Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $147.100, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
"DELEGACION SAN MARTIN ELEVA DENUNCIA SRA. MARCELA S. MARTELLA C/ NOT. LUIS WALTER DEL GRECO, ADSCRIPTO AL REGISTRO N°1 DE CAMPANA S/ PRESUNTA FALTA DE ETICA (TRIBUNAL NOTARIAL)."
La Plata, 4 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la solución del Tribunal notarial que -a su turno- suspendiera por el término de 90 días al notario Luis Walter del Greco (v. fs. 201/208 y fs. 228/231 vta.).
II. Frente a ello, el notario vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 45 del decreto-ley 9.020; 255 y 377 del Código Procesal Civil y Comercial; 1 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 236/243 vta.).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 228/231 vta. -a la luz de las constancias del expediente, en especial: los informes de fs. 16/143 vta. y fs. 167/173- para confirmar la solución de origen, por un lado, sostuvo que "... el notario ... contó con numerosas oportunidades de producir sus descargos y ofrecer las pruebas que los respaldarían, sin aprovecharla debidamente ... Con apoyo en las anteriores acotaciones, se impone el rechazo del pedido de producción de prueba en esta instancia formulado ..." (v. fs. 228 vta./229) y, por el otro, "... encontrándose demostrado en autos que el notario Luis Walter del Greco ha transgredido inexcusablemente deberes éticos propios de su profesión ... que es habitual reincidente en ese tipo de faltas ... y que la sanción impuesta es equitativa de acuerdo a los antecedentes del caso, propongo la íntegra confirmación de la resolución dictada ..." (v. fs. 230 vta.).
Tales fundamentos, que se constituyen en el eje central de la sentencia en crisis, no logran ser conmovidos por los escuetos agravios obrantes a fs. 239 vta./243, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con el replanteo de la prueba, la reducción de la sanción impuesta y ponderación de las circunstancias fácticas que rodean la litis) se desentienden de aquellos, limitándose a discrepar con los razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las temáticas resueltas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar cuestiones de hecho resulta indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del agraviado, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Además, debe resaltarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (arts. 2 y 5, ley 17.801; 2505, Cód. Civil; 1893, Cód. Civ. y Com.; 35 incs. 7 y 8, 38, 41 inc. 1°, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57 apdo. I, 58, 65, 66 y conc. del decreto ley 9.020; 24, decreto 3.887; 260, 261, 377, 383 y 384 del CPCC). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite descartar las infracciones legales indicadas a fs. 240/241 vta. (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual déficit porta la aducida transgresión a las garantías constitucionales expuestas a fs. 241 vta., ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $147.100, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia