Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, y ante la posibilidad de que el daño pudo haber sido ocasionado por cualquier sujeto y en cualquier momento, y no habiendo una sola declaración que dé cuenta que F.C.A produjo el mismo, entiende el defensor, que no existe prueba suficiente para procesar a su defendido por el hecho que le fuera enrostrado oportunamente. Para finalizar, realiza un amplio análisis del “testigo de oídas” y cita doctrina para apoyar sus dichos.
Ingresando al análisis del citado agravio, debemos decir que la materialidad del delito de daño se encuentra acreditada -con el grado de probabilidad que esta instancia requiere- a fs. 62/64, conforme el acta de inspección ocular y las secuencias fotográficas. En cuanto a la autoría, creemos necesario citar la declaración testimonial de la víctima, cuando a fs. 45/vta., refiere “el día miércoles a la noche que hice la denuncia (…) F. me llamó y me dijo que salga “mi macho” de la casa, que me daba diez minutos porque si no me iba a “hacer mierda” el auto Renault Clio de tres puertas color gris de propiedad de un amigo R.E que me lo había prestado (…) que estaba afuera de mi casa. (…) En ese entonces, mi vecina C.B me llamó por teléfono y me advirtió que F.C.A estaba afuera de la casa, que tenía algo en la mano y que habría roto la óptica del Renault Clio mencionado en anterior término (…)”. …
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8863 FOLIO Nº 089/095 PROT. ELECT. JR101541I.242
Río Gallegos, 13 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "F.C.A S/ Amenazas y Lesiones Agravadas” - Expte. Nº F-76459/23 - Apelación/Causa JR Nº 9011/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 94/100 y vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado F.C.A, en orden al delito de Lesiones Leves Doblemente Agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, Amenazas – 2 hechos- y daño (Art. 89, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, art. 149 “bis”, 183 y 55 del C.P).
Que a fs. 103/107 y vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 119, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la misma, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Tratamiento de los agravios referidos a la prueba de cargo – orfandad probatoria – ausencia de testigos presenciales y objetivos - análisis en particular de los delitos - cuestión de género:
El recurrente manifestó que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la prueba.
Señala el peticionario, que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio “in dubio pro reo” (art. 4 del C.P.P).
Indica la defensa oficial que de la simple lectura de las actuaciones, se puede aseverar que no están acreditados en autos – según dijo “ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere”- los elementos mínimos y constitutivos de las figuras penales que se le enrostran a su asistido.
En este sentido, el accionante planteó que el análisis de la prueba de cargo recolectada e incorporada en autos resulta insuficiente a la hora de atribuir al Sr. F.C.A la responsabilidad penal que, como autor material de los hechos, le fuera oportunamente intimado en su indagatoria, todo ello en ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba que se verifica respecto de la materialidad y autoría del suceso, los dichos de la Sra. C.C.V.B, quien resultaría ser la pretensa damnificada, razón por la cual dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva, ya que no hace más que reflejar una parcializada versión de los hechos. Asimismo, advierte la defensa que en la doctrina y jurisprudencia nacional se requiere para todo testimonio, la carencia total de “interés” del deponente con referencia a las cuestiones sobre las cuales expone. Señala a su vez, que en el caso de marras los dichos de la pretensa víctima se catalogan como frágil, por lo que – a su juicio- se advierte una innegable “inclinación” que lleva a tornar dudosa su confiabilidad, siendo irrelevante su aporte en los presentes actuados.
Que el peticionario entiende que el Juez a quo resalta, de los dichos de la Sra. C.C.V.B, que brindó un relato detallado de las distintas circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se habría desarrollado el suceso; sin embargo, entiende el mismo, que nadie dice nada respecto de las evidentes contradicciones que se dan entre los tres relatos.
Plantea el recurrente que tratándose de la prueba personal, consistente en lo fundamental por palabras – aduce el mismo “meros dichos”- éstas sólo pueden erigirse en prueba de una acusación cuando puedan corroborarse con otros indicios materiales plurales, graves y concordantes. Además, realiza un breve análisis sobre la valoración probatoria del testigo único.
A su vez, realiza un amplio análisis sobre cuestiones relacionadas a la prueba en materia de violencia de género y su valoración. Al respecto, advierte la defensa, que los dichos de quien denuncia en los casos de violencia de género, se deben contrastar con elementos probatorios que sean concurrentes, y que los hechos declarados como probados conlleven todas las afirmaciones del escrito de la denuncia, pues aquellas afirmaciones constituyen el objeto del proceso; agrega que para que un delito quede comprendido en la regla de la “relajación del estándar probatorio” (puesto que los hechos de esta naturaleza suceden “puertas adentro” y son “silenciosos”), se deben extremar los esfuerzos valorativos del cuadro probatorio.
Indica que la “cuestión de género”, en ausencia de tipos especiales dentro de nuestro Código Penal, debe ser analizada exclusivamente dentro de la culpabilidad como especial motivación del autor al hecho, y por ello debe ser probada autónomamente. Además, hace mención a que nuestro país ha suscripto la Convención Belem Do Pará, y en consecuencia se ha dejado de observar en los operadores judiciales algún esfuerzo en las cuestiones de “violencia de género”, ya que la mencionada Convención aprueba estas causas en el plano sustantivo (bajos motivos) y en el plano procesal (relajamiento del estándar probatorio), violando así la presunción jurídica de inocencia que refleja nuestra Constitución. Advierte la defensa que esta forma de ver las cosas, pierde de vista que no todo conflicto entre un hombre y una mujer es “violencia de género”.
Finalizando los argumentos de los respectivos agravios expuestos por el defensor oficial, éste declara que conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo podrán admitirse como ocurridos los hechos y circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, lo que impide que aquéllas sean fundadas solamente en elementos puramente subjetivos, como se da en el caso de marras. Cita doctrina para apoyar sus argumentos. Asimismo, entiende el accionante que ha sido evidente e injustificada la flexibilidad probatoria de la que cuenta el auto que apela, colocando – a su juicio- en un plano de desigualdad al Sr. F.C.A e implicando así una seria afectación a importantes mandatos constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ingresando al tratamiento del presente agravio, nos resulta necesario destacar que doctrinariamente se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). En este sentido, el Sr. Juez Subrogante de Instrucción, con los elementos probatorios producidos en la causa y con aplicación de perspectiva de género, ha logrado tener por acreditada con el grado de probabilidad requerido por instancia, la materialidad del hecho enrostrado y la responsabilidad que en él le cabe a F.C.A, procesándolo por los delitos de "amenazas” y “lesiones agravadas” (conforme el agravante del art. 80 incs. 1 y 11)
Del mismo modo, entendemos que las pruebas aunadas en autos resultarían ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del imputado. Ello así, por cuanto advertimos que el informe de inicio de actuados de fs. 01, el examen médico de C.C.V.B por parte del Cuerpo Médico Forense a fs. 02, el informe de evaluación de riesgo de OVD de fs. 07/09, la denuncia policial de la Sra. C.C.V.B de fs. 12/13, la declaración testimonial en sede judicial de la Sra. C.E.B de fs. 27/28, la certificación de las medidas de protección dictadas en autos “C.C.V.B C/ F.C.A S/ Medidas de Abordaje Intrafamiliar”, Expte. Nº 10089/2023 de trámite por ante el Juzgado de Familia Nº Dos en fs. 35/44, la declaración testimonial en sede judicial de la Sra.
C.C.V.B de fs. 45/46, el informe de inicio de actuados a fs. 59, denuncia en sede policial de R.N.E a fs. 61, el acta de inspección ocular de fs. 62, las secuencias fotográficas de fs. 64, y la declaración testimonial en sede policial de C.E.B a fs. 70, entre otros; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado. Respecto del testimonio de la víctima (o llamado por la defensa como “testigo único”) consideramos oportuno resaltar lo mencionado por la jurisprudencia, en cuanto aclara “(…) pues cuando se aprovecha la intimidad y la vulnerabilidad de la víctima adquieren fundamental importancia sus dichos al extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en su declaración testimonial, siempre y cuando sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado (…)” (Ferro Podestá, Carlos Rodolfo s.
Lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja y el género, amenazas (3 hechos), desobediencia judicial e incumplimiento en los deberes de asistencia familiar en perjuicio de S., D. M. y otro (M) - Recurso de casación /// Trib. Impug. Sala III, Salta, Salta; 02/02/2021; Rubinzal Online; RC J 697/21). Además, en el caso de marras, consta en las pruebas mencionadas que el testimonio de la víctima, no es el único que se vislumbra en el legajo. Que además, no debe perderse de vista la connotación de violencia de género que emerge de estos autos, y que ello, - como a bien alude la defensa - impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa.
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). A mayor abundamiento, la doctrina ha dicho “… frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer … en casos donde los hechos delictivos por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, la deposición de la damnificada no debe ser soslayada o descalificada, dado que ello constituiría una forma de violencia institucional contraria a los parámetros internacionales.” (Larsen Pablo, El Testimonio único en la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, publicado en libro Jurisprudencia Penal de la Provincia de Buenos Aires, Hammurabi, Buenos Aires, Vo. 1, 2016, pág. 173-209). Es por todo lo expuesto que, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.
Por consiguiente, cree esta Alzada, por el contrario de lo planteado por el recurrente, que se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado con el grado de probabilidad que la instancia requiere. Así, se destaca que el A Quo hizo referencia concreta al contenido de cada una de las pruebas glosadas a la causa en relación a la materialidad de los hechos, valorando cada una de ellas, y de manera simultánea trató la autoría del hecho, y efectuó apreciaciones respecto de las pruebas glosadas con relación a los delitos atribuídos al Sr. F.C.A. Por lo que, es fuerza concluir, que no procederá el agravio mencionado, ya que se desprende, de las pruebas mencionadas y de la valoración probatoria que realiza el Sr. Juez Subrogante de instrucción prima facie acreditada la materialidad y autoría del imputado respecto de los delitos que se le atribuyen en el auto en crisis.
III. Tratamiento de los agravios referidos a la ausencia de tipicidad penal – falta de fundamentación – calificación jurídica – errónea adecuación del tipo penal:
Que el recurrente manifiesta que la conducta desplegada por el encartado no reúne los requisitos necesarios para encuadrar la misma en las previsiones del art. 149 bis del C.P. A su vez, hace mención a la imputación respecto del delito de amenazas; así, cita el hecho uno y dos: el día 02 de septiembre de 2023, en horas indeterminadas, en el exterior de un autoservicio (citó datos), el imputado le habría proferido términos amenazantes a su ex pareja C.V.B, diciéndole textualmente (…) ya vas a ver, te voy a hacer la vida imposible (…), dichos por los cuales la damnificada sintió temor. Asimismo, el otro hecho es el día 06 de septiembre del mismo año, siendo aproximadamente las 22.30 horas (…) mediante una llamada telefónica al celular de C.C.V.B le habría proferido términos amenazantes, diciéndole textualmente (…) te voy a hacer mierda el auto, te doy diez minutos para que se vaya de la casa (…) te doy diez minutos para que el tipo que tenes adentro se vaya porque si no voy a entrar te voy a hacer mierda a vos, al tipo y al auto (…) dichos por los cuales la denunciante sintió temor. Resalta nuevamente el defensor, que se cuenta solamente con los dichos de la denunciante como única fuente de prueba que se verifica sobre la autoría y la materialidad del delito. Alude la defensa oficial que respecto del hecho uno, los dichos de la denunciante resultan de imposible verificación, dejando a su asistido en un estado de indefensión absoluta, viéndose imposibilitado de rebatir los dichos de la Sra. C.C.V.B, obligándolo prácticamente a tener que demostrar su inocencia.
Expresa el peticionario que idéntica apreciación merece el hecho dos, y más aún cuando al respecto se cuenta con los dichos del Sr. R.N.E, quien manifiesta haber llegado al domicilio de la C.C cuando el imputado aún se encontraba allí, y nada declaró respecto a las supuestas amenazas. Igualmente, aclara que robustece el análisis, la declaración testimonial de C.E.B, vecina lindante de la denunciante, quien declara no haber escuchado amenazas. Entiende el defensor que en el caso de marras se cuenta con declaraciones testimoniales que podrían haber aportado indicios de los hechos imputados, no obstante, - a su juicio- nada se pudo aportar. Es por lo expuesto y en relación al delito de amenazas, que solicita la defensa que se dicte el sobreseimiento definitivo del Sr. F.C.A, o en su defecto, la falta de mérito.
Por otro lado, entiende la defensa oficial que no se cuenta con elementos mínimos que le permitan dictar un auto de procesamiento respecto del delito de Lesiones Leves Doblemente Agravadas, habida cuenta la falta de elementos en la instrucción. A su vez, refiere al significado de motivar, y alude a que es una garantía fundamental del proceso, pero que también es una obligación impuesta al Magistrado. También, hace mención a las condiciones que debe tener una debida fundamentación de las resoluciones judiciales. Por último, cita jurisprudencia para apoyar sus argumentos.
En tratamiento del presente agravio, nos resulta necesario indicar aquí que, en relación a la crítica referida a la calificación atribuida, respecto del delito de Amenazas, entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos la razón que lo llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 149 bis 1º párrafo del Código Penal, provisoriamente calificado como “Amenazas”.
De igual manera, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras. Sin embargo, a los fines de despejar dudas, consideramos abordar lo dicho por la defensa respecto de las declaraciones obrantes en autos.
En primer lugar, ya nos hemos expedido sobre el testimonio de la víctima; en segundo lugar, respecto del relato que brindó el Sr. R.N.E, entendemos que el defensor oficial ha colocado erróneamente el hecho, puesto que el amigo de la denunciante declara en el legajo sobre el hecho tres, y no sobre el hecho dos; concretamente, las amenazas del hecho dos fueron hechas por un llamado telefónico del imputado hacia la damnificada, por lo que, aún si estuviera el Sr. R.N.E presente en la situación, no podría haber percibido el hecho por sus sentidos. En cuanto al relato brindado por la testigo, la Sra. C.E.B, quien resulta ser la vecina lindante de la denunciante, dijo a fs. 27/vta.: “(…) a la noche cuando salí a fumar después de cenar vi a C.C.V.B afuera de su casa y me dijo que estaba esperando a la policía, porque su ex marido el Sr.
F.C.A la hostigaba constantemente a ella y a sus hijos (…). Una vez arribado el patrullero, le recomiendan realizar la denuncia ante la Comisaria de la Mujer y luego nos fuimos a dicho lugar, yo la acompañe y ella brindó su declaración (…)”. De lo que resulta, que la testigo tampoco podría haber percibido por sus sentidos los términos amenazantes proferidos por el imputado hacia la víctima. Respecto del delito de Lesiones Leves Doblemente Agravadas, consideramos, en primer término, que las lesiones se encuentran acreditadas conforme el certificado del Cuerpo Médico Forense a fs. 02; en segundo término, nos resulta oportuno señalar lo dicho por esta Alzada en relación al agravante del inc. 11 del artículo 80 del C.P, teniendo el caso traído en consulta una notable implicancia en el contexto de violencia de género.
En varias oportunidades, hemos considerado que: “la agravante del inc. 11 del art. 80 del C.P, repara en una situación contextual, que tiene lugar en un contexto de violencia de género” comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva; es decir que para que la gravante resulte aplicable (además de las calidades requeridas por el tipo para ser sujeto activo y sujeto pasivo, que se encuentran reunidas en autos), el resultado lesivo debe ser provocado en un ámbito situacional específico, en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder” (P.C.E S/ Denuncia lesiones leves y amenazas. Expte Nº 65.769.
Apelación Nº 6537/19). Creemos necesario resaltar, que el caso aquí examinado, se encontraría alcanzado por la Ley Nº 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales), ello por cuanto las partes del legajo han mantenido una relación de pareja de veintiún años, encontrándose finalizada la relación desde hace dos años, según consta a fs. 01 y 12.
En este sentido, nos parece razonable, para una mejor comprensión de lo resuelto, citar dos artículos de la mencionada ley, sumamente significativos en relación a la amplitud probatoria, en casos como el traído bajo consulta.
Por su parte, el artículo 16 inc. I declara: “Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos;”. Por otro lado, también establece la ampliación del plexo probatorio el artículo 31, en cuanto anuncia: “Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.”.
A su vez, y para fundamentar nuestros argumentos, nos resulta conveniente citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o también llamada Convención “Belem Do Para” (art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional) el cual en su artículo 7 inc. B establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Por consiguiente, y atento a las probanzas agregadas hasta el momento, consideramos que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar la barrera del Art. 289 del C.P.P, respecto de la autoría de las lesiones leves doblemente agravadas que se le endilgan al encartado.
En suma, entendemos que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con lo regulado por los arts. 116 y 291 del C.P.P; habiéndose analizado la totalidad de la prueba recabada a la luz de la sana crítica racional, siendo ajustado a derecho lo resuelto por el Magistrado.
En este sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, se sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021). Es por ello, que consideramos que no procederá el respectivo agravio, toda vez que la resolución se encuentra debidamente motivada en función de la valoración de la totalidad de las pruebas producidas en la causa.
IV. Tratamiento de los agravios referidos al delito de Daño: orfandad probatoria- inexistencia de testigos presenciales y objetivos:
La defensa oficial señala que se agravia por las mismas circunstancias declaradas en el punto II de sus agravios, pero respecto del delito de Daño, a saber, carencia de fundamentos suficientes, valoración parcializada de la prueba, análisis de los indicios que fueron realizados – a su juicio- únicamente en contra de su defendido, y falta de acreditación de los elementos constitutivos de la figura penal que se le enrostra a su asistido. A su vez, entiende que no hay prueba de cargo objetiva que demuestre la autoría de F.C.A en los supuestos daños causados sobre el vehículo detallado en el expediente. También, reitera sobre la insuficiencia probatoria, y estima que la única fuente de prueba que se verifica, sobre la materialidad y la autoría del delito que se le imputa a su defendido, son los dichos del Sr. R.N.E, quien –agrega- no vio quien produjo los daños en su vehículo, y tomo conocimiento a través de la declaración de la vecina de la denunciante, Sra. C.E.B. Cita los párrafos expuestos por S.S para acreditar la autoría del encartado. Asimismo, indica que del relato de la vecina de la Sra. C.C.V.B, no se desprende que hubiese tomado conocimiento de los hechos de manera directa, sino más bien que supone que, porque vio a F.C.A en la casa de sus hijos, es quien le rompió la óptica del auto a R.N.E. En idéntico sentido, refiere el peticionario, deben analizarse los dichos de la denunciante, en cuanto dice de su vecina que “vio a F. romper el auto de R.”, lo cual no encuentra ningún sustento en lo declarado por la vecina, porque, insiste, no vio (la Sra. C.E.B) quien rompió la óptica, pero “lo supone”.
Por lo expuesto, y ante la posibilidad de que el daño pudo haber sido ocasionado por cualquier sujeto y en cualquier momento, y no habiendo una sola declaración que dé cuenta que F.C.A produjo el mismo, entiende el defensor, que no existe prueba suficiente para procesar a su defendido por el hecho que le fuera enrostrado oportunamente. Para finalizar, realiza un amplio análisis del “testigo de oídas” y cita doctrina para apoyar sus dichos.
Ingresando al análisis del citado agravio, debemos decir que la materialidad del delito de daño se encuentra acreditada -con el grado de probabilidad que esta instancia requiere- a fs. 62/64, conforme el acta de inspección ocular y las secuencias fotográficas. En cuanto a la autoría, creemos necesario citar la declaración testimonial de la víctima, cuando a fs. 45/vta., refiere “el día miércoles a la noche que hice la denuncia (…) F. me llamó y me dijo que salga “mi macho” de la casa, que me daba diez minutos porque si no me iba a “hacer mierda” el auto Renault Clio de tres puertas color gris de propiedad de un amigo R.E que me lo había prestado (…) que estaba afuera de mi casa. (…) En ese entonces, mi vecina C.B me llamó por teléfono y me advirtió que F.C.A estaba afuera de la casa, que tenía algo en la mano y que habría roto la óptica del Renault Clio mencionado en anterior término (…)”. No podemos eludir, que dos días antes de la denuncia del Sr. R.N.E, el imputado la habría amenazado a la damnificada aduciéndole “te doy 10 minutos para que el tipo que tenes adentro se vaya porque si no voy a entrar te voy a hacer mierda a vos, al tipo, y al auto” (conforme fs. 03/06). También resulta menester el testimonio de la vecina de la denunciante de fs. 70, quien se pronunció respecto del delito de daño que se investiga, y dijo: “en relación a la denuncia judicial radicada por el ciudadano E., debo decir que el día 08 de septiembre del 2023, siendo aproximadamente las 07:40hs., circunstancia que me encontraba en mi domicilio (…) en un momento dado comencé a escuchar discusiones que provenían de la parte externa de mi domicilio (…) consecuentemente al salir para ver qué pasaba, pude observar a mi amiga C.C.V.B (aportó datos) la misma había mantenido una discusión con una persona, pudiendo constatar también que el vehículo marca Renault modelo Clio color gris, que se encontraba estacionado en la parte externa de mi domicilio, perteneciente al citado E. presentaba daño en su óptica trasera sector derecho”. Entonces, si bien la testigo refiere en su declaración no haber visto a F. provocar el daño, lo expuesto, además de la denuncia judicial del Sr. R.N.E a fs. 61, permite arribar a la conclusión de que el encartado habría realizado el daño, toda vez que se cuentan con indicios suficientes para presumir, con el grado de probabilidad que la instancia exige, que el Sr. F.C.A sería el autor material del daño del vehículo propiedad del Sr. R.N.E.
En este sentido, y atento a las probanzas agregadas hasta el momento, consideramos que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar la barrera del Art. 289 del C.P.P, respecto de la autoría de las lesiones leves agravadas que se le endilgan al encartado.
Por todo lo dicho, consideramos que tampoco procederá el mencionado agravio, toda vez que el Magistrado ha realizado una valoración integral de los elementos probatorios aunados en la causa, contando con elementos de convicción suficientes que le permitieron concluir, con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que el Sr. F.C.A sería el autor penalmente responsable de los delitos que se le imputan en autos.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de 94/100 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia