Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 23824 2018
Estos autos caratulados "PAREJA MARIANO ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 23824, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 256/269, se presenta el Sr. Mariano Antonio Pareja, con el patrocinio letrado de la Dra. Milagros Valeria Yugan, solicitando: a) Anulación por ilegitimidad de medida emanada del Poder Ejecutivo Municipal, de fecha 31 de Marzo del 2016; b) Restablecimiento y designación como empleado perteneciente a planta permanente de la Comuna demandada - dada la estabilidad adquirida en su empleo a lo largo de casi 9 años; c) Reconocimiento de la antigüedad en el empleo descripto en b); d) Reconocimiento del derecho a estabilidad en el vínculo de empleo público mantenido con la Municipalidad de Mercedes; e) Indemnización por daño moral derivado de la desvinculación laboral; f) Indemnización por salarios caídos, o en su defecto indemnización art. 245 LCT; g) regularización de la situación previsional que posee; y h) se ordene el pago de los adicionales remunerativos compensatorios.-
Comienza su relato diciendo que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Mercedes en fecha 01/07/2007, prestando tareas de enfermería, en la Sala de Primeros Auxilios en Tomás Jofré, dependiente del Municipio, cuya jornada laboral operaba los sábados y domingos de 11:00 hs. a 18:00 hs. (Categoría 35), excediéndose en consecuencia la jornada laboral de 4 horas diarias por las que había sido contratado.
Dice que a partir del 1 de Diciembre de 2008, fue modificado su puesto de trabajo, comenzando a laborar en el Área de Administración de la Dirección de Salud del Municipio de Mercedes, dentro del "Plan Sumar" donde había sido contratado como empleado de Planta temporaria Jornalizado (Categoría 32), cumpliendo y observando la jornada habitual de trabajo de lunes a viernes de 08:00 hs a 14:00 hs. En verano, si el Municipio lo ordenaba, laboraba de 07 hs. a 13 hs..-
Refiere que su registración como empleado en relación de dependencia tuvo lugar en fecha "01/01/2007", habiendo permanecido hasta el 30-09-2011 en situación de contratado sin decreto que así lo dispusiera, no surgiendo del legajo personal los contratos mencionados, cometiendo el municipio local un claro fraude laboral y previsional en perjuicio del trabajador.-
Arguye que el primer decreto en el cual se lo designa como agente jornalizado temporario, data de fecha 30 de noviembre de 2011, con sucesivas designaciones (refiriendo que en el interín que va desde Julio del 2012 al 31 de enero de 2013, no contaba con decreto, ni contrato que surja del legajo) dictando nuevo decreto el Sr. Intendente el 01 de febrero de 2013, repitiéndose la situación de ausencia de decreto, desde Enero del 2014 a Marzo del 2014 y desde el 01 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2016.
Asimismo, dice que se hizo un uso arbitrario en la aplicación de las ordenanzas citadas, en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo desde el 29-02-2012 al 31-03-2014, con la salvedad de los meses en que no se dictó decreto alguno, atento que las designaciones operaban por el lapso de un mes y en otras, citando la misma ordenanza, por 3 meses.
Resalta que, sin perjuicio de las irregularidades mencionadas, se desempeñó como trabajador del Municipio de Mercedes de manera ininterrumpida desde el 01-07-2007 al 31-03-2016, lo que demuestra la continuidad laboral en la relación de su empleo.-
Pone de manifiesto que, encontrándose gozando de licencia médica (desde el 23/03/2016 al 31/03/2016) es notificado de que su designación como agente jornalizado, no será renovada a partir del 01/04/2016, razón por la cual en fecha 12/05/2016 interpone recurso de revocatoria cuestionando lo dispuesto por el Municipio, recibiendo por parte de este un "sepulcral silencio" (sic).-
Refiere que la medida dictada no fue sustentada en una causa justa, puesto que no ha mediado por su parte inobservancia o violación de los deberes de conducta a su cargo, que legitimen el ejercicio de la facultad rescisoria desplegada por el Intendente Municipal.-
Luego de transcribir las categorías laborales en que pueden encuadrarse los empleados municipales, dice que al haber el actor prestado tareas más de ocho años, resulta evidente que no se trataba de necesidades temporales del Municipio.-
Resalta que el derecho a la estabilidad del actor se encuentra consolidado, puesto que ha transcurrido mientras laboraba el periodo de prueba de doce meses establecido en el art. 7 de la Ley 11.757, que disponía que "Todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce (12) meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente, con excepción de lo previsto para extranjeros... ". Por ello, su estabilidad estaría consolidada.-
Hace referencia que al comunicarse la "no renovación" del contrato, cuando el mismo habría de extinguirse de pleno derecho al vencimiento del plazo; pareciera indicar un reconocimiento de que se había generado en el actor una expectativa de perdurabilidad y permanencia que se ve frustrada por la comunicación del despido.
Plantea que la medida tomada, no tiene causa legítima que la habilite, para luego pasar a citar jurisprudencia relativa a empleados contratados, cuando se puede acreditar un vínculo prolongado con la Administración estatal.-
Se refiere al acto administrativo en sí, diciendo que el mismo no está motivado, puesto que en ningún momento la comuna expuso las razones que la llevaron a tomar la decisión cuestionada, afectándose así un elemento esencial del acto, para lo que cita jurisprudencia al respecto.-
Finalmente, dice que habiéndose efectuado el distracto laboral cuando el actor se encontraba gozando de licencia médica, se viola lo dispuesto en los art. 208 y 213 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Concluye su escrito solicitando daño material -salarios caídos- y daño moral, ofrece pruebas y por último peticiona.-
II. A fs. 287/296 se presenta el Dr. Luis Alberto Costilla, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Mercedes, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto E. Flores, contestando demanda y solicitando el rechazo de la acción.-
Luego de esbozar las negativas generales y particulares respecto a los hechos expuestos en la demanda, refiere que el actor Mariano Antonio Pareja, desempeñó tareas en el Municipio de Mercedes desde el 1 de Julio de 2007 hasta el 31 de Marzo de 2016 mediante contratación, dentro del marco regulador para el personal de "Planta Temporaria".- Expone que la situación de revista del actor, se encontraba expresamente contemplada en el artículo 92 -jornalizado- de la Ley 11.757, aplicable al caso, razón por la cual, no tenía estabilidad.-
Dice que la vinculación del actor con el Municipio, fue a través de una contratación de carácter temporario con fecha de fenecimiento, término expresamente determinado y de conocimiento del accionante y que por ello, no cabe indemnización alguna a su extinción, toda vez que se cumplió integralmente.-
Refiere que no le asiste razón al actor cuando esgrime haber permanecido durante determinados períodos en situación de contratado, pero sin decreto que así lo dispusiera, puesto que la vinculación laboral se instrumentó mediante el dictado de un primer Decreto -Nº 586/2007- que designaba al actor como agente temporario jornalizado a partir del 1 de Julio de 2007, relación que se ha extendido en el tiempo, mediante el dictado de sucesivos decretos de designación.-
Arguye que no surge circunstancia alguna que desautorice la forma en que el régimen estatutario le fue aplicado al actor, toda vez que el Municipio de Mercedes estaba autorizado a recurrir a la modalidad de vínculo temporario, y esa facultad fue ejercida en forma razonable.-
Expone que la Ley 11.757 prevé en forma particular el régimen para el personal de planta temporaria, estableciendo derechos diferentes que los reconocidos para el personal de planta permanente y la forma de la finalización de la relación; no reconociendo para este tipo de empleados, el derecho a la estabilidad, ni a la indemnización por cese de actividades.-
Dice que la prórroga de una vinculación temporaria, no puede originar el nacimiento del derecho a revistar en planta permanente y a indemnización alguna, por no tener basamento legal que así lo determine.-
Por otra parte, manifiesta que insólitamente el actor pretende reclamo indemnizatorio con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo, cuando de modo expreso dicho cuerpo normativo excluye de sus previsiones a los empleados públicos.
Aduce que las pretensas licencias médicas y el cambio de la jornada laboral, no mutan la esencia del vínculo contractual, ya que no hubo un acto expreso de designación como personal de planta permanente.-
Resalta una vez más que las características de la función para la que fue designado el actor y la circunstancia de que ésta pueda ser cumplida por el personal permanente, no habilitan a tener por modificada la situación de revista del agente, toda vez que es el acto de designación el que imprime el régimen jurídico aplicable a la relación.-
Refiere que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico (en el caso empleo en "planta temporaria"), durante toda la duración de la relación jurídica, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación posterior.-
Pone de resalto que es el propio actor quien reconoce que su relación de empleo público fue como personal de planta temporaria, lo que -según dice-, implica que no solo conocía que su relación tenía un término previamente fijado, sino que no ingresaba cumpliendo los requisitos que el ordenamiento positivo exige para el personal de la planta permanente, y que por ende no integraba aquel universo de empleados públicos municipales, y cita jurisprudencia en ese sentido.-
Finalmente, ofrece prueba y peticiona el rechazo de la demanda con costas.-
III. Transcurrida la etapa probatoria y agregado el alegato presentado en tiempo por el municipio demandado en fecha 23/04/2018 (fs. 315/318), se llama autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que el actor pretende obtener un reconocimiento al derecho a la estabilidad -planta permanente municipal- solicitando para ello la nulidad del acto de no renovación contractual y/o una indemnización por la ruptura del vínculo laboral que lo unía a la Municipalidad de Mercedes.-
Por su parte, la comuna accionada manifiesta que la causal de egreso, está relacionada a la no renovación de los contratos que lo vinculaban al Municipio en su carácter de agente jornalizado, razón por la cual, expone que no corresponde indemnización alguna en los términos de la LCT, ni tampoco la estabilidad de los empleados de planta permanente.-
2. Que ambas partes reconocen en sus escritos que la actora trabajaba para el Municipio demandado, como agente contratado desde el día 01 de julio del año 2007. Esta relación laboral se desprende de los sucesivos contratos laborales acompañados tanto por la actora -ver fs. 152/173 y 188/220- y por la demandada - en el legajo personal, agregado a estos autos sin acumular-.
Respecto de esos contratos temporarios, tanto de la demanda como de su contestación, no media controversia sustancial entre las partes, en cuanto a que para el mes de abril del año 2016, los mismos habían finalizado, en orden al plazo estipulado y la decisión de la Comuna aquí cuestionada.-
3. Que la relación entre las partes se desarrolla prácticamente en su totalidad, bajo la órbita de la Ley entonces vigente, 11.757.-
Que la mentada ley 11.757, disponía dos categorías en las que podían encuadrar los trabajadores: Planta Permanente, integrada por trabajadores que gozan de estabilidad (art.12 ap.1 Ley 11.757) y Planta temporaria, que se componía con trabajadores con situación de revista más precaria (art. 12 ap 2), entre los que se ubicaba el personal temporario, el personal reemplazante, destajistas y el personal contratado por locación de servicios.-
Que bajo este régimen, la ley 11.757 era clara al establecer los requisitos que posibilitaban la transitoriedad en la función pública. Así, en su art. 92 disponía: "Personal temporario mensualizado o jornalizado son aquellos agentes necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal".-
Siendo ello así y encontrándose reconocida la situación del actor como agente contratado, no caben dudas que ha quedado excluido de las previsiones que en materia de estabilidad prevé el Estatuto para los empleados del municipio, dado que su condición de revista le ha impedido adquirir aquel carácter.-
Por ello, la solución normativa respecto a la inestabilidad y a la posibilidad del cese, en principio no ofrece duda, pues, el mismo Estatuto de Personal Municipal (ley 11.757 cit.) prevé esta solución; y en tal sentido resulta ajustado a ella el criterio del Superior Tribunal Provincial, acerca de que el personal de planta temporaria, agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados se halla incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004).-
En sentido coincidente se ha expedido la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín (causa N° 2353/10, caratulada "Maidana Victor c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria").-
Tal resulta el encuadrameinto legal y doctrinario en el que se subsume la relación juridica que vinculara a las partes, que por lo demás, estas no controvierten.
4. Aun así, también debo recordar, que en ocasión de dictar sentencia en los autos "AQUINO HELIDA NIDIA C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSIÓN ANULATORIA" (expte. Nº 14643), en trámite en este mismo juzgado y cuyos extremos fácticos y jurídicos resultan análogos al presente, tuve oportunidad de pronunciarme sobre las cuestiones sujetas a decisión en esa causa, en la que admití -en aplicación de la doctrina emanada de la CSN en el fallo "Ramos"- una indemnización a los fines de reparar los daños provocados, por la finalización unilateral de un vínculo laboral que se había desarrollado bajo una figura -contrato temporario- para el que no había sido prevista.
En efecto, sostuve en aquella oportunidad, que si bien la actora no podía en su reclamo, ampararse en la garantía de estabilidad estatutaria propia, reputando legítima la decisión del Ejecutivo Municipal de cese, considerando la nueva doctrina emanada del Superior Tribunal Nacional, correspondía a esta, otorgar una suma de dinero en concepto de indemnización.
Ello, en atención a la frustración del actor de un derecho en expectativa, como el que se derivó de su relación contractual con la Comuna.
Allí, establecí que los términos de la demanda me permitían inferir, que existía una expectativa de continuidad laboral en el actor, en función de que las tareas que este realizó, no se diferenciaron de las propias del personal de planta permanente, no existiendo prueba en contrario que demuestre que no pudieran ser realizados por ese universo de agentes. Pudiendo esas formas de contratación temporaria, visualizarse como aquellas en las que se revela, cuando se prolongan en el tiempo, una posible desviación de poder -conforme la citada doctrina de la CSN-, y tienden a la consiguiente frustración de derechos de los trabajadores.
Por esos argumentos, y a raíz de que el fallo "Ramos", introduce el concepto de reparación ante la conducta ilegítima de la administración estatal, otorgué una indemnización por la desvinculación laboral dispuesta por la comuna demanda.
5. Sin embargo, con posterioridad, en esa misma causa ("Aquino"), la Cámara de Apelaciones del fuero, en ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto, considero con error de juzgamiento a la sentencia que se viene haciendo referencia, revocando la misma y rechazando la pretensión contenida en la demandada.
Así lo decidió, al entender que el actor no había acreditado el vicio de desviación de poder, por lo que la indemnización fundada en tal circunstancia debía desestimarse.
Para así decidir, indico que las decisiones seguidas por la Corte Sumprema de Justicia Nacional en los fallos "Ramos" (Fallos 333:311), "Sánchez" (Fallos 333:335) y "Cerigliano" (Fallos 334:398) debían ser tenidas en cuenta -aunque sin prescindir la doctrina legal de la SCBA-, al resolver asuntos como el presente y verificar la legitimidad o razonabilidad de ciertos actos estatales vinculados con el personal de planta temporaria.-
Sin embargo -siguió exponiendo- el actor no había demostrado la presencia de circunstancias que desautoricen la forma en que el régimen estatutario le fue aplicado.
En primer lugar -señaló- el tiempo durante el cual se prolongó la relación (poco más de tres años) no lucía inadecuado al carácter temporario de la designación, conforme las constancias del caso. En el punto -expuso el tribunal- es dable señalar que a diferencia del caso CSJN "Ramos" y en coincidencia con el caso CSJN "Sánchez", no existe en el régimen jurídico aplicable una regla específica que establezca un término de duración a la incorporación en la planta temporaria, o un plazo máximo de prestación de servicios bajo esa modalidad. Con lo cual, la duración de cada vínculo constituía una decisión a adoptar en cada caso conforme las necesidades específicas que se procura atender.
En tal aspecto, dijo la Cámara, que de acuerdo a las particularidades de la litis, la duración del vínculo que unió a las partes no evidenciaba per se una irrazonable dilación que permitiera concluir que no se correspondía con la naturaleza temporal que se le asignó.
En segundo lugar, señaló que la identidad entre las tareas de la actora y la de agentes de planta permanente afirmadas en la sentencia de primera instancia, se advertía dogmática, desconociendo la presunción de legitimidad del acto administrativo de designación, toda vez que era al actor quien le incumbía la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (SCBA, B 58256 S 28-4-2010, Zanettini, Isabel Agueda c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa).
Concluyó que, si la actora, en su caso, no prueba los hechos que forman el presupuesto de su derecho, pierde el pleito (esta Cámara in re: Causas Nº 1.442, "Larrocca, María del Carmen c/ Pascual Folino Propiedades y Munic. de San Fernando s/ daños y perjuicios", sentencia del 30 de diciembre de 2.008; Nº 1.992/10, y otros).-
Dijo también, al referirse a la carga de la prueba, que para probar la desviación de poder resulta necesario acreditar la existencia de un fin distinto mediante pruebas claras y evidentes, lo que expuso no verificarse en esos autos.-
Finalmente dijo que la S.C.B.A. ha tenido oportunidad de expedirse en relac
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.