Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 28371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art. 110 ord. gral. 267/80; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
Estos autos caratulados "TORRES JUAN JOSE C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 28371, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de las que;
I. Que a fs. 37/47 se presenta el Sr. Juan Jose Torres junto a su letrado patrocinante Dra. Ana Laura Lores, solicitando la anulación de actos administrativos y como accesorio de ello el previo dictado de una medida cautelar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Relata el actor los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
En tal sentido, manifiesta que ingreso a laborar en la Municipalidad de Lujan en octubre del año 1982, como empleado jornalizado, realizando tareas generales como cortar pasto, zanjeos, recolectar residuos. En el año 1984, paso a planta permanente realizando el mismo trabajo.-
Refiere que luego prestó servicios en el area de bromatologia de la municipalidad, con posterioridad paso a desarrollo social, lugar en el que estuvo por 12 años y los últimos 10 años presto servicios como inspector fiscalizador.-
Indica que siempre ha mantenido una conducta ejemplar, y que en su trabajo se desenvolvió normalmente, hasta que con fecha 24 de septiembre de 2016, en ocasión de la peregrinación gaucha, lo acusaron de alquilar una calle publica a las personas que venían durante el fin de semana, para que estas se asienten en la misma, cobrando un monto de dinero por ello.-
Agrega que dicha calle resulta ser la continuación de la calle Padre Salvaire de Lujan, siendo que la misma es una cortada y que se encuentra en inmediaciones del recreo "El Molino", propiedad de su pareja, y que ese día por no encontrarse él prestando servicios para el municipio, decidió ayudar a su pareja en la atención del recreo.-
Dice que a raíz de lo acontecido, el municipio le hizo una denuncia penal, que a la fecha se encuentra desestimada, como así también le inicio, con fecha 1 de noviembre de 2016 un sumario administrativo, siendo suspendido, conforme Decreto N° 1926, sin goce de haberes, a partir del 21 de noviembre de 2016, habiendo prestado servicios para el municipio hasta el día 12 de julio de 2017, día en que fue notificado de la cesantía.-
Manifiesta que es evidente la arbitrariedad de la administración, violando sus derechos y garantías, dado que el municipio jamás probo el hecho que se le imputa.-
Resalta que la Junta Disciplinaria considero que las pruebas de cargo no eran suficientes para probar su responsablidad, y aún así, resolvieron desafectarlo basándose en testimonios que no encuentran respaldo en prueba alguna.-
II. Que con fecha 19 de octubre de 2017 se cita al municipio accionado para que, dentro del plazo de 5 días, acompañe informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida solicitada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).
III. Que a fs. 56/59 se presenta la Dra. Florencia Sandra Noemi Larralde como apoderada de la Municipalidad de Lujan, acompañando los expedientes administrativos solicitados.-
IV. Que con fecha 26/12/2017 pasan los autos para resolver la medida cautelar peticionada, y
1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap.IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho -peliculum in mora-; c) no afectación del interés publico.
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre si: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.
Examinadas las constancias colectadas en la causa no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en este examen preliminar y periférico- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal.-
4. En efecto, de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha sido dictada con fundamento legal en la ley 14.656, por lo cual, en principio, no aparece carente de sustento normativo.
Asimismo, se verifica de acuerdo a las constancias del sumario administrativo nº 4069-6740/2016, que la actora ha tenido en el curso de aquella oportunidad de ofrecer prueba, de alegar sobre el merito de la misma, con lo que se encuentra, prima facie, abastecido el ejercicio de defensa y debido proceso en sede administrativa.
Por otra parte, la sustancia de los cuestionamientos efectuados por el agente al acto administrativo impugnado, remiten indefectiblemente a conocer cuestiones de hecho, que demandan un mayor debate y prueba, circunstancia que excede el marco provisorio y preliminar de esta instancia cautelar.-
En atención a lo expuesto, las alegaciones vertidas por el accionante no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad, como para enervar la presunción de legitimidad del acto administrativo cuestionado.
5. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art. 110 ord. gral. 267/80; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. En atención a las especiales características del régimen procesal en materia de medidas cautelares, carentes de autonomía (art. 198 del C.P.C.C.) y de naturaleza contingente (arts. 202, 207 del texto legal citado), es que no corresponde la condena en costas, cuestión que será objeto de consideración al tiempo de dictarse sentencia, oportunidad en que deberá valorarse la actitud asumida por las partes (Cámara Contencioso Administrativo de San Martín, en las causas causa Nº 842/06 "Pillsbury Argentina S.A" nº 1579 "R.G.,M.N. c/ Municipalidad de Morón s/ Amparo"; nº 2075/10 "S.,L.B c/ Ministerio de Salud de la Prov. de Buenos Aires", del 20/05/10 entre otras; y cfr. CSJN, in re: "C.I.F.E.N. v. S.A. La Avícola Gualeguaychu).
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia interlocutoria registrada bajo el N°.........../18.-
Fin de la sentencia