Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída por la vía de inaplicabilidad de ley denegada (art. 292, CPCC), con costas (art. 68, CPCC).
C. 126.286 "SR. EUGENIO M. DIMURO FORMULA DENUNCIA C/ NOT. RICARDO R. CACACE, TIT. REG. N°5 DE BALCARCE S/ PRESUNTA FALTA DE ÉTICA"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó el pronunciamiento del Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos Aires que, a su turno, dispuso sancionar al escribano Ricardo Rodolfo Cacace, Titular del Registro de Escrituras Públicas n°5 del Partido de Balcarce, con la pena de suspensión por el término de sesenta días (v. sent. de 7-VII-2022).
Frente a tal decisión, el notario interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 7-VIII-2022), siendo concedido el primero de los remedios (v. resol. 18-VIII-202), y estableciendo el Tribunal de Alzada para el segundo -con cita del precedente "Crozzoli", Ac. 84.210- un plazo de sesenta días hábiles a fin de que el recurrente acredite el otorgamiento definitivo del beneficio de litigar sin gastos, bajo apercibimiento de rechazar el mencionado recurso (v. resol. de 18-VIII-2022).
Posteriormente la Cámara, a pedido del recurrente, amplió el plazo por 15 días hábiles más (v. prov. de 29-XII-2022) y, frente al incumplimiento del requerimiento, denegó la vía de inaplicabilidad de ley (v. resol. 21-XII-2022). La referida resolución motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 30-I-2023).
II. Con relación al canal anulativo otorgado, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, el mismo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.490 "Agorreca", resol. de 10-III-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021).
En el caso, si bien se denuncia la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, en su fundamentación no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos. Así, en el intento anulatorio el impugnante se desconforma con el acierto de la decisión y esgrime planteos referidos a presuntos errores de juzgamiento en el fallo que confirmó la sanción impuesta, criticando la interpretación normativa allí realizada que considera errónea, alegando omisión y arbitrariedad (v. acápite VII del escrito electrónico de fecha 7-VIII-2022), todo lo cual resulta ajeno al medio recursivo deducido (art. 296, CPCC; conf. doctr. causas C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018; C. 125.939, "Barbosa", resol. de 19-XII-2022 y C. 123.859, "Legajo registro notarial nº3 del Partido de Coronel Brandsen titular: Castro Carlos José Adscripto Pianezza Gonzalo", resol. de 14-XI-2023).
Por lo demás, deviene pertinente destacar que esta Corte ha sostenido en numerosos precedentes que la violación al art. 171 de la Constitución provincial sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. decisión de fecha 7-VII-2022; causas C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017 y C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.205, "Arejola" resol. de 10-VIII-2022), exponiendo en realidad el recurrente lo que considera una indebida fundamentación de las conclusiones del Tribunal de Alzada sobre el tópico del que se agravia, que como ya se señalara, es un planteo ajeno a este carril recursivo.
Por otro lado, en cuanto a la denuncia de una eventual afectación de garantías constitucionales y convencionales, se aprecia que tales cuestionamientos, más allá de la ausencia de desarrollo argumental que se observa, resultan de todos modos ajenos al ámbito de la vía anulativa incoada (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas C. 119.744, "Donelli", resol. de 17-VI-2015; C. 120.996, "A., L. L.", resol. de 15-XI-2016 y C. 123.041,"Sosa", resol. de 7-III-2019).
En esas condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad es inadmisible (arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.490 y C. 124.505, cits.).
III. En cuanto al recurso de hecho es del caso comenzar por recordar que el término de tres meses otorgado por la Cámara (v. resol. de 18-VIII-2022, al que en el caso, luego, le adicionara una prórroga de 15 días), coincidente con el establecido por esta Corte en el precedente Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002), se fijó por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios a fin de la obtención del beneficio de litigar sin gastos definitivo (conf. doctr. causas C. 107.150, "Nenicka", resol. de 28-IV-2010; C. 111.854, "Giannettino,", resol. de 7-IX-2011; C. 121.411, "Fleitas Torres", resol. de 12-IV-2017; C. 122.482, "Diaz", resol. de 19-XII-2018; C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.823, "Maglione,", resol. de 21-VII-2020; C. 123.469, "Ruger", resol. de 19-II-2021 y C. 126.542, "Ugrotte", resol. de 27-XI-2023).
En el caso, vencido el mencionado lapso el impugnante no ha cumplido con el emplazamiento efectuado a acreditar el otorgamiento de la franquicia para litigar sin gastos, sin que las diversas argumentaciones desplegadas en la queja demuestren el yerro en la resolución denegatoria del recurso extraordinario intentado.
A ello corresponde agregar que no se ha verificado tampoco en esta sede -en el alongado lapso transcurrido desde el decreto de inadmisibilidad- la comprobación de la finalización del aludido beneficio a cargo del impugnante (conf. causas C. 121.000, "Loredo Frias", resol. de 30-V-2018; C. 122.739, "Marcos", resol. de 17-X-2018; C. 123.014, "Mandrile y Aguirre S.A.", resol. de 28-VIII-2019; C. 123.481, "H. O., G. E.", resol. de 20-XI-2019; C. 125.667, "Arena", resol. de 23-XI-2022).
Consecuentemente, se impone así la desestimación de la queja incoada (arts. 280 y 292, CPCC).
Resta decir que tampoco se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se menciona la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, lo cierto es que los argumentos expuestos en el recurso consisten en denuncias concernientes a la interpretación y a la aplicación del derecho común y procesal, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (causas C. 118.901, "Polliotto", resol. de 4-VI-2014; C. 119.954, "Chamorro", resol. de 26-VIII-2015; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 122.021, "M. M. S.", resol. de 29-XI-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.921, "Benítez", resol. de 7-III-2019 y C. 125.667, cit.).
Lo expuesto determina, sin más, el rechazo de la queja articulada (art. 292, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Teniendo en cuenta que la postura que asumiera en la causa C. 122.025, "Sra. Sandra Lissarague", (resol. de 19-IX-2018), ha resultado en su momento minoritaria (conf. causas C. 122.842, "Registro de Contratos Públicos n°4. Partido de Lincoln. Titular Ilharreborde, Javier Eduardo", resol. de 26-XII-2018; C. 122.449, "Registro Notarial n°100. Partido General Pueyrredón. Titular: Figlas Alfonso Oscar", resol. de 26-XII-2018; C. 123.479, "Legajo Registro Notarial n°1 del Partido de San Cayetano", resol. de 13-XI-2019, e.o.), y con el fin de sostener también la previsibilidad necesaria en cuanto a la vía de tránsito a adoptar para procurar el acceso a esta instancia extraordinaria, he de acompañar la posición mayoritaria propuesta entonces por mis distinguidos colegas, en punto a la pertinencia de la aplicación del régimen procesal civil para la tramitación de los recursos extraordinarios deducidos en el marco del decr. ley 9.020/78.
Dicho esto, formulo mi adhesión en este caso a la decisión precedente, por los fundamentos que mis estimados colegas desarrollaron.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída por la vía de inaplicabilidad de ley denegada (art. 292, CPCC), con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:42:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:48:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:42:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:36:32 hs. bajo el número RR-113-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia