Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 26 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. cit.).
C. 123.612 "DELEGACION SAN MARTIN ELEVA DENUNCIA SRA. MARCELA S. MARTELLA C/ NOT. LUIS WALTER DEL GRECO, ADSCRIPTO AL REGISTRO N°1 DE CAMPANA S/ PRESUNTA FALTA DE ETICA (TRIBUNAL NOTARIAL)"
I. Con las presentaciones electrónicas de fecha 31 de agosto de 2020, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 26 de agosto del corriente año.
II. El escribano Del Greco deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC, v. resol. de 4-III-2020 y escrito electrónico de fecha 31-VIII-2020, a las 21:04:35 hs. y su archivo adjunto titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL DEL GRECO").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del Juzgado Notarial que, a su turno, suspendió al citado notario por el término de 90 días (v. sent. de 21-V-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, trabajo, razonabilidad y el principio de inocencia (arts. 14, 14 bis, 18, 19, 28, 31 y 33, Const. nac.; 1, 8 y 29, CADH; XVIII, DUDDH; 23, DUDH; 6, PIDESC; págs. 3/4, 27/29, 33 y 35/38, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que esta Corte rechazó el remedio local impetrado al ponderar -sin fundamentación, con excesivo rigor formal y apartándose de las constancias de la causa- que estaba insuficientemente fundado. Asevera que del recurso mismo surge que se hizo mención de los derechos constitucionales que se reputaron violados y que se denunció la vulneración de la normativa que rige al caso (v. págs. 26/28 y 37/39, adjunto cit.).
Al respecto, insiste con los argumentos vertidos en la vía de inaplicabilidad de ley referidos: 1) a que las instancias anteriores en grado le denegaron la posibilidad de aportar prueba a su favor, 2) a la falta de antecedentes sobre hechos imputables similares a los denunciados en estas actuaciones para aplicarle la sanción y 3) a la interpretación y alcance de la Ley Notarial. Y agrega, en sustento de su postura, que en el decreto ley 9.020 y el Reglamento Notarial 3.887 no se encuentran tipificadas las conductas que le fueron imputadas (v. págs. 28/37, adjunto cit.).
Y cuestiona, en otro orden de ideas, que la suspensión de la matrícula impuesta en su contra veda su derecho a trabajar y lo coloca en un estado de vulnerabilidad social por no poder hacer frente a los compromisos asumidos y a las erogaciones propias de su manutención y de su grupo familiar (arts. 14 y 14 bis, Const. nac.; v. págs. 28/29).
IV.1. Respecto al remedio federal intentado, corresponde recordar -liminarmente- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación de derecho procesal y público local (en el sub lite , los motivos que dieron lugar a la sanción del escribano, la aplicación de la Ley Notarial 9.020 y de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal (doctr. CSJN, Fallos: 316:2787; 321:2086; 3209; 326:1977; entre otros).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones del impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, exceso ritual y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -así como las de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con la postura de este Tribunal para descartar el remedio intentado, invocando -de manera novedosa- la alegada falta de tipicidad de la conducta imputada, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.3. Finalmente, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de inocencia, al trabajo, debido proceso, defensa en juicio y razonabilidad; arts. 14, 14 bis, 18, 19, 28, 31 y 33, Const. nac.; 1, 8 y 29, CADH; XVIII, DUDDH; 23, DUDH; 6, PIDESC; págs. 3/4, 27/29, 33 y 35/38, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 121.816, "Legajo Registro Notarial N°8 Del Partido De Ayacucho", resol. de 24-IV-2019 y C. 123.343, "LEGAJO REGISTRO NOTARIAL N° 311 DEL PARTIDO DE LA PLATA", resol. de 11-V-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 26 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/11/2020 11:53:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/11/2020 19:56:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2020 12:18:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 10:09:00 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 17:55:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 13:35:50 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia