Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967); y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 126.811 "GARCÍA JOSÉ MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de un juicio por prescripción adquisitiva iniciado por el señor José Manuel García contra la Municipalidad de Arrecifes, revocó el pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la demanda y, en consecuencia, desestimó la pretensión articulada (v. fallos de 7-XI-2022 y 20-IV-2023).
Frente a tal decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-V-2023 y su arch. adj.), los que fueron concedidos (v. resolución de 16-V-2023).
II. Respecto a la vía impugnativa de nulidad, es oportuno recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal reiteradamente, la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 125.256, "Platero", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.235, "Abdala", resol. de 9-II-2023; C. 126.045, "BBVA Banco Francés S.A.", resol. de 13-VI-2023 y C. 126.590, "Conosciuto", resol. de 1-VIII-2023).
En el caso, no obstante mencionar el recurrente la violación del art. 168 de la Constitución provincial, se observa que, en la vía articulada, en rigor, no se han desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tal precepto. Así, bajo la denuncia de omisión de una cuestión esencial -señalando una falta de tratamiento de sus alegaciones sobre el anoticiamiento a la demandada del ejercicio de la posesión del inmueble, sin que el municipio ejerciera acción alguna y también sobre la forma en que fue adquirido-, los agravios esgrimidos en este carril impugnativo en realidad revelan la exposición de la disconformidad del recurrente con el acierto jurídico de lo resuelto y la apreciación de la prueba realizada por la Cámara para fundar el rechazo de su pretensión. Tales planteos no son propios del recurso en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley, lo que determina su inadmisibilidad (conf. doctr. causas C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020; C. 124.923, "Protegiendo al Consumidor", resol. de 24-V-2022; C. 125.286, "Herrera", resol. de 23-XI-2022 y C. 126.590, cit.).
Por lo demás, en cuanto a la invocada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial corresponde adunar que esta Corte has sostenido que aquélla sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fallo de 20-IV-2023; conf. causas C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021 y C. 126.777, "García", resol. de 11-VIII-2023).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía anulatoria intentada resulta inadmisible y, en consecuencia, ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC; doctr. causas cits.).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 125.551, "Penovi", resol. de 10-XI-2022; C. 125.248, "Zavala", resol. de 30-XI-2022 y C. 126.590, cit.).
III. Abordando el restante remedio por el que se aduce el vicio de absurdo, infracción a los arts. 4, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 9, 27, 43, 156, 159 y 168 de su par local; y violación de doctrina legal, se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal que la determinación de las cuestiones fácticas de la litis y la valoración de los elementos de convicción aportados al proceso, así como también si quien pretende adquirir el dominio por prescripción ha demostrado que a su respecto concurren los requisitos legales, son temáticas de hecho propias de los jueces de la instancia ordinaria, que sólo a través de una indiscutida acreditación de que ha mediado un razonamiento absurdo, permite su reexamen en casación (conf. causas C. 121.147, "Perez", resol. de 11-X-2017; C. 122.864, "Abeledo", resol. de 26-XII-2018 y C. 123.457, "Guanini", resol. de 27-XI-2019), vicio lógico que, no obstante haber sido alegado, no se observa configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para revocar el pronunciamiento de primer grado, sostuvo "La procedencia de los agravios, la inexistencia de medios probatorios, con independencia de la testimonial, y la ausencia de elementos que permitan ubicar la posesión del actor por todo el tiempo de ley, me convencen de que corresponde revocar lo decidido en la sede anterior." (v. pág. 6).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches traídos en las págs. 7/18 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas del juicio, la ponderación de la prueba, particularmente, los alcances de la cesión de derechos y la demostración de los extremos para usucapir) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite, además, descartar las infracciones normativas que se indican a lo largo de la pieza en estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe seguir la denuncia de transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 17 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Tampoco cabe atender el achaque que se hace en la pág. 18 del recurso emparentado con la violación de doctrina legal, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), cargas no abastecidas por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
III.4. Finalmente, es preciso rememorar que los achaques emparentadas con la violación de las mandas contenidas en los arts. 168 y 171 de la Carta magna local (v. pág. 17 del escrito electrónico), resultan extraños al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propios de la vía nulitiva (conf. doctr. causas C. 119.528, "Ríos", resol. de 18-III-2015; C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015 y C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967); y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2023 11:44:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2023 15:34:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2023 09:02:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 16:33:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2024 13:32:17 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/02/2024 10:58:10 hs. bajo el número RR-14-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia