Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 23791
Expte. Nº 23791.-
Autos: PIANA CRISTINA GRACIELA C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.
Mercedes, de Junio de 2020.-AC
Estos autos caratulados “PIANA Cristina Graciela c/ Municipalidad de Bragado s/ Pretensión Anulatoria. Empl. Público”, expediente Nº 23791, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.173/187 se presenta la Sra. Cristina Graciela Piana, por derecho propio, junto al patrocinio letrado del Dr. Roberto F. Vaccaro promoviendo demanda anulatoria e indemnizatoria contra la Municipalidad de Bragado, impugnando el Decreto nº 4037/16, por medio del cual se dispuso su cesantía, como sanción disciplinaria. -
Plantea que el sumario llevado a cabo y que culmino con el decreto de cesantia no fue tramitado conforme el ordenamiento legal correspondiente, y que ello, por sí solo, acarrea la nulidad del acto.
Al respecto sostiene que la causa disciplinaria fue llevada a cabo en el marco de la ley 11.757 cuando en realidad y conforme el art.2 de dicha norma, tratándose su actividad regulada por la ley 10.471 (Carrera Profesional hospitalaria) y conforme la Ordenanza nº 2762/00 que dispone la adhesión a esta última norma, sería aplicable a los fines de sustanciar el proceso disciplinario la ley 10.471 y 10.430.-
En cuanto a los hechos relata que desde el año 2002 se desempeñó como Medica Cardióloga del Hospital Municipal San Luis de Bragado, y que durante el transcurso de dichos años nunca recibió quejas de pacientes, ni recibió ninguna sanción disciplinaria. -
Refiere que con fecha 26/04/2016 se inicia un sumario administrativo invocando una multitud de imputaciones, la mayoría de ellas con causales de cesantía previstas en el art.64 de la ley 11757 y luego con fecha 26/07/2016 se decreta su cesantía.
Alega que más allá de las consideraciones respecto del sumario administrativo, sostiene que dicho procedimiento fue llevado a cabo en un contexto particular y que, a su entender, tiene causa en las reiteradas denuncias que se formularan contra el Dr. Corte, quien manejaba la administración del hospital.
En tal sentido refiere que sus disidencias en cuanto al manejo de la “cosa pública” las ha manifestado en diversas oportunidades, e incluso las ha denunciado ante el ejecutivo municipal, afirmando por ello, que la apertura sumarial fue un acto totalmente “armado” para lograr el objetivo principal de la Dirección del Hospital, cual era, acallar su voz para poder seguir operando de la manera ilegal que lo venían haciendo. -
En cuanto a los hechos que dieron lugar a la apertura sumarial, refiere que el domingo 23 de abril llegó a la guardia a las 20:00 h., encontrándose en ella los médicos salientes, el Dr. Ariotti y Dra. Martínez, siendo el primero de ellos, quien le realizó el pase de la guardia.
Comenta que en la guardia, se encontraba internado el Sr. Carlos Burga de 69 años quien había ingresado en horas de la mañana por presentar una “fibrilación auricular aguda”, y que a su criterio, dicha patología requería la internación en cuidados intensivos, y así lo hizo saber al Dr. Arriotti, quien según expresa, le manifestó que el Dr. Esposito – Médico de Guardia de cuidados intensivos- se negó a darle ingreso al paciente en tal sector, debido a que tenía un carcinoma terminal, sin perjuicio de lo cual, había dejado un plan de medicación.
Refiere que, a raíz de ello, se comunicó telefónicamente con el Dr. Esposito, haciéndole saber que recién tomaba la guardia y que permanecía en la misma el paciente de referencia, el que permanecía en igual estado, pero que, tenía indicación de ser internado en el servicio a su cargo, y que, por tal razón, no lo iba a dejar en la guardia asumiendo dicha responsabilidad.
Expone que ante tal manifestación el Dr. Esposito le respondió que el paciente tenía un carcinoma terminal y que no le iba a dar ingreso. Comenta que, ante tal respuesta, le comunico que le haría saber tal circunstancia al Director del Hospital. Comenta que horas después el paciente falleció.
Pone de resalto que la actitud del colega le generó mucha impotencia y por ello fue que decidió comunicarse con el Dr. Corte, por entonces – Director del Hospital- a quien le comentó el caso, reconociendo que lo hizo de una manera un tanto incorrecta, debido a que estaba desbordada por los hechos y temía por la vida del paciente, pidiéndole que resolviera la situación o de lo contrario se retiraría de la guardia, ya que no estaba dispuesta a asumir dicha responsabilidad.
Relata que el Dr. Corte le respondió que no lo amenazara, “que había traspasado la raya” y le dijo que se retirara de la guardia inmediatamente (sic).
Manifiesta que le sorprendió dicha orden, pero que la acato, argumentando que, para tomar tal decisión, tuvo en cuenta que en la guardia estaba su compañera, la Dra. Forti, y que, por ello, su ausencia no generaría un perjuicio para la atención de los pacientes, además consideró que el director del Hospital, le dio tal directiva debido al estado emocional en el cual se encontraba y fue por ello, que se retiró.
Continua su relato y comenta que a la salida de la guardia se cruzó con la enfermera Cecilia Morales a quien, ante el asombro mostrado por su retiro del nosocomio, le comentó que se lo había ordenado el Dr. Corte. -
Refiere que cuando llegó a su domicilio, llamó por teléfono al Dr. Corte solicitándole que le entregue por escrito la orden por él dispuesta de retiro de la guardia, manifestando que aquel le respondió, que al día siguiente se la entregaría.
Luego de ello manifiesta que el día martes 25 de abril recibió un llamado telefónico del Dr. Corte, solicitándole que no se presentara a la guardia.
Explica para mayor claridad que su estado emocional el día de los hechos se debió a que con frecuencia el Dr. Esposito, se niega a dar ingreso a pacientes al servicio a su cargo, aduciendo diversas causas y que ello, ha motivado en varias oportunidades discusiones con su colega, manifestando que también ha tenido que solicitar al Dr. Corte que interceda para que aquel permita el ingreso de algún paciente.
A continuación y luego de referenciar los hechos que dieron inicio al sumario administrativo, se dispone a analizar cada una de las imputaciones que se le formulan.
Refiere que en el caso de autos se le imputa como cuestión central el abandono del servicio de guardia el día 24/4/2016 y la desobediencia al director del Hospital.
En cuanto a su enojo con el director del Hospital, manifiesta que ello se debió a su actitud de indiferencia al momento de solicitarle su intervención ante la conducta asumida por el Dr. Esposito, de no querer ingresar al paciente al sector de terapia y que ello, motivó una discusión con el director del Hospital.
Sostiene que fue el propio director quien le aconsejo y autorizó a que se retirara del hospital para calmar la situación, y que ello no puede ser considerado como abandono de servicio y menos aún, incumplimiento de las órdenes del superior.
Al respecto pone de resalto que no existe ninguna orden por escrito que haya sido incumplida, tal como exige la ley, para el eventual caso de incumplimiento.
Reconoce que faltó el respeto a su superior, en el marco de su requerimiento de intervención ante la situación ocurrida con su colega, pero que luego de ello pidió las disculpas correspondientes. -
En cuanto a la causal que se le imputa de falta de respeto a iguales o al público, sostiene que no existen elementos probatorios validos que puedan ameritar el juzgamiento por dicha infracción.
En tal sentido dice, que el único hecho, que se menciona en el sumario y que puede relacionarse con una falta de respeto al público en la atención, es la supuesta denuncia realizada por el Sr. Platz, pero que a contrario de la imputación que se le formula, lo cierto es, que no surgen constancias agregadas de la atención a dicho paciente, pues la concurrencia al hospital del mismo no se corresponde con el día y horario de su servicio.
Alega que lo mismo sucedió con la denuncia de una supuesta paciente – Perla Rosa Lujan- y que al respecto resultó patente el “armado” de dicha denuncia, pues la misma no solo no fue ratificada, sino que de sus términos no se desprende que haga referencia a su persona.
Pone de resalto que la imputación que se le efectúa no está bajada al caso concreto, pues sostiene que la supuesta conducta antijuridica debe subsumirse en la normativa sobre la cual se le imputa, lo que nunca ha ocurrido, en clara violación al derecho de defensa, pues alega que ello le impidió poder direccionar y/o centrar correctamente una defensa.
Sostiene que no existe en toda la investigación sumarial, ningún elemento de cargo, y menos aún probatorio que pueda validar la imputación de la causal que trae aparejada la expulsión.
Por otra parte, alega que el informe de la asesoría letrada, se limita a un simple relato de supuestas pruebas colectadas en el transcurso sumarial, y que los hechos no son bajados a las figuras disciplinarias que se le imputan.
Agrega a todo ello que tampoco se ha dado vista a la Asesoría de Gobierno, tal como prevé el art.95 de la ley 10.430 y que ello también impidió un correcto ejercicio del derecho de defensa. -
Sostiene que en el procedimiento sumarial llevado a cabo en su contra, se han violentado principios elementales de juzgamiento. El principio de verdad material o verdad jurídica adjetiva, que se vincula directamente con el derecho de defensa, por cuanto sostiene que las imputaciones disciplinarias no han sido fácticamente encuadradas en el supuesto accionar culpable, como así también respecto a la orfandad probatoria en la que se ha incurrido.
En conclusión, expresa que el Decreto nº 4037/16 que dispuso su cesantía como agente municipal, debe ser anulado por falta de motivación legal adecuada, por no ajustarse a los principios de verdad jurídica objetiva, violentando los principios de razonabilidad y proporcionalidad del acto.
En capítulo aparte solicita el reconocimiento de los salarios caídos con motivo de la cesantía a la que postula ilegitima.
Refiere que cuando la cesantía se decreta ilegítimamente, la existencia del daño se presume, pues de ello deriva la imposibilidad de desempeñar la función y cobrar los emolumentos de la relación laboral irregularmente interrumpida.
Sostiene que en el caso de autos ha quedado probada in re ipsa la relación laboral y a su vez, que la exclusión del cargo se encuentra viciada de nulidad. Por ello afirma que ha quedado configurado el daño sufrido, no solo el material, sino también el daño moral.
Asimismo, peticiona el daño moral, el cual sostiene resulta procedente en aquellos casos en los cuales el agente estatal, ha sido dado de baja ilegítimamente. A su vez sostiene que, en tales supuestos, no caben dudas acerca de que la separación del cargo provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimiento. Cita abundante jurisprudencia en apoyo de tal conclusión.
Solicita conforme los argumentos expuestos, se haga lugar al reconocimiento indemnizatorio por daño moral, condenando a la demandada al pago de una suma equivalente al 100% de los salarios caídos.
Por último, ofrece prueba y peticiona.
En otro sí digo solicita como medida cautelar se disponga su reincorporación al servicio médico del Hospital Municipal San Luis, en la misma modalidad desempeñada hasta su cesantía, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar.
II. A fs.201/203 se resuelve -conforme los fundamentos allí expuestos- no hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la actora.
III. A fs.207 se lleva a cabo el examen de admisibilidad de la acción y se ordena correr traslado de demanda a la comuna accionada.
IV. A fs. 216/217 se presenta la Dra. Karina Daniela Caballero, en su carácter de letrada apoderada de la comuna accionada y opone la excepción de caducidad.
Al respecto plantea que, en atención al plazo que dispone el art.72 de la ley 12.008, la fecha de notificación del acto que por la presente se impugna y la fecha de promoción de la acción, el plazo de caducidad se encuentra ampliamente vencido y que corresponde desestimar la demanda.
V. Con fecha 05/11/2017 se presenta nuevamente la Dra. Karina Daniela Caballero, esta vez, contestando demanda. Comienza su responde haciendo una negativa de todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda y luego efectúa una negativa particular.
En cuanto a lo sucedido, alega que en el caso de autos existen cinco (5) hechos que dieron motivo al inicio del expte administrativo nº 4014-1643/2016, los cuales fueron:
El primero de ellos, el día 07/03/2016 la Dra. Piana se encontraba a cargo de la guardia de emergencia del Hospital Municipal de San Luis, en estado confusional asociado a pérdida de memoria reciente y ausencia de signos neurológicos focales o meníngeos, producto del consumo de benzodiacepinas para el tratamiento de trastornos del sueño preexistente, según surge de la nota suscripta por el Dr. José Santiago Godoy, a cargo del Servicio de Terapia Intensiva, quien fue el profesional que ese día la asistió clínicamente.
Como prueba del hecho, de las actuaciones administrativas (fs. 25) surge la declaración testimonial del Dr. Godoy.
El segundo hecho se produce el día 23/03/2016 cuando la Sra. Perla Rocío se presenta en la guardia del Hospital Municipal San Luis, a cargo de la accionante, y hace esperar a la paciente una hora, y luego no la atiende, en protesta de que en el lugar se habían colocado cámaras de seguridad, por dicha razón la paciente se tuvo que retirar, sin ser atendida.
Alega que prueba dicha circunstancia la declaración testimonial del Dr. Héctor Horacio Esposito.
En cuanto al tercer hecho comenta que el día 07/04/2016 se presenta en la guardia del hospital municipal la ambulancia proveniente de la Localidad de Mechita, por derivación efectuada por el Dr. Roberto Scacchi, quien había emitido la orden de internación, y al ser recibida por la Dra. Piana, la accionante se negó a efectuar la internación ordenando el regreso de la paciente a la localidad de origen.
En cuanto a dicho hecho, sostiene que el mismo queda probado con la declaración testimonial de Juan Carlos Gómez, la que se encuentra agregada en las actuaciones administrativas.
En cuanto al restante hecho, al que postula como el número 4, comenta que el día 20/04/2016 el Sr. Fermín Pratz con un cuadro de dolor genital agudo, fue atendido por la Dra. Piana en la guardia del hospital, quien, sin realizarle un examen físico apropiado, lo despachó de la guardia entre “gritos y carcajadas” argumentando que su patología no revestía importancia y que no debía haber concurrido a la guardia. Comenta que luego de ello, dicho paciente pasadas diez horas, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente logrando resolverse de esa manera su patología.
Sostiene que tal circunstancia se encuentra probada con las declaraciones testimoniales de los testigos directos, cuyas declaraciones obran agregadas en las actuaciones administrativas.
Luego refiere que el hecho principal por el cual se decidió la cesantía fue al abandono sin ningún tipo de justificación de la guardia de emergencia del Hospital Municipal de San Luis, diciendo que tal hecho se produce en un contexto desfavorable para la accionante quien venía con reiteradas malas conductas, malos tratos al personal y desconocimiento de las ordenes impartidas por sus superiores.
Alega que abandonar sin justificativo alguno una guardia de emergencia del único hospital público de la Ciudad de Bragado, representa un hecho sumamente grave, que puso en serio riesgo el efectivo servicio de salud que debe brindar el citado nosocomio.
Por otra parte, afirma que el hecho de que se haya encontrado una reemplazante para cubrir la ausencia, ello no le quita gravedad a la falta cometida.
Expresa que llega como un hecho no controvertido que la actora, el día 24 de abril de 2016 debía encontrarse prestando servicios en la guardia del Hospital Municipal y que ello, quedo acreditado con el acta notarial 234, de fecha 24 de abril de 2016, mediante la cual queda probado el abandono del servicio. -
En relación a dicha prueba refiere que la misma no fue impugnada por la accionante, ni en las actuaciones administrativas, como tampoco en la presente causa.
Agrega que, a dicha prueba, deben sumarse las declaraciones testimoniales de las Dras. María Paula Giovenale, María Magdalena Forti y del Dr. Mario Corte.
Ante ello sostiene que se encuentra notoriamente probado que la Dra. Piana incurrió en el hecho sancionado por el art.64 de la ley 11.757 y art.83 de la ley 10.430, abandono del servicio sin causa justificada.
En cuanto al planteo de la ley aplicable dice que la accionante alega que el “Decreto 1583/2016” (sic) debió aplicar el art.83 de la ley 10430 y no la ley 11.757.
Al respecto pone de relieve que independientemente del encuadre legal utilizado en el dictado del decreto impugnado, lo que debe valorarse es si dicha circunstancia tiene entidad suficiente para invalidar o anular el acto jurídico dictado.
Dice que el acto puede considerarse nulo de nulidad absoluta por vicio en la causa como antecedente de derecho y en el objeto, siempre que la aplicación errónea del derecho lleve como consecuencia a una decisión distinta de la que se hubiese adoptado de aplicarse la norma jurídica correcta.
En la especie expresa que confrontando las normas previstas en ambas legislaciones – art.64 ley 11.757 y art.83 de la ley 10.430- se desprenden que, ante la causal de abandono del servicio sin causa justificada, ambas prevén la misma sanción. -
Por último, en cuanto a los rubros reclamados, alega en cuanto al pedido de reparación de los salarios caídos en un 100%, que ello deviene improcedente, toda vez que la accionante resulta ser una profesional que puede ejercer su profesión en el tiempo que no presto servicios para la comuna, y que por ello no existiría ningún perjuicio económico.
Luego peticiona el rechazo del rubro por daño moral.
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
VI. A fs.224 se ordena conferir traslado a la actora de la excepción de inadmisibilidad opuesta por la comuna y contestado que fuera, se resuelve rechazar la excepción de inadmisibilidad (v. fs.232/233). -
VII.-Transitada la etapa de prueba y habiéndose agregado el alegato presentado por la parte demandada (v. presentación de fecha 09/12/219) pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 12/12/2019, y;
1. Que se demanda en autos la nulidad del decreto Nº 4037–de fecha 28 de julio de 2016 -emitido por el Sr. Intendente Municipal de Bragado, en cuanto dispuso la cesantía de la actora como agente de esa administración comunal, en el marco de las actuaciones sumariales Nº 4014-1643-16.
Asimismo, solicita el resarcimiento de los salarios caídos con motivo de la decisión adoptada y el daño moral padecido con motivo de la sanción.
2. La actora canaliza su embate, respecto del acto administrativo que dispone su cese, bajo dos premisas:
La primera de ellas relacionada con el encuadre legal utilizado en el cuestionado acto administrativo.
En lo especifico expone que la demandada ha encuadrado su situación legal en el régimen establecido por la ley 11.757, que es el Estatuto para el Personal Municipal, habiéndose llevado a cabo todo el sumario en el marco de dicha norma, cuando en realidad y conforme establece el art.2 de la misma norma dispone que el personal municipal incluido en otro régimen se encuentra excluido de su aplicación.
En tal sentido alega que su actividad profesional se encuentra regulada por la ley 10.471 y que conforme la adhesión llevada a cabo por la comuna a dicha norma, a través de la Ordenanza nº 2762/00, aquella ley seria la aplicable para sustanciar el proceso disciplina
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