Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 14778 2019
Expte. Nº 14778.- Autos: LANA MARIA LYDIA C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.- Mercedes, de Octubre de 2019.-AC
Estos autos caratulados "LANA MARIA LYDIA C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO s/ PRETENSIÓN ANULATORIA", Expte Nº 14.778, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 59/70 se presenta la Sra. María Lydia LANA, junto al patrocinio letrado del Dr. Carlos M. Pinto, interponiendo demanda contra la Municipalidad de Moreno, peticionando la anulación de los decretos n° 2948/11, 3086/2011, 3225/11, 3405/11, dictados por el ex Intendente Municipal Andrés Roberto Arregui y su sucesor Mariano F. West, y contra la Resolución n° 1659/11 del Secretario de Gobierno Marcelo Mauro Gradín.- En cuanto a los hechos, relata que ingresó a la comuna el 04/11/77 en calidad de empleada administrativa, revistando en planta permanente, siendo su último cargo el de Directora General de Tramitación y Gestión, estando subordinados a dicha Dirección, cinco Departamentos y dos Divisiones. - Alega que, durante su gestión, el Subsecretario de Calidad Administrativa y Secretario de Gobierno Marcelo Mauro Gradin, la victimizó, mediando reiterado acoso moral, maltrato laboral y que ante los episodios vividos ingresó en un estado de agotamiento, falla de las defensas orgánicas y enfermedades psicosomáticas que derivaron en una licencia médica, al serle diagnosticado stress laboral. - Continuando con su relato, señala que el 08 de noviembre de 2011 se dicta el decreto n° 2948/2011, el cual dispuso en su artículo 1° el cese a los fines jubilatorios a partir del 01/11/2011, conforme el cargo que revistaba como Directora General de Tramitación y Gestión, y que dicho acto fue fundado en el art.11 inciso f) de la ley 11.757, siendo tal norma ajena al cese a los fines jubilatorios. - Refiere que a la fecha del decreto de mención se encontraba en uso de licencia por "hipertensión arterial, trastorno de ansiedad generalizado y stress laboral" y que ello alteró los derechos estatuidos para el personal de planta permanente de la administración pública, quienes gozan de estabilidad propia en el empleo.
Por otra parte, alega que el decreto cuestionado quedó al propio tiempo huérfano de legalidad, en cuanto se fundó en una causal ajena el cese a los fines jubilatorios, y que si bien, mediante Decreto n° 3086/11 se enmendó el error, aduce que tal acto, no le fue notificado. Continúa diciendo, que el decreto impugnado también resulta nulo toda vez que la priva del derecho a la jubilación integra con el máximo porcentaje legal previsto por la norma (art.43, párrafo 1° y 2° del dec. Ley 9650/80).- Finalmente aduce que el decreto 2948/2011 desnaturaliza y contradice el decreto n° 1940 del 04/11/1997, toda vez que, la finalidad de esta última norma es prevenir trastornos en la personalidad, conductas de aislamiento y marginación social para los agentes en situación de prejubilación. - A continuación, reproduce el texto de la CD remitida a la demandada y de la respuesta brindada por la comuna. - En capítulo aparte, se dedica a la crítica que le merece la resolución n° 1659 de fecha 23 de noviembre de 2011, dictada por el entonces Secretario de Gobierno, mediante la cual se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto.
En especial, manifiesta que dicha resolución resultó absurda al calificar como recurso de revocatoria, la mera "disconformidad" plasmada al momento de ser notificada del decreto que dispone su cese, pues alega, que disponía legalmente de diez días para interponer y fundar por escrito el recurso de revocatoria, derecho al que hizo uso con fecha 24/11/11 y luego ampliado el 25/11/2011.- Continua con el análisis que le merece el decreto n° 3225 dictado con fecha 30 de noviembre de 2011, y expresa que el mismo adolece de "evidente nulidad procesal" toda vez que, resuelve rechazar un recurso jerárquico, cuando en realidad había interpuesto un recurso de revocatoria y luego, por cuanto dicho acto, se limita a ratificar una resolución del Secretario de Gobierno tachada de nula.
Finalmente indica que el 19 de diciembre de 2011 se dicta el Decreto n° 3405, el cual desestima el pedido de nulidad articulado contra la resolución 1659/11, dando como fundamento lo resuelto en el Decreto 3225/2011.- En síntesis, alega que se ha incurrido en ilegalidad por cuanto: 1) El decreto 2948/2011 se fundó en una causal - art.11 inc. f) de la ley 11757- absolutamente ajena al cese a los fines jubilatorios y luego el decreto que la vino a rectificar, no le fue notificado; 2) que se la ha privado del uso de la licencia por enfermedad; 3) que se la ha despojado de su derecho a la jubilación ordinaria integra, que hubiera resultado de haber completado su periodo de licencia, sin tener que concurrir a la causal de jubilación por invalidez; 4) que se ha incurrido en trato discriminatorio en su contra, lo que surge del criterio selectivo aplicado por el delegado de Gobierno, y finalmente que se ha vulnerado el decreto n° 1940/97.- A continuación, y en capítulo aparte, solicita como medida cautelar innovativa, la suspensión de la ejecución de los actos administrativos cuestionados y se la retrotraiga a su situación de revista anterior a su cese con fines jubilatorios, con las reparaciones que resulten de rigor por las diferencias en sus haberes. - Funda en derecho y peticiona. - II.- A fs.134/136 se resuelve no hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la actora. - III.- A fs.141/144, se presenta nuevamente la actora solicitando se revea el rechazo de la medida cautelar, ello en atención a la citación proveniente del IPS, quien le ha intimado a presentarse a suscribir los formularios necesarios para tramitar su jubilación, y que, de no presentarse, se informará tal circunstancia a la comuna a fin de que - en su caso- suspenda el pago del anticipo jubilatorio. - Agrega que el cese dispuesto cercena su derecho a la obtención del beneficio jubilatorio máximo previsto en el art.43 del Dec.
Ley 9650/80 en razón de que solo le faltaba un año para cumplir con los requisitos indicados en esa norma. - IV.- A fs.145/146 se resuelve no hacer lugar a la medida cautelar pedida. V.- A fs.164/167 - conforme el recurso de apelación interpuesto por la actora- la Excma Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martin, resuelve revocar la resolución apelada, ordenando a la demandada a reintegrar a la Sra. Lana, a la prestación de tareas que realizaba, ello hasta tanto se mantengan las circunstancias de hecho y de derecho tenidas en cuenta en dicho resolutorio. - VI.- A fs.226 conforme la documentación acompañada, la comuna informa la reincorporación de la actora en el cargo de planta permanente A10, la que se efectivizó con fecha 04/11/2013.- VII.- A fs.255/269 se presenta la Dra.
Cindy Alomai Baca Becerra, en su carácter de letrada apoderada de la comuna accionada y contesta demanda. Inicia su responde haciendo referencia a cada uno de los decretos cuestionados por la actora y al contexto en que cada uno de ellos fue dictado. - Continua su relato diciendo que el decreto de cese de la actora nace a partir de un procedimiento general y objetivo iniciado a partir de la inquietud de la Coordinadora General del Programa de Administración de Recursos Humanos, quien puso en conocimiento del Sr. Secretario de Gobierno la situación en la que se encontraban varios agentes con derecho a obtener su jubilación ordinaria o por edad avanzada, como así también de los numerosos pedidos de retiro voluntarios.
Agrega que con motivo de ello el Ejecutivo Municipal dictó un acto administrativo general, que resulta ser el Decreto 2897/2011, mediante el cual se abordó la situación planteada y se delegó en la Secretaría de Gobierno la evaluación y posterior respuesta de todos los pedidos de retiro voluntario y por intermedio de la Coordinación General del Programa de Administración de Recursos Humanos, la confección de un listado de agentes que reunieran los requisitos para acceder a alguno de los beneficios previsionales que establecida la legislación vigente. De esta manera comenta que, como resultado de dicho proceso general, se dictan luego los actos administrativos individuales de cese a los fines jubilatorios, entre ellos el Decreto n° 2948/2011 cuestionada por la actora.
Alega que de la misma forma que a la actora, se cesanteó a los fines jubilatorios a 67 agentes más que reunían los requisitos y en tal sentido dice, que tan igual fue el tratamiento que se le brindó a la actora respecto del resto de los agentes que estaban en las mismas condiciones, que el error de tipeo se repitió en cada decreto de cese. - En relación a la actora precisa que su cese se fundó en que ingresó al municipio con fecha 01/11/1977 y que en ese momento se le reconoció una antigüedad de 6 años y 30 días correspondiente a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Por todo ello expresa que, al momento del relevamiento, contaba con un total de 40 años de aportes, 1 mes y 14 días - 34 años laborados en el Municipio más 6 años y 30 días cuya antigüedad fue reconocida - tal como surge del Expte RRHH 1-3160-2011- y se encontraba revistando la categoría de Director General "A" cargo al que había accedido por Decreto n° 590/2007.- Luego continúa relatando todo el derrotero administrativo que trajo aparejado el decreto de cese de la actora. - En capítulo aparte solicita que conforme la situación actual de la actora se declare abstracta la cuestión.
Al respecto expresa que conforme lo resuelto por el Tribunal de Alzada, la actora fue reincorporada el 01/11/2013 mediante Decreto n° 2565/2013. En cuanto a lo resuelto por la Cámara dice que la medida de reincorporación dispuesta, fue por entender la Alzada que la actora contaba con 34 años y 14 días de aportes, sin reparar que al momento del dictado del cese en rigor la actora contaba con cuarenta (40) años, 1 mes y 14 días de aportes, puesto que a los años puros realizados en la Municipalidad de Moreno (34 años y 14 días) debieron adicionársele los 6 años y 30 días reconocidos de aportes a la actora por haber trabajado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y conforme el art.66 de la ley 9650/80 y del Dto ley 9316/46 los mismos deben ser computados en base al sistema de reciprocidad previsto en dicha normativa.- Ante ello dice que la "aludida falta de un año de aportes para lograr el beneficio previsional integro" por no contar con 35 años de aportes era inexistente, ya que, al momento de su reclamo, la actora tenía más de 40 años de aportes al sistema previsional. - Luego en fecha 21/10/2014, refiere que la actora, ya con 65 años de edad, solicita se arbitren los medios para la confección de la certificación de servicios y aportes y la emisión del acto administrativo que disponga el cese a los fines jubilatorios, todo ello conforme a lo previsto en los arts. 24, 43 y cctes del Decreto- ley 9650/80, y que se le abone el anticipo jubilatorio.
Ante tal petición sostiene que el objeto de la pretensión de la accionante, con la medida cautelar ha cumplido su cometido, y que ante ello el objeto del proceso se encuentra agotado. - En capítulo aparte, para el supuesto de que se considere que la pretensión de la accionante no se encuentra satisfecha, procede a contestar la demanda. - En tal camino, rechaza cada uno de los fundamentos expuestos por la actora a los fines de que se declare nulo el acto de cese. - En cuanto al argumento relacionado con el uso de licencia por enfermedad al momento del cese dice, que la jubilación de los agentes es un beneficio que encuentra su anclaje normativo en lo dispuesto en lo arts. 14 inc. j) 24, 49 y cctes de la ley 9560/80 y como todo derecho el mismo se ejerce conforme lo reglamenta su ejercicio.
En tal sentido expresa que tal como se ha merituado en el Decreto n° 2897/11 el cese con fines jubilatorios no afecta la garantía constitucional de estabilidad, la que en su caso cede, ante la situación fáctica en que el agente ha adquirido la antigüedad legal en el servicio, a los fines de obtener su jubilación y que finalizado ese periodo dicha estabilidad deviene abstracta.- Refiere que el decreto 2897/2011 analiza la objeción interpuesta por la accionante y se expide respecto a la facultad del Departamento Ejecutivo para decretar el cese a los fines jubilatorios de un agente que se encuentra con licencia por enfermedad. Continua y en cuanto a la nulidad planteada por la actora, al carecer el Decreto de legalidad por estar fundado en una causal ajena al cese, reitera que por un error de tipeo, en el considerando se estableció que dicho acto se dictó en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 inc. f) cuando en realidad, debió decir inc. i), y que ello no modificó en absoluto la causa del decreto, siendo dicho error material subsanado por el Decreto 3086/11.- Continúa rebatiendo cada uno de los argumentos expuestos por la actora y dice que no existe norma que disponga el derecho a la estabilidad en el empleo público, hasta tanto se hayan alcanzado los parámetros para acceder al máximo porcentaje legal previsto para el haber jubilatorio.
Por el contrario, dice que la obtención del beneficio jubilatorio es la forma normal de terminación de un contrato de trabajo, no es solo un derecho del trabajador sino también una facultad del empleador dar el vínculo por terminado cuando al agente alcance los requisitos que establece la ley. En tal sentido alega que el decreto cuestionado se fundó en el Dec. Ley 9650/80 y en la ley 11.757.- Conforme a ello expresa que al momento del cese la actora cumplía con los requisitos de edad, pues tenía más de 60 años de edad y los servicios exigidos, toda vez que tenía más de 40 años de aportes. - Continua y dice que el decreto impugnado en nada contradice o desnaturaliza el Decreto 1940/1997, el que tiene como finalidad facilitar una adaptación activa a la situación de ruptura del vínculo laboral, respecto de los agentes próximos a acceder a la jubilación. - Por otra parte, rechaza el argumento de la actora relacionado con el mobbing y acoso moral achacado al Dr.
Marcelo M. Gradin y que ello haya motivado el cese dispuesto. Alega que jamás se ha victimizado a la actora ni a otros agentes, que ello surge patente, atento la evidente orfandad probatoria y argumental de la actora. Luego de un extenso relato acerca de la relación laboral de la actora con el Dr. Gradin, sostiene que no existió ningún acto de persecución, acoso o maltrato contra la actora, siendo el motivo de su cese a los fines jubilatorios, el cual se fundó en parámetros objetivos de edad y años aportados, datos que en definitiva no pueden ser manipulados por ningún funcionario. Por último, ofrece prueba y peticiona el rechazo de la demanda. - III.- Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 297/298, y presentados el alegato por la parte actora -en fecha 14/06/2019- y por la accionada -en fecha 19/06/2019- se llama con fecha 01/07/2019, autos para sentencia y;
1. Que la actora reclama la nulidad del Decreto nº 2948/11 dictado por el Intendente Municipal con fecha 8 de noviembre de 2011 que dispuso su cese a los fines jubilatorios y de aquellos decretos que le sucedieron, dictados posteriormente, con motivo de los recursos administrativos interpuestos por la accionante. Accesoriamente solicita que se le abonen las diferencias salariales desde la fecha de su cese, hasta que disponga su reincorporación a su situación de revista, con motivo de la medida cautelar que solicita. Como agravio central plantea que el acto que dispuso su cese fue dictado mientras se encontraba en uso de licencia por enfermedad, y que esa decisión de la administración la despojó de su derecho a obtener la jubilación ordinaria integra en los términos del art. 43 del Decreto/Ley 9650/80.
A su vez, alega que el acto violenta el Decreto 1940/97 y que se ha incurrido en trato discriminatorio en su contra. - 2.- Por su parte la demandada plantea que la pretensión de la actora se ha tornado abstracta. Luego y sin perjuicio de ello, se pronuncia acerca de la legalidad de los actos administrativos que la actora ataca, solicitando su rechazo. 3.- Fijadas las postulaciones de las partes, la cuestión se centra a resolver respecto de la legitimidad del acto administrativo que dispone el cese a los fines jubilatorios Decreto 2948/2011, a los fines de decidir acerca del derecho que la actora alega vulnerado mediante el acto cuestionado. - En tal camino, la primera cuestión a resolver es acerca del planteo efectuado por la demandada de que la pretensión de la actora se ha tornado abstracta, ello en razón de que el objeto de la misma, que en definitiva se centra en "obtener la jubilación integra en los términos del art.43 del Dec/ley 9650/80" quedó satisfecho en virtud de la reincorporación dispuesta por la Alzada y efectivizada por la administración mediante Decreto nº 2565/13 y a su vez, porque en el expediente administrativo nº RR.HH 1-3675/2014 iniciado a instancia de la propia actora, se dictó el Decreto nº 2782/14 que dispuso el cese a los fines jubilatorios.- Teniendo en cuenta dicho planteo cabe señalar que, al contrario de lo manifestado por la accionada, entiendo que si bien, la relación laboral de la actora con el municipio ha cesado en los términos del art. 11 de la ley 11757, y que efectivamente, tal como surgen de las constancias administrativas allegadas se ha dispuesto su el cese a los fines jubilatorios, a partir del 01 de noviembre de 2014 (Decreto n° 2782/14 art.1) lo que he de considerar para resolver, es que la actora ha solicitado en esta causa, no solo la nulidad del acto que dispuso su cese a los fines jubilatorios, sino que también pretende la reparación de toda perdida por quita o reducción en el pago de sus haberes.
De manera que, a los fines de analizar tal reclamo resulta necesario analizar la legalidad del acto administrativo atacado pues solo en la medida de que el mismo se torne ilegitimo, es que - en su caso- la actora tendrá derecho a la pretensión accesoria pretendida en esta causa. - Sobre la base de ello es que considero que la pretensión de la actora, no carece de objeto actual, en la medida en que, si bien ha desaparecido el presupuesto fáctico que dio lugar al agravio, al ser la pretensión indemnizatoria - solicitada en autos- accesoria al planteo de nulidad, de ello deriva el necesario análisis del acto aquí cuestionado. - 4.- Fijado ello, corresponde ingresar al tratamiento del Decreto Municipal nº 2948, dictado tal como surge de las actuaciones administrativas allegadas RR.HH 1.3160/2011, con fecha 08 de noviembre de 2011, cuyo texto reza: "VISTO la plena vigencia de la ley 9650/80 de la Provincia de Buenos Aires; y CONSIDERANDO que la agente LANA, María Lydia (Legajo nº 1352 - DNI nº 6250003) reúne los requisitos establecidos por dicha norma y sus modificatorias para obtener la jubilación ordinaria.DECRETA: Artículo 1º: Dispónese el cese a los fines jubilatorios, a partir del 01 de noviembre de 2011, de la agente LANA, María Lydia (Legajo nº 1352 DNI Nº 6.250.003) quien revista como Directora General de Tramitación y Gestión -JG3." (v. copias certificadas del Expte.
Adm. RRRHH 1- 3160-2011, fs.2). Que a su vez, de las actuaciones administrativas RR.HH 1-3152/2011 (allegadas en copias certificadas), dicho acto administrativo individual, tiene como antecedente un acto administrativo de carácter general, dictado por la administración accionada, Decreto nº 2897, con fecha 30 de octubre del 2011, mediante el cual se abordó la situación planteada por el Sector de Recursos Humanos de la comuna, acerca del estado en que se encontraban varios agentes con derecho a obtener su jubilación ordinaria o por edad avanzada, y los pedidos de retiros voluntarios.- En ese marco y como resultado de dicho proce
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.