Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 42120 2023
Expte. Nº 42120 .-
Autos:"DIAZ LEANDRO JOSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ES
Estos autos caratulados "DIAZ LEANDRO JOSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 42120, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 23/06/2022 se presenta el Dr. Agustín Valdovinos, como apoderado del señor Leandro José Diaz, promoviendo demanda contra el Ministerio de Seguridad, solicitando se anule la RESOLUCIÓN N°RESO- 2022 -981- GDEBA- MSGP, en la cual se resolvió encuadrar las lesiones sufridas por el accionante en fecha 22/11/2020 dentro de las previsiones del artículo 339 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1.050/09, solicitando se declaren esas lesiones como una "Herida en Acto de Servicio", en los términos del art. 51 de la Ley Nº 13.982 y 338 del Decreto Reglamentario N° 1.050/09.
Solicita también, se condene a la demandada al pago retroactivo de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido por el art. 1 de la Ley N° 13.985, devengadas durante el período comprendido entre el momento en que el actor fue herido en acto de servicio y aquél en que recibió el alta médica definitiva en agrupamiento, grado y cargo, debiendo considerarse -según dice- para graduar el capital a reintegrar, la remuneración actualizada -según lo que perciba por todo concepto- de un Teniente Primero (E.G.) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con 16 años de antigüedad.
Finalmente expone que, para hacer lugar íntegramente a esta pretensión, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3° del Decreto Reglamentario N° 149/10, en tanto condiciona el monto del subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable, fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la Ley 13.982, en flagrante contradicción al texto y espíritu de la Ley N° 13.985, y por tanto violatorio del art.144 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 31 de la Constitución Nacional.
Que en fecha 24/08/2022 -y luego de la remisión de las actuaciones administrativas- el actor amplia demanda. En esta oportunidad y luego de reiterar lo peticionado en su escrito inicial, comienza con un capítulo denominado "antecedentes". -
Así, refiere que el actor Leandro José Díaz resulta ser policía de la Provincia de Buenos Aires, ingresando a las fuerzas en perfecto estado de salud, tras superar con grado de suficiencia los distintos exámenes psicológicos y físicos previstos normativamente al efecto.
Ya con experiencia y años de servicio, relata que su mandante fue víctima de un gravísimo infortunio laboral que coartó no sólo el normal desarrollo de su carrera, sino también el de su vida en general. Tal acontecimiento sería declarado mediante la Resolución RESO-2022-981-GDEBA-MSGP por el Ministro de Seguridad como un simple accidente de trabajo, esto es, en los términos del art. 339 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1050.
Dice que lo resuelto constituye una mal interpretación total de los antecedentes de la causa y de las propias constancias de las actuaciones administrativas que fueron remitidas al juzgado, dado que Díaz fue víctima de una herida en acto de servicio, de conformidad con los arts. 51 de la Ley N° 13.982 y 338 de su reglamentación.
Relata que Leandro Díaz resultó herido el día 22 de noviembre de 2020, cuando junto con su compañera la Oficial María Milagros Marín (ambos dependientes de la Policía local de Luján) fueron asignados especialmente para cubrir la zona de la Ruta 5, altura de Jauregui, debido a "picadas" de motos que se estaban realizando. En ese contexto, procedieron a secuestrar a uno de estos motovehículos, y cuando el actor se encontraba subiendo la motocicleta al móvil policial, se lastimó el dedo meñique de la mano derecha.
En atención a ello, dice que la mecánica de los hechos y sus secuelas se encuentran sumamente claras, a la luz de las constancias obrantes en el Expediente Administrativo N° 21100-858.246/2021, pero lo que debe ser puesto en tela de juicio es la valoración que de los mismos hizo la demandada, así como su encuadre legal, puesto que su mandante fue herido en acto de servicio en los términos de los arts. 51 de la Ley N° 13.982 y 338 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1050/09, y no tuvo un simple accidente de trabajo como ha sido dispuesto por la demandada.-
Luego de los antecedentes, se refiere a la nulidad de la resolución Nº RES-2022-981-GDEBA-MSGP, la que se trata -según expone- efectivamente de un acto administrativo declarativo, en base al cual la autoridad encuadró las lesiones que sufriera su mandante el 22/11/2020 como un mero accidente de trabajo. Dicha resolución, aduce que se trata de un acto administrativo plurindividual, que resuelve los sumarios por lesiones de numerosos efectivos policiales, encuadrando los hechos sufridos por ellos de distinta manera. Y de aquí la importancia de que su mandante no haya sido debidamente notificado, ya que por supuesto -afirma- no es lo mismo quedar incluido en uno u otro.-
Pone bajo cuestionamiento si puede subsumirse en la definición del art. 51 de la Ley N° 13.982 el hecho que ocasionó las lesiones sufridas por su mandante, puesto que refiere que el artículo mencionado no sólo contempla como heridas en acto de servicio a aquellas derivadas directamente del ejercicio de la función policial, sino también a las que resulten consecuencia de la condición policial del agente, esto es lesiones que resultan no sólo de sus tareas propias como policías, sino también las que tengan por causa el simple hecho de que ellos lo sean.-
Resalta que es evidente que Díaz estaba cumpliendo función policial: se encontraba en servicio, cumpliendo las tareas que le habían sido asignadas, y cita que es el mismo Ministerio quien deja asentado que "se encontraba ayudando a cargar una motocicleta, secuestrada en el marco de una orden de servicio", cuando resultó herido su dedo meñique al quedar atrapado entre la maquinaria de la moto, debiendo como consecuencia acudir a la Clínica Güemes a fines de recibir la atención y curaciones necesarias, demorando meses hasta poder ser dado de alta y retomar sus tareas.
Aclara que la norma en análisis no exige a los efectos de la calificación legal que las lesiones sean ocasionadas por el disparo de un arma de fuego, sino con cualquier elemento contundente, arma blanca, de fuego, golpe con el cuerpo, caídas, etc. es lo mismo en términos legales.
En su consecuencia, afirma que la Resolución Nº RESO-2022-981-GDEBA-MSGP fue dictada con una displicencia total; sin analizar pormenorizadamente las constancias del expediente administrativo, contando de esta manera, con vicios graves en su causa (como antecedente de hecho y de derecho -tras aplicar el art. 339 y no los arts. 51 y 338), motivación (por directamente no estar fundada) y objeto (ya que, según dice, lo que resuelve es lisa y llanamente ilegal), razón por la cual debe ser -según expone- anulada íntegramente.
Acto seguido, comienza un apartado titulado "declaración como herida en acto de servicio". A su respecto, dice que en el caso, nos encontramos frente a un concepto jurídico indeterminado. Si bien su conceptualización doctrinaria es de un marcado interés, a los efectos del presente deja en claro que nos encontramos dentro del grupo de las llamadas potestades regladas de la administración. Por ello, entiende que encontrándonos frente al ejercicio de una potestad preponderantemente reglada, los órganos del poder judicial cuentan con una capacidad revisora amplia y verificado el supuesto de hecho contemplado por la norma, éstos cuentan con la posibilidad de suplir la voluntad administrativa, asumiendo competencia positiva en el asunto, pudiéndose declarar que las lesiones graves sufridas por su mandante resultan imputables al servicio, por haberse producido como consecuencia de un acto de servicio, puesto que lo que le sucedió al actor fue consecuencia directa e inmediata de su condición policial.-
Luego de ello, denuncia precedentes de la CSJN, en lo que entiende fueron casos con características similares, a los efectos de reforzar su petición en cuanto al encuadramiento de los hechos como " acto de servicio", para ingresar luego en otra de las cuestiones requeridas, esto es el pago del subsidio previsto por la ley n° 13.985.-
Respecto de ello, refiere que el subsidio cuyo pago se pretende fue estatuido por el primer artículo de la Ley N° 13.985, que dispone el pago para el personal herido e incapacitado en acto de servicio de un subsidio mensual equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero de las Policías de la Provincia, entre tanto el agente no se recupere. Por su parte, el art. 4° del Decreto N° 149/10 - reglamentario de la referida ley- dispone que el efectivo continúe percibiendo el subsidio en la medida que sea retirado por incapacidad, readecuado en TNO o Actividad Limitada Definitiva, o reescalafonado como consecuencia de la pérdida de las aptitudes laborales, dejando de ser percibido cuando los agentes reciban el alta médica en agrupamiento, grado y cargo.
Dice que de acuerdo con la normativa vigente, son requisitos para la procedencia del pago: i) ser herido en acto de servicio; y, ii) encontrarse incapacitado laboralmente, extremos que se encuentran cumplidos en caso de su mandante.
Finalmente, solicita la inconstitucionalidad del art. 3° del decreto reglamentario n° 149/10. En este sentido, dice que la Ley N° 13.985 dispone en su primer artículo el pago para aquellos heridos en acto de servicio incapacitados laboralmente, de un subsidio equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y que el Decreto N° 149/10 ( reglamentario de la norma indicada) determina en su art. 3° el modo en el cual debe liquidarse y abonarse el beneficio estableciendo que "El monto del subsidio establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 13.985, será equivalente al sueldo básico con más la Bonificación Remunerativa y No Bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la Ley 13.982 y su reglamentación, neto de aportes personales, previsionales y asistenciales". Entonces, entre ambas normas hay una "divergencia" reglamentaria que deja al margen del monto del subsidio los suplementos por antigüedad, uniforme y riesgo profesional; restringiendo el alcance de la norma de jerarquía superior. Por ello, plantea la inconstitucionalidad del artículo en cuestión, en tanto subleva el principio de jerarquía normativa y vulnera así el art. 144 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el 31 de la Constitución Nacional.
Posteriormente, inicia lo que titula un "análisis general de los Decretos Reglamentarios - Reglamentos ejecutivos". Primeramente, dice que tanto a nivel nacional como local, los Decretos Reglamentarios encuentran su fuente en las potestadesínsitas del Poder Ejecutivo. En la CN tal atribución surge del art. 99 inc. 2 y en la CBA del art. 144 inc. 2°, dejando en claro que el ejercicio de tal potestad no aparece desprovisto de límites, sino que ambas constituciones determinan claramente que su uso por parte del poder administrador no puede conducir a desnaturalizar o contrariar el texto y/o el espíritu de la ley reglamentada, lo que se complementa con el principio de jerarquía normativa emanado del art. 31 de la Constitución Nacional, donde se establece claramente la prelación axiológica de la ley en sentido formal y material por sobre las reglamentaciones expedidas por el Poder Ejecutivo.
Luego, se refiere a la inconstitucionalidad en el caso concreto, refiriendo que de la simple comparación de los textos normativos se evidencia el exceso reglamentario: la Ley N° 13.985 refiere al haber mensual de un Teniente Primero, adoptando un criterio uniforme, fijo y objetivo para la determinación del subsidio, pero que la reglamentación va más allá y contradice las pautas legales al limitar el monto del beneficio al sueldo básico y la bonificación remunerativa y no bonificable que perciban dichos agentes, quedando al margen de la base de cálculo del subsidio pretendido los suplementos por antigüedad, uniforme y riesgo profesional. Esto, en los términos analizados en el apartado anterior, expone que es un claro ejemplo de exceso reglamentario, razón por la cual entiende que debe declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto N° 149/10 y ordenarse el pago del subsidio en beneficio de su mandante en los términos de la Ley N° 13.985; es decir, incluyendo al efecto todos los suplementos, bonificaciones, etc. que perciba un Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con 16 años de antigüedad.
En otro apartado, refiere que recientemente, la SCBA dictó sentencia en los autos "González, Juan Carlos C/ Banco Provincia s/ D.C.A" (Causa B. 60.558) y sentó una nueva doctrina legal en la materia, donde decidió mayoritariamente condenar al Estado Provincial a indemnizar a un empleado público estatal sobre la base de los valores actualizados al momento de dictarse sentencia, por lo que solicita se proceda a la utilización de los valores actuales al momento de dictarse sentencia para graduar el capital a reintegrar a su representado.
Luego de ello, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que en fecha 01/02/2022 se presenta el Dr. José Martin Torres, en su carácter de apoderado del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y contesta demanda.-
Luego de relevar las peticiones efectuadas por el actor, reseña la normativa involucrada en la resolución del presente caso, expresando que la ley 13.982, en su art. 30, establece lo que se denomina "función de seguridad", precisando en su art. 51 lo se entenderá por 'acto de servicio'.
Así, dice que se trata de todo aquel resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las personas, de la condición policial del agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes.
Explica que el Decreto Reglamentario 1050/09 (de la ley 13.982), establece en su art. 338 que se considerará que un accidente se ha producido en o por acto de servicio en los casos previstos en el artículo 51 de la "Ley de Personal". Por su parte -sigue exponiendo- el art. 339 del DR 1050/09 dispone que el personal que sufriera lesiones con motivo o en ocasión del servicio sin que medie culpa o negligencia de su parte y no se hallare comprendido en las previsiones de los párrafos que anteceden, tendrá derecho a percibir la indemnización que estatuye al efecto la Ley Nacional Nº 24.557.
Asegura entonces que de la lectura de la normativa que regula el hecho por el cual el actor efectúa el reclamo, surge con claridad que las circunstancias en las cuales aquel resultó herido deben ser consideradas como un accidente laboral, no como un "acto del servicio policial" en los términos del artículo 51 de la Ley 13.982.
Refiere que una vez que cualquier efectivo policial sufre un accidente laboral, cualquiera sea, la Administración procede a llevar a cabo el denominado "sumario por accidente" (artículo 279 inciso c), 331/340, dec. 1050/09), donde se establece el carácter de la lesión, la responsabilidad del agente en la producción, y si el hecho investigado ocurrió "en o por ocasión del servicio"; o, por el contrario, si debe ser calificado como ocurrido en "acto de servicio policial" en los términos del artículo 51 de la ley nº 13.982. Y que, en el caso de autos, por el infortunio acaecido el 22/11/2020, se llevó a cabo el mencionado sumario donde la autoridad determinó que el actor había sufrido un accidente laboral y debía encuadrarse la cuestión en lo previsto en el artículo 339 del DR 1050/09. Manifiesta que para así resolver, se tuvo por acreditado con las constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas, que el actor se lastimo el dedo meñique de su mano derecha al subir una motocicleta en la parte trasera del móvil policial.
Entonces, dice que es preciso diferenciar que una cosa es haber sufrido una lesión con motivo o en ocasión del servicio (imputable al servicio), y otra es haberla sufrido en ejercicio del servicio (acto de servicio).
Concretamente, refiere que la Ley 13.982 dispone que las lesiones derivadas con motivo u ocasión del servicio darán derecho a percibir una indemnización de la ART (art. 45-g-3); mientras que las lesiones derivadas de un acto de servicio y en función de policía de seguridad darán derecho al pago de un subsidio (art. 47, 48).
Resalta que el distingo señalado se funda en el mayor o menor vínculo de la lesión con la función de policía, y que para imputarla al servicio basta que la actividad policial haya dado ocasión para el accidente, aunque no sea su causa directa, mientras que para calificarla como acto de servicio se requiere que sea consecuencia directa de actos de arrojo o enfrentamientos armados con delincuentes para la defensa de la seguridad (art. 51 Ley 13.982).
Refiere que el catálogo de conductas relativo a los actos de servicio alude a las lesiones que se derivan de las acciones más elevadas y altruistas de la función de seguridad policial, y no a las lesiones que pudiera resultar de otras causas, aún con motivo u ocasión de aquella tarea.
Expone que resulta evidente que no se encuentran configuradas las circunstancias para que el accidente ocurrido sea considerado como acaecido en acto de servicio, puesto que, contrariamente a lo que pretende el actor, la lesión por él sufrida se produjo con motivo o en ocasión del servicio.
Resalta que el accionar del que derivaran las lesiones del actor no reunió las condiciones necesarias para tipificarlo como un "acto de arrojo" o "enfrentamiento armado" con la delincuencia.-
Aduce que si se ensancha demasiado el círculo central de lo que se consideran actos de arrojo, y a cualquier situación lesiva derivada en ejercicio u ocasión de las funciones policiales se la comienza a encuadrar bajo aquel rótulo, entonces todo terminaría siendo considerado como un acto de servicio, igualándose indebidamente las conductas subyacentes a cada escenario que enfrenta un policía, sin distinción de gravedad de las mismas.-
Manifiesta que el plus compensatorio que se otorga específicamente por "actos de servicio", con beneficios excepcionales para el abnegado agente de policía, no se puede otorgar frente a los accidentes que derivan de un riesgo corriente en ejercicio u ocasión de la función de policía (función que por cierto ya supone asumir un margen de mayor exposición al riesgo), sino que sólo se destina para aquellos agentes que en circunstancias delictivas, se exponen valerosamente a un sacrificio especial, con riesgo agravado, en salvaguarda de la vida y bienes ciudadanos, asumiendo un acto de arrojo en el enfrentamiento armado con delincuentes.
Señala que la actividad policial de seguridad es una función riesgosa por su propia naturaleza, e intrínsecamente apta para que, a partir de ella, se produzca un daño, y que conlleva -como regla-, un peligro inminente para quienes la ejecutan, pero ello no habilita a sostener que las situaciones lesivas que se produzcan en el marco de dicha función sean actos de servicios, pues para ello el legislador ha previsto especialmente una conceptualización jurídica.
Resalta que el actor no ha desvirtuado las constancias obrantes en el expediente que da cuenta de la mecánica de los hechos conforme lo señalado, esto es, que se trató de un acto con motivo o en ocasión del s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.