Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 33171
Expte. Nº 33171 .-
Autos:"KRASNIASKI ERNESTO PABLO C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "KRASNIASKI ERNESTO PABLO C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO" Expediente Nº 33171, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 65/84 y con fecha 11 de julio de 2018, se presenta por su propio derecho el Sr. Ernesto Pablo Krasniaski, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Andrés Salinardi, iniciando pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Chivilcoy con el objeto de obtener la anulación de los Decretos N° 352/2018 y N° 754/2018 de fecha 14 de marzo de 2018 y 16 de mayo de 2018 respectivamente -dictados por el Intendente comunal- solicitando consecuentemente, la inmediata reincorporación al cargo en el cual laboraba, el reconocimiento de la antigüedad y el pago de los haberes dejados de percibir desde la cesantía con mas sus intereses.
Liminarmente, refiere que el primero de ellos dispuso arbitrariamente su cese como agente municipal y que, el segundo, rechazó el recurso de revocatoria incoado, lo que conllevó a la confirmación de la medida segregativa.
Luego de realizar un racconto de sus antecedentes laborales, principia por mencionar que desde el año 2014 se desempeñó como Director del Centro de Educación Complementaria "Florencio Varela" -en adelante CEC Varela- dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación comunal, bajo el número de Legajo N° 5023.
Hace hincapié en que, durante los años de trabajo en planta permanente, ha logrado un legajo intachable y que ha prestado servicios en forma responsable, estando sus relaciones signadas por el buen trato y el respeto, tanto con sus superiores como con el resto de los integrantes de la comunidad educativa.
Prosigue su relato diciendo que no caben dudas acerca de la legalidad de su nombramiento al cargo de Director del CEC Varela, como la consolidación de la estabilidad, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el dictado del acto de designación.
Seguidamente, refiere que el día 28 de septiembre de 2017 es notificado del dictado del Decreto N° 1358/17, por el cual se dispuso el inicio de una investigación sumarial y su traslado preventivo a la Dirección de Deportes Municipal.
Acápite aparte, relata los fundamentos fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al fin pretendido.
Para ello, realiza una pormenorizada reseña de las circunstancias por las que entiende, el acto administrativo que embate en la presente, es merecedor de reproche.
Es así que aduce la manifiesta irregularidad del procedimiento sumarial. Procede entonces a realizar una descripción pormenorizada del desarrollo del procedimiento disciplinario puesto en crisis. Al efecto, entiende notable la precariedad y orfandad argumentativa esgrimida en los Decretos cuya nulidad se pretende, alegando que se incurre incluso, en flagrante contradicción.
En cuanto a los hechos que dieron lugar a la apertura sumarial, plantea que se hace referencia al supuesto de inasistencias, cuando en todo caso -dice- serían faltas que se encontrarían prescriptas, como asimismo a supuestos hechos individualizados en el tiempo, de los que no cuenta con detalle alguno para efectuar una adecuada defensa.
Guardando relación con ello, hace referencia a la inexistencia de un supuesto hecho de incumplimiento horario.
Basamenta su postura, por cuanto entiende que la demandada considera acreditada esa falta a partir del cotejo del libro de asistencias como, asimismo, de los testimonios en los cuales se apoya, los que dice, son ambiguos, imprecisos y contradictorios.
Entiende por el contrario, que de los testimonios de las Inspectoras Silvia Torres y Rosana Menéndez sí ha quedado acreditado que "es habitual que un Directivo se tenga que retirar de su horario laboral porque su función de gestión institucional así lo requiere, desde hacer visitas a familias a comprar insumos de ser necesario" [textual].
Apartado siguiente, pone especial énfasis en el supuesto maltrato a superiores, iguales y al público que la comuna le endilga.
En cuanto a ello, repara que no existe siquiera un solo hecho de conducta reprochable merecedora de sanción alguna que fuera identificado en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.
Al respecto, principia por mencionar que no obra en las actuaciones sumariales prueba documentada que acredite aquél extremo. Reitera entonces, su legajo es intachable; del mismo dice no desprenderse denuncia penal, queja ni apercibimiento alguno.
Pone de relieve que mientras se encontraba tramitando el sumario administrativo, ofreció prueba pericial psicológica a los efectos de probar que su perfil psicológico era idóneo y que se encontraba apto para el cargo. Dice que el ofrecimiento mereció la denegatoria por supuesta imposibilidad de producción de dicho medio de prueba por cuanto "los psicólogos del plantel del Hospital Municpal no responden puntos de pericia" [textual].
Considera que dicho cercenamiento arbitrario debe ser considerado iure et de iure como presunción a favor del aquí accionante, desvirtuando y desacreditando de ese modo, la temeraria acusación que se le endilga. Máxime -dice- teniendo en cuenta que el Decreto atacado, se funda en una merituación precaria, tendenciosa, selectiva y sectaria de dichos de testigos que han atestiguado con total animosidad y cuyas declaraciones reitera, resultan imprecisas, contradictorias, ambiguas, improbadas y falsas de toda falsedad.
Como corolario, arguye que no se advierte de los términos empleados por los testigos, hecho alguno y menos aún, proposición fáctica que contenga las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho u omisión objeto de la investigación. Cita normativa para fundamentar su postura.
Seguidamente, y en cuanto a la supuesta negligencia en el cumplimiento de las funciones e incumplimiento de las obligaciones del trabajador del que se le acusa, sostiene que no existe prueba alguna que acredite aquellas irregularidades en su desenvolvimiento laboral. Pone de relieve las declaraciones testimoniales de las testigos inspectoras para fundamentar su postura.
Arguye en otro tópico, que para arribar al decreto aquí cuestionado se intentó fundamentar una inconducta notoria, la que a todas luces -dice- resulta falaz, por no existir las supuestas faltas. Se ampara de su legajo para demostrar la falta de antecedentes y sanciones.
A todo evento, plantea la desproporcionalidad de la sanción adoptada. Cita normativa para fundamentar su postura.
Consiguientemente, apontoca que otro signo de arbitrariedad es el uso de expresiones genéricas, las que resultan insuficientes para motivar la calificación efectuada. En suma, dice tratarse de un acto viciado por un exceso de punición en el marco de las facultades disciplinarias. Cita jurisprudencia para fundamentar su postura.
Plantea a su vez, la falta de parcialidad de los miembros de la junta disciplinaria. Al efecto, embate contra el dictamen efectuado, esgrimiendo que el mismo resulta ilegítimo.
En ese orden de ideas, manifiesta que en la especie, no se ha dado cumplimiento con la normativa inherente ni respectado el debido proceso. Cita normativa para fundamentar su postura.
Apartado último argumenta respecto a la irrazonabilidad de la sanción impuesta.
En esta parcela, manifiesta que el acto administrativo impugnado evidencia un manifiesto vicio en su causa y motivación, por cuanto en él se ha explicitado un ejercicio interpretativo erróneo y arbitrario en perjuicio del administrado que, claramente -dice- no ha sido el que tuvo en miras el propio legislador. Cita jurisprudencia para fundamentar su postura.
1.1. Capítulo aparte, y en cuanto a los daños, reclama los siguientes rubros:
Primeramente peticiona el daño material: Alega que el cese ilegítimo del vínculo laboral le provocó un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento.
Manifiesta que se vulneró la garantía constitucional de la estabilidad.
Ésta última circunstancia -aduce- conlleva a la necesidad de reconocimiento de la totalidad de los salarios reclamados, SAC y vacaciones desde el período marzo de 2018 hasta el momento de la efectiva reincorporación.
Funda su reclamo citando jurisprudencia.
Seguidamente peticiona el daño moral: Relata que como consecuencia del cese ilegítimo soportó y soporta intranquilidad y sufrimientos, en virtud de los cuales, vio afectados sus sentimientos y afecciones legitimas padeciendo un menoscabo incuestionable en valores relevantes de su vida. Dice haber sufrido un daño moral que estima importante y cuantifica en la suma de $ 100.000,00 evaluados a la fecha de la demanda.
Funda su reclamo citando jurisprudencia.
Apartado siguiente, peticiona el daño psícológico: Afirma haber sufrido a raíz de la medida segregativa en cuestión, una situación límite que se traduce en ataques de pánico, hipersensibilidad, angustia, sintomatología de ansiedad, incertidumbre, inseguridades y en reiteradas ocasiones necesita de medicación para conciliar el sueño.
Por este rubro reclama la suma de $ 50.000,00.
Acto seguido y los fines de acreditar los extremos vertidos, funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y peticiona.
1.2. Habiendo la parte demandada dado cumplimiento con la remisión de las actuaciones administrativas y efectivizada la vista de las mismas a la actora, con fecha 24 de octubre de 2018 ésta procede a ampliar demanda en virtud de la facultad otorgada por el artículo 32 del C.P.C.A. En dicha ampliación, ofrece nuevos testigos a los fines probatorios. 2.- Que habiéndose declarada admisible la pretensión y corrido el traslado de demanda, con fecha 30 de septiembre de 2019, se presenta a contestar la misma la Municipalidad de Chivilcoy representada por su letrada apoderada, Dra. Carmen Norma La Ruina, quien solicita el rechazo de la misma con expresa imposición de costas.
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
En cuanto a los hechos relata, que conforme el legajo laboral del actor, que dice acompañar con su responde, no quedan dudas de que el acto administrativo que culmina con el cese del agente Ernesto Pablo Krasniaski por razones disciplinarias, ha sido llevado adelante en debida forma, respetándose el debido proceso y las garantías de defensa del procedimiento administrativo sumarial.
Destaca que el Expediente Administrativo N°4031-185820/2017 tiene como origen la denuncia por escrito formulada por empleados pertenecientes al Centro Educativo Complementario Florencio Varela de Chivilcoy como asimismo, los informes realizados por las Sras. Inspectoras.
Que motivó la denuncia, el mal desempeño del aquí actor, quien se desempeñaba como Director del establecimiento precedentemente indicado.
Seguidamente, realiza un pormenorizado detalle del procedimiento sumarial llevado a cabo por la Dirección de Asuntos Legales del Municipio.
Sostiene que, con las medidas de prueba recabadas, se demostró fehacientemente que el Sr. Krasniaski incurrió en la falta de incumplimiento del horario fijado por los arts. 103 inc. a) y d), 106 inc. 2 y 3 y 107 inc. 4 de la Ley 14.656.
Consecuentemente -continúa afirmando- se encuentra probado el incumplimiento por parte del aquí actor a lo normado por los arts. 52, 53 y 259 del Reglamento General de Instituciones Educativas (Decreto 299/11) ello en referencia a las funciones del Director en los aspectos pedagógicos, administrativos y socio-comunitarios respectivamente.
Pone especial énfasis en que el Decreto 352/18 se encuentra debidamente fundamentado y que el mismo se basa en hechos y testimonios que no se encuentran prescriptos. Realiza un circunstanciado esbozo de los mismos a los fines de fundamentar su criterio.
En cuanto a la prestación de servicios en forma irregular y descontinuada, realza lo dispuesto en el decreto impugnado, toda vez que se llega a ese entendimiento del simple cotejo del libro de asistencias. Hace alusión a que dicha circunstancia sucedió en varias oportunidades. Se remite a los actas labrados por las Sras. Inspectoras, como a los testimonios vertidos en la etapa probatoria, los que se desprenden del expediente administrativo arrimado a la causa.
A ello se suma la irregularidad de no consignar los horarios de ingreso y egreso del personal, lo que hace -entiende- plena prueba a lo anteriormente expresado.
Capítulo seguido, embate contra la alegada falta de acreditación de falta de respeto a superiores, iguales y al público expresada por parte de la actora.
A los efectos perseguidos, detalla testimonios de mal trato y de conductas fuera de lugar e inapropiadas del Sr. Krasniaski. Para ello, remite a las declaraciones de varias personas que el accionante tenía a cargo en la institución educativa, las cuales surgen del expediente administrativo.
Apartado siguiente, realiza una breve síntesis respecto a la pericial psicológica solicitada en las actuaciones sumariales, medio probatorio que fuera denegado.
Principia por mencionar que si bien en un principio la misma fue concedida y se procedió a librar oficio al nosocomio local, el mismo contestó por la negativa por cuanto no todo profesional por el sólo hecho de tener título habilitante puede ser considerado perito en la materia. Así las cosas, y considerando que no se lo había imputado al Sr. Krasniaski por ninguna patología sino por los comportamientos reñidos con el cargo detentado, es que la instrucción sumariante consideró que la misma carecía de sentido.
Parágrafo seguido, y en cuanto a la alegada falta de acreditación de supuesta negligencia en el cumplimiento de las funciones e incumplimiento de las obligaciones del trabajador, considera que la administración tiene cabalmente probado que el Sr. Krasniaski incumplió en reiteradas ocasiones sus obligaciones como Director del CEC Varela, tanto las previstas por la Ley 14.656 como las previstas en el Reglamento General de Instituciones Educativas remitiendo al expediente administrativo, específicamente al Decreto N° 352/18.
Alega a su vez, que la actora pretende inmiscuir la idea de que los incumplimientos imputados son meras opiniones subjetivas, cuando en rigor de verdad, las obligaciones del Director se encuentran plasmadas en los cuerpos legales anteriormente enunciados.
Posteriormente y en cuanto al exceso de punición planteado, dice que los hechos calificados tanto cualitativa como cuantitativamente son suficientes para merituar el desenlace ya conocido. Particularmente, señala la falta de firma de libros institucionales, la no presentación de declaraciones juradas en término, fumar en el establecimiento, entre otras.
Asimismo, por haber sido respetadas todas las instancias del sumario y el derecho de defensa sin limitación alguna, entiende que la sanción resulta absolutamente razonable.
Por todo lo expuesto, sostiene que el actor no tiene derecho ni a su reincorporación, ni a indemnización alguna.
Es por ello que, a su criterio, la demanda debe rechazarse en todos sus términos, con expresa imposición de costas a la actora.
Por último, impugna la liquidación practicada por la accionante, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
3. Que con fecha 20 de febrero de 2020, se ordena la apertura de las actuaciones a prueba.
4. Que con fecha 03 de junio de 2020 se celebra la audiencia prevista en los términos del art. 41 C.P.C.A.. Transitada esa etapa y habiéndose agregado el alegato presentado por la actora (v. 05 de septiembre de 2022) y por la demandada (v. 05 de octubre de 2022), pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 12 de octubre de 2022.-
1. Como se ha dejado planteado en la demanda, la actora reclama la anulación del Decreto 352/2018 dictado por el Intendente Municipal con fecha 12 de marzo de 2018 y notificado con fecha 14 de marzo de 2018, por el cual se dispuso su cesantía, por reputarlo a todas luces como injusto y arbitrario.
A la par, pretende la anulación del Decreto Nº 754/2018 dictado por el Intendente Municipal con fecha 16 de mayo de 2018 y notificado con fecha 21 de mayo de 2018, por cuanto se dispuso rechazar el recurso de revocatoria incoado y confirmar el Decreto N° 352/18.
Al mismo tiempo, solicita la restitución de su puesto de trabajo en el cargo de Director del Centro de Educación Complementario "Florencio Varela" dependiente de la Municipalidad de Chivilcoy, se le abonen las diferencias de haberes adeudados con mas sus respectivos intereses y reclamando además, el daño moral y psicológico.
Que en función de ello, funda su pretensión en los arts. 1, 11, 23, 27 y 102 de la Ley 14.656 y en el art. 14 de la Constitución Nacional.
Por su lado, la comuna sostiene la legalidad del procedimiento llevado a cabo a los fines de declarar la cesantía y afirma que, en el procedimiento sumarial, se ha probado sin lugar a dudas que el Sr. Krasniaski ha incurrido en las faltas contempladas por los arts. 103 inc. a) y d), 106 inc. 2 y 3 y 107 inc. 4 de la Ley 14.656 como asimismo, respecto a lo normado por los arts. 52, 53 y 259 del Reglamento General de Instituciones Educativas (Decreto 299/11).
Que ello determina entonces el marco bajo el cual se desarrollará el presente resolutorio y en su caso, el alcance de la condena.
2. Bajo esta línea objetiva, entiendo pertinente verter ante todo, y en la tarea de fijar los hechos que basamentan el presente litigio, los detalles fácticos que se desprenden de las constancias probatorias de autos.
Respecto del Legajo personal del actor Nº 5023:
a) Conforme se desprende a fs. 1 tengo por acreditado que el Sr. Ernesto Krasniaski comenzó a cumplir tareas como Director en el Centro Educativo Complementario "Florencio Varela" con fecha 03 de febrero de 2014 y que, al momento del distracto prestaba servicios en la misma área.
Respecto del Expte Administrativo N° 4031-185820/17:
a) A fs. 1 se desprende la nota efectuada por personal dependiente del Centro Educativo Complementario Florencio Varela, con fecha 18 de septiembre de 2017 y presentada por ante el Sr. Intendente comunal, en la que denuncian "La agresión verbal reiterada, violencia psicológica que ejerce sobre el personal, especialmente el femenino, es una constante. A eso suma una persecución laboral, con maltrato personal" por parte del Director del centro Sr. Ernesto Krasniaski,
b) A fs. 2 y con fecha 25 de septiembre de 2017 luce pase a la Dirección de Asuntos Legales.
c) A fs. 4 y con fecha 27 de septiembre de 2017 se desprende el Decreto N° 1358 dictado por el Sr. Intendente municipal en el que se dispone la instrucción del sumario administrativo en virtud de la nota obrante a fs. 1 y en el mismo acto, se designa instructor sumariante.
d) A fs, 5 surge el traslado dispuesto con carácter de preventivo del agente sumariado a la Dirección de Deportes.
e) A fs. 17/41 y 44/70 obran declaraciones testimoniales del personal del Centro de Educación Complementario "Florencio Varela".
f) A fs. 94/96 se encuentra el acta de inspección realizada por la Inspectora Silvana C. Adrover con fecha 07 de junio de 2016, en la que consta la ausencia en el establecimiento educativo del Sr. Director.
g) A fs. 97/98 se encuentra el acta de inspección realizada por las Inspectoras Silvana C. Adrover e Hilda Mondelli con fecha 09 de agosto de 2016, dando continuidad a la visita anterior, y en la que se da cuenta de la persistencia de la circunstancia precedentemente indicada.
h) A fs. 119/123 se encuentra el acta de inspección realizada por las Inspectoras María Paula Biscardi, María Daniela Martínez, Rita Arriaran y Graciela Agostinelli con fecha 08 de marzo de 2017, en la que consta infracción al
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