Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 22953 2020
Expte. Nº: 22.953
Autos: "MONTOYA IRIS FERNANDA C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSIÓN ANULATORIA EMPL. PÚBLICO" (344). -
Mercedes, de febrero de 2020.-Ra
Estos autos caratulados "MONTOYA IRIS FERNANDA C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSIÓN ANULATORIA EMPL. PÚBLICO (344). -", expediente Nº 22.953, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 20/27 se presenta la Sra. Iris Fernanda Montoya, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Andres Salinardi, con el objeto de que se proceda a la anulación del Decreto N° 243/2016 cuya finalidad consistió en dejar sin efecto el Decreto N° 1177/15 ocasionando a la accionante graves perjuicios económicos fruto de su desjerarquización como así también emocionales.-
Relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
En tal sentido, manifiesta que desde hace más de 26 años trabaja en la Municipalidad de Mercedes, bajo el número de legajo 1783, pasando por varias dependencias.
Expone que en el año 2014 -al tiempo que revistaba en Planta Permanente con Cargo Clase 1, Categoría 10, en el área de Patrimonio, cuando el Intendente -en ese momento, -Carlos Selva-, la designó mediante Decreto N° 471/14 como Jefa de Departamento en el ámbito de la Secretaría Privada.-
Menciona que al año siguiente, el propio Intendente C. A. Selva la designó como Jefa de Departamento en el área de Patrimonio.
Alega que el Intendente Municipal actual -Dr. Juan Ignacio Ustarroz-, procedió al dictado del Decreto 243/2016 con fecha 11 de abril de 2016, notificado a la suscripta con fecha 22 de abril de 2016 por el cual, de forma arbitraria y contrariando la legislación y jurisprudencia vigente, deja sin efecto el Decreto 1177/15 en virtud del cual fue designada como Jefa de Departamento de Patrimonio. -
Postula que, independientemente que la instancia para ese entonces se encontraba agotada con arreglo a lo establecido por el art. 14 inc. 1 ap. "a" de la ley 12008, realizó un último intento en el ámbito administrativo a fin de dar una oportunidad a la demandada y evitar dispendio jurisdiccional, mediante pieza presentada con fecha 31 de mayo de 2016, solicitándole al Sr. Intendente "se revea y deje sin efecto la aplicación del Decreto 243/16".-
Arguye que, como respuesta de ello, le notifican el dictamen técnico del área de Asuntos Legales, por el cual consideran que corresponde desestimar el recurso interpuesto; entre los escuetos fundamentos sostienen que el nombramiento se realizó en violación a lo normado por el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (Ingreso por concurso), por lo que el acto de designación posee vicios de ilegalidad. - En lo que concierne a las circunstancias fácticas y jurídicas, como los puntos de impugnación y de ilegalidad que se atribuye al acto atacado, la actora destaca que no caben dudas acerca de la legalidad de los nombramientos puesto a que fueron llevados adelante por sendos decretos motivados y debidamente fundamentados por el Intendente Municipal conforme Ley 14.656 que, en su parte pertinente cita. "la carrera administrativa del trabajador se regirá sobre la base del régimen de evaluaciones de aptitudes, antecedentes, capacitación.". Cita doctrina y enuncia los requisitos para su procedencia.-
Sostiene que, la demandada, para justificar el decreto que se pretende impugnar, aduce como argumento que corresponde dejar sin efecto la designación efectuada, por no haberse dado cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa legal vigente, pero que, en ningún momento, señala con precisión en el caso a que se refiere recayendo su fundamento en ambiguo, abstracto y dogmático. -
Objeta que las designaciones y nombramientos efectuados por la demandada a la fecha han sido efectuados sin ningún tipo de concursos o antecedentes académicos por lo que incurre en contradicción al fundamentar su decisorio, incurriendo en la denominada teoría de los actos propios. -
Sentado lo expuesto, considera que la accionada obró con trato desigual y discriminatorio en los términos del Art. 11, Ley 14.656. -
2. Que a fs. 57/62, se presenta a contestar demanda el Dr. Luis Alberto Costilla con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Eduardo Flores por la Municipalidad de Mercedes solicitando el rechazo de la acción promovida con expresa imposición de costas.
Luego de esbozar una negativa pormenorizada de cada uno de los hechos alegados por la actora y de la documental acompañada por esta, exponen -a su criterio- la realidad de cómo sucedieron los mismos.-
Primeramente, manifiestan que el Sr. Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le son propias y especialmente con fundamento en la normativa aplicable, dictó el Decreto N° 243/2016 por el cual dejó sin efecto el Decreto N° 1177/15, toda vez que el nombramiento de la aquí actora en carácter de Jefa del Departamento de Patrimonio viola el Estatuto para el Personal de las Municipalidades. -
Consideran que la omisión en que incurriera el Decreto revocado, constituye un vicio insalvable puesto que la actora se desempeñaba como Jefa de Departamento en forma interina en el ámbito de la Secretaría Privada, para ser nombrada como Jefa de Departamento en el área de Patrimonio, modificación sustancial que impide omitir el llamado a concurso a los fines de su cobertura. -
También refieren que la actora falta a la verdad cuando afirma que "desde hace más de 26 años trabajó en la Municipalidad de Mercedes"
Aducen que acorde la nota de fecha 29 de mayo de 2008, la actora solicitó en el ámbito municipal el reconocimiento de la antigüedad dentro de la administración haciendo referencia a su "vasta carrera administrativa en el ámbito municipal" y que ello no guarda correlato con la realidad, atento a los períodos de licencia y limitación de cargo. -
Hacen mención a que el nombramiento de la actora mediante Decreto N°1177/15 atentó contra los procedimientos de ingreso, cuyo cargo requiere de llamado a concurso, y que produjo una afectación a los principios de idoneidad e igualdad de oportunidades, vulnerando el derecho a la carrera administrativa. - Arguyen que carecen de relevancia los antecedentes laborales de la accionante toda vez que no se vinculan con las funciones desempeñadas interinamente. -
Apontocan la falta de discriminación debido a que desde el Municipio demandado no se ha hecho más que dar cumplimiento con la normativa vigente del personal municipal, y que de ello surge la imposibilidad de pretender resarcimiento económico alguno. -
Hacen hincapié en que la Administración tiene el derecho como así también el deber de revocar los actos que resulten ilegítimos. Cita doctrina y enuncia los requisitos para su procedencia.-
Sostienen que deviene legítimo el acto que revocó una designación realizada de manera irregular al no respetar las pautas establecidas por el ordenamiento positivo. -
Concluyen su conteste aludiendo que la postura de la demandada en autos se encuentra suficientemente fundamentada, advirtiendo los vicios en los que incurriera y ajustando la situación a derecho, siendo aplicable para la cuestión el Art. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. -
Finalmente, ofrecen prueba y peticionan el rechazo de la demanda con costas. -
1. Expuestos de tal modo los antecedentes del caso, atento al principio de congruencia, dados los argumentos y prueba que justifican la postura de ambas partes, el conflicto de litis queda limitado a la verificación de las condiciones de admisibilidad del cargo de Jefa de Departamento de Patrimonio de la actora, y por ello en el ejercicio de la facultad revocatoria por parte del Sr. Intendente Municipal firmante del decreto n° 243/16..
2. En tal sentido, me permito citar algunos antecedentes que ilustran el panorama de la presente causa, y que confluyen in totum para darle solución al mismo.
Desde el período diciembre de 2001 a diciembre de 2005 se desempeñó como Concejal en el HCD de esta Ciudad de Mercedes (Acta n° 30 obrante a fs. 111/114).
Poosteriormente por Decreto n° 764/2005 se designa a la actora como Coordinadora Municipal (en fecha 12/12/05, fs.129).
Por decreto n° 367 del 19/05/2008 se deja sin efecto esa designación, y se la pasa a la Planta Permanente, en Categoría 8 (fs. 128).
Por Resolución del Sr. Intendente Municipal en fecha 1/12/2010, se la reasigna al cumplimiento de tareas en la Secretaría Privada.
Por Decreto n° 482 de fecha 17/07/2012 se la asciende a Categoría 10 (fs. 100).
Por los Decretos n° 537/13 (fs. 94) y 1037/13 (fs. 92), n° 37/14 (fs.91), y n° 405/14 (fs. 89) fue reconocida interinamente para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de la Oficina de Privada (durante los días 15 al 21 de julio de 2013; 9 al 21 de diciembre de 2013; 20 de enero al 10 de febrero de 2014; y 16 al 29 de junio de 2014 respectivamente).
Fue reconocida mediante Decreto n° 65/14 la ocupación interina del cargo de Jefe de División de la Oficina de Logística y Maestranza, desde el 10 al 23 de febrero de 2014 (fs. 90).
Por Decreto n° 524 de fecha 16 de julio de 2014 le fue otorgado un adicional mensual en concepto de Bonificación por Conducción (Fs. 81).
Mediante Decreto n° 471 de fecha 2/7/2014 se designa a Iris F. Montoya para ocupar interinamente el cargo de Jefe de Departamento de la Secretaría Privada, con reserva de la Categoría 10 (fs. 78).
En fecha 17 de noviembre de 2015, mediante Decreto n° 1177 (fs. 79/80), se designa a la actora a partir del día 1 de diciembre de 2015 como Jefa del Departamento de Patrimonio.
Por Decreto n° 243 de fecha 11 de abril de 2016 (fs. 75/77), se deja sin efecto el Decreto n° 1177, disponiéndose que la actora retome la Categoría 10 de reserva.
Mediante expediente n° 2537/2016 (fs.139) el día 31/05/2016 la actora interpone escrito (fs. 143), por el cual solicita la revocación del Decreto n° 243/16. En fecha 14 de julio del mismo año solicita un pronto despacho.
A fs. 154 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Legales del Municipio demandado en el cual se deja expuesto que el Decreto cuestionado dispone el nombramiento en violación a lo normado en el estatuto del Personal de las Municipalidades (ingreso por concurso), por lo que el acto posee vicios de ilegalidad.
Habiendo sido notificado a la actora el dictamen antes mencionado en fecha 10/08/16, la misma mediante expediente n° 3618/16 (fs. 157), en esa misma fecha peticiona el pago de suplemento de la garantía salarial (fs. 158).
Petición que, dictamen del Honorable Tribunal de Cuentas mediante (fs. 172/vta.), le es rechazado por resolución del Sr. Secretario de Gobierno (fs. 176/177).
3. Abocado al tratamiento de la cuestión planteada, liminarmente debo señalar que tal como se desprende de la prueba documental aportada, que la actora Iris Fernanda Montoya no ha probado que haya adquirido el cargo de Jefe de Departamento de Patrimonio por concurso, o en su caso, por selección especial entre otros empleados-.
No se encuentra controvertido el ejercicio del cargo "interino" (el resaltado me pertenece) inmediato anterior, como Jefe del Departamento de Privada. Cargo cuyo ejercicio era provisional, con reserva de la Categoría 10, lo cual entiendo que no le otorgaba prevalencia alguna con respecto a los demás agentes con posibilidades de obtener el cargo en crisis, ya que su naturaleza y funciones son diferentes.
En tal aspecto, no puede pasar desapercibido que en los considerandos del Decreto n° 243/16 (fs. 13) se tiene en cuenta la presentación efectuada mediante actuación administrativa n° 5013/2015 mediante el cual el Sindicato de Trabajadores Municipales, solicita al Intendente que deje sin efecto las designaciones efectuadas, por no haberse otorgado por el procedimiento establecido en la normativa vigente; refiriendo que en tal sentido se han reunido en mesa paritaria labrándose actas; lo cual no ha sido controvertido por la accionante.
Poco importa la invocación que realiza la actora respecto a la constitucionalidad de las normas contenidas en la ley 11.757, toda vez que tanto el Decreto de nombramiento en la jefatura, como el que dispone dejarlo sin efecto, se han firmado bajo la vigencia de la nueva ley 14.656.
Precisamente, el Decreto en crisis n° 243/16, en sus considerandos, pondera expresamente la vulneración de lo previsto en el art. 11 de la ley 14.656, al no respetarse al momento de su designación, los mecanismos de selección previstos, ni justificada su evaluación para acceder al cargo con aptitudes, antecedentes, y capacitación necesarias para tal jefatura. Mucho menos que fuera producto de un concurso.
A mayor abundamiento, y mas allá de ponderarse la violación del derecho a la carrera de los demás empleados municipales que surgen de la transcripción de los fallos que el mismo acto administrativo cita, resulta tajante lo expuesto respecto a la designación en un cargo que no venía desempeñando (parte final de los considerandos del Decreto n° 243/16, fs. 15).
4. Con la presentación del líbelo de initio, se pone en crisis la facultad revocatoria del titular del Departamento Ejecutivo Municipal. Me permito colocar en este caso, como piso necesario para analizar esta facultad de quien tiene a cargo el nombramiento del personal municipal, ello de conformidad con lo previsto en el art. 11, 66 y ccts. de la ley 14.656 y al art. 108 y ccts. de la Ord. Gral. 267/80, que la designación en el cargo que se encuentra en crisis, no fue por concurso, circunstancia sobre la cual se llega a esta instancia sin cuestionamiento alguno.
De ahí, que tal ejercicio debe quedar limitado a la verificación de los antecedentes de la actora, citados en ambos actos administrativos; es decir, si aquellos que pondera el Decreto de nombramiento n° 1177/15 fueron de tal magnitud que no pudieran ser cuestionados con los merituados en la baja; y por ello permita considerar irregular o ilegítimo el nombramiento en la jefatura en función de fundamentos respecto a la oportunidad, mérito y/o conveniencia de la administración.
5. A esta altura no puedo dejar de señalar, que en relación a la carga de la prueba en materia del proceso contencioso administrativo, la Alzada ha marcado el norte a seguir, al señalar que: ".quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art. 375 del CPCC) y, en caso contrario, debe soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés" (CCASM, causas N° 1442, "Larrocca", sent. del 30/12/2008; N° 2235, "Plesko", sent. del 11/11/2010; N° 2443, "Longhi", sent. del 21/06/2011; N° 2966, "Neo Producciones S.A", sent. del 10/04/2012; N° 1722, "Rodríguez", sent. del 26/06/2012, y N° 3695, "Toledo", sent. del 29/10/2013, entre otras).
Conjugada la especial situación fáctica con el tipo de proceso, no podemos dejar de fijar, así como ya lo dejó sentado en muchos precedentes el Superior Tribunal Provincial, que frente al carácter de juicio pleno propio del contencioso administrativo, como ante la amplitud de las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (SCBA, B 58.256, sent. del 28/04/2010, "Zanettini, Isabel Agueda c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa").
Y en tal parcela, no se advierte un desconocimiento acerca de la ponderación que el Decreto n° 1177/15 realiza sobre la idoneidad de la actora, en cuanto al desempeño de la Jefatura que interinamente desempeñara -Jefa de Departamento de Privada-, ni forma parte de la discusión de la litis su posibilidad de acceso a dicho cargo, pues precisamente toda la evaluación que se realizara en su designación, lo fue sobre una jefatura que desempeñaba en forma interina, pero que no se correspondía a la que luego fuera designada -Jefa del Departamento de Patrimonio-.
Tampoco está en discusión los méritos que la actora ha demostrado en su carrera administrativa, y que surgen de su legajo personal, mas allá de los distintos cargos que ejerciera y que fueran decriptos supra. Pero ello, no justifica por si solo, que la designación en un cargo que no ocupaba al momento de su designación, le diera prevalencia, sin un mecanismo de selección previo, sobre el resto del personal; tal como es merituado en el Decreto de baja.
Es que la actora, mas allá de los considerandos del Decreto en crisis, nada ha probado en función de sus antecedentes inmediatos en relación a la jefatura que le fuera asignada, ante lo cual no puede considerarse ni arbitraria ni ilegal la decisión adoptada por el Intendente Municipal que revoca la designación de su cargo.
6. Es de recordar que desde tiempo atrás, el Máximo Tribunal Provincial tiene dicho que la atribución de revisar el acto propio es tributaria del principio de legalidad objetiva, que habilita a la entidad pública a retirar del ordenamiento el acto gravemente inválido (SCBA, B 59.953 "Taverner de Avila", sent. del 16-6-2004).
También se ha reconocido que esa atribución tiene limitaciones, y una de ellas es precisamente lo previsto en el art. 117 de la Ord. Gral. 267/80, cuando su ejercicio sea contrario a la equidad o a las leyes. Lo que no se advierte en el acto administrativo cuya nulidad se solicita..
Fácil de advertir resulta, que al ponderarse un error en la calificación de los requisitos necesarios para el dictado del acto, el Decreto n° 243/16 trasunta el ejercicio oficioso de la potestad revocatoria, de modo congruente con lo previsto en el art. 117 de la ord. Gral. 267/80 supra mencionado, y de plena conformidad con lo normado por el art. 114 del mismo cuerpo legal.
En tal parcela, entiendo que el acto administrativo, a la luz de las normas citadas y las circunstancias del caso, ha sido dictado dentro de la atribución legal pertinente.
La norma supra citada prevee la facultad revocatoria cuando la voluntad estatal presenta vicios. Así queda demostrado que ese ejercicio de anulación de oficio, a tenor de lo previsto por los arts. 114 y 117 de la Ord. Gral. 267/80 se encontraba afectada de un error -vicio- en el objeto que la tornaba nula, y por ello -conforme surge de los considerandos del Decreto n° 243/16- en un plazo razonable -léase plazo de prescripción previsto legalmente- procedió a revocarla.
Por ello, y siendo que el Decreto n° 1177/15 fue dictado mediando un error grave en la ponderación de los antecedentes inmediatos en el ejercicio del cargo que ocupara al momento del dictado del Decreto de nombramiento - Jefatura distinta a la que fue designada- impide el saneamiento que pretende la actora en esta instancia judicial; ello en tanto advierto que el acto administrativo impugnado se encuentra suficientemente motivado en las circunstancias de hecho y derecho que dieron causa a su dictado, y además su objeto y finalidad resultan acordes con el ordenamiento jurídico y el interés público comprometido (art. 103, 108, 114, 117 y ccts. Ord. gral. 267/80).
7. El Decreto n° 243/16, desde otro análisis posible, tampoco puede considerarse como violatorio del derecho a la carrera administrativa, ni ha afectado -habiendo retomado la categoría 10 de reserva- la estabilidad del empleado público -art. 14 bis.C.N-, por lo cual no resulta ilegítimo; no solo pues el derecho a la estabilidad no posee carácter absoluto, sino que tampoco es lógico obligar a la Administración Pública a mantener a un agente en una designación que no se ajusta a los procedimientos que la misma ley prevee. Así, la baja de la jefatura, desde esta otra óptica, no resulta irrazonable ni abusiva.
Y esto es así, por cuanto, en lo que hace al ejercicio efectivo de
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