Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 16900 2018
Expte. Nº 16900.-
Autos: ALTUNA JORGE ARIEL C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Agosto de 2018. AC.-
Estos autos caratulados "ALTUNA JORGE ARIEL C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION ANULATORIA -EMPL.PUBLICO", expediente Nº 16900, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 74/92 se presenta Jorge Ariel Altuna, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Diego A. Bruno, promoviendo demanda anulatoria e indemnizatoria contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -Policía de la Provincia- y/o contra quien resulte responsable del dictado de los actos administrativos que dispusieron su exoneración, solicitando la reparación de los daños que dichos actos le provocaron.-
Comienza el relato, haciendo referencia a los antecedentes de su formación en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así menciona que en el año 1983 ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía de Buenos Aires, obteniendo el título de oficial ayudante en el mes de diciembre del año 1984. Luego hace referencia respecto de cómo se fue desarrollando su carrera, las diferentes jerarquías que fue transitando y las dependencias donde fue trasladado a los fines de cumplir las diferentes funciones conforme la jerarquía.
Comenta que estando cumpliendo funciones en la Comisaría de Lujan 2da Jáuregui, fue ascendido a la jerarquía de Oficial Principal y que con dicha jerarquía fue trasladado a la Comisaría de Lujan a fin de cumplir con la función como oficial de servicio. Dice que estando allí aprobó el curso y accedió a la jerarquía de subcomisario.-
Refiere que con dicha jerarquía quedó a cargo del servicio externo de la última dependencia nombrada y que dicho cargo lo desempeño hasta el pase a disponibilidad.-
Destaca el hecho de que en su carrera el desempeño fue impecable -lo que acredita con su legajo personal- y que en todo momento recibió el reconocimiento de sus pares, superiores y subalternos.
Seguidamente comienza a relatar los hechos que dieron origen a la instrucción sumarial. Así refiere que en el mes de junio del año 2002, encontrándose cumpliendo funciones en la Comisaría de Luján 1ra, los detenidos en dicha dependencia realizaron una denuncia contra el personal policial por apremios ilegales.-
Así fue que con motivo de las denuncias, se inicia la IPP n°88181, caratulada: "Sainz Claudio Cesar y otros s/ apremios ilegales en Lujan", la que se instruyó por ante la Unidad Funcional n°1 de este Departamento Judicial.-
Simultáneamente se inician las actuaciones administrativas nros: 21000-167989/01, c/2110-464757/05, ISA n°4641/602 c/ 21100322309/02, ISA 5498/403, en trámite por ante la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Provincial.
En el marco de dichas actuaciones sumariales, el Sr. Auditor General dispuso el pase a disponibilidad preventiva, a solicitud del Ministerio Público. En tal sentido indica que la medida cautelar se efectivizó el día 12 de julio del año 2002, manteniéndose dicha situación hasta la aplicación de la sanción expulsiva.-
Continuando con el trámite de la causa penal, expresa que recibida que fue la denuncia de los detenidos, la Sra. Agente Fiscal dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de catorce efectivos policiales, que se encontraban en servicio en oportunidad de suceder los supuestos apremios ilegales en la comisaria involucrada.
Destaca que en dicha ocasión se dispuso dicha citación a indagatoria sin discriminar las funciones y cargos desempeñados por cada uno de los imputados al momento de los hechos, agregando que dicha conducta fue posteriormente reprochada por los miembros del Tribunal al momento de la sentencia.-
Al respecto comenta que los detenidos en sus denuncias expresaron que fueron víctimas de apremios ilegales, los días 15/16 y 18/19 de junio del año 2002.
En relación a como desarrolló su función durante esos días, expresa que en relación a la primera de las fechas en que supuestamente se cometió el delito se encontraba cumpliendo funciones como jefe de gabinete de prevención comunitaria. Que el día 15 de junio de 2002 a las 20:30 h. concurrió a la Comisaria donde tomó conocimiento que se estaba llevando a cabo una requisa en los calabozos por disposición del Sub. Crio Mansilla, titular a cargo de la dependencia en aquella oportunidad, y dicho procedimiento estaba siendo llevado a cabo con el oficial de servicio en turno.-
Que en relación a la otra fecha denunciada, esto es el 18 de junio, a partir de esa fecha se encontraba en uso de la licencia anual, siendo en definitiva imposible que estuviera en el ámbito de la comisaria.-
Continúa el relato manifestando que el Sr. Juez de Garantías n° 2 de este Departamento Judicial, haciendo lugar al requerimiento fiscal, imputó a los catorce numerarios de la Comisaria de Lujan, por la presunta comisión del delito de apremios ilegales.
Comenta que elevada la causa a juicio, quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal n° 3 caratulada: "AMARILLA TOLEDO, MARCOS VICTOR Y OTROS S/ APREMIOS ILEGALES, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO" y la agregada n° 1297/07 sobre lesiones leves y amenazas.
Refiere que en dicha causa se resolvió absolverlo libremente y sin costas en orden al delito de apremios ilegales, por el cual fue acusado, dictándose dicho pronunciamiento en el mes de julio del año 2010, el que quedó firme por no haber sido apelado por el Ministerio Público.-
En cuanto al trámite de las actuaciones administrativas, expresa que tal como fuera adelantado, las actuaciones sumariales se iniciaron a instancias del Sr. Agente Fiscal, quien ofició al Auditor General para que se investigara a todo el personal policial que se encontraba en servicio en el periodo de referencia, culminando estas actuaciones con la aplicación de una medida expulsiva.-
Al respecto expresa que el primer acto administrativo que se produjo en el marco de dichas actuaciones fue la Resolución nro 4851, dictada por el Sr. Auditor General -Dr. Alfredo E. Naldini- contra el que se interpuso el correspondiente recurso de revocatoria.
Argumenta que dicho acto administrativo no se ajustó a la realidad fáctica, que se efectuaron citas que no resultaban ajustadas a las constancias documentales, tornando todo ello al acto nulo, abusivo e infundado.-
En cuanto a la prueba de cargo utilizada para resolver la medida exonerativa, sostiene que resultó copia íntegra de las piezas procesales obtenidas de las actuaciones judiciales, destacando que no existió dentro de la instrucción sumarial administrativa, elementos diferentes a los llevados a cabo en el ámbito de la justicia.
Por todo ello expresa que desde un principio, ante la carencia de prueba directa que lo vinculara con las supuestas agresiones de los detenidos, resultaba ajeno al más básico sentido común, que un hecho simple de servicio, y el cual había sido cumplido en forma normal y ordinaria, desencadenara en el injusto y arbitrario acto administrativo que dispuso la exoneración.-
Sostiene que por el cargo y función que desempeñaba en aquella oportunidad como chofer de turno y disponible, no tenía a su cargo la función de custodia y cuidado de los detenidos, que solo era responsabilidad del Oficial de servicio en turno, del segundo jefe y del titular de la dependencia.-
Agrega al respecto que no existieron indicios bastantes y suficientes, con grado de certeza, que pudieran ubicarlo como partícipe, autor, coautor, y/o cualquier otra participación en el hecho denunciado por los alojados en la Comisaria de Lujan.-
Puntualiza que las actuaciones sumariales administrativas, son copias de lo ordenado por el Sr. Agente Fiscal interviniente, en la Investigación Penal Preparatoria.-
Luego refiere que al recibirse dichas copias, el inspector administrativo sumariante, prima facie encuadra los hechos, en lo prescripto en el genérico art.59 inc 7 del Decreto Ley 9550/80, el cual tiene previsto como sanción la exoneración, dando origen así a las actuaciones administrativas citadas al inicio del relato.-
Expresa que de la lectura de las actuaciones administrativas, se observa que de manera metódica y constante, la instrucción sumarial administrativa, solicitaba informes a la Fiscalía y concluida que fue la instrucción penal, al Tribunal en lo Criminal interviniente, sobre el estado de la causa penal.-
Continúa y refiere que sin encontrarse resuelta la causa penal, y en base a la prueba producida en la instrucción, en julio de 2007, se dicta el acto administrativo que dispone la exoneración.-
A partir de ello y lo resuelto en la causa penal, señala como error fundamental, en el primer acto administrativo, aquello expresado en el apartado e) cuando al fundar el encuadre administrativo se afirma que: "... la conducta desplegada afectó gravemente el prestigio de la institución y dignidad como funcionario al haber infringido personas que estaban bajo su custodia..." (sic).-
Dice que tal afirmación resulta contraria a lo resuelto por el Tribunal Oral, que en su decisorio final concluyó diciendo, que los denunciantes nunca lo reconocieron como autor, partícipe, o que hubiera estado en los calabozos cuando sucedieron los hechos.-
Por todo ello sostiene que la afirmación expresada en la resolución administrativa, a los efectos de fundar la sanción expulsiva, resulta arbitraria, por no ajustarse la valoración efectuada a las normas administrativas, que establecían cuales eran sus obligaciones y deberes inherentes a su función, al momento en que sucedieron los hechos; luego las pruebas utilizadas por el Sr. Auditor para fundar su resolución, fueron las mismas que luego fueron valoradas por los miembros del Tribunal y en base a las cuales se resolvió la absolución por falta de autoría.-
Por todo ello sostiene, que el acto administrativo es nulo, arbitrario y carente de fundamento, pues existe un vacío probatorio que lo vicia de nulidad.-
Refiere que dicho acto administrativo -Res. 4851- del 27/07/2007, fue atacado mediante el recurso de reconsideración, el que resultó formalmente admisible, dictándose la Res.7614, de fecha 24/07/2009, que no hizo lugar al recurso.-
Posteriormente comenta que contra esta última resolución interpuso en septiembre del año 2009 recurso de apelación, el que no fue resuelto en tiempo y forma, obligando al accionante a iniciar un proceso de amparo por mora, el que tramitó por ante el suscripto (Expte n° 16362), obligando a que el Sr. Ministro de Seguridad dictara con fecha 06/08/2013 la Resolución 1727, por la cual se resolvió rechazar el recurso de apelación, agotándose con la misma la instancia administrativa.-
En capítulo aparte comienza el desarrollo de la responsabilidad del Estado Provincial diciendo que la misma resulta palmaria en su campo de actuación administrativa, por ser actos emanados de "funcionarios del Estado, integrantes del Ministerio de Seguridad, en su estrado de decisión" (sic).-
Expresa que las causas que motivaran el encuadre en la norma administrativa del art.59 inc 7) del Dec. Ley 9550/80, fueron por haber estado en servicio el día que acontecieron los supuestos apremios ilegales, la denuncia de los alojados en la dependencia policial y el procesamiento judicial.-
Luego sostiene que todas esas circunstancias desaparecieron con el veredicto absolutorio y que es allí, donde se produce el vaciamiento del acto administrativo.-
Manifiesta que el ente administrativo afirmó a lo largo de todas sus resoluciones que con sus acciones afectó gravemente el prestigio de la institución o la dignidad como funcionario, diciendo que para ello debió haberse valido de otros elementos incriminatorios, pues con posterioridad, el Tribunal Provincial expresamente declaró la falta de participación en los hechos.
Sostiene que si el procesamiento penal tuvo entidad suficiente para configurar el desprestigio, la absolución restableció la situación al estado anterior a su procesamiento administrativo; y al no haberse recolectado pruebas para sostener la falta administrativa, el acto resulta infundado.-
Refiere que la administración actuó negligentemente, se apartó de los dictámenes técnicos, no incorporó ni produjo prueba diferente a la colectada en las causas judiciales, y soslayó la declaración de inocencia.
Concluye diciendo que en modo alguno existía razón legal para disponer la exoneración, no reuniendo la administración ninguno de los extremos exigidos por la ley para imponer dicha sanción, que todo ello hace responsable al Estado por las consecuencias dañosas de su accionar ilícito.
En capítulo aparte comienza con el reclamo indemnizatorio, peticiona dentro del rubro daños materiales el lucro cesante, diciendo que dicho reclamo nace desde el pase a situación de disponibilidad preventiva hasta la sanción de exoneración.-
Alega que la circunstancia de haber sido colocado en la situación de disponibilidad preventiva, significó la privación directa del cincuenta por ciento de los ingresos percibidos, siendo tales ingresos el único sustento de su familia, viéndose también imposibilitado de cumplir horas extras que realizaba al tiempo del pase a disponibilidad.-
Refiere que la situación de disponibilidad se mantuvo inalterable desde el día 12 de julio de 2002 hasta el día 25 de septiembre de 2007, fecha en que fue exonerado, de manera que durante 62 meses y 10 días dejó de percibir el cincuenta por ciento del sueldo.-
Al peticionar la nulidad del acto que dispone la sanción de exoneración solicita los haberes caídos desde la fecha de cumplimiento de la sanción correctiva hasta su efectiva reincorporación al servicio.-
A los fines indemnizatorios alega que deberá tenerse presente que dejó de percibir la totalidad del salario durante seis años, solicitando que se calculen los montos con más la antigüedad que corresponda liquidar de conformidad con lo estipulado por el decreto 135/05.
Estima dicho rubro en la suma de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($74.400,00) o lo que en más o menos se determine al tiempo de efectuar la pericia.-
Luego reclama la perdida de chance, dice que dicho rubro se manifestó desde el momento mismo del pase a disponibilidad preventiva y que se consolidó con la exoneración.-
Sostiene que la interrupción del vínculo laboral le causó una pérdida significativa de su capacidad económica presente y futura a partir de haberse truncado la expectativa cierta de desarrollo propio y familiar de cara al porvenir.
Expresa que al momento de la exoneración, revestía en la jerarquía de oficial de policía, teniendo por delante una carrera que se avizoraba sin sobresaltos, pues alega que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente dentro de la fuerza.
Comenta que su situación dentro de la institución hacia presumir que llegaría hasta el máximo de la escala jerárquica prevista para el agrupamiento comando.-
Refiere que al momento de los hechos tenía 40 años, que la única capacitación recibida desde sus 18 años fue como personal de policía
Por su parte refiere que dentro del ámbito de la policía siempre fue reconocido y calificado por sus superiores jerárquicos con la máxima calificación, y que ello le permitió el ascenso escalafonario en tiempo y forma, solicitando por todo ello que se le indemnice por las posibilidades concretas de continuar la carrera policial en ascenso.-
Reitera que al tiempo que se produjo la exoneración, fue privado de sus ingresos, y debido a la edad que tenía y debido a la causa de la exoneración no pudo insertarse en el mercado laboral, afectando ello la seguridad económica de su familia.-
Comenta que ante tal panorama, por la apremiante situación y siendo el único sostén de familia y con menores a cargo, tuvo que acogerse a un régimen jubilatorio básico a través de la Caja Policial, por el que percibe un haber mínimo, carente de los beneficios que percibe un funcionario con retiro activo.-
Asimismo pone en conocimiento que tuvo que vender el único vehículo que poseía para poder hacer frente a los compromisos económicos asumidos.-
Por todo ello solicita por el rubro en tratamiento la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000).-
En cuanto al daño moral alega que las circunstancias que rodearon los hechos, provocaron en su persona y grupo familiar una modificación disvaliosa del espíritu.
Alega que la circunstancia de estar sometido a un proceso judicial, sumado a la pérdida de su carrera profesional y de toda expectativa y posibilidad laboral, lo sumió en una profunda depresión y en un grave estado de necesidad a todo el grupo familiar.-
Asimismo expresa que todo lo vivido impactó negativamente sobre sus relaciones íntimas, y así fue, que comenzaron las desaveniencias matrimoniales que concluyeron con el divorcio.-
Manifiesta que la afectación al espíritu no solo fue propia, sino también trasuntó a sus vínculos más íntimos, que se vieron directamente afectados. El verse, y sentirse totalmente avasallado en sus derechos más elementales como el de trabajar y sostener a su grupo familiar, máxime cuando luego fue declarado por la justicia provincial que era ajeno a los hechos, provocó tal afectación.-
Comenta que tuvo que soportar el sometimiento al escándalo público, siendo espectador del sufrimiento de su ex esposa e hijos que en su medio escolar y social soportaron el prejuicio del padre- policía- procesado.-
Pone de resalto que no debe perderse de vista que toda la situación relatada se prolongó en el tiempo, con un proceso de agravamiento y deterioro continuo hasta la exoneración.-
Por todo ello peticiona por dicho rubro la suma de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000,00)-
Luego solicita se le indemnice el daño psicológico sufrido, de manera independiente al daño moral, el cual justiprecia en la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000,00).-
En cuanto a los intereses peticiona que resultando el fundamento de la presente acción, la pérdida de los sueldos, revistiendo ellos el carácter de alimentarios, solicita que al tiempo de resolverse se disponga la aplicación de la tasa activa.-
En capítulo aparte, luego de ofrecer la prueba que hace al sustento de su pretensión, solicita que cautelarmente se disponga la suspensión de la ejecución del acto administrativo, mientras se sustancia de la presente acción.-
Finalmente peticiona se haga lugar a la presente acción, con costas.-
II. A fs.102/108 se resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada, conforme los argumentos allí expuestos, disponiéndose la suspensión de los efectos de la Resolución n° 1727/13 del Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del 06/08/2013, ordenando la reincorporación del actor, restableciendo la cobertura social del I.O.M.A y abonando su salario.-
III. A fs.118 el actor desiste de la medida cautelar concedida y solicita el traslado de demanda, argumenta entre sus razones que tal proceder obedece a cuestiones de celeridad procesal y los fines de evitar la demora que puede conllevar la ejecutoriedad de la medida.-
IV. Conferido el traslado de demanda -v fs.127- a fs.160/167, se presenta el Dr. Ricardo G. Uncal, abogado de la Fiscalía de Estado, contestando demanda en representación de la accionada.
Estima que el accionante realiza un escueto e insuficiente relato de los antecedentes fácticos que componen la infracción que se le imputara y que no detalla claramente que estaba haciendo en los días y horarios en que tuvieron lugar las faltas.
Expresa que el principal argumento del accionante para atacar el acto, es que la administración no ponderó otros elementos probatorios que los nacidos de la Investigación Penal Preparatoria, entendiendo que al haber sido absuelto en sede penal, no podría luego configurarse una falta administrativa.-
Ante tales argumentos sostiene que la demanda es infundada. Al contrario de lo expuesto por el actor, sostiene que la administración va
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.