Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
"SRA.SANDRA LISSARRAGUE FORMULA DENUNCIA C/ NOT. MARCELO S. CIFUENTES, TIT. REG. N°4 DE TANDIL S/ PRESUNTA FALTA DE ETICA"
La Plata, 12 de Junio de 2019.
I. El escribano Marcelo Saúl Cifuentes -mediante apoderado- interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 289, CPCC; v. fs. 208/226 y 202/204, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del Juzgado Notarial que, a su turno, suspendió al citado notario por el término de diez días (v. fs. 118/121 y 160/166).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales del debido proceso, legalidad, doble instancia judicial, y del sistema republicano de gobierno; arts. 14.2 "a" y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8.2 "b" y "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos (v. fs. 210 vta., 211/212 vta., 217 vta. y 219 vta.).
II.1. Sostiene que esta Corte, al rechazar el recurso extraordinario local, violó su derecho a la segunda instancia judicial, protegida constitucionalmente y que la obligaba a tratar de modo amplio todos y cada uno de los agravios (v. fs. 216 vta.). En ese sentido, plantea que -al amparo de un excesivo rigor formal y soslayando los agravios planteados- omitió el control sobre la cuestión federal comprometida (v. fs. 224 vta.)
Al respecto, insiste en la arbitrariedad de la sentencia desde que la resolución atacada posee -a su entender- ausencia total de explicación de como se arribó a la conclusión de que el recurso era inadmisible, por lo que considera que carece de motivación (v. fs. 216 vta./217).
II.2. En tal sentido, afirma que este Tribunal se encontraba obligado a analizar el fondo de la cuestión planteada, no solo porque el recurso estaba establecido dentro de las previsiones procesales, sino también porque debió resguardar el derecho a la doble instancia judicial del notario imputado (v. fs. 224 vta./225)
II.3. En ese orden de ideas, enumera precedentes de la Corte Suprema nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Carrascosa" Fallos: 337:1289; "Duarte Felicia" Fallos: 337:901; "Cirilo María Eugenia" Fallos: 331:36; "Sarlenga" Fallos: 340:1094; "Casal" Fallos: 328:3399; "Mohamed vs. Argentina", sent. 23/XI-2012 de la CIDH), que considera que se han omitido aplicar en el presente caso y que también abonan -desde su punto de vista- la arbitrariedad denunciada. Puntualiza que la doctrina que emerge del precedente "Carrascosa" del Supremo Tribunal nacional (Fallos: 337:1289) resulta aplicable al caso, desde que su parte venía invocando una cuestión federal basada en el derecho al recurso (v. fs. 221/222).
De allí que -entiende- se ha soslayado la materialidad de los agravios, al amparo de un excesivo rigor formal basado en el nomen iuris de la vía local utilizada (v. fs. 224 vta.).
III.1. Liminarmente, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación de derecho procesal y público local (en el sub lite , la valoración de las circunstancias fáctico probatorias y la interpretación de la Ley Notarial 9020 efectuadas por la Cámara para confirmar la sanción aplicada al escribano y la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad para rebatir esa conclusión, art. 31 bis de la ley 5.827) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal (doctr. CSJN, Fallos: 316:2787; 321:2086; 3209; 326:1977; entre otros).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones del impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
III.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, omisión de cuestiones, exceso ritual manifiesto y apartamiento de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la vía de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
III.3. Tampoco se observa un arbitrario apartamiento de los precedentes invocados por el interesado ("Carrascosa" Fallos: 337:1289; "Duarte Felicia" Fallos: 337:901; "Cirilo María Eugenia" Fallos: 331:36; "Sarlenga" Fallos: 340:1094; "Casal" Fallos: 328:3399) pues las circunstancias allí juzgadas no pueden ser asimiladas a las planteadas en el presente juicio.
III.4. Respecto al invocado derecho al recurso, cabe señalar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
III.5. Finalmente, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de garantías constitucionales y convencionales (debido proceso, legalidad, doble instancia judicial, así como del sistema republicano de gobierno; arts. 14.2 "a" y 5 del PIDCP; y 8.2 "b" y "h" de la CADH; v. fs. 210 vta., 211/212 vta., 217 vta. y 219 vta.) y la alusión a precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Mohamed vs. Argentina", sent. 23/XI-2012; v. fs. 222/224) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; entre otros).
III.6. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 212 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia