Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28329
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2Declarar admisible la pretensión en los terminos dispuestos por la resolucion de Alzada de fs.109/112 y consecuentemente correr traslado de la demanda interpuesta a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires, a quien se cita para que dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días la conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de lo previsto en el art. 37 inc.2º C.P.C.A. (arts. 33 inc. 2º, 38 inc.1º y 77 inc.1º del C.P.C.A.; 59 del C.P.C.C.).
Estos autos caratulados: "YACONIS GABRIELA ANDREA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 28329, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que,
I. Que a fs. 53/54 se resuelve el pedido de medida cautelar solicitado por la actora en su escrito de demanda.
Que en dicho resolutorio se resolvió, que siendo que los términos esgrimidos por la actora para fundar su pretensión resultaban ser idénticos a los expuestos en el expediente caratulado "YACONIS GABRIELA ANDREA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO (27056)" expediente éste en el cual se rechazó la medida cautelar, y siendo que no se habían aportado nuevos elementos de prueba, correspondía resolver en idéntico sentido.
A fs. 67/68 consta la resolución de Alzada por la cual se declara inadmisible el recurso de apelación contra la decisión de rechazo de la medida cautelar.
Nuevamente vuelve la actora a solicitar la misma medida cautelar a fs.78 vta./81, argumentando un nuevo acto ilegal -según su postura- mediante el cual el Cuerpo de Consejeros Escolares le impiden tomar parte en las listas por el término de 2 años a partir del año 2018, ello hasta que se expida la Dirección de Recursos Humanos en el expediente n ° 205976-6-2017.
Que a fs. 83/89 la accionante agrega copias del expediente 05825-2059796/2017, conjuntamente con la disposición 11/18 que fuera suscripta por el Sr. Diego Igoa (Director de Administración de recursos humanos), mediante la cual se rechazaba el recurso de revocatoria con jerárquico interpuesto por la actora.
Resuelto por la Alzada la inconveniencia de continuar -atento al estado de autos- con el pedido de agotamiento de la vía administrativa, por considerar procedente realizar la admisibilidad tomando como acto final el suscripto por el Director de Recursos Humanos, corresponde resolver en consecuencia el planteo de cautelar oportunamente deducido y continuar con el impulso de las actuaciones conforme a su estado.-
Finalmente, con fecha 04/12/2018 la accionante solicita se resuelva la medida cautelar teniendo en consideración el dictamen de la Asesoría General de Gobierno, que surge del expediente administrativo como previo al acto resolutorio.
II. Que la causa se encuentra en estado de resolver la medida cautelar peticionada, y
1.-El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap.IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho; c) no afectación del interés público.
2.-Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre si: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- que la accionante haya aportado a la causa prueba que modifique los parámetros esgrimidos oportunamente para resolver el rechazo de la pretendida cautelar, y que por ende configure los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Es decir que del examen de las constancias colectadas en la causa no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en este examen preliminar y periférico- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal, pues los vicios que se le imputan no revisten ese carácter, al menos en este estadio procesal.-
Al parecer existirían en el tema de litis, distintas normativas legales que según el ángulo de visión, se aplicarían a la situación de hecho. Por lo cual, la aplicación al caso de la ley 10.430, el alcance del propio art. 121 de la misma ley, o de las normas del dec. ley 7647/70 o las específicas de la Dirección General de Escuelas, en lo que al personal reemplazante se refiere, es precisamente uno de los temas centrales de esta contienda, que no puede, bajo pena de adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, merecer una tutela cautelar que prácticamente decidirá -en caso de resultar positiva- el fondo del asunto. Máxime cuando precisamente, y como ya antes adelantara en decisiones anteriores, merece mayor debate y prueba que la acotada en este estadio procesal.
En efecto, de la resolución cuestionada, se desprende prima facie -y sin que implique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo-, que la misma ha sido dictada con sustento legal por lo cual, en principio, no aparece carente de suficiente sustento normativo. Ello se verifica de acuerdo a constancias del expediente administrativo nº 05828-2059796/2017 -por caso vale como ejemplo lo expuesto a fs. 18 del mismo- que la actora ha ofrecido como prueba, conjuntamente con el dictado de la disposición 11/18 a través del cual se rechaza el recurso de revocatoria con jerárquico interpuesto.
4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, como es la verosimilitud del derecho (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los art. 5, 7, 121, 122 C. N., arts.15, 166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art. 110 ord. gral. 267/80; Art. 77 inc. b) Decreto- Ley 6769/58 ; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2. Declarar admisible la pretensión en los terminos dispuestos por la resolucion de Alzada de fs.109/112 y consecuentemente correr traslado de la demanda interpuesta a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires, a quien se cita para que dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días la conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de lo previsto en el art. 37 inc.2º C.P.C.A. (arts. 33 inc. 2º, 38 inc.1º y 77 inc.1º del C.P.C.A.; 59 del C.P.C.C.). NOTIFÍQUESE por cédula con entrega de las copias respectivas (art. 120 del C.P.C.C.), en la persona del Sr. Fiscal de Estado en su despacho oficial (art.155 Const. Prov. Bs. As; art. 9 incs.1º y 4º, y art. 33 inc.1º C.P.C.A.; arts.1º, 27 y 28 Dec.ley 7543/69), con arreglo a las disposiciones del CPCC.-
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el Nº ............../19.-
Fin de la sentencia