Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28329 2020
Expte. Nº 28329.-
Autos: YACONIS GABRIELA ANDREA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Noviembre de 2020.-NG
Estos autos caratulados "YACONIS GABRIELA ANDREA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 28329, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que;
I. Que a fs. 33/49, se presenta la Sra. Gabriela Andrea Yaconis, con el patrocinio letrado de la Dra. Estela Cristina Aguerre, e interpone demanda contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Consejo Escolar de 9 de Julio), solicitando se declare la nulidad del Acta N° 97 (del libro de Actas del Consejo Escolar de Nueve de Julio) y se disponga la reincorporación al cargo que ocupaba de auxiliar suplente en la Escuela de Educación Secundaria N° 7 de la ciudad de Nueve de Julio.
II.-En su recuento de los hechos expone que trabajaba en relación de dependencia laboral de la Dirección General de Cultura y Educación, como Auxiliar (portera); cargo que ocupó durante 8 años y 11 meses, siendo la única actividad que ha realizado por años, accediendo a su cargo a través del listado oficial que se confecciona en los Consejos Escolares.
Explica que los porteros pueden titulares o transitorios y dentro del ítem de transitorios, pueden ser contratados o reemplazantes. En el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación, a los porteros y/o ayudantes de cocina, se les otorga -para el personal suplente- la jerarquía de personal transitorio reemplazante.
Asimismo, asegura que la Sra. Yaconis poseía una antigüedad de 8 años en el sistema educativo como reemplazante de diferentes auxiliares titulares, y que conforme ello, posee estabilidad laboral e iguales derechos que el personal de planta permanente -conforme lo determina el art. 118 de la Ley 10430-.
Relata que el día 21 de junio de 2017, la Sra. Yaconis se presenta a trabajar a la Escuela Secundaria N° 7, como reemplazante de la Sra. Natalia Salinas, cargo que poseía de manera continua e ininterrumpida desde el 29/02/2016; cuando de manera telefónica, la citan desde el Consejo Escolar de 9 de Julio, para que se presente en dicha Sede.
Describe que al llegar al lugar fue recibida por los tres Consejeros; la Presidente, Prof. Marisa Poratti; la Secretaria, Prof. Ana María Gargano y la Vocal I, Griselda Berardo; quienes proceden a la lectura de un Acta que lleva el N° 97 -del Libro de Actas del Consejo-, comunicándole que por razones disciplinarias disponen su cese -conforme el art. 121 de la Ley 10430-.
Según manifiesta, las causas esgrimidas por los Consejeros en esa precaria acta, distan mucho de esta causal que autoriza el art. 121. Las causas que constan en el acta son tres y de tipo disciplinarias, a saber; usufructuar la licencia del art. 63 siendo reemplazante; incumplimiento de las tareas asignadas; retiro anticipado del establecimiento sin aviso y sin dejar constancia, sucesivas llegadas tarde e inasistencias sin previo aviso "por tales motivos, el día 19 de junio de 2017, se reúne en sesión especial el Cuerpo de Consejeros Escolares y disponen el cese de la auxiliar Gabriel Yaconis".
En atención a la situación relatada, expone que presentó un recurso de revocatoria por escrito, y a consecuencia de ello, fue citada verbalmente a la sede del Consejo Escolar, donde se le informó que mantendrían la decisión tomada; y que como auxiliar reemplazante la pueden dejar cesante.
Refiere que -posteriormente- el recurso de reposición fue contestado por escrito, mediante carta documento de fecha 8 de agosto de 2017 -la que cita textualmente-, en la cual le comunican la decisión del Consejo de ratificar el cese dispuesto, no dando lugar al pedido de nulidad.
En ese orden, achaca que la cesantía dispuesta fue arbitraria, puesto que las causas reales fueron cuestiones disciplinarias a las cuales no les fue aplicado el procedimiento del sumario administrativo -art. 92 Ley 10430-, y por ello entiende que el acto administrativo por el que fue dejada cesante, es nulo de nulidad absoluta.- Argumenta que el Acta N° 97 -como acto jurídico- es totalmente precaria, ilegal y viciada de nulidad manifiesta, en tanto no respetó el procedimiento administrativo para que sea válido.
A modo introductorio explica los elementos del acto administrativo; -competencia, voluntad objeto y forma-, avocándose a continuación a tratar cada uno de ellos separadamente, explicando la falencia de cada elemento en el acto que aquí cuestiona.
En cuanto a la competencia, asegura que el órgano que dictó el acto es totalmente incompetente para este tipo de actos administrativos, y afirma que según el texto del art. 99 inc. a de la Ley 10430, el único órgano con competencia para dictar una cesantía es el Poder Ejecutivo, en tanto el Consejo Escolar dentro de sus facultades y atribuciones dadas por la Ley Provincial de Educación, no posee facultades para dictar actos administrativos con este objeto (cesantía del personal auxiliar).
Cita el texto del art. 170 Ley 13688 -Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires- en cuanto establece las facultades que poseen los Consejos Escolares.
Asimismo, transcribe el art. 171 de la mencionada Ley, el que manda: "...los actos de los Consejos Escolares no constituídos según la forma y contenido determinados en la presente Ley y en las de aplicación complementaria, serán nulos".
En ese orden de razonamiento, entiende que no tiene el Consejo Escolar -según su propia Ley- facultades para aplicar sanciones expulsivas del personal auxiliar, ya que siendo personal titular o transitorio está sometido al régimen de la Ley 10.430.
Trae también al relato la Resolución N° 2066 -anexo I, apartado 11, inciso k-, que trata los "cargos reemplazantes"; reglando para estos casos, la instrucción de sumarios con suspensión preventiva por tres días -dispuesta conforme lo establecido por la Ley 10.430 y su Dec. Reglamentario 4161/9-, y asegura que nunca otorga atribuciones para aplicar sanciones expulsivas y agrega que la nombrada resolución remite a la Ley 10430, en cuanto a que el personal reemplazante o transitorio, posee los mismos derechos que el personal titular o permanente.
En cuanto al elemento "voluntad", menciona que el mismo para su formación, necesariamente requiere un procedimiento administrativo, tendiente a determinarla o elaborarla; circunstancia que no aconteció en el caso de autos, en tanto la Ley 10430, exige la formación de un sumario administrativo. Cita en su apoyo, el art. 80 de la nombrada ley.
Alega que no se le otorgó a la Sra. Yaconis el derecho de defensa respecto de los tres cargos disciplinarios que se le imputan, y de los cuales la Sra. Yaconis tomó conocimiento en el mismo momento en que se le notifica la sanción de cese.
Puntualiza que para el ejercicio de las facultades sancionatorias que posee la administración, es necesario que se respeten los principios y garantías constitucionales; entre ellas, el debido proceso y la defensa en juicio, y en orden a ello, asegura que la administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción y que respete el principio fundamental del debido proceso adjetivo (art.18 CN).
Prosigue con su embate y explica -con fundamento en la Resolución N° 2066- que tampoco se ha dado cumplimiento al requisito de la forma, en tanto, aun tratándose de personal reemplazante, la cuestionada resolución, no ordena un sumario previo.
En cuanto a la causa -antecedente de hecho y derecho del acto administrativo- achaca que en el Acta N° 97, se observan tres hechos de carácter disciplinario; a saber: usufructuar licencia del art. 63 siendo reemplazante; incumplimiento de las tareas asignadas; retiro anticipado del establecimiento sin aviso y sin dejar constancia, sucesivas llegadas tarde e inasistencias sin previo aviso; y finalmente se le aplica una sanción de cese basada en el art. 121 de la Ley 10430, "por razones de servicio o abandono del cargo".
Advierte en relación a ello, una incongruencia, entre el hecho imputado y la norma jurídica aplicada o violada por la Sra. Yaconis.
Asimismo, arguye que razones de servicio, no son faltas disciplinarias; son cuestiones tales como exceso de personal, incumplimiento de contrato, etc. y asegura que ninguno de los hechos imputados responde a razones de servicio.
Expone también, que el Acta objetada se encuentra viciada por carecer de motivación, ello en razón de no explicar los fundamentos para aplicar tan grave sanción como el cese.
Se cuestiona como fueron probados los hechos imputados la Sra. Yaconis, en tanto asegura que son falsos.-
Indica que el objeto del acto está representado por su concreto contenido, y que, en el caso de autos, el objeto es inexistente al no haberse realizado el debido procedimiento administrativo previo.
Rebate que las licencias otorgadas a la Sra. Yaconis, son en el marco de la Ley 10430 de Empleo Público, empero la cesantía pareciera que no, ya que cualquier órgano luce como facultado a disponerla, sin sumario previo; cuando en realidad, el propio texto del art. 99 de la Ley dice que el único autorizado a aplicar medidas expulsivas es el Poder Ejecutivo.
Por los fundamentos expuestos, considera que el Acta N° 97, es nula de nulidad absoluta y debe así ser declarada.-
Cuestiona que el cese fue arbitrario e ilegal, dictado por un órgano sin legitimación para ello, violando los más sinceros y profundos derechos y garantías constitucionales establecidas.
En acápite separado reclama indemnización por el daño moral y psicológico padecido y menciona que por el hecho de la cesantía quedo sin sueldo de manera inmediata, lo que provocó que se endeudara para solventar los gastos corrientes de una casa, como también la pérdida de la obra social (IOMA), han subsumido a la Sra. Yaconis en un estado de depresión y angustia.
Expone que resultando que el daño moral -psíquico- es difícil de evaluar solicita un pericia psicológica y psiquiátrica, en la que peticiona se tenga en cuenta la naturaleza de la ofensa, el prestigio y las circunstancias personales de la víctima.
También peticiona como daño patrimonial, el reintegro de los sueldos devengados desde el día del cese hasta su reintegro definitivo.-
II. En atención a que las actuaciones administrativas ya habían sido acompañadas en el expediente N° 27.056, caratulado "Yaconis Gabriela Andrea c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Amparo", en trámite por ante este Juzgado; en oportunidad de efectuar el examen de admisibilidad de la pretensión, mediante Resolución de fecha 08/11/2017, se dispuso intimar a la actora para que en el plazo de 90 días, acredite el agotamiento de la vía administrativa -o la configuración del silencio administrativo- en los términos previsto en el art. 16 CPCA. Asimismo, en dicha resolución, se dispuso rechazar la medida cautelar solicitada.
Apelada la resolución denegatoria de la medida cautelar, con fecha 20/02/2018, la Exma. Cámara de Apelaciones de San Martín, declaró inadmisible el recurso interpuesto por la parte actora por encontrarse desierto.
Ante la presentación de la actora, de fs. 76/80, manifestando el agotamiento de la vía administrativa, con fecha 13/04/2018, se requirieron nuevamente los expedientes administrativos a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As.
A fs. 83/86, la actora acompaña copia simple de la Res.11/18, mediante la cual el Director de Administración de Recursos Humanos, resuelve el recurso de revocatoria interpuesto.
Con fecha 12/06/2018, no habiéndose allegado las actuaciones administrativas requeridas; se efectúa nuevamente el examen de admisibilidad y se dispone intimar a la actora para que en el plazo de 90 días acredite el agotamiento de la vía administrativa bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta, en tanto se consideró que la Res. 11/18 al ser dictada por Director de Administración de Recursos Humanos, no revestía el carácter de autoridad máxima con competencia resolutoria final.
Con fecha 19/06/2018, la actora interpone recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la resolución de fecha 12/06/2018.
Rechazada la reposición planteada, con fecha 02/07/2018, se ordena la elevación de las actuaciones a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación planteado en forma accesoria.-
Que con fecha 06/11/2018, la Exma Cámara de Apelaciones de San Martín, resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, disponiendo que prosiga el trámite las actuaciones, en tanto entendió que; "siendo la propia Administración quien ha manifestado que es el Director de Administración de Recursos Humanos el competente para entender en instancia jerárquica las impugnaciones que puedan existir en los términos del Decreto Ley n° 7647/70". Asimismo, sentenció que ".exigir el agotamiento de la vía administrativa en el sub lite por el Director General de Cultura y Educación resulta -a mi criterio- una carga excesiva o inútil para el administrado (art. 14 inc. 1° ap. b) del CPCA.".
Recibido el expediente de la Alzada, y atento que las actuaciones administrativas N° 05800-262296 2/2018 001, fueron allegadas a este órgano con posterioridad a la resolución de fecha 12/06/2018, de las mismas, se confirió vista a la parte actora, en los términos del art. 32 del C.P.C.A.
Mediante presentación electrónica de fecha 04/12/2018, la actora contesta el traslado conferido y solicita nuevamente el dictado de una medida cautelar, a fin de que se la reincorpore a su cargo de auxiliar de la Escuela Media Nº 7 de la localidad de Nueve de Julio.-
Con fecha 23/03/2019, se resuelve el rechazo de la medida cautelar solicitada, y conjuntamente se declara admisible la pretensión en los términos dispuestos por la resolución de Alzada de fs. 109/112; y consecuentemente, se dispone el traslado de la demanda interpuesta a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
De esta manera se precluye la etapa de admisibilidad de la demanda.
III. Que con fecha 12/06/2019, se presenta el Dr. Javier Horacio Pafundi, en representación de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda instaurada.
En referencia a los hechos relatados en la demanda, expone como datos relevantes que, en primer lugar; al momento de ser dada de baja por parte de la Dirección General de Cultura y Educación con fecha 21/06/2017, la actora revistaba como Auxiliar reemplazante.
Asegura que ante la comunicación de su baja en los términos del art. 121 de la Ley 10430, la accionante presentó una acción de amparo con solicitud de medida cautelar de no innovar, pretensiones que fueran rechazadas.
Añade que de lo manifestado en la propia demanda, como de las constancias obrantes en la causa, surge que la actora había ingresado a laborar en la Administración Pública, como personal de Planta Temporaria, bajo la modalidad de personal auxiliar reemplazante.-
En ese orden precisa que el Régimen para el Personal de la Administración Pública Provincial (Ley Nº 10.430; T.O. Decreto 4161/96), contempla diversas categorías de agentes: por un lado, el personal de planta permanente con y sin estabilidad (art. 15) y por otro, el personal de planta temporaria (arts. 15 inc. c y 111 inc. c).
Explica que el personal no permanente está regulado en los arts. 111 y sig., que norma sus derechos y obligaciones. Por su parte, con respecto a la baja de los agentes que revistan en tal carácter, el artículo 121 dispone que "El personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicios así lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo".
En atención a ello, entiende que la situación de revista de la accionante se encuadra dentro de la Planta Temporaria de la Administración Pública Provincial, como personal temporario en los términos de los artículos 15, 111, 117, 118, 119,120, 121 y concordantes de la Ley de Empleo Público, la cual en modo alguno brinda cobertura normativa a los pedidos formulados en el escrito de inicio por la demandante.
Asegura, sobre tales bases, que es claro que tanto el Acta n°97 del Consejo Escolar de Nueve de Julio, que dispuso el cese en los términos del art. 121 de la 10.430, como la Disposición n°11/18 del Director General de Recursos Humanos, que rechazó el recurso interpuesto por la actora resultan legítimas y razonables. Ello así, por cuanto -según refiere- lo relevante en el caso es que la demandante no revestía en un cargo con estabilidad, siendo su situación frente a la Administración precaria y susceptible de ser dar de baja cuando "razones de servicio" así lo aconsejen, en los términos del art. 121 de la ley 10.430.
Achaca que resulta indiscutible que la invocación de razones de servicio con base a dicha norma resultaba suficientes para dar de baja a la actora, atento su status de agente integrante de la Planta Temporaria; y que no obstante ello, la Administración mencionó algunas de situaciones planteadas por las autoridades del establecimiento educativo vinculadas con la actora y el servicio a su cargo (ver fs. 5/22 del expediente 5828-205979 6 2017).
Acusa que la actora no cuestiona su status de personal temporario, sino que lo reconoce expresamente y en relación a ello, cita jurisprudencia de SCBA.
En cuanto a los demás vicios alegados, y sin perjuicio de reiterar que la administración no requería invocar causales de cese, ya que el 121 de la 10.430, establece que el personal de planta temporaria podrá ser dado de baja cuando razones de servicios así lo aconsejen; a todo evento señala que el primero de dichos supuestos ha quedado debidamente acreditado.
Por otro lado, argumenta la inexistencia de vicios, en tanto entiende que, en el caso de autos, el Consejo Escolar tiene facultades suficientes para disponer la baja del Personal de Servicio Auxiliar de la Educación, en los términos del art. 121 de la ley 10.430. Asimismo, dicha medida fue ratificada por el Director de Administración de Recursos Humanos de la DGCyE, mediante la Disp. Nro. 11/18; que rechazó el recurso de la actora.
Destaca que el art. 147 de la Ley Provincial de Educación, establece que "La administración de los establecimientos educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados Consejos Escolares, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires".
También argumenta que la Resol. 2066/15, dictada por el Director de la DGCyE, -vigente al momento de los hechos del caso- regulaba el procedimiento de designación y funciones del Personal de Servicio, con funciones en establecimientos educativos de la Dirección General de Cultura y Educación.
En lo que respecta a la Disposición 11/18, sostiene que no existe vicio alguno en la competencia del órgano que dispuso la baja y en ese sentido, recuerda que la competencia de un órgano estatal supone una autorización para obrar en un determinado ámbito y debe surgir de una norma en forma expresa o razonablemente implícita (Fallos 331:1382).
Asegura que en el caso de autos, el Consejo Escolar tiene facultades suficientes para disponer la baja del Personal de Servicio Auxiliar de la Educación, en los términos del art. 121 de la ley 10.430. Asimismo, dicha medida fue ratificada por el Director de Administración de Recursos Humanos de la DGCyE, mediante la Disp. Nro. 11/18, que rechazó el recurso de la actora.
En ese sentido, reitera lo que dispone el art. 147 de la Ley Provincial de Educación.
Relata que la Resolución 2066/15, establece el procedimiento para la designación del personal de servicio auxiliar de la educación, refiriendo que "Los Consejos Escolares deberán
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