Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (arts. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-41301-2012
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VACCA JUAN OSVALDO C/ FASSI CARLOS ARTURO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION" Causa N º MO-41301-2012 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental, con fecha 27 de Febrero de 2023 dictó sentencia definitiva, rechazando la demanda.
Apeló la actora.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con el escrito de fecha 28 de Noviembre de 2023 que no fue replicada y en el cual brinda los argumentos en virtud de los cuales, desde su punto de vista, debería revocarse el rechazo de demanda.
Al tenor de dicho escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 28 de Diciembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, y como cuestión previa, es menester determinar cuál resulta el ordenamiento jurídico aplicable al caso, ante la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
Vemos que, en el caso, la demanda ha sido fundada en las normas de este último ordenamiento.
La sentencia, mientras tanto, aplica el Código Civil, considerando que el período prescriptivo alegado habría transcurrido en su totalidad bajo la vigencia de este Código.
El apelante, por su parte, trae algunos agravios en este sentido.
Pero entiendo que no le asiste razón.
Sobre el tema, la Sala ha dicho -siguiendo la orientación de otros fallos provinciales (C. Civ. y Com. Dolores, 22/10/2015, "Juarez, Ismael German C/ Municipalidad De Dolores S/ Prescripcion Adquisitiva Vicenal - Usucapión")- que si el período prescriptivo invocado ha transcurrido íntegramente bajo el imperio del Código Civil, el caso debe ser juzgado a la luz de aquella normativa, ello sin perjuicio de aclarar que el plazo para la prescripción larga que fija el nuevo ordenamiento no ha sufrido modificaciones (causa MO-21483-2013 R.S.98/2019).
Y ese es el caso de autos, porque el quejoso viene sosteniendo una accesión de posesiones, señalando que la originaria de su antecesor habría comenzado en el año 1983 (ver fs. 68vta.).
Zanjada tal cuestión, y en relación a la prescripción adquisitiva es necesario recordar que antes de ahora ésta Sala ha sostenido (conf. causa nro. 40.129, R.S. 472/98, y en otra más reciente, causa Nº 47.331, R.S. 100/03), que "...Dispone el art. 2351 del C. Civil que "habrá posesión de las cosas cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad". Para poder adquirir el dominio de un inmueble por intermedio de esa posesión "animus domini" es necesario acreditar una posesión continua e ininterrumpida durante un lapso no menor de veinte años, sin necesidad de título y buena fe. En tal sentido el art. 4015 del C. Civil dispone: "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres, para cuya prescripción se necesita título". En correspondencia con dicha norma, el art. 4016 establece: "Al que ha poseído durante veinte años, sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión" -esta Sala en causa 25.286, R.S. 152 del 5/9/91-.
El art. 4015 del C. Civil exige no sólo la ocupación de la cosa durante veinte años -es decir, el; corpus-, sino el " ánimo de tener la cosa para sí" en el carácter de poseedor. Así, el Superior Tribunal ha declarado que: "La posesión debe ser ejercida con ánimo de poseer para sí, es decir a título de dueño, con la publicidad que exige el art. 2479 (S.C.B.A., 5/10/71, J.A. 13-972-551) -conf. ésta Sala en causa 20.370, R.S. 28bis del 8/3/88-.
Ha dicho también nuestra Suprema Corte Provincial que "La usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño, y mientras no se demuestre de algún modo que el bien es tenido "rem sibi habendi", los jueces deben considerar a quien lo ocupa como mero detentador. Si así no fuera, todos estarían en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores" (arts. 2351, 2373, 2384, 4015 del C. Civil), agregando que " nuestro sistema legal no contiene la presunción de que cualquier ocupación es para sí y a título de dueño, siendo carga de quien invoca el título probar el "animus domini " (Acuerdo 34.411 del 29/7/86, "Seminarios de Fallos de la S.C.B.A., julio 1986, pág. 14) -conf. ésta Sala en causa 20.370, R. S. 28 bis del 6/03/88-.
Pero, además, dicho "animus domini" o "rem sibi habendi" debe existir desde el comienzo de la posesión y mantenerse inalterado durante el lapso de veinte años. Así, ha dicho esta Sala que "resulta necesario acreditar la existencia del "animus domini" desde el origen de la ocupación.
En los juicios de usucapión es necesario analizar los elementos aportados con suma prudencia y debe probarse la posesión "animus domini" actual, la anterior y especialmente la que tuviera al inicio de la posesión, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal. La circunstancia de ocupar un inmueble, aunque fuere por largo tiempo no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con la intención de adquirir la propiedad mediante usucapión. El locatario, el comodatario, el cuidador, el simple usuario, el usufructuario y aún el intruso que no posee para sí, jamas podrán adquirir la propiedad mediante prescripción veinteañal si no intervierten el título que originariamente motivara la ocupación (arts. 2458, 2353, 2394 y 2448 del C. Civil)" -conf. causa 25.286, R.S. 152 del 5/9/91-.
En otro orden de ideas, y con relación a la prueba en los juicios de usucapión, ha sostenido también este Tribunal que " La prueba de haber mediado una posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre todo el inmueble que se pretende usucapir, durante el lapso legal, queda exclusivamente a cargo del pretendido usucapiente -art. 375 del Cód. Procesal -, quien debe traer al litigio elementos de juicio suficientes que sirvan para desplazar la titularidad del derecho de propiedad -conf. causa citada al final del párrafo precedente-.
Es criterio unánime de nuestros Tribunales que el análisis de las pruebas de la posesión en sus dos aspectos -o sea, animus y corpus- debe llevarse a cabo CON LA MAYOR ESTRICTEZ (S.C.B.A., Acuerdos y Sentencias 1971, t. II, pág. 493; Morello "El proceso de usucapión"; Wemberg, "La prueba de la posesión, E.D., t/ 44, pág. 445).
Respecto de la usucapión, por tratarse de cuestiones en que está interesado el orden público (esta Sala II, E.D., t. 94, pág. 228), la prueba sobre el cumplimiento de los recaudos para usucapir deber ser examinada por el Tribunal de Alzada, con independencia del análisis que sobre el particular pueda haber hecho el Juez de Primera Instancia, y sin que enerven dicha facultad ni la limiten las defensas que pueda haber opuesto el titular de dominio, cuyo allanamiento tampoco sería eficaz" -conf. ésta Sala en causa 21.225, R.S. 145 del 23/8/88; S.C.B.A. del 9/6/59, Ac. y Sent. 1959II-204-.
Es entonces que se admite toda clase de pruebas, inclusive las testimoniales, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en éstas (conf. art. 1ro. inc. c. del ya mencionado decreto-ley).
También se ha señalado que "la prueba testifical debe ser fidedigna, completa y concluyente, sin que pueda dejar dudas sobre los hechos que autoricen a tener por cumplida la usucapión (C. 1ra. La Plata 25/6/69, D.J.B.A., 58-90; C. 2da., La Plata, 10/12/58, D.J.B.A. 54-105) -conf. Salas-Trigo Represas, "Código Civil Anotado. t. 3, pág. 508-. Pero además, el juez no puede basarse sólo en la prueba testimonial, pues ello violaría una expresa disposición legal -art. 24 inc. c) de la ley 14.159 (t.o. por dec.-ley 5.756/58) -conf. causa 25.286, R.S. 152 del 5/9/91-.
Es cierto -también- que las pruebas testimoniales son importantes como lo expone el quejoso (art. 384 CPCC), pero no menos cierto es que aquellas no pueden ser los únicos medios probatorios para justificar la posesión veinteañal .
Luego abundaré sobre esta cuestión.
Por último es menester decir que, en cuanto a la accesión de posesiones y con base en los artículos 2475 y 2476 del Código Civil, memorando incluso jurisprudencia de la Alzada platense, ha entendido la Sala que si el actor aduce ser cesionario de un anterior poseedor del bien, necesariamente debe probar la existencia de los actos posesorios ejecutados por su antecesor y, luego, por él mismo, pues el fundamento sobre el que reposa la figura de la denominada accesión de posesiones -que son distintas y separables entre sí- es que el autor traspasa a su sucesor a título singular, los derechos y ventajas emergentes del estado de hecho de su posesión y así, mediante la accesión, el segundo puede completar al plazo legalmente requerido para la prescripción adquisitiva a su favor .
E incluso, en esa misma causa, se dijo que la expresión contenida en la escritura de cesión de acciones y derechos posesorios relativa a la posesión del cedente, no pasa de ser la simple expresión del mismo, sin que ello permita acreditar tales circunstancias (esta Sala en causas nro. 34.081, R.S. 403/95; 41.330, R.S. 394/99).
Sobre esta plataforma conceptual, vamos al caso.
En esencia, el actor sostiene que desde el año 1983 el inmueble era poseído por el Sr. Roggeri, quien en el año 2012 le habría cedido a él los derechos posesorios.
El relato de los hechos lo tenemos en el escrito de demanda, a partir de fs. 67vta.
Ahora bien, allí noto algo importante: si bien el quejoso describe los actos posesorios llevados a cabo por su antecesor, no existen demasiadas afirmaciones de cuáles habrían sido los actos posesorios llevados a cabo por su propia persona, a partir del año 2012, en el que se efectuó aquella cesión .
Y, como lo sabemos, la afirmación de los hechos es fundamental para luego poder apoyar, sobre ella, la construcción del plexo probatorio (arts. 330 y 362 del CPCC).
Recordemos que, según dice la última norma mencionada, no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos .
En realidad, el actor no dice prácticamente nada en concreto acerca de sus propios actos posesorios .
Esto es muy bien resaltado en el fallo apelado.
Y luego, es así como llegamos a la etapa probatoria.
El Sr. Juez de Grado consideró insuficiente la prueba rendida y pienso que le asiste razón.
Es que el esfuerzo probatorio, aquí, ha sido mas que nada testimonial.
De hecho, en los agravios se insiste sobre la cuestión.
Aquí tenemos varias declaraciones testimoniales
Passarin (declaración del 22 de Marzo de 2017) dice que conoce al actor " por tener terrenos por todos lados en la zona de ituzaingo por lo que yo conozco y alquila la empresa donde yo estoy, que esta ubicada sobre cerrito en Ituzaingo ".
Habla de la cesión, de la posesión por parte del cedente y de la construcción de los locales, " mas o menos en el año 2012 ".
Ese mismo día declara el testigo Udrizard.
Dice que " Roggeri es el padre de un compañero de trabajo que vivia ahi en la esquina de cerrito y colectora donde hacian macetas antes, lo conozco porque fui a la casa de Matias Roggeri que es el hijo, en ocasiones porque Matias era delegado de la empresa "Mecanizado Ituzaingo" donde trabajo actualmente ".
Habla de la posesión del actor y dice que la propiedad " fue modificada, ahora hay 2 locales grandes donde antes estaba la propiedad de Roggeri, hace 5 años maso menos por Juan Vacca" .
Arzamendia (declaración del 23 de Marzo de 2017) también habla de la posesión del Sr. Roggeri, de la cesión, del hecho que el actor tiene otros terrenos en la zona y de las construcciones que habría llevado a cabo el actor en el inmueble.
Urrutia, que declara en la misma fecha, dice que conoce al actor porque su padre trabaja con el, explicando que le vendieron y alquilaron propiedades.
Señala que Roggeri " tenia una casa ahi, bastante precaria y un tallercito al lado donde el tienen una fabrica de macetas que vendia en la colectora, de toda la vida. Tengo entendido que despues vendio y se mudo a la costa, es lo que habia comentado que iba a hacer una vez que se vendiera la proipiedad" .
Luego afirma que " el tenia una fabrica de macetas y vivia de toda la vida. que las macetas las fabricaba y vendia en el mismo predio. Algo muy precario. Es mas, le he comprado varias veces porque era el unico en la zona ".
Luego refiere haber participado él mismo " de la venta de los derechos posesorios del inmueble " e indica que el actor " construyó unos locales comerciales importantes que los alquilo Car One y NiSSAN ", señalando que " se los alquilamos nosotros ".
Asevera que " la propiedad abarca cinco lotes, lo que es la propiedad hoy, no solamente el que se habla ahora. Fue modificada por Vacca, y esto fue en el 2012, 2013 aproximadamente y la construccion habra sido terminada en 2014. Yo no participe, de la construccion, simplemente del alquiler" .
Posteriormente reafirma que el locador en los contratos referidos de Nissan y Car One es el Sr Juan Vacca.
Ahora bien, entrando a analizar los dichos de estos testigos, remarco algunas cuestiones.
En relación a Roggeri, no tenemos ninguna otra prueba (a mas de las testimoniales) que denote su posesión efectiva del inmueble, porque -como lo dice la sentencia- no se llegó a acreditar la autenticidad de ninguno de los comprobantes aportados relativos al pago de materiales.
En relación a la posesión del propio actor, hay algunas otras cuestiones por señalar.
La primera: que lo relativo a las modificaciones y construcciones en el inmueble no fue un hecho que hubiera sido afirmado en el escrito inicial .
Tampoco la circunstancia de la locación a las empresas aludidas .
Un dato relevante, si se quería demostrar esta locación, hubieran sido los contratos respectivos o la información que hubieran podido brindar las propias empresas.
Incluso, si esto no hubiera sucedido todavía al promover la demanda, se lo podría haber alegado como hecho nuevo.
Por otro lado, los testigos sitúan estas supuestas modificaciones, hechas por el actor, entre 2012 y 2014.
Ahora bien, si el actor trajo una serie de comprobantes de materiales supuestamente abonados por Roggeri (cuya autenticidad no se llegó a acreditar, como bien lo marca la sentencia) podría, y debería, haber traído los comprobantes mas recientes, relativos a la modificación y construcción que, según los testigos, él mismo habría llevado a cabo y que son construcciones de importancia.
Amén de ello, el tema de la construcción -no afirmado inicialmente, insisto- también encuentra alguna contradicción con las conclusiones periciales, que le asignan una antigüedad aproximada de 2 años y esto es afirmado en Junio de 2017 (con lo cual 2 años nos remontan a Junio de 2015) (arts. 384 y 474 del CPCC).
No pierdo de vista que esta última fecha puede aproximarse un poco a 2014, pero la diferencia no deja de ser un dato mas que se complementa con las omisiones e imprecisiones que -con el criterio de suma estrictez que ha de emplearse en el marco de este tipo de procesos, conforme lo ya dicho- denota la insuficiencia que remarcó el sentenciante de la instancia previa y que, por mi parte, comparto.
Para terminar con la cuestión de la pericia, he de señalar que con la misma solo podría acreditarse que se efectuó dicha construcción, en aquel período de tiempo del que nos habla el experto, pero nada mas (arts. 384 y 474 del CPCC).
Por otra parte, a todo lo dicho hasta aquí, se suma otro dato mas, que considero relevante.
Sabemos que el pago de impuestos, tasas y contribuciones no es en sí mismo un acto posesorio (esta Sala en causa nro. 52.377 R.S. 126/06, entre otras).
Se trata de un acto jurídico, su valor es indiciario y, como dice la ley, será especialmente considerado (art. 24 inc. c ley 14.159) en este tipo de procesos.
Por eso, desde esta Sala hemos venido remarcando que si bien no es un acto posesorio, resulta importantísimo como elemento de convicción (causa nro. 56314 R.S. 259/11, 53.506 R.S. 3/14, entre otras).
Ahora, y como bien marca el Sr. Juez de Grado, del informe de rentas provincial (fs.160/166) surge el tributo a nombre de otra persona (distinta del actor y de Roggeri) y lo mismo sucede con el informe del municipio local (ver fs. 184/206).
En sintonía con ello, no veo que se haya traído ningún comprobante de pago de impuestos y tasas por parte de Roggeri, y por parte de quien hoy acciona solo se trajeron dos piezas (ver fs. 60 y 61), e incluso la titularidad que allí se menciona no se condice con la titularidad que surge del informe de la municipalidad ya referido.
Ahora, si bien -conforme ya se ha dicho- no sería indispensable que los comprobantes estuvieran a nombre de quien acciona, es mínimamente necesaria la tenencia material de dichos comprobantes para demostrar, de algún modo, que fue el accionante quien efectuó los pagos, lo cual implicaría (indiciariamente insisto) una demostración de haberse comportado como lo haría un propietario (art. 163 inc. 5 CPCC).
Entonces, esta ausencia de comprobantes por períodos de extensión suficientes, se contrasta con la serie de déficits probatorios que he venido mencionando hasta aquí.
Luego, por todo lo expuesto, sumando a ello el criterio de estrictez con el que debe analizarse la prueba en este tipo de procesos y al hecho de que ni el allanamiento ni la rebeldía del titular registral son suficientes para admitir la demanda, entiendo que no se ha producido aquella prueba concluyente e indubitable, tanto de la posesión por parte del propio actor, como de la posesión de su antecesor, que -con un criterio de estrictez, insisto- ameritaría la admisión de la demanda de prescripción adquisitiva.
3. En suma y por lo que llevo dicho, si mi propuesta es compartida, deberá confirmarse la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas de Alzada a la recurrente (art. 68 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio
POR LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (arts. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOT
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.