Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123924
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIV
Causa N° 123924; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº11 - La Plata
Garay Omar Guillermo C/ Sicardi Eugenio S/Prescripcion Adquisitiva Vicenal/Usucapion
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintiseis días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Silvia Patricia Bermejo y Leandro Adrián Banegas para dictar sentencia en la Causa 123924, caratulada: "Garay Omar Guillermo C/ Sicardi Eugenio S/Prescripcion Adquisitiva Vicenal/Usucapion", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 204/212 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda de prescripción adquisitiva de dominio promovida por el señor Omar Guillermo Garay contra el señor Eugenio Sicardi, con costas al actor en su calidad de vencido. Asimismo, postergó la regulación de honorarios para la oportunidad en la que se encuentre establecida la base regulatoria (fs. 204/212 vta).
II. Contra tal forma de decidir, apela el actor, por intermedio de su letrado apoderado (fs. 213), ataque que fundó en tiempo y forma (fs. 227/229). Corrido el traslado de ley recibió su réplica por la Señora Defensora Oficial (fs. 231/232). Luego se llamó autos para sentencia (fs. 233).
III. El agravio se enfoca en la valoración de la prueba aportada que llevó a rechazar la pretensión. Se alega que el Señor Juez de grado no procuró adecuadamente los medios para articular y complementar toda la prueba entre sí y que no tuvo en cuenta situaciones fácticas que hubiesen permitido una óptima apreciación de la problemática objeto del decisorio.
En especial, se duele de la valoración de la prueba documental dentro de la que destaca el plano de posesión confeccionado por el Sr. Nicolás Manchia en el año 1993.
Entiende errónea también la consideración del resultado de la publicación de edictos y del “otro sí digo” presentado juntamente con el escrito postulatorio.
IV. Liminarmente, debe determinarse la ley aplicable. Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”.
En la especie, ha de señalarse que el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a los derechos reales. La regla es que la constitución y los efectos ya producidos de las situaciones nacidas bajo el Código Civil no pueden ser afectadas por nuevas disposiciones; en cambio, el nuevo Código sustancial rige las consecuencias o los efectos de esas situaciones aún no producidas y la extinción no operada.
Señala la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci que al igual que en el resto del articulado, muchas de las disposiciones recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, por lo que no debería haber problemas de derecho transitorio (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 159/160).
En el caso de la usucapión larga, como lo es el del presente, el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado la disputa en torno a los efectos del pronunciamiento dictado en esos juicios a favor de la tesis minoritaria que sostiene la no retroactividad de la sentencia (art. 1905). La norma es de aplicación inmediata a todos los casos en los que el plazo se cumple después de la entrada en vigencia, desde que con anterioridad, eran simples derechos “in fieri”. Si se cumple antes, tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia, sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley (autor y obra ya citada).
En ese entendimiento, el presente caso corresponde se juzgue con el Código vigente al momento de cumplirse el plazo de usucapión larga, es decir, el Código Civil anterior (arts. 7, 1905, CCyC).
V. Como se dijo, el motivo esencial que concita la crítica del recurrente es la valoración de la prueba efectuada por el a quo.
Ha de tenerse en consideración que la usucapión es un modo de adquirir los derechos reales por la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. Este instituto se basa en dos hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es dueño y la duración de ella por un cierto tiempo. De la conjunción de los hechos con el tiempo la ley hace derivar la adquisición, siendo éste uno de los efectos más importantes de la posesión (cofr. Areán, Beatriz, “Derechos Reales”, Ed. Hammurabi, tomo I, pág. 375).
Justamente, la pretensión prospera de haberse acreditado el presupuesto fáctico de aplicación del art. 4015 del Código Civil.
Para ello nuestra legislación requiere de evidencia compuesta, admitiendo cualquier medio de prueba, con el límite de que no podrá el magistrado formar su convicción exclusivamente con la prueba de testigos (Art. 375, 384 679 CPCC).
Con el fin de dar tratamiento al agravio expuesto, deberá estarse entonces a la idoneidad y fuerza probatoria de los elementos producidos y acreditados en autos, los que se analizarán detalladamente.
VI. Se aprecia en el caso que el actor alega ser continuador en los derechos posesorios ejercidos por sus antecesores, Nicolás Manchia en primer término y luego de su fallecimiento la esposa y sus hijos, que son quienes finalmente le ceden las acciones y derechos posesorios.
“Al respecto cabe puntualizar que si bien nuestro derecho admite la accesión de posesiones, requiere que ambas, la del autor como la del sucesor, resulten idóneas a efectos de invocar la usucapión (v. en similar sentido: Calegari de Grosso, Lydia E., "Usucapión", segunda edición ampliada y actualizada, pág. 210 y ss., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007; Barbado Analía R., "La prescripción adquisitiva y liberatoria", pág. 123 y ss., Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996; Arean, Beatriz, "Juicio de usucapión", pág. 251 y ss., Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992)”. (SCBA, C 97851, S 28-12-2010, B33891).
En este supuesto, el actor necesariamente debe probar la existencia de los actos posesorios ejecutados por sus antecesores y luego los realizados por sí mismo en su provecho, toda vez que el poseedor original traspasa a su continuador los derechos emergentes de su posesión y así, mediante la accesión, se completa el plazo legalmente requerido para la prescripción adquisitiva a su favor lo que, adelanto, se encuentra probado en autos (arts. 2475, 2476, 3262 a 3265, y 4005 Código Civil).
VII. Uno de los documentos a considerar es el plano de prescripción adquisitiva confeccionado en el año 1993 por el señor Nicolás Manchia, sobre una superficie de 230.214,83 metros cuadrados que comprende una gran cantidad de manzanas, divididas a su vez en parcelas, dentro de las cuales está la que el actor pretende usucapir, lo que además de tener por objeto cumplir con el art. 679 inc. 3 CPCC demuestra la intención de su ocupación como dueño (fs. 25).
Debe tenerse en cuenta que la confección del primer plano resulta coincidente con lo dispuesto por el convenio de desocupación agregado a fs. 27/30 que data del 15 de julio de 1985, mediante el cual los herederos del titular registral –Eugenio Sicardi- reconocen en favor del señor Nicolás Manchia las 29 hectáreas dentro de la que se incluye la manzana 266 en donde se encuentra ubicada la propiedad en cuestión (lote 7) en su calidad de poseedor.
Además, el mencionado documento cuenta con la certificación de firmas que le da fecha cierta en fecha 26 de septiembre de 2009 por ante el escribano Eduardo Ferrer.
He de destacar que si bien la totalidad de los documentos acompañados a la demanda han sido negados por la Defensora Oficial en la contestación de la acción entablada (fs. 154 y vta.), la mera negativa del art. 354 inc. 1 del CPCC a los hechos sostenidos por la parte actora en el libelo de inicio no concluye en que se los tenga por desconocidos, sino a que puedan así tenerse, por lo que están sujetos a la valoración conforme las reglas de la sana crítica, conjugando la totalidad de la prueba producida (arts. 375, 384 679 CPCC).
Por ello, concluyo hasta aquí que existen elementos suficientes en la causa para tener por acreditado el inicio de la posesión y su continuidad hasta la cesión realizada al actor.
VIII. Los testimonios, por su parte, resultan contestes y coincidentes respecto de la posesión antes aludida.
Nuestro máximo Tribunal provincial ha dicho que “No es dable acoger una demanda por usucapión en base -únicamente- a la prueba testimonial” (SCBA, Ac 33559, sent. del 18-12-1984; LL 1986 A, 616 - DJBA 129, 450 - AyS 1984-II, 602; SCBA, Ac 40137, sent. del 28-2-1989, AyS 1989-I-190 - LL 1989-C, 150).
Empero, no resultando ésta la única prueba rendida, cabe tenerlas como un elemento más a valorar.
En efecto, los deponentes refieren de modo coincidente haber conocido al señor Nicolás Manchia y que estaba en esos terrenos desde hace aproximadamente 40 años “más o menos desde 1978” (testigo Gorosito fs. 169 y vta.), “Estaba en esos terrenos desde el año 1975/76” (testigo Di Palma fs. 171 y vta.), “Él llegó ahí en el 77 o 78 a vivir ahí” (testigo Roldan fs. 183 y vta.).
Con respecto al testigo Gorosito, al referirse a la existencia de obras y mejoras, dice que “se cambiaron hizo un montón de obras en el lote de ese lugar” (fs. 169 y vta.), mientras que el deponente Roldán indica que conoce el inmueble de 18 entre 662 y 663 y describe: “...es un casa de dos plantas marroncita clara, en la entrada tiene un garaje para guardar autos” (fs. 183 y vta.).
Por su parte, en el mandamiento de constatación glosado a fs. 249/ 255 el Señor Oficial de Justicia actuante informa la existencia de la propiedad y las mejoras realizadas, como así también que fue atendido por el actor –Sr. Omar Guillermo Garay- quien manifestó vivir ahí e invocó la calidad de dueño de la propiedad.
La convicción sobre la existencia de posesión animus domini ejercida por el actor (en continuación de la ejercitada por el Señor Nicolás Manchia) es reforzada por las fotografías de fs. 2/11, que si bien fueron negadas en su autenticidad por la Sra. Defensora Oficial, dan muestra de la construcción de una vivienda. Esas fotos demuestran la construcción que el actor dice haber efectuado (art. 384, CPCC).
En el mismo sentido, la documental de fs. 44 da cuenta de la solicitud de servicio a DirecTV de fecha 15 de octubre de 2012 efectuada por el actor para su instalación en el domicilio de 18 entre 662 y 663. Resulta coincidente con la fotografía de fs. 8 en la que se puede ver la antena de la prestadora de servicios de TV colocada.
Igual tratamiento merece la solicitud de servicio y constancias de pago a EDELAP de fs. 46/53, toda vez que en la fotografía de fs. 7 se observa el pilar de luz construido. Asimismo, el pedido del servicio fue realizado por el actor y para dar suministro a la parcela que pretende prescribir y de cuyas facturas surge el consumo eléctrico y su pago.
Por su parte, el accionante acompaña comprobantes de pago de Servicios Urbanos Municipales de la Ciudad de La Plata Por los períodos 2007 a 2011 (fs. 60/61) e impuesto de ARBA por diferentes períodos (fs. 62/69).
IX. En consecuencia, de la interpretación del conjunto de la evidencia producida la que resulta conteste y convincente encuentro acreditado el cumplimiento de los requisitos que tornan procedente la acción, toda vez que de ella surge la posesión animus domini del bien por parte del legitimado activo en carácter de continuador de Nicolás Manchia y posteriormente su familia, durante el período y en las condiciones que la ley requiere para la adquisición del dominio por la vía intentada (arts. 2351, 2373, 2384, 2400, 2445, 2.480, 2524 inc. 7º, 4015, 4016 del Código Civil y 163, 384, 456, 679, CPCCBA).
Finalmente cabe determinar las costas del proceso. Como ha expuesto esta Sala en antecedentes que dirimieron cuestiones semejantes a la presente, el titular de un inmueble no tiene obligación de ocupar el bien, ni ejercer sobre él actos posesorios pretendidamente revalidantes o conservatorios de su dominio, pues el derecho de propiedad es perpetuo (2510 del Código Civil). Por tal razón, no procede considerar que el mismo, con su conducta, da motivo al pleito, cuando un tercero se arroga derechos posesorios (esta Sala, Causas 82.545, sent. del 12-III-1996; 113.169, sent. del 28-XII-2010).
En consecuencia, la tramitación de este proceso, tendiente a acreditar el cumplimiento de los recaudos legales impuestos por esta forma de adquirir la posesión (arts. 679, 681 del C.P.C.C. y 24 de la ley 14.159), resulta insoslayable para el pretenso poseedor, ya que ni la conformidad previa del propio titular alcanzaría para eximirlo de tal carga. Si a ello se suma la circunstancia que el Defensor Oficial sólo hubo proporcionado una respuesta en expectativa (art. 354 inc. 1 del C.P.C.C.), sin ofrecer una resistencia que obligara a un despliegue jurisdiccional distinto de aquel necesario para el reconocimiento del derecho del accionante, cabe concluir que tampoco la conducta procesal asumida por aquél permite entender que la parte demandada reviste en este pleito la calidad de vencida (esta Sala, Causa B-82.545, 12-III-1996, ya citada, entre otras).
Todo ello conduce a concluir que, en autos, no se configura el supuesto de aplicación de la norma contenida en el primer párrafo del art. 68 del Código ritual. Por tales razones, corresponderá que la imposición respectiva de las costas de ambas instancias del proceso se formule por su orden, de consuno con la doctrina desplegada en torno al segundo párrafo de la disposición legal citada (esta sala, causas 113169, sent. del 28-12-2010, RSD 183/2010; 123.988, sent. del 8-11-2018, RSD 323/2018, 122695, sent. del 27-2-2018, RSD 36/2018; art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.).
X. En tal entendimiento, propicio hacer lugar al recurso interpuesto articulado y revocar la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la acción entablada por el señor Omar Guillermo Garay contra el señor Eugenio Sicardi, declarando adquirido en favor del accionante, por vía de prescripción adquisitiva, el inmueble situado en calle 18 entre 662 y 663 de la Ciudad de La Plata, designado catastralmente como: Circunscripción IX, Sección G, Manzana 243, Parcela 7 (arts. 3947, 3948, 3952, 4015 y 4016 C. Civil, 34, inc. 4°, 68, 163, 354, 375, 384, 385, 394, 456 y 679 CPCC.). Firme que sea, en su caso, corresponderá se cancele la inscripción anterior y se proceda a inscribir la sentencia actual con relación al bien sito en el paraje denominado Villa Garibaldi o Parque Sicardi de la localidad y partido de La Plata, situado en calle 18 entre 662 y 663, cuyos datos catastrales han sido descriptos ut supra, identificado según plano de mensura 055-0000399-2011 (v. fs. 26), Partida inmobiliaria 299261, de medidas 8,66 mts. de frente al NE, por 34,64 mts. de fondo, inscripciones dominiales 13677 A, F°1179, año 1888 y 11459 B, F° 592, año 1905.
Postulo, asimismo, que las costas de ambas instancias sean en el orden causado en función al comportamiento procesal desplegado por la Defensora Oficial en representación del ausente procesal (art. 68 CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
La señora Juez doctora BERMEJO, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde: 1°) Revocar la sentencia de fs. 204/212 vta. y hacer lugar a la acción entablada por el señor Omar Guillermo Garay contra el señor Eugenio Sicardi, declarando adquirido en favor del accionante, por vía de prescripción adquisitiva, el inmueble situado en calle 18 entre 662 y 663 de la Ciudad de La Plata, designado catastralmente como: Circunscripción IX, Sección G, Manzana 243, Parcela 7 (arts. 3947, 3948, 3952, 4015 y 4016 C. Civil, 34, inc. 4°, 68, 163, 354, 375, 384, 385, 394, 456 y 679 CPCC.). 2°) Firme que sea este pronunciamiento, se ordenará que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires cancele la inscripción anterior a nombre de el señor Eugenio Sicardi y proceda a inscribir el dominio a nombre del señor Omar Guillermo Garay del inmueble sito en el paraje denominado Villa Garibaldi o Parque Sicardi de la localidad y partido de La Plata, situado en calle 18 entre 662 y 663, nomenclatura catastral: Circunscripción IX, Sección G, Manzana 243, Parcela 7, identificado según plano de mensura 055-0000399-2011 (v. fs. 26), Partida inmobiliaria 299261, de medidas 8,66 mts. de frente al NE, por 34,64 mts. de fondo, inscripciones dominiales 13677 A, F°1179, año 1888 y 11459 B, F° 592, año 1905. 3°) las costas corresponde sean impuestas en el orden causado en función al comportamiento procesal desplegado por la Defensora Oficial en representación del ausente procesal (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
La señora Juez doctora BERMEJO, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se: 1°) Se revoca la sentencia de fs. 204/212 vta., haciéndose lugar a la acción entablada por el señor Omar Guillermo Garay contra el señor Eugenio Sicardi, declarando adquirido en favor del accionante, por vía de prescripción adquisitiva, el inmueble situado en calle 18 entre 662 y 663 de la Ciudad de La Plata, designado catastralmente como: Circunscripción IX, Sección G, Manzana 243, Parcela 7 (arts. 3947, 3948, 3952, 4015 y 4016 C. Civil, 34, inc. 4°, 68, 163, 354, 375, 384, 385, 394, 456 y 679 CPCC.). 2°) Firme que sea el fallo, se ordenará que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, cancele la inscripción anterior a nombre de el señor Eugenio Sicardi y proceda a inscribir el dominio a nombre del señor Omar Guillermo Garay del inmueble sito en el paraje denominado Villa Garibaldi o Parque Sicardi de la localidad y partido de La Plata, situado en calle 18 entre 662 y 663, nomenclatura catastral: Circunscripción IX, Sección G, Manzana 243, Pa
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