Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.945 "GOLDBERG Y CANATTA, MARTÍN DARÍO C/ COLARES COMPAÑÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL Y OTRO/A S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN"
I. El apoderado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, declaró mal concedido -e inoficioso- el remedio de nulidad, con sustento en su falta de fundamentación autónoma y, por el otro, rechazó -con costas- el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiencia técnica (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279, 289 y 296, CPCC y 30, ley 14.967; v. resol. de 20-XI-2024; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 10-XII-2024 y su archivo adjunto identificado como "GOLDBERG_CON_COLARES_REF...").
En el caso, en el marco de una prescripción adquisitiva, la Cámara interviniente confirmó la decisión de la magistrada de primera instancia que, a su turno, había rechazado la pretensión incoada por Martín Darío Goldberg y Canatta -en su carácter de cesionario de los derechos y acciones posesorios y litigiosos de quien fuera actor en estos autos, Rubén Ramón Gómez- contra Colares Compañía Agropecuaria y Forestal Sociedad S.A., al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. sents. de 30-XI-2021 y 16-VI-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de la sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, razonabilidad, accedo a la justicia y doble instancia (arts. 17, 18 y 28, Const. nac.; 8.1, 8.2 y 25, CADH; v. págs. 24/27 y 33/35, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, contradictoria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas de la causa y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó los remedios locales al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que habían sido insuficientemente fundados. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 245:327; 326:2525; 328:957; 311:148; 312:426; 316:3191; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió -al igual que la instancia anterior en grado- tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos -en particular- en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos al rechazo de la acción de usucapión, la revisión de las circunstancias fácticas del proceso, de las pruebas del litigio -puntualmente la testimonial, la documental y la pericial- y de la normativa aplicable. Y asevera que, contrariamente a lo expuesto, dichos cuestionamientos no fueron meras discrepancias, ni reiteraciones, sino que resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 26/34, adjunto cit.).
II.3. Arguye, además que, si bien las cuestiones de admisibilidad no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona los derechos constitucionales invocados por los recurrentes y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente. Así, alega que por todos los planteos mencionados -que entiende de índole federal- corresponde admitir el recurso y dejar sin efecto la resolución atacada (v. págs. 26/27 y 33, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 18-XI-2024), el mismo fue contestado por el apoderado de la Sociedad demandada (v. trámite titulado "CONTESTA TRASLADO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" de fecha 7-II-2025).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de admisibilidad de los remedios locales, las de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para desestimar la prescripción adquisitiva y la denegatoria del recurso de nulidad y el rechazo del de inaplicabilidad de ley por su insuficiencia), son ajenas, por regla y naturaleza, al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, autocontradicción, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, irrazonable interpretación del material probatorio y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados, alegando que se ha incurrido en un supuesto de dogmatismo, autocontradicción y exceso ritual. En efecto, reitera -en sustento de su posición- los cuestionamientos expuestos -en especial- en el referido remedio de inaplicabilidad de ley, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 12/33 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 6-VII-2022; págs. 26/34, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir (v. págs. 24/25, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. A ello, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18 y 28, Const. nac.; 8.1, 8.2 y 25, CADH; v. págs. 24/27 y 33/34, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.598, "Valdez", resol. de 27-XI-2023; C. 126.811, "García", resol. de 28-XI-2024 y C. 126.342, "Batafarano", resol. de 24-II-2025; entre otros).
IV.5. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues, en rigor de verdad, en el presente sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios tal como pretende el recurrente (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 34/35, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2025 14:49:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2025 18:04:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 12:41:52 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:15:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2025 11:10:54 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/03/2025 13:31:56 hs. bajo el número RR-169-2025 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia