Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe admite el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín y se declara admisible la demanda promovida, con reenvío de las actuaciones al órgano de origen para la prosecución del trámite (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.336, "Ramírez, Mirta Lucía c/ Provincia de Buenos Aires s/ pret. reconoc. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín admitió el recurso interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que declaró admisible la pretensión articulada.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad, con el objeto de obtener el reajuste del subsidio de la ley 13.985 que viene cobrando mensualmente, pretendiendo puntualmente que este se integre con la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un teniente primero de la Policía bonaerense.
Expresó que para hacer lugar a la pretensión entablada debía declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10 de la ley 13.985, por ser el texto que limita el monto del subsidio a la suma equivalente al sueldo básico, con algunas de las bonificaciones que cobra dicha categoría, en flagrante violación de la norma.
I.1. Por proveído de fecha 15 de marzo de 2023 y con carácter previo al análisis de admisibilidad de la acción, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón solicitó que se aclarara el objeto de autos y si este se encontraba comprendido en alguna de las pretensiones previstas por el art. 12 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas) o, en su defecto, en el art. 683 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.2. Mediante escrito electrónico de fecha 17 de abril de 2023, se presentó nuevamente la actora y manifestó que la pretensión esgrimida era de reconocimiento de derechos, conforme lo dispone el art. 12 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo.
I.3. Con posterioridad a ello, el magistrado resolvió requerir la remisión del expediente administrativo donde tramitó la solicitud del subsidio previsto por el art. 2 de la ley 13.985. Una vez cumplido ese recaudo, dictó la resolución del día 8 de junio de 2023 mediante la cual declaró prima facie reunidos los requisitos contemplados en los arts. 12 inc. 2, 14 inc. 1 apartado "b", 18, siguientes y concordantes del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, ordenó correr traslado a la contraria.
I.4. Notificada a la Fiscalía de Estado, esta se presentó y opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión por vencimiento del plazo de caducidad.
Sostuvo que la actora, bajo la apariencia de una pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos, procura en realidad cuestionar el alcance de la resolución 1.390 de fecha 5 de abril de 2011, que le acordara el subsidio en cuestión.
Afirmó que se trata, en rigor, de una pretensión de naturaleza anulatoria, respecto de la cual ha operado el plazo de caducidad de noventa días previsto en el art. 18 del ritual, el que —en el caso— debe computarse desde la notificación del mentado acto administrativo, ocurrido el día 24 de mayo de 2011.
Advirtió que la actora, al promover una pretensión de reconocimiento de derechos, lo que busca es sortear el obstáculo del plazo perimido, pues ya obtuvo una resolución que se halla firme.
Señaló que en nada modifica dicha circunstancia el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10 respecto a los ítems que componen el beneficio concedido porque, en el caso, el acto administrativo de otorgamiento se fundó en ese marco normativo. Estimó que, como no se trata de una inconstitucionalidad sobreviniente, nada le impedía a la señora Ramírez cuestionar en aquella ocasión el alcance del subsidio y plantear la invalidez por exceso reglamentario.
Dijo que, aunque pudiera no mediar una impugnación expresa y directa sobre el acto en los términos del citado art. 12 inc. 1, al haber existido una previa decisión administrativa que guarda íntima relación con el objeto litigioso sometido a juzgamiento, la condición de aquel debe ser sopesada para superar o no los recaudos formales de admisibilidad.
Finalmente, agregó que esta es la conclusión que resulta coherente con lo dispuesto en el art. 18 inc. "d" del ordenamiento adjetivo, que dispone el plazo de caducidad respecto de las pretensiones de reconocimiento de derechos a partir del día siguiente del de la notificación del acto que agota la vía administrativa.
I.5. El juzgado rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada. Para así decidir, consideró que la pretensión incoada no debía encuadrarse como anulatoria de actos de alcance particular —en los términos del art. 12 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo—, sino como de restablecimiento de derechos, conforme el art. 12 inc. 2 del mismo cuerpo normativo, toda vez que la actora perseguía el reconocimiento de un derecho que estimaba vulnerado por una norma cuya inconstitucionalidad planteaba expresamente.
En consecuencia, descartó que se hubiesen incumplido los requisitos de habilitación de instancia previstos para la vía anulatoria.
Asimismo, destacó que el control de constitucionalidad de la norma aplicada por la Administración constituye una función exclusivamente jurisdiccional.
Por último, con sustento en el art. 15 de la Constitución provincial, subrayó que debe rechazarse toda hermenéutica que restrinja el acceso a la jurisdicción, y que las pretensiones contempladas en el Código Contencioso Administrativo conforman un sistema flexible y articulado que, en el caso, habilitaba la demandabilidad directa.
II. Contra dicha resolución, la demandada interpuso recurso de apelación.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al remedio, revocó la decisión de primera instancia y declaró la inadmisibilidad de la demanda por haber transcurrido el plazo de caducidad de noventa días previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Para así decidir, comenzó realizando una reseña de las constancias del expediente administrativo, del que surgía que la actora había solicitado el subsidio establecido por el art. 2 de la ley 13.985 el día 23 de abril de 2010 y que este le fue otorgado mediante resolución 1.390/11 por reunir los extremos previstos en el art. 8 del decreto 149/10, en su condición de viuda de un ex Sargento Primero —ascenso post mortem —, a partir del mes de abril de 2010, de lo que fue notificada personalmente el día 24 de mayo de 2011 tras suscribir la liquidación ante el Departamento de Tesorería.
Los camaristas coincidieron con el a quo en cuanto a que la pretensión encuadraba en el art. 12 inc. 2 del ritual, aunque vinculada a la impugnación del acto que otorgó el subsidio cuyo reajuste se reclama.
Así, la magistrada preopinante concluyó que el cuestionamiento de la parte actora resultaba tardío, por haberse excedido ampliamente el plazo de noventa días del art. 18. Argumentó que, pese a que la actora afirmara no cuestionar la legitimidad del acto que le concedió el subsidio, el pedido de reajuste no podía juzgarse con abstracción de aquel, pues fue dictado de conformidad con la normativa cuya constitucionalidad ahora se impugna, sin que mediara cuestión sobreviniente alguna.
En consecuencia, estimó que el hecho generador de la lesión se originó con el dictado de ese acto administrativo, lo que determinaba la extemporaneidad de la demanda.
Y en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, la Cámara señaló que el cuestionamiento debía igualmente ser introducido en sede administrativa, dado que la pretensión deducida posee un trasfondo impugnatorio que desplaza la regla de demandabilidad directa del Estado emanada del art. 166 de la Constitución provincial.
III. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, solicitando se revoque la sentencia dictada por la Cámara, se declare admisible la demanda entablada, y se reenvíe a primera instancia para que continúe el proceso.
Sostiene que la sentencia de la Cámara es errónea porque confunde una pretensión de impugnación de acto administrativo con una de reconocimiento de derechos.
Aduce que no cuestiona la legitimidad de la resolución 1.390/11 que le otorgó el subsidio ni procura su anulación, sino que reclama el reajuste del monto del beneficio que viene percibiendo, en tanto la norma reglamentaria que lo determina —el art. 3 del decreto 149/10— resulta inconstitucional por exceso reglamentario respecto de la ley 13.985.
Añade que la declaración de inconstitucionalidad solo compete a los jueces, por lo que era algo que no hubiese podido plantear ante la Administración. Y que negar el acceso a la justicia por formalismos vulnera el art. 15 de la Constitución provincial.
Así las cosas, da a entender como violados o erróneamente aplicados los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial; 12 inc. 2 y 18 de la ley 12.008 y diversos tratados que cita.
IV. El recurso prospera.
IV.1. El objeto de la presente demanda se limita, en lo esencial, a obtener mediante una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos el reajuste del subsidio previsto en la ley 13.985 que la actora viene percibiendo, procurando que este se integre con la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero de la Policía bonaerense. Para ello, plantea la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, por restringir el cálculo del subsidio al sueldo básico más dos adicionales, en franca violación —a su criterio— del texto de la ley 13.985.
Cabe señalar que la actora es pensionada como consecuencia del fallecimiento de su esposo, policía de la Provincia de Buenos Aires muerto en acto de servicio, y que el subsidio le fue otorgado mediante resolución 1.390/11, de la que fue notificada el día 24 de mayo de 2011. No existe, pues, un acto administrativo que hubiese rechazado la prestación: por el contrario, esta le fue concedida y viene siendo abonada mensualmente.
IV.2. Realizada la anterior aclaración, considero que acierta la recurrente cuando plantea que su pretensión no puede ser calificada como impugnatoria del acto de otorgamiento del subsidio y que, por ende, no le son aplicables las reglas que gobiernan el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa en ese supuesto.
Es que, a diferencia de los casos en que el particular obtiene un acto desfavorable y debe decidir si lo ataca o lo consiente, la señora Ramírez nunca estuvo en esa encrucijada: la resolución 1.390/11 hizo lugar a su pedido. La circunstancia de que ese acto se haya dictado en aplicación de una norma reglamentaria que la actora ahora tacha de inconstitucional no lo transforma retroactivamente en un acto adverso, ni genera la obligación de haberlo cuestionado en su momento. Ello, claro está, sin perjuicio de la prescripción que pudiera oponerse respecto de las diferencias reclamadas o del eventual consentimiento que pudiera inferirse de la percepción del retroactivo liquidado al momento del otorgamiento del beneficio.
Y aun cuando en aquella oportunidad hubiera podido plantearse también la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, de modo tal que aquel fuera liquidado con integración de la totalidad de los suplementos, ello no importa impedimento para admitir ese planteo en el marco de una nueva pretensión como la aquí intentada.
A esta altura, y si bien con referencia a una excepción de cosa juzgada, esta Corte resolvió que lo decidido en un proceso donde se había debatido la procedencia del subsidio de la ley 13.985 no constituía obstáculo para un proceso ulterior en el que se discuta —exclusivamente— la cuantía de ese beneficio (esto es, el modo de liquidarlo a partir de la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10).
Allí se dijo que mientras en el primer pleito se juzgó si correspondía su otorgamiento, en el segundo el debate giraba en torno a su base de cálculo, siendo ambas cuestiones escindibles (conf. causa A. 79.270, "Campo", sent. de 29-X-2025).
Si ese razonamiento fue suficiente para desestimar la cosa juzgada emanada de una sentencia judicial firme, con mayor razón debe conducir a igual conclusión frente al argumento de la demandada en este caso, donde se pretende oponer no ya una sentencia sino una resolución administrativa de otorgamiento de la prestación como si ella hubiera agotado toda discusión posible sobre su liquidación. La resolución 1.390/11 fue, en su hora, un acto administrativo favorable que resolvió que la señora Ramírez tenía derecho al subsidio; nada prefiguró respecto a si el decreto reglamentario (y por ende, la base de cálculo) se ajustaba o no a la ley. Esa es precisamente la cuestión que aquí se debate.
IV.3. Sentado lo principal, cabe destacar que la solución propiciada en nada altera —sino que confirma— lo resuelto recientemente en las causas A. 79.012, "Bueno", sentencia de 30-XII-2025 y A. 79.692, "Recalde", sentencia de 6-IV-2026, en torno a la observancia del plazo de caducidad en las demandas contencioso administrativas.
En la primera de ellas, la resolución que dispuso el retiro obligatorio del actor —acto reputado de gravamen— no había sido tempestivamente impugnada, por lo que una pretensión de reincorporación a la actividad, a los fines de poder percibir un haber jubilatorio mejor que el que le fuera otorgado, resultaba a todas luces improcedente por encontrarse firme el pase a pasividad.
En la segunda mencionada, el subsidio había sido rechazado e interrumpido por acto administrativo definitivo que tampoco había sido impugnado en tiempo.
En ambos supuestos, la pretensión —cualquiera fuera su denominación— conducía indefectiblemente a la revisión de un acto adverso firme, lo que determinó la extemporaneidad de las demandas promovidas.
Aquí, en cambio, no existe resolución desfavorable alguna. La 1.390/11 no frustró el subsidio, sino que lo confirió. No hay, pues, decisión que debiera haber sido atacada en término, ni carga impugnativa que la actora haya omitido satisfacer. Lo que se discute es exclusivamente el modo en que, mes a mes, se liquida la prestación, en razón del exceso reglamentario del decreto 149/10 —cuestión que, como se vio en la causa "Campo", es perfectamente escindible de la procedencia del beneficio mismo—.
Lo expuesto permite descartar el fundamento utilizado por el Tribunal de Alzada según el cual la pretensión tendría en rigor un trasfondo impugnatorio respecto de la resolución 1.390/11, con la virtualidad de hacer correr el plazo del art. 18 desde su notificación a la interesada.
V. Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín y declarar admisible la demanda promovida, con reenvío de las actuaciones al órgano de origen para la prosecución del trámite (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Adhiero a las consideraciones realizadas por el señor juez del primer voto, y en cuanto aplica la doctrina de la causa A. 79.270, "Campo" —que oportunamente suscribiera—.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se admite el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín y se declara admisible la demanda promovida, con reenvío de las actuaciones al órgano de origen para la prosecución del trámite (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (c0nf. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:34 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:16:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:04:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:11:57 hs. bajo el número RS-77-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia