Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 126811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal de fecha 12 de abril de 2024, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 156 y 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.811 "GARCÍA JOSÉ MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que no se habían expuesto ni desarrollado agravios basados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el remedio de nulidad y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios. Asimismo, cuestionó la decisión en cuanto repelió -con costas- el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 68, 296, 279 y 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812; 30, ley 14.967; v. resol. 19-II-2024; escrito electrónico del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 13-III-2024, a las 07:21:58 hs.).
En el caso, en el marco de un juicio por prescripción adquisitiva, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda incoada por el señor José Manuel García contra la Municipalidad de Arrecifes. En consecuencia, la desestimó, al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents de 7-XI-2022 y 20-IV-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial, propiedad, debido proceso y defensa en juicio (arts. 14, 17, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21, CADH; v. págs. 3, 5/6, 14/16 y 18, escrito electrónico cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario, contradictorio y no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejado sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, la prueba aportada -en particular, la documental- y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, rechazó -erróneamente, según su entender- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 272:172; 274:135; 284:119; 315:992, entre otros; v. págs. 7/17, escrito electrónico cit.).
II.3. En tal sentido, objeta que se haya declarado mal concedido el remedio de nulidad deducido y reputado inoficioso a los fines regulatorios. Así, denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que aquí reedita- relacionados con la falta o errónea ponderación de la prueba documental aportada -puntualmente, la referida al momento en que el municipio tomó conocimiento de la posesión con ánimo de dueño invocada por su parte-. Y asevera, que dichos agravios resultaban suficientes para dejar sin efecto el fallo de la Cámara (v. págs. 8/11, escrito electrónico cit.).
II.4. Cuestiona, también, el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley, con base en que el mismo habría sido insuficientemente fundado. Aduce que esta Corte, desestimó mediante fundamentos aparentes los planteos en él esgrimidos -que reproduce- relacionados con la revisión de las circunstancias fácticas de la contienda y la prueba aportada. Y asevera que dichos agravios no eran meras discrepancias y resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, refutar sus razones dadas y -contrariamente a lo expuesto en la resolución atacada- demostrar el absurdo de su fallo y la violación de la normativa y doctrina legal invocada en el remedio local.
Al respecto, insiste en que el plazo para adquirir por usucapión se encuentra cumplido, que el Municipio demandado nunca poseyó el bien y tenía conocimiento de que se encontraba en curso la posesión del inmueble a título de dueño desde el año 1988, momento en que se presentó el plano de mesura y deslinde. Y agrega que la accionada no efectuó reclamo alguno y consintió la situación, en tanto aprobó los planos por los cuales construyó el actor su casa. Denuncia, en ese sentido, que estos elementos de prueba jamás fueron tenidos en cuenta por ninguna de las instancias al resolver el pleito (v. págs. 11/17, escrito electrónico cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 19-III-2024), el mismo fue contestado por el apoderado de la Municipalidad de Arrecifes (v. adjunto identificado como "García..." al trámite titulado "CONTESTA TRASLADO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" de fecha 12-IV-2024).
En relación a dicha presentación, corresponde señalar que el plazo para la contestación del traslado del recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificado -personalmente o por cédula- debiéndose computar el mismo conforme las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257, segundo párrafo, CPCCN; CSJN, Fallos: 160:78; 307:2061; 308:2423; 311:1242; 316:2497 y 317:1354; entre otros).
En ese sentido, el propio Superior Tribunal de la Nación resaltó que dicho término es fatal y perentorio (art. 156, CPCCN; CSJN, Fallos: 114:209; 160:78; 307:2061; y 330:1094; entre muchos) y que resulta de aplicación lo atinente al "plazo de gracia" que contempla el Código Procesal nacional referido (conf. CSJN causa "S. D. c/ R. L. M. s/ reintegro de hijo y alimentos", sent. de 2-VII-2013).
Así, a tenor de la fecha de notificación del proveído que dispuso el mentado traslado (v. "datos del trámite", "notificación electrónica" en "PROVEIDO" cit., arts. 10, 12 y 13, Anexo Ac. 4013/21, t. o. Ac. 4039/21), cabe concluir que la citada contestación de fecha 12 de abril de 2024 -a las 10:12:33 hs.- resulta extemporánea. En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa (doctr. arts. 156 y 257, segundo párrafo, CPCCN; 11, Acordada 4/2007; causas C. 120.937, "Vitale", resol. de 8-III-2017 y C. 120.622, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 5-IV-2017, e. o.).
IV.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de admisibilidad, así como las referidas a los hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para desestimar la acción de usucapión, la denegatoria del recurso de nulidad y el de rechazo del de inaplicabilidad de ley, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 329:646; 325:1201; 330:133; 329:5424; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, autocontradicción, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, irrazonable valoración del material probatorio y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados. En efecto, mediante los planteos ensayados sólo insiste el agraviante en cuestionamientos expuestos en los remedios locales que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 7/17, del escrito electrónico cit.; págs. 7/18 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 9-V-2023 y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 17, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21, CADH; v. págs. 3, 5/6, 14/16 y 18, escrito electrónico cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023, C. 126.125, "Piperino", resol. de 19-II-2024; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal de fecha 12 de abril de 2024, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 156 y 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2024 19:38:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2024 11:06:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/11/2024 12:17:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:58:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:38:04 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:17:10 hs. bajo el número RR-893-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia