Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75880
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal del Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
B.75.880 "VARI S.R.L. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 11 de septiembre de 2019.
I. Vari S.R.L., a través de su apoderado, promovió pretensión anulatoria contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 2510 y 9025 dictadas por el Director Provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, solicitó se disponga cautelarmente la suspensión de los efectos de la última resolución referida por la cual se decretó que se proceda a la ejecución de la sanción impuesta a su parte.
II. Señala que la empresa se dedica a la construcción y prestación de servicios, desempeñándose mayormente en el campo de contrataciones administrativas y, en menor medida, en el campo de la actividad privada. Refiere que dentro de este último ámbito, formó parte del Fideicomiso Parque San Martín –constituido en los términos de la ley 24.441-, al cual se le aplicó una multa por el incumplimiento de ciertas normas laborales y de seguridad e higiene, de conformidad con lo normado en la ley 10.149 y su decreto reglamentario 6409/84.
Alega que habiéndose apelado ésta, mediante resolución 2510 se rectificó la resolución 7992 y se desplazó la responsabilidad atribuida al Fideicomiso a su empresa. Finalmente, afirma que por resolución 9025 se rechazó el recurso interpuesto y se ordenó continuar con el procedimiento sancionatorio.
III. La causa fue iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular se inhibió de intervenir. Para así decidir, sostuvo que la cuestión se encontraba expresamente excluida de la materia contencioso administrativa, por encontrarse regida por el derecho laboral, el cual instaura un mecanismo de impugnación específico a tales efectos (conf. arts. 4 inc. 1, del CCA; 61 de la ley 10.149 y 2 incs. "f" y "g" de la ley 11.653).
De esta manera las actuaciones pasaron al Tribunal de Trabajo Nº2 departamental. Sin embargo, éste no aceptó la competencia que se le atribuyó por considerar que la acción se dirigía a obtener la anulación de un acto administrativo y no el control por vía de apelación del acierto jurídico de su contenido y por tanto, no se hallaba comprendida dentro de la materia prevista en la ley 11.653 (fs. 74/76).
En consecuencia, ordenó la devolución de los actuados al juzgado que previno, el cual mantuvo su primigenia postura, quedando planteada así la contienda negativa de competencia que esta Corte está llamada a dirimir con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
IV. Es competencia de los tribunales del trabajo el conocimiento, en grado de apelación, de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo cuando las leyes así lo dispongan (art. 2 inc. “f”, ley 11.653).
La ley 10.149, que regula la competencia de la Subsecretaría del Trabajo de la Provincia, establece que la comprobación y el juzgamiento de las infracciones a las normas que regulan la prestación de trabajo o el incumplimiento contenido en el artículo 45 se ajustará al procedimiento establecido por ella (art. 53) y que “las multas que imponga el Subsecretario de Trabajo podrán apelarse dentro del término de tres (3) días de notificado ante el Tribunal del Trabajo del lugar donde se cometió la infracción previo pago de la multa” (art. 61).
En tal sentido, cabe recordar que numerosos conflictos de competencia se han decidido aplicando el régimen legal correspondiente a las distintas normas sectoriales. Así, en materia de faltas municipales la contienda se resolvió en favor de los jueces correccionales o de paz letrados, a tenor de lo preceptuado por el decreto ley 8751/77, cuyos arts. 54 y 57 regulan un mecanismo de impugnación similar al descripto anteriormente (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.026, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016 y B. 75.289 "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018). Idéntico temperamento se adoptó en cuestiones de policía societaria, en las cuales por aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del decreto 8671/76, se entendió que debía intervenir la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata (doctr. causas B. 68.407 “Asociación de Fomento Social y Deportivo Mayo”, res. del 3-V-2006 y B. 72.079 “Spinosa”, res. del 14-XI-2012).
De ello se sigue que, en principio, si una determinada normativa sectorial prevé un canal específico de impugnación, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el ámbito que le es propio.
V. Sentado lo anterior, es menester recordar que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 69.484, “Ferrero Argentina S.A.”, resol. de 18-III-2009, B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; C.S.J.N. Fallos: 308:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Del relato de la demanda, surge que el actor pretende la declaración de nulidad de las resoluciones 2510 y 9025 que le impusiera una multa por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene en el marco del contrato de obra celebrado.
Conforme ello, no se advierte que el caso se haya originado con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones administrativas en los términos de los artículos 166 de la Constitución provincial y 1 incisos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, la cuestión se encuentra regida por normas del derecho laboral, las cuales establecen un carril típico y singular para la revisión de las sanciones impuestas como consecuencia del procedimiento establecido para las infracciones laborales dispuestas por parte del órgano cuya anulación se pretende (arts. 4 inc. 1, CCA y 61 de la ley 10.149; conf. doctr. causas B. 69.032, "Clínica Privada Gregorio Marañon S.A.", resol. de 21-III-2007; B. 68.938, "Lamardo", resol. de 20-VI-2007; A. 69.484, "Ferrero Argentina S.A.", sent. de 18-III-2009; L. 116.350, "García", resol. de 28-XII-2011 y L. 116.625, "Sabbione", resol. de 28-III-2012).
VI. Sobre la base de lo expuesto, es posible afirmar en esta instancia, y al solo efecto de determinar quién deberá entender en los presentes actuados, que en el caso no se encuentra comprometida la competencia del fuero contencioso administrativo, sino la propia de la justicia del trabajo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal del Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del mismo departamento judicial.
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Ne-So-Ge-Ko
Reg. Nº 429
Fin de la sentencia