Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja incoada en relación a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC), con costas.
C. 126.638 "PELLIZZARI DANIEL ALBERTO Y OTRO/A C/ PERALTA RAMOS MARCOS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un proceso de prescripción adquisitiva promovido por Daniel Alberto Pellizzari y Marcela Fabiana Iarossi contra Marcos Peralta Ramos, en lo que ahora interesa, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado reconviniente y modificó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, acogió la reconvención por reivindicación y condenó a los actores a restituir la posesión de los lotes identificados catastralmente por la nomenclatura Circ. IV, Sec. JJ, Mza. 180, parcelas 1, 2, 3 y 26 del Partido de General Pueyrredón (v. sent. de 24-IV-2023 y su aclaratoria de 22-V-2023).
Frente a dicho pronunciamiento, los legitimados activos interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 9-V-2023). La vía anulativa fue concedida, mientras que la de inaplicabilidad de ley se denegó con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 22-V-2023). Ello motivó una queja ante esta sede, que fue luego agregada a los autos principales que arribaron a esta Corte por el remedio de nulidad otorgado (v. escrito electrónico de 31-V-2023 y proveído de 14-VI-2023).
II. Con relación al recurso extraordinario de nulidad, es pertinente recordar que este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que esa vía sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021 y C. 125.538, "Mellinger", resol. de 7-IX-2022).
En el caso, no obstante alegarse la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, en la fundamentación de dicha impugnación no se han expuesto ni desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de tales preceptos (v. escrito electrónico de 9-V-2023, apdos. IV y IV.3).
Así, de la lectura del escrito recursivo surge que, en rigor, los argumentos traídos por la parte accionante están orientados a expresar su discrepancia con el mérito de la decisión -denunciando absurdo y apartamiento de la doctrina legal y del texto de la ley aplicable-, esgrimiendo de tal modo planteos referidos a presuntos errores de juzgamiento. Tales fundamentos no resultan propios del recurso bajo estudio sino del de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 9-V-2023; conf. doctr. causas C. 123.041, "Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 123.454, "Bravo", resol. de 6-XI-2019; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 124.034, "Micucci", resol. de 23-IX-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020; C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021 y C. 125.359, "López", resol. de 14-XI-2023).
Por otro lado, en cuanto a la mencionada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, cabe señalar que reiteradamente ha dicho esta Corte que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. de 24-IV-2023 y su aclaratoria de 22-V-2023; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021).
Cabe concluir, entonces, que la vía extraordinaria de nulidad deviene inadmisible, por lo que ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 122.758, "Municipalidad De Olavarría", resol. de 21-XI-2018; C. 123.073, "Niño de Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 124.158, "Batafarano", resol. de 4-XI-2020 y C. 124.309, "Iuliano", resol. de 8-VI-2021).
III. Pasando a analizar el recurso de hecho traído, cabe puntualizar que el valor del agravio, a fin de cumplir con lo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado para la parte impugnante, en atención a las particularidades del caso, por la valuación fiscal de los inmuebles cuya restitución se ordena en la resolución recurrida a la fecha de interposición del remedio extraordinario (conf. doctr. causas C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.648, "Centurión", resol. de 19-XII-2018; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019; C. 123.275, "Chehin", resol. de 21-VIII-2019; C. 123.640, "Chiappe", resols. de 2-IX-2020 y 18-II-2021; C. 125.749, "Zinni", resol. de 15-VII-2022; C. 125.962, "Fisco Pcia. Bs. As.", resol. de 31-III-2023 y C. 126.523, "Peixoto", resol. de 1-VIII-2023).
En el caso, las valuaciones fiscales de los inmuebles involucrados -tal como lo expone el Tribunal de Alzada y reconoce la parte recurrente en el escrito de queja- ascienden a la suma total de $ 1.435.089 (v. resol. de 22-V-2023 y presentación electrónica de 31-V-2023), importe que no alcanza el mínimo de ley para acceder a la revisión por la vía intentada (art. 278, texto ley 14.141 y Acordada 4.100/23; doctr. causas cits.).
Sentado lo anterior, resulta inatendible la pretensión expuesta en la queja de tomar en consideración, en lugar del monto de las referidas valuaciones que surgen de la documentación expedida por ARBA, las sumas que allí se indican como correspondientes al "valor impuesto al acto" (conf. doctr. causas C. 119.068, "Mizrahi", resol. de 17-XII-2014; C. 122.920, "Aira", resol. de 20-III-2019; C. 123.850, "Garreton Rifo", resol. de 29-VII-2020; C. 125.660, "Falbo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.781, "Sequeira", resol. de 29-XI-2023).
Por otra parte, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 del Código de forma (v. escrito electrónico de 31-V-2023, apdo. IV), deviene oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones fijadas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 124.226, "Valea", resol. de 20-IV-2022).
Cabe agregar que el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. escrito electrónico de 31-V-2023, apdo. IV), con miras a superar el valladar representado por el recaudo que se considera, en el caso, carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el caso, no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se invoca arbitrariedad y se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (doctr. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019 y C. 124.134, "Mosi", resol. de 23-X-2020).
Finalmente, resulta pertinente adunar que los antecedentes de esta Corte citados por el impugnante en apoyo de su posición no son aplicables al caso de autos, en tanto se refieren a situaciones diversas a la aquí configurada.
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada deviene inadmisible, imponiéndose la desestimación de la queja traída a su respecto (arts. 278 y 292 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja incoada en relación a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC), con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 12:24:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/02/2024 13:40:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 12:50:39 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 12:59:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:53:20 hs. bajo el número RR-260-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia