Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata para conocer en el asunto (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hacer saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata lo aquí resuelto.
B.76.218 “RODRIGUEZ ALDANA CAROLINA C/ MINISTERIO DE GOBIERNO (REGISTRO DE LAS PERSONAS) S/ PRETENSION ANULATORIA. --CUESTION DE COMPETENCIA—“
La Plata, 15 de abril de 2020.
I. Aldana Carolina Rodríguez dedujo ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata el recurso judicial previsto en el art. 130 de la ley 14.078, a fin de que se deje sin efecto la disposición DI-2019-7097-GDEBA-DTMGGP de la Directora Técnica del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, dictada en el expediente administrativo 2018-14985805-GDEBA-DL2620MGGP.
Al respecto, señala que mediante dicho acto se rechazó su pedido de rectificación -por una serie de presuntos errores y omisiones materiales- del certificado de defunción de la señora Margarita Lidia Mansilla, quien en vida fuera su madre.
II. En su primera intervención, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del citado precepto, que establece la competencia directa de los órganos de segunda instancia del fuero para conocer originariamente en las pretensiones impugnatorias promovidas contra las resoluciones definitivas del mencionado órgano administrativo (fs. 24/30).
De tal forma, el expediente quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. No obstante, su magistrado subrogante, pese a compartir las apreciaciones de su alzada en lo tocante a la declarada invalidez constitucional del apuntado mecanismo de revisión, discrepó con la postura adoptada en torno a la doble instancia como requisito del sistema de juzgamiento de casos administrativos y en consecuencia, se rehusó a conocer en el asunto en razón del grado, citando precedentes de este Tribunal –causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010 y A. 68.438, "Ribelli", sent. de 9-X-2013- en apoyo de su postura (fs. 32/33).
En virtud de ello, planteó formalmente la contienda negativa, sometiendo el incidente ante esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
III. Sin perjuicio de lo que quepa decir respecto de la declaración de incompetencia dispuesta por el juez de primera instancia a pesar de la adjudicación de competencia efectuada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata; cabe señalar que la ley 14.078, que regula el funcionamiento del Registro de las Personas provincial, establece un singular diseño recursivo que se adscribe a la modalidad de las denominadas vías directas o abreviadas de impugnación; de allí, que su conocimiento sea asignado a un tribunal de apelación.
Dicho texto legal prescribe que las disposiciones denegatorias de inscripción de nombre o del pedido de corrección de errores u omisiones materiales en las actas o inscripciones "…serán apelables ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en turno del Departamento Judicial que corresponda al domicilio del peticionario, dentro de los quince (15) días hábiles de notificadas. El recurso se concederá libremente" (art. 130).
Al respecto, es dable destacar que esta Corte ha resuelto desestimar el reproche constitucional que se le endilgaba a ciertos mecanismos de impugnación semejantes al descripto anteriormente, en la medida en que garanticen un proceso de conocimiento pleno a los litigantes y, por ende, un control judicial suficiente de lo decidido en sede administrativa (doctr. causa A. 69.346, “Orbis Mertig San Luis SAIC.”, sent. de 22-VIII-2012 y posteriores).
Así, se reafirmó la constitucionalidad del precepto legal que atribuye a las cámaras de apelación del fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las demandas promovidas contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia y sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación, conforme lo normado en el art. 5 de la ley 13.405 (causas A. 69.346, cit.; A. 70.481, "Rendición de Cuentas correspondiente a la Municipalidad de Pilar", sent. de 15-V-2013 y B.72.999, "OSSE", resol. de 14-VI-2015). Idéntico temperamento se adoptó en el ámbito de las impugnaciones dirigidas contra las resoluciones de Colegios o Consejos Profesionales, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la ley 13.325 y 1, 2 y 3 de la ley 13.329 (causas A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 22-XII-2008; A. 68.436, cit.; B. 69.287, “Calzetta", resol. de 21-XII-2011; B. 72.105, "Loustuanau", resol. del 26-XII-2012 y A. 68.438, "Ribelli", sent. de 9-X-2013).
Sobre tales bases, es posible concluir que este tipo especial de pretensión impugnativa deberá tramitar y resolverse ante la respectiva cámara de apelación del fuero especializado, en instancia originaria y garantizando un control suficiente del acto controvertido, tal como se desprende de una adecuada hermenéutica del precepto atributivo de competencia en cuestión (doctr. causa B. 75.019, "Jumbo Retail Argentina SA", resol. de 13-II-2019).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde que sea la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata el órgano que continúe interviniendo en el asunto (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata para conocer en el asunto (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hacer saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata lo aquí resuelto.
Regístrese y oficíese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Pe-Ko-To
Reg. Nº 84
Fin de la sentencia