Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 16783 2018
Expte. Nº 16783.-
Autos: SPRINGHART ANGELICA SILVINA C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Noviembre de 2018.-GP
Estos autos caratulados "SPRINGHART ANGELICA SILVINA C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY s/ PRETENSIÓN ANULATORIA", Expte Nº 16783, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 25/34 se presenta Angélica Silvina Springhart, con el patrocinio letrado del Dr. Carlo Alberto Canet, interponiendo demanda contra la Municipalidad de Chivilcoy, pretendiendo la nulidad del Decreto N°1020/2013, que estableció el cese anticipado de la designación como personal de planta temporaria y, al mismo tiempo, pretende el resarcimiento de los salarios caídos, más el sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y el daño moral, todo ello más los intereses, desde que cada suma debió ser abonada y hasta su efectivo pago.-
En cuanto a los hechos, relata que con fecha 28 de Febrero del año 2013 y mediante Decreto N°381 resuelto por el Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Chivilcoy, fue designada como Personal Temporario Clase 6 - a partir del 1 de Febrero del año 2013 y hasta el 31 de Diciembre de 2013.-
La labor que desempeñaba era cómo personal de limpieza en el área de guardia del hospital municipal, sin perjuicio que de hecho, la misma se extendía a todas las áreas y/o servicios, tales como parto, clínica, rayos, terapia, cirugía, pediatría y limpieza de los consultorios, con un jornal de noche por medio de 12.00 hs., y desde las 19.00 horas a 07.00 horas.-
Dice que con fecha 18 de Junio del 2013 y mediante Decreto 1020, se le dio de baja en el puesto designado, acto administrativo que tan solo se limitó a decretar el cese, sin invocar razón y/o motivo alguno por el cual se determinó anticipadamente el mismo.-
Hace hincapié en que a los fines de determinar la legitimidad del acto dictado, es necesario el cumplimiento de ciertos recaudos dispuestos en el Estatuto de los Empleados Municipales, específicamente lo dispuesto por el art.101 y 102, extremos que entiende no se encuentran cumplimentados.-
Explica que en el caso de autos, el Municipio demandado no invoca o hace referencia al menos a "razones de servicio", como autoriza el art. 101.-
Por el contrario, la comuna al terminar con la relación laboral, no solo que no invocó las denominadas "razones de servicio", sino que mucho menos fundó la baja, por lo que el acto impugnado solo puede ser reputado de arbitrario e ilegitimo.-
Asimismo sostiene que no es admisible que la Comuna pretenda en esta sede, en el marco de la contestación de la demanda, sanear el vicio invocado.-
Aclara que, en los meses en que se desempeñó en su actividad laborativa, jamás fue pasible de sanción disciplinaria alguna.-
Cita jurisprudencia.-
En cuanto a los daños, peticiona los salarios caídos, correspondientes a los meses de Julio y Agosto, y eventualmente los salarios que esté privada de percibir, correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013, con más el Sueldo Anual complementario proporcional, vacaciones proporcionales, e intereses a la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento de documentos comerciales en los distintos periodos de aplicación, desde que cada suma debe ser abonada y hasta su efectivo pago.-
También peticiona el daño moral: Explica que como consecuencia de la ilegítima resolución de la baja de la designación por parte de la Comuna accionada, toda la tranquilidad que tenía se derrumbó estrepitosamente, en efecto trajo aparejada una enorme intranquilidad, así como una desazón y angustias espantosas, producidas por una insuperable sensación de inseguridad, causándole un verdadero y grave daño en sus legítimas afecciones. Cita jurisprudencia.-
Por este último rubro se reclama la suma de $10.000 o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a producirse.-
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. A fs. 64/67 se presenta a contestar demanda el Dr. Juan Andrés Salinardi, en carácter de apoderado de la Municipalidad de Chivilcoy.-
En primer lugar, realiza una negativa general de los hechos expuestos en el escrito de demanda, que no fueran de expreso reconocimiento de su parte.-
En cuanto a los hechos, relata que la actora fue designada mediante decreto 381, de fecha 28 de febrero de 2013, en el cual el Intendente en uso de sus atribuciones, designó a la misma como Personal Temporario, Clase 6, Secretaría de Salud, Programa Hospital, a partir del 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de Diciembre de 2013.-
Que la actora, se encargada de la limpieza con un jornal de noche por medio y, si bien en un principio realizaba su labor en forma efectiva, en el mes de mayo la jefa del departamento de enfermería la Lic. Jaquelina Cofre, observó que en varias oportunidades la Sra. Springhart no realizaba la tarea de limpieza por la cual fue contratada.-
De esta manera, afirma, luego de llamarle la atención a la actora en varias oportunidades para que cumpla su función, la Lic. Cofre le comunica por nota a la jefa de personal del Hospital, lo que estaba sucediendo con el agente Municipal.-
Que sin perjuicio de ello, la Sra. Springhart siguió en su actitud de no realizar su tarea, por lo que la jefa de personal del Hospital opto por comunicar dicha circunstancia al Secretario de salud -Dr. Martino-, quien a su vez informó de lo sucedido al jefe de personal de la Municipalidad, para que arbitre los medios a fin de regularizar la situación de la actora, quien no cumplía con su tarea habitual.-
Continúa relatando, que enterado el jefe de personal - Sr. Lavallen- de todo lo acontecido, previa nota al Intendente, sugirió la baja de la agente Angélica Springhart.-
Así fue que mediante el dictado del decretó 1020 de fecha 18 de junio de 2013, emitido por el Sr. Intendente, se dispuso la baja de la agente de Planta Temporaria Angélica Springart, de acuerdo al informe del Director de Personal.-
Por ello considera, que el mencionado decreto no resulta un capricho, sino que resulta motivado en los hechos relatados.-
A fin de acreditar lo narrado, dice acompañar en original, la nota por la cual la Lic. Cofre, pone en conocimiento a la jefa de personal del hospital (Villamor), que la actora no cumplía con sus funciones y fue ello lo que motivo el decreto de baja de la agente municipal.-
Afirma que la ley 11.757, en su artículo 101, establece claramente el supuesto por él relatado.-
Por otro lado y de acuerdo a lo solicitado por la actora en la demanda, considera que a la Sra. Springhart, no le corresponden el pago de los salarios caídos de los meses correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2013, ni el sueldo anual complementario proporcional, ni vacaciones proporcionales, ya que la misma fue dada de baja mediante el dictado de un decreto debidamente fundado.-
Concluye en que el acto administrativo por el cual se decretó la baja de la actora, se encuentra fundado y debidamente motivado, por lo que la demanda debe ser rechazada con expresa imposición de costas.-
Por último impugna los rubros reclamados, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
III. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 80/81 conforme los extremos que informa la certificación de fecha 07/05/2018, y presentados los alegatos -por la parte actora a fs. 263/276 y presentación electrónica de fecha 06/07/2018 y por la accionada en fecha 06/07/2018- se llama en fecha 16/08/2018, autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que la actora reclama por un lado, la nulidad del Decreto N°1020/2013 que estableció su cese anticipado, pretendiendo también el resarcimiento de los salarios caídos, más el sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y el daño moral.-
Afirma que el acto cuestionado, fue dictado sin invocar razón y/o motivo alguno, por el cual se determinó anticipadamente, darle de baja el puesto para el cual fuera designada.-
Por su lado la comuna accionada, sostiene que la pretensión debe ser rechazada, toda vez que existieron motivos suficientes para decretar el cese.-
2. Ante todo es menester definir cuál es el régimen jurídico aplicable que rige el vínculo entre las partes.-
En el caso sometido a decisión, rige la Ley 11.757 -vigente al momento del hecho (art.7 del CCyCN -cfme ley 26.994)- que regula el vínculo de empleo público del personal de las municipalidades.-
En él, se establece que el personal municipal comprendido en el mismo se clasifica en: a) Planta permanente, integrada por personal que goza de estabilidad y b) Planta temporaria que comprende el personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios.-
Conforme constancias agregadas a la causa, por Decreto N°381 de fecha 28 de febrero de 2013 se designa, a partir del 1 de febrero del año 2013 y estableciendo como fecha de cese el 31 de Diciembre de 2013 a Angélica Springhart como personal Temporario Clase 6, Secretaria de Salud, Programa Hospital (ver Decreto de Designación agregado a fs. 92). Extremo no controvertido por las partes.-
Que el puesto para el cual fue designada, se trataba de tareas de limpieza en el ámbito del Hospital municipal, con un jornal de noche por medio.-
3. Ahora bien, por decreto N° 1020 dictado el 18 de Junio de 2013 por el Intendente Municipal, se dispuso la baja del agente Springhart a partir del 15 de Junio de 2013, esgrimiendo como único fundamento el informe del Director del Hospital (conforme documentación agregada a fs. 103).-
Bajo ese piso de marcha, me permito adelantar que le asiste razón a la actora, pues en contraposición a lo manifestado por el apoderado municipal, advierto que el acto administrativo dictado y que declaró el cese de la agente, carece de toda motivación que justifique la decisión.-
Abona lo expuesto, el propio acto administrativo, que omite exponer la causa para el dictado del mismo, razones que tampoco aparecen explicadas o justificadas en el informe emitido por el Director de personal, informe en el que se intenta apoyar el acto cuestionado.-
Asimismo se advierte, que previo al dictado de la decisión, no obra actuación administrativa o constancia alguna -que le sirva de antecedente- que justifique el motivo del cese con anterioridad a la fecha prevista en el acto de designación.-
De igual modo, el relato traído por el apoderado municipal en su contestación de demanda a los fines de justificar la decisión administrativa, basados específicamente en el incumplimiento de las tareas por parte del agente, tampoco logran apuntalarse en la prueba producida.-
Cabe recordar al respecto que, si bien la extensión de la motivación es una circunstancia condicionada por las características propias de cada caso, ella siempre debe concurrir al momento de ser emitido el acto, sin que sea dable aceptar su integración posterior (El Acto Administrativo, Julio Rodolfo Comadira, Ed. La Ley, pág. 43).-
En cuanto a la nota agrega a fs. 58 por el apoderado municipal, suscripta por la Lic. Jaquelina Cofre -como Jefa del departamento de Enfermería- no formo parte de las actuaciones administrativas oportunamente allegadas por la propia comuna, ni del legajo del actor, extremo que demuestra que no resulta un antecedente del acto, revelándose tal elemento como extemporáneo para sustentar el dictado de aquel.-
Por otro lado, encuentro que el acto quedó huérfano de motivación, aun haciendo referencia al informe del Director de Personal, pues visto el mismo -agregado a fs. 50- el Director se intenta apoyar en una nota del Secretario de Seguridad, sin explicar en ese informe los motivos y circunstancias por los cuales solicita se dé la baja de Springhart.-
Sin soslayar que esa nota -del Secretario de Seguridad- no fue allegada a la causa, ni agregada en el expediente administrativo, ni en el legajo de la actora.-
Y si bien la jurisprudencia ha admitido la integración de la motivación con remisión a los dictámenes o antecedentes de que el acto hace mérito, tal circunstancia no se encuentra abastecida en autos.-
Igual apreciación merece la prueba testimonial ofrecida por la accionada, pues en definitiva, la motivación de la decisión administrativa, debe surgir del propio acto dictado, resultando improcedente en esta instancia, intentar subsanar aquella irregularidad.-
En efecto ni de las actuaciones administrativas allegadas, ni del legajo de la actora, se desprende que efectivamente el agente estuviese incumpliendo sus tareas, pues de lo contrario, lo razonable, es que la administración active los mecanismos que tiene a su alcance para aplicar algún tipo de sanción, ya sea un llamado de atención, apercibimiento, suspensión sin goce de haberes y finalmente cesación de servicios (art.100 Ley 11.757).-
Cabe poner de resalto, que la administración municipal cuenta con los mecanismos adecuados para determinar la baja de un agente.-
Así el art. 101 de la ley 11.757 dispone: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 64° de este Estatuto.-
Y por su lado el art. 102 de ese mismo cuerpo legal expresa: Cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción.-
Y visto lo actuado, encuentro que la administración ha hecho caso omiso a lo dispuesto en la normativa, pues ni ha alegado razones de servicios, ni ha justificado un comportamiento del agente pasible de sanción.-
Tiene dicho la Suprema Corte, que el deber de motivación constituye una elemental condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, y de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (SCBA B 63799 15/08/2018 "García, Marta Ofelia c/ Municipalidad de General San Martín. Demanda contencioso administrativa").-
Asimismo ha expuesto, que la obligación de motivar el acto jurídico público, y en particular todo acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, constituye una derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1°, Const. Nac. y Const. Pcial) y al mismo tiempo, un imperativo inherente a la racionalidad y transparencia de toda actuación jurídica (SCBA LP 15/08/2018 "Isola, María Teresa contra Provincia de Buenos Aires (DIR. GRAL. CULT. Y EDUC.). Coadyuvante: Tonetti, Esther Griselda. Demanda contencioso administrativa").-
En definitiva, resulta que la cuestionada decisión carece de motivación, al no expresar en forma concluyente, cuáles han sido los antecedentes de hecho y de derecho que condujeron a disponer el cese anticipado del agente.-
En tal sentido también ha expresado nuestro más Alto Tribunal provincial "La mera atribución de una facultad legal -en el caso, dar de baja a un agente de planta temporaria-, por discrecional que fuere, no dispensa al órgano de fundar adecuadamente el acto expresando las circunstancias por las que la situación real se ajusta a la legalmente prevista" (SCBA 25-09-2013 "Amadeo, Patricia Fátima contra Municipio Urbano de la Costa. Demanda contencioso administrativa").-
Por lo expuesto, concluyo en el presente, que el acto N° 1020/2013 dictado por el Intendente Municipal no se ajusta a derecho.-
4. Corresponde en esta parcela, analizar la procedencia de los daños reclamados por la actora.-
Como parte integrante de su pretensión, solicitó los salarios caídos, el sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y el daño moral, todo ello más los intereses desde que cada suma debió ser abonada y hasta su efectivo pago.-
En atención al decreto reputado ilegitimo, considero que aquella relación laboral resultó frustrada, extremo que da lugar al presupuesto normal de antijuricidad, generando responsabilidad en cabeza de la demandada, debiendo por ello, responder por los perjuicios que ha ocasionado.-
4.1. Salarios caídos: Al respecto, la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez. Tal como también es doctrina de la Alzada y de los Superiores Tribunales Provincial y Nacional (causas B 58147, "Terminales Río de La Plata", Ac. 33.275, "Oasis S.R.L." de la SCBA; y causas 319:1476 y 319:1532 de la CSJN).
Ahora bien, corresponde determinar el quantum de dicha reparación.-
Es así, que la pretensión de pago de salarios caídos se corresponde con la indemnización de los perjuicios materiales causados por el acto declarado ilegítimo, conforme tiene dicho el Superior Tribunal Provincial (SCBA, causa B 56748 "García"; CCASM, "Zamudio"); que no es otra cosa que cumplir con la manda del art. 73 inc. 1 "c" , y del art. 50 en su inc. 6º ambos del C.P.C.A.-
El más Alto Tribunal Provincial, sobre el tema ha dejado sentado dos conceptos importantes; por un lado que la ilegitimidad del acto administrativo hace presumir la existencia del daño, implícito por la falta de percepción de los salarios no percibidos; pero por el otro lado que la presunción del daño no se traslada automáticamente al quantum del mismo. (SCBA causa B.49.176 "Sarzi"; causa B.51.616 "Pippo"; causa B.54852 "Pérez"; causa B 59.013, "Meza"; entre otras).-
Y que en este aspecto el Juez debe meritar prudencialmente los elementos probatorios colectados en la litis, como así también la actividad desplegada por los contendientes en el punto de controversia.-
En consecuencia, considero que debe presumirse el daño como así también su magnitud, el cual debe fijarse en la totalidad de las retribuciones que la actora Angélica Silvina Springhart dejó de percibir en el periodo en el cual ilegítimamente se la privó de prestar servicios (15/06/2013 al 31-12-2013) en razón de que en principio, ese es el menoscabo efectivamente sufrido teniendo en cuenta el alcance de su petición y el breve lapso que restaba para la conclusión de la relación contractual en el que la actora pudo legítimamente proyectar sus expectativas económicas (SCBA 25-09-2013 "Amadeo, Patricia Fátima contra Municipio Urbano de la Costa. Demanda contencioso administrativa", causa B. 61.897, "Valente", sent. del 6-II-2008).-
4.2. Daño moral: Peticiona la actora el daño moral sufrido, con motivo de la baja prematura para la función a la que había sido designada.-
La reparación por daño moral, tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona; y se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables.-
Como lo ha dicho la Suprema Corte Provincial, la indemnización por daño moral comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, en el supuesto de lesiones, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor preciso en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (SCBA, Ac 54767 S 11-7-1995, "Alonso de Sella, Patricia Graciana y otro c/ Dellepiane Ángel Hernán s/ Daños y perjuicios" AyS 1995 III, 15).-
En el supuesto de cese ilegítimo de una relación de empleo público, tal como sucede en el caso, la Suprema Corte ha interpreta
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