pueda haber hecho el Juez de Primera Instancia, y sin que enerven dicha facultad ni la limiten las defensas que pueda haber opuesto el titular de dominio, cuyo allanamiento tampoco sería eficaz" -conf. esta Sala en causa 21.225, R.S. 145 del 23/8/88; S.C.B.A. del 9/6/59, Ac. y Sent. 1959II-204- " (esta Sala en causa nro. 47.388 R.S. 146/03).
Respecto de este tipo de procesos debe tenerse en cuenta, muy especialmente, que en ellos viene interesado directamente el orden público, siendo que las normas sustantivas que regulan el modo excepcional de adquisición de dominio por usucapión resultan imperativas, quedando a cargo de los jueces el deber de extremar el análisis de la prueba de los hechos constitutivos en que se pretende sustentar (esta Sala en causa nro. 47197 R.S. 791/03).
Pues bien, observando las cosas desde esta perspectiva, he de señalar -inicialmente- que el intento de adquirir el dominio del inmueble de autos por usucapión mediante el presente proceso anida un obstáculo fundamental.
En efecto: la propia actora reconoce, e insiste con ello en sus agravios, en que posee el inmueble desde el año 1993 .
Pero sucede que en el año 2009 se inició el juicio de desalojo ("Massaro Liria y otro C/ Andrea Lorena Quintanilla s/ Desalojo" en trámite por ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental), lo cual configuró -como bien lo ha sostenido la accionada al contestar el traslado de demanda- una interrupción a la posesión, en los términos de los arts. 3986, 3998 y 4016 del Código Civil.
En dicho proceso recayó, en el año 2014, sentencia donde se condenó a Andrea Lorena Quintanilla y/o Andrea Lorena Quintamilla, Dario Moyano y/u ocupantes.
Desde este punto de vista, aun si consideráramos que la actora ha sido poseedora desde 1993, es forzoso concluir que los 20 años se cumplirían en el año 2013 , pero ocurre que en 2009 se inició un juicio de desalojo y dicho reclamo, a no dudarlo, implica una interrupción y diluye la existencia de aquellos requisitos de posesión quieta, pacífica e ininterrumpida que exige la norma, recaudos que -justamente- hacen a la esencia de la adquisición dominial por esta vía.
Ello, de por si, resulta suficiente para repeler la pretensión aquí instaurada.
Solo agregaré, en relación a los agravios, algunas consideraciones que refuerzan dicha conclusión.
En cuanto a la documentación que se sostuvo agregada al juicio de desalojo, lo cierto es que la carga de los actores era acompañar al presente toda la documentación pertinente y en el momento inicial (art. 332 CPCC); si no lo hicieron, pesa sobre ellos las consecuencias de dicha omisión. Mas aun cuando el desglose dispuesto en el desalojo no fue algo reciente.
Por otro lado, habla la quejosa de la adquisición del dominio por parte de los demandados; pues bien, no es eso lo que está en discusión aquí, sino la eventual adquisición de dominio por parte de la actora, mediante usucapión. Es mas: el hecho de haber accionado contra los demandados, implica reconocerles el carácter de titulares del bien.
Con relación al pago o titularidad de servicios, ello no constituye, ontológicamente, un "acto posesorio". Pues dichos desembolsos, amén de ser actos jurídicos y no materiales, podrían ser igualmente materializados por un mero tenedor (arg. artículos 2351, 2352, 2384 y concordantes del Código Civil; esta Sala en causa nro. 57.454 R.S. 94/10, entre muchos otros).
Agrego, ya cerrando, que lo que pudiera surgir del reconocimiento judicial, y lo realizado sobre el inmueble, a esta altura carece de idoneidad para torcer el destino desfavorable de la pretensión, pues cualquiera fuera el tenor de dichas labores, reparaciones y construcciones, y aun tomándolas como acto posesorio , el obstáculo insalvable es, justamente, la interrupción de dicha eventual posesión, que ya he referido anteriormente.
Luego, por todo ello y si mi propuesta es compartida, se deberá confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor JORDA.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2021 11:32:25 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 11:58:59 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 11:59:47 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia