Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123727
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 29 de junio de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.727 "CAIMI HECTOR ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/ USUCAPION"
I. El apoderado de la Municipalidad de Ayacucho deduce -mediante presentación electrónica de fecha 9 de mayo del corriente, a las 21:38:38hs.- recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. resol. de 19-II-2020).
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que -a su turno- rechazó la acción de prescripción adquisitiva incoada por Héctor Alberto Caimi contra la Municipalidad de Ayacucho. En consecuencia, la admitió al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 15-XI-2018 y 19-IX-2019).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso, defensa en juicio, propiedad, tutela judicial efectiva, protección integral de la familia y acceso a una vivienda digna (Preámbulo y arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Const. nac.; v. págs. 1, 18, 20/21, 29 y 36/39 del archivo adjunto escaneado).
II.1. Sostiene que la sentencia en crisis -al igual que la de la instancia anterior en grado- no constituye una derivación razonada del derecho aplicable de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa y debe ser descalificada como acto judicial válido, en tanto se basa en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte ponderó irrazonablemente -según su modo de ver- las constancias de autos y se apartó del derecho aplicable a los hechos, ocasionando a su representada un agravio concreto y actual con la consecuente afectación de las garantías constitucionales del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y de propiedad (v. pág. 21 del archivo adjunto escaneado).
En tal sentido, expone que en autos no se encuentra controvertido que los bienes en cuestión habían sido afectados al dominio público por autoridad, competente conforme lo prevé el decreto-ley 9.533/80.
Sin embargo, afirma que se hizo lugar -arbitrariamente- a la acción de prescripción, al considerar que los terrenos habrían perdido dicha virtualidad. Ello, con sustento en que para que un bien se considere perteneciente al dominio público del Estado, era necesario que el mismo se encuentre afectado al uso específico de intereses públicos, en forma real y actual. Circunstancia no verificada en el predio en cuestión, actualmente utilizado por el actor como establecimiento rural.
Se contradice así, asevera, la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional que refiere que los bienes que pertenecen al dominio público del Estado sólo pueden cambiar su condición jurídica a través de su desafectación y que la misma debe efectuarse por hechos o actos administrativos (CSJN Fallos, 263:437, 311:2842; 335:1822; 341:1408; v. págs. 21/24, pdf adjunto cit.).
Y concluye que, toda vez que no se acreditó en autos que hayan mediado por parte de su representada actos o hechos que importen dicha desafectación, resulta improcedente la acción de prescripción adquisitiva promovida, en razón de resultar los predios que aquí se debaten inalienables, inenajenables e imprescriptibles (v. págs. 24/26, pdf cit.).
II.2. Arguye, además, que esta Corte sin analizar los hechos ni las pruebas aportadas, ponderó -dogmáticamente- que el remedio local había sido insuficientemente fundado. Afirma que, contrariamente a lo expuesto, de su lectura puede advertirse que no se trató de una simple discrepancia sobre la acreditación de los extremos legales exigidos para usucapir, sino que denunció -a su entender- un evidente apartamiento de los hechos acreditados. Ello, en tanto el actor no demostró cabalmente la fecha del comienzo de la posesión, ni la interversión del título que manifestó haber realizado, dado que no existió más prueba al respecto que la testimonial. De esa manera, se vulneró lo previsto por el art 24 de la ley 14.159, el art. 679 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que rige la materia (v. págs. 26/33, pdf cit.).
II.3. Finalmente, denuncia que el caso constituye un supuesto de gravedad institucional en tanto lo resuelto no sólo es de interés de la parte, sino también de la comunidad, al afectar y contradecir la política de desarrollo urbano, social y económico impulsada e instrumentada por la Provincia de Buenos Aires y, específicamente, por la Municipalidad de Ayacucho (v. págs. 1 y 33/39 del archivo adjunto escaneado).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 18 de junio de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado del actor (v. escrito electrónico de fecha 29 de junio de 2020).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en la pág. 37 del archivo adjunto; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa la actuación electrónica de fecha 29 de junio del corriente (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN).
IV.1. Respecto de la vía federal, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, la valoración respecto del plazo de la prescripción adquisitiva y la suficiencia del remedio local para atacar esas conclusiones), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos casos, deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el presente, toda vez que los argumentos de la parte recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaz como tal para habilitar la vía intentada (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales dogmatismo, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa aplicable al caso y falta de fundamentación suficiente, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a reiterar los cuestionamientos que sustentaron el recurso local (v. resol. atacada de fecha 19-II-2020).
IV.3. Por otro lado, la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de igualdad, debido proceso, defensa en juicio, propiedad, tutela judicial efectiva, protección integral de la familia y acceso a una vivienda digna; Preámbulo y arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Const. nac.; v. págs. 1, 18, 20/21, 29 y 36/39, pdf cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 1 y 33/39, pdf cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 29 de junio de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 14:52:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:17:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:47:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:55:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:28:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2020 13:42:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia