Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 95527
En la ciudad de Dolores, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, reunida la Eccema. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.527, caratulada: "CAIMI, HECTOR ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie; Silvana Regina Canale y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia dictada en autos?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Antecedentes.
i. La sentencia.
La iudex a quo en su decisión rechaza la demanda de usucapión promovida por Héctor Alberto Caimi contra la Municipalidad de Ayacucho y hace lugar a la reconvención deducida disponiendo la restitución del predio rural ubicado en el Cuartel XIV Matrícula N°1890 del Partido de Ayacucho, en el término de 10 días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de disponerse su desahucio con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, desestima la pretensión resarcitoria de la Comuna de Ayacucho; finalmente le impone las costas de la acción y de la reconvención a la accionante en su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
Para arribar a tal conclusión hubo de valorar las pruebas existentes en la causa, señalando –en síntesis que efectúo- que la accionante no ha logrado acreditar la interversión del título que alega. Asimismo, afirma que la ocupación denunciada no ha sido pacífica y, finalmente que el predio objeto de autos pertenece al dominio público del Estado Municipal, por lo que resulta imprescriptible.
Desestimada tal pretensión, al considerar la reconvención, sostuvo que el actor reconvenido opuso la defensa de prescripción de la acción, expresando que la ley no establece un plazo prescriptivo para la reivindicación, la que siempre podría ejercerse por parte del titular dominial en tanto el accionado no hubiera acreditado haber usucapido el inmueble en litigio. Que ello surge del carácter perpetuo del dominio.
Que en el caso, resultando improcedente la acción de usucapión y manteniéndose el dominio en cabeza del reivindicante y la posesión en cabeza del reivindicado es evidente que la acción no se halla prescripta, haciendo lugar a la reconvención opuesta.
ii. Apelación. Contestaciones.
Contra dicha forma de decidir la legitimada activa interpone recurso de apelación en fecha 27 de noviembre de 2018, concedido –fs. 993-, se sustenta con la expresión de agravios de fecha 6 de marzo de 2019, que recibiera réplica en fecha 24 de abril.
En tales quejas la recurrente resalta en primer lugar que con tal decisorio se ha violado el principio de congruencia, en plena afectación al derecho de defensa en juicio, habiendo la sentenciante extralimitado el thema decidendum, al realizar conclusiones sobre cuestiones que no fueron puestas a consideración. Asimismo, señala que ha violentado el principio dispositivo y se ha efectuado una errónea valoración probatoria, incurriéndose en contradicciones inadmisibles.
Realiza una minuciosa descripción de los elementos de prueba existentes en autos, con los que considera que se encuentra plenamente acreditada su postura, considerando incongruente lo decidido.
Finalmente se agravia de la admisibilidad de la reconvención y de la imposición de las costas.
La demandada reconviniente, contesta una a una las quejas de la recurrente, resaltando –en principio- que aquella se ha extralimitado en su fundamentación pasando la barrera del respeto a la magistratura, descalificando con la terminología utilizada a la jueza de grado, cuestión que debe ser advertida.
Enumera luego las pruebas que describe la recurrente como acreditantes de su postura, refutándolas, sosteniendo que en modo alguno acreditan los extremos necesarios a fin de la admisibilidad de la pretensión enarbolada, cual es, el tiempo de la ocupación y su comienzo.
Al contrario de ello, resalta que la demandada en momento alguno abdicó de su posesión, cuestión que no ha sido acreditada por la recurrente e incurre en contradicción al manifestar en principio que existió interversión de título, para luego negar la aplicación de tal instituto; como igualmente cae en tal antinomia al sostener que ocupó el predio en cuestión animus domine, para luego tratar de acreditar tal extremo con cesiones de derechos posesorios realizados a su favor por parte de sus hermanos y su madre.
En definitiva, pregona que la decisión se ajusta a derecho por lo que corresponde su confirmación, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Consentido el llamado de autos para sentencia de fs. 1033 y practicado el sorteo de rigor a fs. 1034 corresponde a este Tribunal abocarse al tratamiento del recurso articulado (art. 263 del CPCC).
II. Cuestiones preliminares.
i. Ley aplicable.
Si bien correctamente se ha decidido la cuestión a la luz de la normativa vigente durante el período prescriptivo invocado por el accionante –Código Civil, ley 340-, no encontrándose dicho tópico controvertido, por lo cual la tarea revisora ha de ceñirse a tal normativa, debo señalar que ello lo es sin perjuicio de entender que, para el supuesto caso de admitirse la demanda, deba cumplirse con la fijación de la fecha en que se debe de tener por cumplido el plazo prescriptivo de conformidad con el art. 1905 primer párr. del CCyCN –ley 26.994 t.o-, siendo que el juzgador lo ha de establecer de oficio sin afectar derecho alguno.
ii. Nulidad de la decisión apelada.
La recurrente ha señalado que la sentencia resulta nula por haber incurrido en incongruencia, errónea valoración probatoria, y contradicciones inadmisibles.
Al respecto he de señalar que reiteradamente he sostenido que de acuerdo con el art. 253 del CPCC el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.
Así en el sub judice ante la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva -art. 242 inc. 1) código citado- al unísono se abre la vía del de nulidad.
El recurso de nulidad opera contra las resoluciones por: a) defectos de forma, que hacen al lugar y al tiempo en que fueron dictadas, a la forma propiamente dicha y los que afectan el decisorio en cuanto a la resolución judicial considerada como instrumento público; b) defectos de estructura, son los que refieren a la ausencia en el fallo de los elementos que le son particulares y exclusivos, que le dan su apariencia exterior de acto jurisdiccional, tal la ausencia de fundamentos en la sentencia o plazo para su cumplimiento; y c) defectos de calidad, son aquellos que anulan la resolución porque carecen de los fundamentales para configurar un acto jurisdiccional, es el caso de una sentencia dictada por juez incompetente, en que el vicio no es compurgable o no se encuentra consentido (RIVAS, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T. 2, pág. 689, ed. Abaco, Buenos Aires, 1991).
De allí que no resultan muchos los casos en los que puede declararse procedente el recurso de nulidad; lo será en situaciones residuales y siempre que no haya podido jugar con eficacia el recurso de apelación. Así no procede el recurso de nulidad cuando los agravios pueden ser reparados con la apelación; pero tampoco es aplicable cuando se trata de los que apuntan a errores in iudicando y no a los in procedendo que contenga la resolución, mucho menos cuando se trata de omisiones en el decisorio (art. 273 CPCC) o errores de interpretación.
En razón de tales postulados, y si bien aprecia que en dicha decisión se ha incurrido en ciertas contradicciones, no por ello corresponde decretar su nulidad, en tanto tales deficiencias pueden ser corregidas en atención a la respuesta de los agravios formulados.
Ante lo dicho, la nulidad pretendida no puede tener favorable acogida.
III. Agravios. Consideración.
i. En principio y en forma previa a realizar las cuestiones traídas a consideración de este Tribunal, considero necesario señalar que la iudex a quo ha desestimado la pretensión actoríl realizando un análisis integral de la cuestión, abordando tres tópicos que considero necesario reiterar entendiendo que se ha incurrido en contradicciones que no corresponde avalar.
Afirma la sentenciante que el accionante no acreditó que a partir de 1980 hubiera dejado de ser simple tenedor con uso y goce del predio y pasara a poseer animus domine por no demostrarse signos exteriores de ellos que permitan aseverarlo, ello en cuanto a la interversión del título alegada por la recurrente.
Luego, en una segunda parcela, expresa -en referencia al corpus posesorio- que tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que debe acreditarse que la posesión ha sido pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante todo el plazo legalmente previsto, señalando que en su consideración tales caracteres, a excepción de la pacificidad, han quedado “acabadamente acreditados” con las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de causa.
Sostiene que “La merituación de los dichos de los testigos no permite, a mi juicio albergar dudas que, a partir del año 1980 fue el Sr. Caimi quien ocupó el predio en disputa bajo denominación "San Agustín" de dicho potrero el que explotó por si mediante la cría de vacunos y ovinos y por terceros mediante la realización de distintos contratos con terceros que lo han reconocido expresamente mediante contratos de arrendamiento o expropiación (arts.375-384-439-456 y concs. del CPCC)”.
“Sin embargo no puedo concluir que tal posesión hubiera sido pacífica pues tengo asimismo por acreditado que la Comuna de Ayacucho pretendió hacer actos demostrativos de su derecho: tales la medición y el amojonamiento del predio ocupado por el Sr. Caimi quien personalmente impidió la medición y retiró las estacas demarcatorias que el Municipio había colocado” (fs. 988).
Concluyendo que el vedado ingreso por parte del referido Caimi a funcionarios de la Delegación Udaquiola de la Municipalidad de Ayacucho para ejercer sus derechos como dueña del predio quita a su posesión el carácter de pacífica.
Ahora bien, de lo señalado la contradicción resulta evidente al considerar en principio que el accionante no ostentaba el carácter de poseedor animus domine para luego afirmar que si bien quedó debidamente acreditada su ocupación con tal carácter, siendo la misma pública, ininterrumpida y por el plazo legal, faltó únicamente el requisito de ser pacífica, ello ante el intento de la empleada representante de la demandada de amojonar el predio.
A lo dicho cabe agregar que en un tercer punto de análisis, sostiene la Dra. Mendes que las tierras objeto de autos resultan imprescriptibles por ser del dominio público del estado municipal, quien siempre mantuvo el animus domini, sin abdicar el dominio que sobre el predio detenta –v, fs. 991, ap. 9°-.
Si bien la iudex ha señalado que el análisis de las cuestiones ha sido realizado en forma global, considerando en definitiva que las tierras que componen el objeto de la litis resultaban imprescriptibles, se aprecia innecesario haber realizado el correspondiente de las restantes cuestiones –interversión de título, calidad de la posesión-, si desde el principio –reitero, a su entender-, la suerte de la pretensión actoríl se encontraba sellada por aquella calidad del objeto.
Y respecto de ésta última afirmación –imprescriptibilidad- he de señalar que se contrapone con la doctrina de este Tribunal dictada sobre similar cuestión (C. nº 88.632 Sent. del 9-3-2010).
De conformidad con lo hasta aquí dicho, y ante las contradicciones señaladas, y la violación del principio de congruencia denunciado por la recurrente al no corresponderse lo peticionado en su demanda, la defensa opuesta por la accionada y lo en definitiva decidido, considero que si bien no se ha de declarar la nulidad del decisorio, corresponde realizar la recomposición positiva de la litis, mediando la apelación adhesiva (SCBA, Fallo 1-XI-81, L 30.254; Ac. 63.359, sent. Del 10-III-98, Idem Ac. 77.267, sent. del 2-7-02, DJBA 163, 171). Ello a fin de no violentar normas de raigambre constitucional como lo es el art. 18 de la Const. Nacional y la tutela judicial efectiva que alberga el art. 15 de la Const. Provincial (SCBA, causa 88.683, sent. del 12-XII-2007, voto JUEZ HITTERS), respecto de la demandada que ha resultado gananciosa en cuanto pregonó el rechazo de la pretensión actoril y la admisibilidad de la reconvención que opusiera.
ii. He de adelantar que a fin de realizar la tarea señalada cabe recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).
Sentado ello, y abocada a la tarea señalada, he de recordar resumidamente que Héctor Alberto Caimi ha iniciado este proceso judicial con el objeto que se declare judicialmente adquirido por prescripción el dominio del inmueble correspondiente a un predio rural cuyo titular dominial resulta ser la Municipalidad de Ayacucho –recibido por donación del estado provincial- ubicado en la localidad de Udaquiola, partido de Ayacucho, cuyos datos de identificación se desprenden del plano de mensura confeccionado a tal efecto por el agrimensor Harispe que acompaña y son: Circunscripción XIV, Sección B Rural, parcelas 103c, 103d, 103e, 103f, 103g, 103h s/plano 5-42-65; Parc. 1 a 14, Manz. 5, Sec B s/plano 5-42-65; Parc. 4ª a 7ª, Manz. 1, 2, 3, 4, 6 y 7, Sec. B s/plano 5-52-85; Parc. 3ª, Manz 9, Sec. B; Parcela 3ª y 4ª, Manz. 10, Sec. B; Parc 2ª, Manz. 12, Sec. B; Parc. 1ª, 3ª, y 4ª, Manz, 13, Sec, B., inscriptas dominialmente en la matricula 1890, comprendiendo lo peticionado una superficie de 111 hectáreas, 94 áreas y 23 centiáreas.
Sostiene que el predio rural objeto de la litis se encontraba en posesión de la familia Caimi, pero a partir del año 1980, el accionante comenzó a ocupar la fracción de terreno usucapida animus domine, en forma exclusiva y excluyente, operándose una verdadera interversión del título que se tradujo en el ejercicio de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida que se mantuvo hasta el momento de iniciar la acción, es decir, durante más de treinta años, habiendo realizado en la misma diversos actos continuos de indudable sentido posesorio, consecuencia del uso normal del inmueble tal como pudiera hacerlo el verdadero titular de dominio, enumerando a título ejemplificativo actos que demostrarían tal carácter.
Agrega luego que vive en la parcela contigua a la identificada precedentemente desde el año 1969, aunándose a ello que desde 1989 (en que el actor es titular dominial de 199 hectáreas recibidas por herencia de su padre, ubicadas en forma contigua y continuada al predio cuya usucapión se pretende) el bien a usucapir pasó a formar junto con las hectáreas referidas por herencia una sola unidad productiva –v, fs. 225 vta., in fine-.
Funda en derecho y ofrece la respectiva prueba a fin de acreditar los extremos de su pretensión –fs. 222/242 vta.-.
A fs. 303/335 vta., se presenta el Municipio demandado contestando, por intermedio de su letrado apoderado, la acción instaurada en su contra. Niega los hechos denunciados por la accionante, y brinda su propia versión. Luego de reseñar los antecedentes dominiales y legales por los cuales su poderdante resulta titular de domino del predio objeto de la acción, sostiene que la pretensión de la accionante resulta infundada.
Resalta que las parcelas objeto de autos resultan del dominio público del estado municipal, por lo que son inalienables e imprescriptibles.
Finalmente reconviene por reivindicación, solicitando que se rechace la demanda, se admita la reconvención, con expresa imposición de costas a la accionante.
Ahora bien, abocada a la consideración de los tópicos que conforman la litis, considero que en primer lugar corresponde analizar si efectivamente el predio en cuestión resulta pasible de ser adquirido por prescripción adquisitiva al resultar ser un bien adquirido por el Fisco Provincial por expropiación a fin de la creación de un centro urbano –conf. ley 6.200/69; decreto 703, B.O. 23/7/69-, el que luego fuera otrora donado a la demandada –v, ley 10.569/87, v, copia fs. 738/740 y vta.-.
En tal camino, y tal como fuera anticipado, esta Alzada se ha pronunciado sobre similar cuestión –en la causa citada precedentemente- señalando que el Estado posee bienes en virtud de dos títulos diferentes: como poder público y a título privado. Los primeros formarán el dominio público; los otros el dominio privado.
Son cosas de dominio público del Estado aquellas que están destinadas al uso directo y general de los habitantes, o están afectadas a un fin de utilidad o comodidad común. Sin embargo no debe pensarse que todo inmueble que sirve a satisfacer las necesidades de la población, tenga carácter público, aún cuando es verdad que, siempre el Estado obra de ese modo, directa o indirectamente.
El criterio de división, sin embargo, no es ese: el art. 2341 C.C. dice que "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este código, y a las ordenanzas generales o locales". Es cierto que el inc. 7 del art. 2340 enumera a las "calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común". Sin embargo la mención "cualquier otra obra" debe entenderse a la luz de los ejemplos concretos que la misma norma señala (calles, plazas). No todos los bienes pertenecen al dominio público ni participan de los caracteres de éste en cuanto a imprescriptibilidad e inalienabilidad.
Otro es el caso de los bienes privados del Estado, enumerados en el art. 2342 del CC. que forman parte de su patrimonio, lo que no significa que estos bienes o la productividad que de ellos se origine, estén exentos del Régimen de Derecho Público, puesto que en definitiva, pertenecen al fisco. Son bienes que tiene el Estado con tratamiento semejante a los de la propiedad particular, por lo cual son enajenables, prescriptibles y embargables.
En nuestro Código Civil ambas categorías de bienes se hallan bien diferenciadas mediante lo normado en los arts. 2340 y 2342.
Para que un bien sea considerado del dominio público y sea sometido al régimen pertinente, es menester que ese bien o cosa estén afectados al uso público, directo o indirecto, debiendo tratarse, en este último supuesto, de cosas afectadas directamente –como bienes finales o bienes de uso- a la utilidad o comodidad común.
Las normas que regulan el dominio público, en su vinculación con los particulares, y las que regulan el dominio privado, también en dicha vinculación, mantienen la diferencia esencial entre derecho público y derecho privado; normas de subordinación en lo atinente al dominio público y de coordinación en lo referente al dominio privado (Miguel Marienhoff “Tratado de derecho Administrativo” Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4ª ed., 1988).
En ese sentido se ha de tener presente que “Para que un bien sea considerado como perteneciente al dominio público del estado, es necesario que el mismo se encuentre afectado al uso específico de intereses públicos en forma real y actual” (SCBA B 48.463).
Y ese no es el caso del inmueble de autos en tanto si bien fue adquirido por el Fisco Provincial, su destino no es el uso público tal como se describió. Téngase en cuenta que los bienes fueron expropiados por el estado p
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