Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124617
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a las recurrentes vencidas (art. 68, CPCC).
C. 124.617 "LOPEZ GARCIA PAMELA SOLEDAD Y OTRO/A C/ PELITTI JORGE MARIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION" y su acumulada.
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia única de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de prescripción adquisitiva incoada por Elizabeth Mónica García y Pamela Soledad López García contra Jorge Mario Pelitti y, a su vez, desestimara la pretensión reivindicatoria intentada por éste último contra los primeros. En tal sentido, acogió la demanda por reivindicación y desestimó su par de usucapión (v. sentencias de fecha 9-IV-2018 y 12-III-2020).
II. Frente a ello, las señoras García y López García -por medio de asistencia letrada- interponen recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-VIII-2020).
III. El intento anulativo, mediante el cual se denuncia omisión de cuestiones esenciales e infracción al art. 171 de la Constitución provincial, no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
III.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática esencial, vinculada con el progreso de la acción de usucapión, ha sido expresamente tratada sólo que en sentido desfavorable para las recurrentes (v. págs. 8/23 de la solución atacada). En consecuencia, las escuetas manifestaciones traídas, relacionadas con la ponderación de las circunstancias fácticas de la litis y la revisión del material probatorio, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 3/15 del escrito recursivo; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
III.2. Finalmente, la misma suerte debe correr la denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. págs. 3/5 y 7 del recurso) toda vez que -sin perjuicio de su falta de desarrollo argumental- ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. págs. cit. de la sentencia cuestionada; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
Lo expuesto, basta para desestimar este canal extraordinario (arts. 31 bis y 298, cits.).
IV. Abordando el restante remedio intentado, a través del cual se denuncia absurdo, arbitrariedad e inaplicabilidad de los arts. 2351, 2352, 2353, 2369, 2373, 2383, 2402, 2407, 2410, 2445, 2479, 2480, 3984 y 4015 del Código Civil; 34 incs. 4 y 5 "c", 163 incs. 4, 5 y 6, 164, 330, 354, 375, 384, 402, 409, 411, 421, 456, 462, 474 y 679 inc. "c" del Código Procesal Civil y Comercial; 24 inc. "c" de la ley 14.159; 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y concs. de la Constitución nacional y 10, 11 y 31 de su par local, se anticipa que éste tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha dicho este Superior Tribunal que la determinación de las cuestiones fácticas de la litis y la valoración de los elementos de convicción aportados al proceso, así como también si quien pretende adquirir el dominio por prescripción ha demostrado que a su respecto concurren los requisitos legales, son temáticas de hecho propias de los jueces de la instancia ordinaria, que sólo a través de una indiscutida acreditación de que ha mediado un razonamiento absurdo, permite su reexamen en casación (conf. causas C. 121.147, "Perez", resol. de 11-X-2017; C. 122.864, "Abeledo", resol. de 26-XII-2018 y C. 123.457, "Guanini", resol. de 27-XI-2019), vicio lógico que, más allá de haber sido alegado, no se observa configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia única de fecha 12 de marzo de 2020 -a la luz de las constancias obrantes en la causa y en su expte. acumulado- para revocar el pronunciamiento de primer grado y, en consecuencia, repeler la acción de usucapión sostuvo que "... las accionantes en el proceso de usucapión no han logrado alcanzar el estándar jurídico exigido para que merezcan el acogimiento de su pretensión de adquirir la posesión del bien involucrado en autos por usucapión veinteañal." (v. págs. 22/23).
Tal argumento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 15/21 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de los actos posesorios, el paso del tiempo, la valoración de la prueba producida y la objetividad de los jueces), se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 3 de la articulación bajo estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la referida pág. 3 del recurso, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de las interesadas -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
IV.3. Por último, tampoco puede atenderse la alegación de arbitrariedad (v. pág. 3 de la impugnación), toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a las recurrentes vencidas (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2021 14:41:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2021 19:17:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2021 16:21:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 16:03:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2021 11:04:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia