Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9288 FOLIO Nº 016/021 PROT. ELECT. JR101137I.251
Río Gallegos, 09 de abril de 2025.-
La presente causa caratulada "A.A.A. S/ PRESUNTAS AMENAZAS, LESIONES LEVES AGRAVADAS Y DESOBEDIENCIA" - Expte. Nº A-74958/23 - Apelación/Causa JR Nº 9421/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 104/108 y vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos, Dra. M.Q., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.A.A., en orden al delito de “LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal de la Nación); en tanto que en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).- Que a fs. 109/112, la defensa oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 117 (cód. validación e2ee895b) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que, inicialmente, la defensa sostuvo que el auto apelado le causa a su defendido un gravamen irreparable y es perjudicial a sus intereses.-
Alegó que se efectuó una arbitraria valoración de la prueba, la cual no fue analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica racional y de acuerdo a las normas de la lógica formal ni de "razón suficiente"; agregó, que las aseveraciones de cargo que fundamentan el agravamiento de la situación procesal de A., resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.-
Señaló, que si bien el Dr. S. certifica la existencia de lesiones a fs. 16, nada indica que éstas fueran propinadas por su defendido; ya que éste extremo, descansa en los solitarios dichos de la pretensa víctima.-
En dicho carril argumentativo, cuestionó el informe médico emitido por la Dra. W. -fs. 79-.-
Reiteró que la evidencia reunida es insuficiente para acreditar que las lesiones hayan sido producidas tal y como relata la víctima, en tanto sólo se contaría con su testimonio que habría sido endeble y construido a partir de preguntas sugestivas e indicativas de la Oficina de la OVD.-
Refirió, que el hecho de pretender ajustar el presente resolutorio a los preceptos establecidos por la "Convención de Belem de Para", no significa que éste deba reducirse a valorar simplemente los solitarios dichos de la pretensa víctima, pues ello resulta violatorio de las garantías reconocidas por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.-
Párrafo aparte, la apelante se agravió de la errónea aplicación de la agravante del art. 80 inc. 1º del CP, ya que se deben acreditar los requisitos de las uniones convivenciales (arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación), lo que no se ha efectuado en autos.-
Insistió acerca que no existe un solo elemento de prueba que avale los dichos de F.A.M., habiéndose dictado un fallo sin el mínimo indicio necesario para un procesamiento, de manera arbitraria y contrariando los elementos que demuestran acabadamente, la inocencia de su defendido.-
Continuó su exposición aduciendo que, todos los hechos narrados reflejan en forma ostensible un direccionamiento de la presente instrucción en contra de su defendido, surgiendo en forma evidente que entre éste y la pretensa víctima, existía una relación disfuncional previa.-
Argumentó que se valoró como prueba de cargo la declaración testimonial a fs. 30 vta., y el testigo no se encontraba en el momento del hecho que se le atribuye a su defendido.-
En dicho orden de ideas, dijo la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa; consideró que las aseveraciones de cargo que fundamentan el agravamiento de la situación procesal de su defendido resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.-
Entendió que no existen elementos suficientes que permitan arribar a un grado de certeza sobre si el accionar del imputado ha sido delictivo o no.-
Por último, objetó el monto del embargo indicando que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada.-
Que en autos se ha trabado embargo por la suma de PESOS Quinientos Mil ($ 500.000), lo que por sí sólo evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal; peticionando la modificación del monto de la medida.-
Solicitó que se revoque el procesamiento y en consecuencia, se dicte el sobreseimiento de su defendido.-
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Que, tomando atenta lectura de los argumentos esbozados por la parte apelante junto a la resolución atacada y las constancias de la causa, entiendo que obran en autos suficientes elementos probatorios como para considerar, en este juicio de probabilidad delictual, que A.A.A. habría cometido los hechos que se le enrostraron, y cuya víctima fuera A.M.F., razón por la que adelanto desde ya que confirmaré -por ser justo y adecuado a derecho- la resolución dictada por la Sra. Magistrada subrogante.- La defensa argumentó que el auto dictado era arbitrario y no estaba debidamente fundado. Yerra la apelante en este punto, dado que en el auto apelado, se analizó la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado.-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “…un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones...” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- La resolución dictada por la Sra. Jueza se encuentra debidamente motivada, habiéndose efectuado una concreta y detallada intimación de los ilícitos -en sus circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona-; se valoró todo el espectro probatorio recabado y se argumentó sobre la adopción de la calificación jurídica asignada a los hechos como constitutiva del delito de “Lesiones Leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, dándose cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115, 116 y 291 del C.P.P. en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento -siendo aquel un acto jurisdiccional válido- y permitiéndole a la A Quo tener por acreditada -con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa del proceso- tanto la materialidad como la responsabilidad que se le atribuye al imputado.- Se advierte que lo acontecido fue valorado por la Sra. Jueza en contexto de violencia de género, razón por la cual –con buen tino– aplicó el principio de amplitud probatoria, proceder que comparto, y que fuera confirmado por esta Alzada, por dar un ejemplo, en apelaciones nros. 7066/21 y 7228/21.-
Al respecto la CSJN tiene dicho que: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (-del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo- CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 -LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11).- En un reciente fallo se dijo: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género… Para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belem do Pará” el juzgador debe analizar y ponderar necesariamente, el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Altuve, Carlos Arturo –Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 87.316 del Tribunal de Casación Penal Sala V; 18/08/2020; La Ley online; Causa: P. 132.936; Cita Online: AR/JUR/33210/2020).- En relación al apego a la normativa internacional, la doctrina dice: “…recibimos con beneplácito que los tribunales penales se ciñan a las directrices internacionales, erigiéndose un control de convencionalidad entre las fuentes internas y externas del sistema jurídico, y en consecuencia englobar los siguientes ejes centrales: 1) la determinación de los hechos e interpretación de la prueba en el contexto de la violencia familiar y de género; 2) establecimientos del derecho aplicable (art. 75 inc. 22); y 3) argumentación del pronunciamiento en los principios fundamentales de los derechos humanos (principios: de realidad, de proporcionalidad, de efectividad y de autoejecutoriedad).
Todo ello implica tomar en cuenta cuestiones previas al proceso (si es necesario y de acuerdo con la naturaleza de la acción), tomar en cuenta a los sujetos implicados y el contexto en que se originan los hechos, y de esa forma indefectiblemente logran dotar de certeza al sistema de normas sobre la violencia contra la mujer y la violencia de género, cristalizando un fallo –en uno y otro caso- de estricta validez jurídica” (“Hasta que la muerte nos separe…” Rey Galindo, Mariana; publicado en: RDF 76, 07/09/2016, 197; Cita Online: AR/DOC/4655/2016).- Respecto de la prueba recabada, es pertinente dejar asentado que A.M.F., tanto al radicar la denuncia ante la O.V.D. -fs. 04/06 y vta.-, como al hacer lo propio en la denuncia en la División Comisaría de la Mujer local -fs. 11/12 y vta.- y fs. 20 y vta. -ampliación-, dio sendos detalles de los hechos investigados, manteniendo un relato coherente y pormenorizado.-
En ese sentido, en el caso bajo estudio, a la luz de los ilícitos que se imputaron al causante, fue fundamental el testimonio de la víctima. Ello así, pues: “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017, pág. 111).- Dicha versión, encuentra correlato en el informe médico policial suscripto por el Dr. J.L.S. agregado al sumario -fs. 16-, donde se constató la existencia de "...Hematomas múltiples en región pectoral izquierda y muslo derecho..."; certificando allí mismo el carácter de las lesiones como leves, el tiempo de curación, el tiempo de incapacidad y otras observaciones.
En relación a este instrumento, se aclara a la defensa que no tiene el propósito de acreditar quién infirió las lesiones, sino que viene a demostrar la materialidad del hecho.- A todo ello, se aduna el informe incorporado a fs. 07/08, que califica la situación en que se encuentra la denunciante como de “riesgo alto”; entre otras cuestiones, en virtud del motivo de la presentación y el tipo de violencias que se habrían producido en el último episodio; la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes; los antecedentes del vínculo afectivo y de denuncias anteriores de violencia; las características de la persona denunciada según el relato vertido y el tipo de modalidad conductual y afectiva que desplegaría hacia su grupo familiar; y las características de la persona denunciante al momento de la entrevista, pues si bien es cierto que se basa esencialmente en los dichos de A.M.F., la estimación del grado de riesgo que la pudiera afectar, es una conclusión formulada por un cuerpo interdisciplinario creado al efecto para evaluar precisamente dichos aspectos, por lo que no debe ser desestimada como otra prueba indiciaria.- Lo expuesto, echa por tierra el argumento desplegado por la defensa, acerca que las pruebas resulten insuficientes, pues conforme lo ha venido sosteniendo esta alzada en numerosos pronunciamientos, tales como: apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22, por citar algunos; resultando elementos suficientes para convalidar lo resuelto por la instrucción, teniendo en cuenta que sucesos como los analizados, se caracterizan por una menor exigencia probatoria que la demandada por otras figuras del Código Penal, toda vez que suelen desarrollarse en la intimidad y sin presencia de testigos.- Así respecto al mérito de la prueba reunida, los planteos esgrimidos por la apelante no logran conmover el decisorio impugnado.
Ello, toda vez que en autos se advierte que no se trató de la valoración de un único sino de varios elementos probatorios, que interrelacionados entre sí, y a la luz de la sana crítica racional, permitieron a la Magistrada arribar al auto de procesamiento de A..-
Frente a esto, más allá de no haber testigos presenciales y directos del momento en que se suscitaron los sucesos investigados en autos, debemos recordar aquí el valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada tuvo ocasión de expresarse en anteriores pronunciamientos. En dicha oportunidad se indicó que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.- Los aludidos elementos resultan indicios claros y concordantes, que brindan, a mí criterio, verosimilitud a la imputación efectuada.-
Por su parte, la crítica efectuada por la defensa a los informes médicos glosados en autos, y su aparente contradicción respecto a las lesiones de la víctima, no logra conmover la decisión a la que arriba la A Quo, encontrándose acreditadas materialmente las lesiones y guardando plena correspondencia con el accionar que habría desplegado el causante.-
Es por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, que considero que tanto la materialidad del hecho -tal como fuera descripto en la indagatoria y en el auto de procesamiento apelado por la defensa- y la autoría del procesado en él, estarían suficientemente acreditadas, siendo las probanzas reunidas -por el momento- suficientes para atravesar esta instancia procesal, con lo cual confirmaré el procesamiento del encartado así como la calificación jurídica atribuida a los hechos, ello sin perjuicio de que la eventual incorporación de nuevas medidas de pruebas permitan modificar el criterio que se confirma en esta instancia.- Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio" (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Es por eso, que podemos afirmar que no corresponde hacer lugar a lo planteado.-
II. En relación a la crítica referida a la calificación atribuida, entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos, la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por los arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal, provisoriamente calificado como “...lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…”.-
Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Postura que se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras.- Es por todo lo expuesto que el presente agravio tampoco prosperará.
III. En cuanto al monto del embargo trabado, corresponde decir que no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, y contrariamente a lo señalado por la defensa, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Magistrada en el punto VIII) de los Considerandos ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- En orden a lo expuesto, y en razón de las circunstancias de los hechos, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la A Quo para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.-
Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).- En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “M., H. A.”. Vocales: F., P., V. Secc. N1).-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 104/108 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia