Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 26415 2020
Expte. Nº 26415.-
Autos: VILLEGAS IRMA BEATRIZ C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Diciembre de 2019.-RA
Estos autos caratulados "VILLEGAS IRMA BEATRIZ C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 26415, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 19/26 vta. se presenta la Sra. Irma Beatriz Villegas, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Adorno, e interpone demanda a fín de impugnar el acto administrativo dictado por el Sr. Intendente de la Municipalidad de General Las Heras, mediante el cual dispone el cese de servicios a los fines jubilatorios conforme al art.35 del Decreto-Ley 9650/80. Solicitando además una indemnización.
Expone que se desempeñaba como empleada municipal -Enfermera Profesional MP.25.205, Esterilizadora MP.21.456-, por más de 32 años, con Legajo n° 320, desde enero del año 1984, hasta el día 31 agosto de 2016, fecha en que se le notifica la baja en los servicios, conforme surge de la Carta Documento dirigida a su persona -CD735170976, de fecha 30/08/2016-.
Refiere que era su intención legítima no ser jubilada por edad avanzada, por entender ser aplicable a su caso particular el Decreto 58/2015.
Que en la carta documento CD735170976, se le indica que según el art.35 del Decreto-Ley 9650/80, habiendo alcanzado los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, se le da la baja correspondiente a partir del 31/08/2016.
Sostiene que se ve agraviada y perjudicada patrimonialmente, además de resultar antijurídica la aplicación en su caso del art. 35 del Decreto Ley 9650/80, el que se refiere a jubilación por edad avanzada; situación que refiere no sería tal ni se atacaría por causar gravamen, si no fuera contrario a su caso particular, conforme a su profesión, años de servicios y tareas desempeñadas, por entender que su caso encuadra en el Decreto vigente n° 58/2015.
Menciona que dedujo recurso de nulidad, con fecha 08/09/2016, para que se rectifique el acto administrativo notificado, por carecer de sustento fáctico y jurídico, causar gravamen, y resultar contrario a la manda constitucional, cercenando su derecho adquirido ya que de proceder al inicio de su jubilación ante el I.P.S., lo sería por edad avanzada, como consta en la cédula de notificación del Decreto del cese de servicios n° 1353/2016 (jubilación que solo requiere diez años de servicios, y afiliación ante IPS, además de que en tal circunstancia solo percibiría como haber jubilatorio el 50% del haber de la jubilación ordinaria), se estaría optando coactivamente a una jubilación por edad avanzada, que no se corresponde con sus aportes y años de servicios, por lo que se estaría cercenando su haber en un 20% de manera injustificada e inconstitucionalmente.
Indica que luego del transcurso del tiempo y pronto despacho mediante -de fecha 19/01/2017-, el día 20/02/2017 recibe cédula de notificación de la Municipalidad de Gral. Las Heras, rechazando su reclamo y ratificándose el Decreto N°1353/2016, conforme art. 62, ordenanza 267.
Afirma que recurre a esta instancia judicial, para que se proceda a ordenar la impugnación y subsecuente rectificación del Decreto de cese de servicios, en cuanto a la mención del art.35 del Decreto-Ley 9650/80.
Pide, en atención al tiempo transcurrido desde el acto administrativo impugnado, se provea la determinación del perjuicio económico incurrido al no poder iniciar el correspondiente trámite jubilatorio y por tal, no percibir el haber.
Sostiene su planteo, en los principios de legalidad y reserva de ley, que emana del art. 19 de la Constitución Nacional.
Argumenta que el acto administrativo impugnado, al dejar librado a su exclusivo arbitrio la determinación de la subsunción de los requisitos jubilatorios en el caso (aplicación errónea del art. 35), afecta también el principio de seguridad jurídica, valor al que la Corte Suprema de Justicia Nacional ha reconocido jerarquía constitucional (citando Fallos: 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218, entre otros).
Dice también que el acto realiza una subsunción de los requisitos jubilatorios con absoluta prescindencia de las normas legales y constitucionales aplicables, resultando manifiestamente arbitrario e irrazonable, vulnerando los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional.
Afirma que el Decreto nº 1353/16, resulta repugnante, directa o indirectamente, a numerosos principios y normas de la constitución nacional y provincial, impugnando dicho acto por violar expresamente el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la jerarquía normativa y supremacía constitucional.
Relata que los gobiernos de provincia deben conformar sus instituciones a los principios de la Constitución Nacional, expresa o virtualmente contenidos en ella (arts. 5, 31 y 108), y cualquier intento de las normas inferiores -en el presente caso locales- de modificar dicho cuerpo normativo, al no seguir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 30 de la C.N., es jurídicamente insostenible y debe fulminarse con su nulidad.
Refiere que el Decreto que se impugna, también viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, y al dejar librado a exclusivo arbitrio de la Municipalidad de General Las Heras la determinación de la subsunción de los requisitos jubilatorios, no aplicando al caso el "Decreto-ley" 58/2015, importa una clara desigualdad y una discriminación irrazonable, y como tal, viola lisa y llanamente el artículo 16 de la Constitución Nacional; 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano; 2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Preámbulo, 1º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24º de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, considerandos del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Afirma que en el presente caso, la infundada discriminación entre aquellos sujetos que quedan comprendidos en los requisitos jubilatorios ordinarios, y aquellos que son asimilados normativamente por vejez prematura en el caso, mediante el "Decreto-ley" 58/2015, permite concluir que se trata de una burda discriminación, basada en un parámetro totalmente arbitrario, situación que claramente viola los artículos de la Constitución y los Tratados Internacionales con idéntico rango.
En fecha 30/08/2017, mediante presentación electrónica amplia demanda, reafirmando que se desempeñaba como empleada municipal "Enfermera Profesional MP.25.205 - Esterilizadora MP.21.456", con 32 años de servicios computables al cese, primeramente como enfermera auxiliar, luego, continuando con la carrera hospitalaria realizando la capacitación como auxiliar en esterilización (certificado de "Auxiliar en Esterilización", de año 2000, obrante en copia del legajo por ante secretaría), asimismo continuando dicha capacitación en diferentes cursos y jornadas -fs.134 legajo personal-, como ser el curso de enfermería quirúrgica y actualización en esterilización (adjuntando certificado de "Curso de Enfermería Quirúrgica y Actualización en Esterilización", de año 1990, que consta en copia del legajo por ante secretaría); luego emprendió la carrera de Enfermería Profesional (Certificado de estudios de "Enfermería Profesional" de año 2010, también adjunto en copia del legajo por ante secretaría).
Menciona que según el Decreto 1353/2016, su situación de revista sería ".personal técnico, con categoría 22, cargo: AUXILIAR DE ENFERMERÍA", desconociendo su capacitación profesional debidamente notificada, la que invariablemente debería plasmarse en la correspondiente categoría art.134 Ley 10.430 y remuneración, conforme artículo 19 inciso g) y n), de la Ley 10.430.
Afirma que su categorización y carrera hospitalaria realizada, encuadran perfectamente en la normativa subsumida en el Decreto 58/2015 y la Ley 10.430.
Dice con respecto a las tareas realizadas por su parte, no cabe la menor duda al respecto de que indefectiblemente quedan incursas en tareas controladas y subsumidas por el Ministerio de Salud Provincial de la Ley 10.430.
Sostiene que nuestro sistema municipal -el de la Provincia de Buenos Aires-, resulta ser de autonomía semiplena, "municipios reglados", redundando en que la legislatura provincial dicta las leyes con alcance a todos los habitantes de su circunscripción territorial, de ello el alcance de sus leyes no necesita ser acogida especialmente por los municipios, como si lo harían si fueran entidades autónomas o municipios de convención.
II. A fs. 76/87 vta. se presenta la Dra. Carolina Arricau, en su carácter de Letrada Apoderada de la Municipalidad de Gral. Las Heras, contestando demanda, realizando previamente una negativa de todos los hechos y el derecho invocado, y solicitando el rechazo de la demanda.
Argumenta que la agente municipal Villegas Irina Beatriz, ingresó a trabajar a la Municipalidad de Gral. Las Heras en fecha 03/01/1985, mediante Decreto de alta N° 09/85 de fecha 21/01/1985, que la nombró en forma transitoria a partir del 03/01/1985 bajo Categoría 1 con el cargo de Auxiliar de Enfermería - Personal Técnico-.
Que en el contexto económico y financiero municipal declarado en Emergencia, el Ejecutivo en uso de sus facultades emanadas de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley 14656 y el Decreto 9650/80, decretó la baja de oficio por haber alcanzado la ex empleada los requisitos que le permitirían obtener el beneficio jubilatorio, con edad y aportes necesarios para acceder al beneficio tal como lo regula el Artículo 98-inciso g de la Ley Marco de Empleo Municipal N' 14.656; coincidente con el Artículo 23 de la Ordenanza Municipal N° 205/2016.
Indica por su parte, que el Art. 27° de la Ordenanza Municipal N" 205/2016, dispone de conformidad con lo establecido por la Ley 8.587, el Decreto Ley 9650/80 y ccts. que rigen la materia, el trabajador tiene derecho a jubilarse.
Según el artículo mencionado, la normativa aplicable en materia previsional a la empleada municipal es el Decreto Ley 9650/80 ya que con 65 años de edad y 31 años de servicios al 31/08/2016 quedaba encuadrada perfectamente en lo normado por el Artículo 35 del Decreto/Ley 9650/80 que menciona los requisitos para el acceso a la Jubilación por Edad Avanzada.
Expone que la agente revistaba al momento de la BAJA en la Categoría 22 del escalafón, cubriendo el cargo presupuestado de Auxiliar de Enfermería, ya que no existen cargos presupuestados de Enfermera, pero esto no le ocasionó perjuicio alguno, pues ya cobraba -antes del título de enfermera profesional-, la bonificación por título máxima establecida por escala salarial municipal (11%). Hecho que demuestra el reconocimiento de la capacitación realizada por la actora.
Menciona por otra parte que la Sra. Villegas podría haber aspirado como máximo a alcanzar la Categoría 24 del escalafón municipal como Auxiliar de Enfermería, destacando que a los fines previsionales para cobrar a futuro una jubilación o pensión lo importante es la Categoría en la que revistaba el agente (desde 6 inicial, hasta 24 final), y no el cargo, en virtud de que todos los cargos en una misma Categoría tienen el mismo básico; un Auxiliar de Enfermería Categoría 22, tiene el mismo básico a un Auxiliar Administrativo Categoría 22, o un Obrero Categoría 22-.
Dice que es incorrecto sostener, como lo hace la actora, que el haber por jubilación avanzada es el cincuenta por ciento (50 %) del haber de la jubilación ordinaria, pues omite la referencia al artículo 46 del decreto ley 9650, que dispone un porcentaje de incremento en un dos (2) por ciento por cada año de servicios con aportes que exceda de diez (10) años. Que por ello, en el caso Villegas, con 32 años de servicios con aportes correspondería el cómputo extra por 22 años, es decir el 44 %, lo que llevaría su monto jubilatorio al 94 % del de la jubilación ordinaria. Y los 6 puntos de diferencia estarían compensados por los 3 años que le faltaría para cumplir con el requisito de la jubilación ordinaria.
Refiere que la autonomía municipal ha sido contemplada y reconocida en los principios establecidos en los artículos los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional, Arts. 192 inc 5 y 193 inc 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en razón de la debida y necesaria administración de sus recursos para su aplicación a los fines específicos de su organización.
Afirma que desde el mes de octubre del año 1977 el régimen de empleo público estuvo regido por la Ordenanza General 207, y recuperadas las instituciones nacionales, provinciales y municipales en el año 1983 con la restitución de la democracia, volvieron a funcionar los Cuerpos Deliberativos locales los que, en algunos casos, reemplazaron los regímenes impuestos por los anteriores gobiernos de facto, por ordenanzas municipales sancionadas en el ejercicio de sus funciones. De este modo, la Ordenanza General 207 fue sustituida y/o complementada por las normativas locales (en algunos casos) hasta que en el año 1996 la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó el "Estatuto para el Empleado Municipal", Ley 11.757. Así, el referido Estatuto (con similar articulado al de la O.G. 207), cuyo ámbito de aplicación alcanza a todos los municipios de la Pcia. de Bs. As., consagra derechos y obligaciones de los empleados municipales.
Destaca que, a partir de la entrada en vigencia de este Estatuto, se derogó el inciso 4 del artículo 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec. Ley 6769/58) otorgándosele competencia a los Departamentos Ejecutivos Comunales en materia de reestructuración orgánica.
Menciona asimismo, que la Ley 11757 preveía la aplicación de la Ley 10.430 Régimen de Empleo Público Provincial, en carácter de norma supletoria para todas aquellas cuestiones no previstas en dicho Estatuto. Y que en el año 2014 la ley antes citada ha sido modificada por la ley 14656 que rige actualmente.
Refiere que la ley 10.430, promulgada el 31 de julio de 1986, y reglamentada por Decreto N°4.161/96, establece el marco regulatorio para el empleado de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, y para los restantes poderes que adhieran expresamente a ella.
Dice que el Decreto n° 58/2017 al cual reclama su acogimiento la actora, es de aplicación sólo al personal de los hospitales públicos dependientes de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentran bajo el régimen de la Ley 10.430.
Afirma que es verdad, que conforme el art. 26 Decreto 9650/80 el Poder Ejecutivo esta facultado para establecer límites de edad y servicios en casos de tareas insalubres determinantes de vejez o agotamiento prematuro, como sería el caso del Decreto 58/2015, pero que no es menos cierto que el carácter excepcional de la norma citada, reduce los requisitos y recaudos requeridos para acceder a un beneficio jubilatorio, al personal que desarrolla tareas en los Hospitales Públicos dependientes de la Dirección Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud, bajo el régimen de la Ley N° 10.430, no correspondiendo hacer extensiva su aplicación a los profesionales que revisten tareas en el ámbito de los hospitales municipales.
Sostiene que el Hospital de Gral. Las Heras Dr. Pedro Arozarena, es Municipal. Y el Decreto N° 58/2015 abarca a los trabajadores de los 77 centros de salud provinciales; excluyendo a los Hospitales Municipales.
Aclara también que la Municipalidad de Gral. Las Heras, tarnpoco ha adherido al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria regulado en la Ley 10.471.
Expone que la organización de la atención médica a nivel local es competencia directa de los municipios. Es una reserva de competencia que en la materia poseen los municipios, y dicha competencia se encuentra reflejada en los Arts. 27 y 28-de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Sostiene que los artículos 24, 25, 27 inc. 8 y 9, y 28 inciso 1° del Decreto-Ley 6769/58 y modif. -Ley Orgánica de las Municipalidades- determinan la competencia municipal en materia de salubridad con la carga de establecer establecimientos sanitarios. En virtud del articulado citado, se encuentra dada la competencia del Departamento Deliberativo en materia de estructuración orgánica, regulación escalafonaria y salarial, acompañada de la determinación del régimen horario del personal (conf. artículo 13, 19 inc. "a" y 104 de la Ley 11.757)
Pone a consideración que el Departamento Ejecutivo, tiene la facultad -pero no la obligación- de ponderar si considera oportuno y conveniente, determinar como insalubres a las tareas desarrolladas por el personal que se desempeñe en el Hospital Municipal y consecuentemente realizar los aportes y contribuciones diferenciales, afirmando que la Municipalidad no tiene determinada ninguna tarea corno insalubre. Por ello, ningún agente tiene una retención diferencial superior a la establecida en el Artículo 4° del Decreto/Ley 9650/80, que es del 14 %. El Hospital Municipal y las tareas desempeñadas por la agente Villegas en él, no han sido categorizadas como Insalubres por ninguna ley y/o decreto provincial ni resolución emanada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ni del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ni por el Ejecutivo Municipal, que permita considerar las tareas desarrolladas por la actora como insalubres o de agotamiento prematuro, en virtud de las cuales se le haya aportado en forma diferencial (16%); y que por lo tanto le permita alcanzar una jubilación ordinaria especial con una cantidad reducida de edad y servicios.
Afirma por otra parte que la Sra. Villegas es titular del Beneficio Previsional ante el ANSES N° 15 0 5320395 04, y se registra activa en la Obra Social PAMI, que es incompatible conforme el art. 60 del Decreto/Ley 9650/80 con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con excepción de los servicios docentes. Que es incompatible la percepción de jubilación por edad avanzada con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o municipal. La decisión de tramitar la jubilación ordinaria ante ANSES ha sido propia de la actora, y no notificada a su empleadora. Por lo cual es la misma actora quien ha optado por el régimen previsional público de ANSES tramitando su jubilación ordinaria resuelta favorablemente en el año 2012, tal como se demuestra con la certificación de ANSES.
Sostiene la inexistencia de daño alguno, al no existir por parte de su poderdante responsabilidad alguna por el pretendido perjuicio que la actora pretende.
III. Abierto a prueba oportunamente, y mediante solicitud de la parte actora para clausurar el período probatorio -fs. 135-, presentado el alegato de la parte demandada, se llaman de autos para dictar sentencia; y habiéndose cumplimentado una medida para mejor proveer, se encuentra el presente en condiciones de resolver. Y,
I. Que expuestos los argumentos de ambas partes, encuentro como eje central de la discusión, el encuadramiento legal de la ex agente dentro de la órbita del Municipio de General las Heras.
Ello sin dejar de advertir, que la defensa expuesta por la demandada respecto a la existencia de otra jubilación de la actora ante el ANSES, no formó parte del acto administrativo cuestionado; ante ello, no puede formar parte del presente análisis, pues será inherente, en su hora, a la decisión que ante la eventual presentación del trámite jubilatorio por parte de la ex agente, adopte el IPS.
Retomando con la cuestión central de la litis, se advierte que la actora se agravia de la decisión del Sr. Intendente Municipal, pues le otorga la baja por considerar que cumple con los requisitos para obtener la jubilación por edad avanzada.
Reconoce la actora estar incursa dentro de los requisitos del art. 35 del Dec. Ley 9650/80, mas impugna la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.