Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 departamental como, a su vez, a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
B.76.473 “CALOBO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ S/ PRETENSION ANULATORIA - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. En apretada síntesis, los hechos invocados y que dan sustento a la presente acción derivan de un contrato de locación celebrado entre COLOBO S.A. y la Municipalidad de Vicente López, con relación a un inmueble construido por la primera con destino de alquiler, el que se encontraba sin uso y, por ende, estaría en perfecto estado de conservación. Por esta última circunstancia, junto con las tratativas para la formalización del contrato se habría convenido el registro y aprobación de la construcción.
En este contexto - relación locativa - el municipio accionado habría mantenido la ocupación de la propiedad, inclusive durante tiempo posterior al convenido originalmente en el contrato, hasta el momento en que notificó a la actora la decisión de restituir el inmueble locado, hecho que materializado el día 12 de julio de 2017, surgiría del Acta de Restitución de Inmueble celebrada con participación del Secretario de Fiscalización y Control Municipal.
Señala la accionante que encontrándose pendiente por parte de la Administración a) el registro de los planos de subsistencia, b) el pago de los alquileres posteriores al primer año de la locación como así también los correspondientes al tiempo de la ocupación luego de vencido el plazo del contrato hasta la devolución del inmueble y c) el pago de la reparación por los desperfectos que presentó el inmueble al momento de la restitución por parte de la Municipalidad de Vicente López, inicio petición en sede administrativa (expediente n° 4119-006043/2017), la que fue rechazada mediante el dictado del decreto n° 4720, cuya anulación solicita en autos.
Según aduce la accionante, mediante dicho acto -que contaría con vicios en su objeto, causa, finalidad y motivación-, fueron denegadas distintas peticiones que formuló en su calidad de locadora del municipio demandado, en razón de ciertas irregularidades en la relación locativa que mantenía con la comuna para que se haga efectivo el traslado de "...algunas dependencias municipales" a un inmueble de su propiedad sito en la calle Blas Parera 3707 del Barrio de Olivos (véase apdo. IV del escrito electrónico de fecha 6-VI-2019).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro, cuya magistrada a cargo, tras colegir -sustancialmente- que la de autos es una de las controversias regidas por la exclusión del artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo e invocando doctrina de este Tribunal, se declaró incompetente para intervenir en el asunto. En tal entendimiento es que remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que realice el correspondiente sorteo entre los juzgados en lo civil y comercial de esa jurisdicción (cfr. resol. electrónica de fecha 31-V-2019).
A raíz de tal decisorio, la actora interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio que, rechazado -el primero de ellos- por el juzgado de origen en virtud de no agregarse "...nuevos elementos que permitan cambiar el criterio" adoptado, recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín (véase resol. electrónica de fecha 14-VI-2019).
Esta última, tras declarar la inadmisibilidad de la vía impugnatoria intentada, devolvió -a los efectos de la intervención en el asunto del fuero civil y comercial- las actuaciones al juzgado primigenio (cfr. resol. electrónica de fecha 29-VIII-2019).
De esta manera, los autos fueron girados, sorteo mediante, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 del departamento judicial homónimo. Sin embargo, su titular, en la inteligencia -en concordancia con lo dictaminado por el Agente Fiscal- de que el reclamo que persigue la accionante es la anulación de un decreto municipal dictado por la comuna "...en su calidad de autoridad administrativa", se inhibió de entender en el asunto (véase en tal sentido resol. electrónica de fecha 28-X-2019, según se desprende de la MEV).
Por ello, el expediente fue devuelto -nuevamente- al juzgado del fuero especializado, el cual, insistiendo en su postura, planteó el conflicto de competencia, sometiéndolo, para que el mismo sea dirimido, a esta Suprema Corte (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
III. Preliminarmente, cabe recordar que este Tribunal ha resuelto -para casos análogos al del sub lite - la competencia del fuero especializado para entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial, en especial aquéllas que tengan por objeto la impugnación de actos administrativo de alcance particular y las que tengan por objeto hacer cesar una vía de hecho administrativa (cfr. arts. 166, in fine, de la Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 inc. 1 y 12 incs. 1 y 5 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 71.778, "Vasquez" y B. 71.779, "Tomei", ambas resol. de 18-IV-2012).
Habida cuenta de la doctrina referida con antelación, y como se desprende del objeto de la demanda, en los presentes autos la accionante articula -principalmente- una pretensión anulatoria contra uno de los sujetos -Municipalidad de Vicente López- enumerados en el citado artículo 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial, con miras a que, en observancia al ejercicio de la función administrativa desplegada por la comuna (arts. 2 inc. 1 y 12 inc. 1, CCA), se declare nulo un decreto municipal, no procediendo, por tanto, la aplicación del artículo 4 inciso 1 del código adjetivo (véanse causas B. 74.296, "Vialsa SA", resol. de 28-XII-2016; B. 74.529, "Progold SA", resol. de 3-V-2017 y B. 74.901, "Municipalidad de Tigre", resol. de 4-X-2017).
A ello, además, se agrega que es la misma actora quien, en línea con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, sostiene -tanto en su escrito inicial como en el fundamento del recurso interpuesto (ambos de fecha 6-VI-2019, cfr. obra en el expediente electrónico)- la competencia del fuero especializado (doctr. causas B. 76.264, "Enciso", B. 76.355, "Soria" y B. 76.368, "Casanova", todas resol. de 15-IV-2020, e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro para que prosiga en el conocimiento de la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 departamental como, a su vez, a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:04:42 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia