Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78785
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.785, "V., K. E. c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria - Empl. Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada e hizo lugar al deducido por la actora. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había declarado la nulidad de los actos impugnados y la revocó en lo referido al reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto. En su lugar, ordenó la reincorporación de la agente y condenó al pago de los salarios dejados de percibir, con intereses (v. sent. de fecha 7-VI-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2022, 12:41:16 hs.), el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por la señora K. E. V. contra el Ministerio de Seguridad. En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones 1/16, 817/16 y su confirmatoria 1.520/17, mediante las cuales se dispuso, en primer término, el pase de la actora a situación de inactividad y, con posterioridad, su baja obligatoria, en razón de no hallarse en condiciones de reintegrarse al servicio —luego de agotadas sus licencias por enfermedad— y no alcanzar los 2/3 de incapacidad para obtener el beneficio jubilatorio por invalidez, en los términos de los arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982 y 147 segunda parte del decreto 1.050/09.
Condenó a la demandada a dictar un nuevo acto administrativo que disponga el pase de la actora al subescalafón servicios generales, por aplicación del art. 25 del decreto 1.050/09 (v. sent. de fecha 28-X-2020).
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada e hizo lugar al deducido por la actora.
En consecuencia: i) confirmó la nulidad de los actos administrativos impugnados; ii) revocó la sentencia atacada en cuanto dispuso el reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto; iii) ordenó la reincorporación de la actora a la situación de revista existente al momento de la baja; iv) condenó al pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, a calcular a valores actuales, desde el momento en que se dictó el acto nulo hasta la reincorporación efectiva; y v) estableció un interés puro del 6% anual hasta la fecha de la sentencia y, con posterioridad, aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 7-VI-2022).
Para así decidir, y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. Dijo que la cuestión había quedado acotada a la validez del acto administrativo que diera de baja a la actora por pérdida de sus condiciones de idoneidad psicofísica, siendo que su situación de revista gozaba del atributo de estabilidad.
A partir de allí, y con cita de precedentes análogos que consideró aplicables, juzgó que los actos administrativos impugnados adolecían de vicios que los invalidaban, puesto que violentaban las garantías constitucionales de estabilidad en el empleo público (art. 14 bis, Const. nac.) y del debido proceso (arts. 18, Const. nac. y 11 y 15, Const. prov.).
En ese orden, señaló:
II.1.a. Que la interpretación efectuada por la demandada de los arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982 y 147 del decreto 1.050/09, a partir de la cual se dispuso la baja de la actora por razones de salud, se enfrentaba sin éxito a la garantía de estabilidad al extender el recaudo de idoneidad psicofísica al desarrollo de la relación de empleo público cuando, por un lado, dicho requisito solo se exige para el acceso a la carrera y, por otro, la estabilidad solo se extingue por supresión del cargo o inconductas disciplinarias del agente.
Puntualizó que la pérdida de la aptitud psicofísica, una vez consolidada la estabilidad, de no resultar viable el retiro a la pasividad —como indicó reportaba el caso—, obligaba a la administración empleadora a limitar funciones o reasignar tareas (conf. art. 138 y sigs., dec. 1.050/09) y que dicho encuadre no se modificaba, en la especie, ni por la enfermedad que afectaba a la agente ni por haber agotado las licencias por enfermedad.
Finalmente, por estar implicados derechos que estimó irrenunciables, descartó la aplicación de la teoría del sometimiento voluntario al régimen estatutario cuestionado.
II.1.b. Por otro lado, advirtió que el procedimiento administrativo no solo se desarrolló sin intervención de la destinataria en desmedro de su derecho de defensa y de las garantías del debido proceso, sino que su resultado tampoco connotaba mención o valoración alguna que sostuviera la decisión extintiva.
Concluyó en la gravedad de la afectación jurídica evidenciada, sin que el recurso tramitado en sede administrativa pudiera modificar esa apreciación.
II.2. Luego, se expidió respecto al alcance de la condena.
II.2.a. Por un lado, dijo que la sentencia de grado mostraba error de juzgamiento al decidir el reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto.
Puntualizó que —en la especie— la declaración de nulidad implicaba retrotraer la situación jurídica al estado anterior al acto viciado, como si este nunca hubiese existido, toda vez que recayó sobre un acto que carecía de elementos esenciales y, por ende, sin posibilidad de convalidación ulterior.
En virtud de ello, ordenó la reincorporación de la agente en el cargo que revistaba al tiempo en que se decidiera su baja.
II.2.b. Por otro lado, y en lo que refiere a las consecuencias patrimoniales derivadas de la nulidad declarada, reconoció el 35% de los salarios caídos, calculado a valores actuales, a computar desde el dictado del acto nulo hasta la efectiva reincorporación de la agente.
A las sumas resultantes, les adicionó un interés puro del 6% anual hasta la fecha de la sentencia y, de allí en adelante, aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2022, 12:41:16 hs.), en el que denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 14, 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial de la Nación; 61 y 64 inc. "c", entre otros, de la ley 13.982 y 7, 8, 11, 12, 127, 147 y 148 y concordantes del decreto 1.050/09. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que cita.
III.1. En primer lugar, afirma que la decisión del Tribunal de Alzada desconoce el funcionamiento de las normas que reglamentan la baja policial por inaptitud psicofísica (arts. 61 y 64 inc. "c", ley 13.982 y 147, dec. 1.050/09), como límite a la estabilidad en el empleo, confundiendo la situación de cese justificado, con otra diferente vinculada a la baja por invalidez o por una falta disciplinaria.
Seguidamente reseña el esquema normativo y las diversas posibilidades por las que se produce una baja policial, concluyendo que no todo cese requiere de un trámite administrativo de tipo bilateral con traslados y ejercicio de descargos. Aduce que en los casos de pérdida de aptitud psicofísica se requiere un trámite de información sumaria, acotado al examen del agente mediante un dictamen médico que lo certifique.
A partir de allí, postula que la Cámara prescindió del régimen normativo aplicable al exigir trámites que son ajenos a la causal de baja por pérdida de la aptitud psicofísica.
Defiende la legitimidad del obrar administrativo sobre la base de haberse constatado, previo dictamen de la Junta Médica Superior, que la actora se había excedido en el uso de licencias pagas y que no se encontraba apta para permanecer en actividad, sin alcanzar los 2/3 requeridos para un retiro. Indica que los jueces prescindieron de dichas conclusiones técnicas.
Concluye que el tribunal invalidó, sin fundamento suficiente ni declaración de inconstitucionalidad, una causal legalmente prevista para la pérdida de la estabilidad en el empleo policial.
III.2. Luego, indica que el a quo incurrió en el vicio de absurdo al reprochar la falta de motivación del acto de cese, al omitir valorar correctamente los antecedentes del caso y desconocer la validez del dictamen médico emitido por la Junta Médica Superior sin haberse producido prueba que lo desmintiese.
III.3. Destaca que la actora contó con la oportunidad de ejercer su derecho de defensa a través del recurso de revocatoria y luego al promover este proceso judicial, sin que haya aportado prueba que acredite su aptitud y, consecuentemente, desvirtúe la presunción de legitimidad que impera en el obrar de la Administración.
III.4. En otro orden, cuestiona la reincorporación de la actora a la fuerza policial ordenada por la Cámara.
Recuerda que el magistrado de primera instancia había dispuesto el reenvío de las actuaciones para el dictado de un nuevo acto, quedando postergada la reincorporación laboral definitiva y el reclamo pecuniario a la nueva decisión administrativa.
Refiere que el mismo órgano judicial ya había avalado tal criterio en causas anteriores ("Álvarez" y "Gutiérrez"). Las que según afirma, serían análogas a la presente.
No obstante, indica que aquí se apartó de sus precedentes sin brindar razones plausibles, vulnerando de ese modo el derecho de igualdad, la seguridad jurídica, la división de poderes y la coherencia jurisprudencial.
Enfatiza que tal modificación de criterio no queda subsanada por la interpretación que se hace en la presente causa respecto a los efectos ex tunc de la invalidación del acto irregular, dado que un razonamiento similar pudo haberse utilizado en los precedentes citados, donde se confirmó la validez del reenvío.
III.5. Asimismo, se queja de la reparación patrimonial otorgada, al sostener que dicha condena resulta infundada ante la falta de prestación del servicio correspondiente. En su aval, cita jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte federal.
Cuestiona que la Alzada haya reconocido, en tal concepto, el 35% de los salarios dejados de percibir, aduciendo que supera el 25% que tradicionalmente reconociera esta Corte en la doctrina legal que cita.
III.6. Por último, se agravia de la condena pecuniaria estimada a valores actuales.
Indica que la decisión adoptada en la causa A. 74.138, "Gélvez", sentencia de 27-XI-2019, en la que se apoyó la Cámara, se contrapone con la esbozada en otras causas de este Tribunal que cita.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda por salarios caídos discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Este Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que —en cambio— ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que lo dotan de contenido (doctr. causas A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; A. 76.813, "Riconocsiuto", sent. de 2-III-2023; e.o.), a punto tal de que en autos dicha tarea se traduce prácticamente en una reiteración de los argumentos defensivos avanzados —sin éxito— en la primera instancia y luego ante la Cámara.
Así, la recurrente insiste con la aplicación aislada de los arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982 y los concordantes del decreto reglamentario, en cuanto regulan la baja del agente cuando se han excedido los tiempos de licencia por enfermedad y no puede acogerse a los beneficios previsionales, pero sin hacerse cargo de los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada estimó —por aplicación e interpretación del conjunto de la normativa, esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09— que en el caso resultaba ilegítima la decisión de terminar una relación garantizada por estabilidad (art. 7, ley 13.928), sin antes explorar alternativas que le hubiesen permitido a la actora permanecer en la fuerza policial cumpliendo tareas compatibles con su enfermedad, hasta tanto reuniese las condiciones estatutarias para acceder a alguno de los beneficios previsionales que ofrece el régimen de la Caja de las Policías.
En todo esto, la apelante no evidencia violación jurídica o errónea aplicación de las normas específicamente actuadas por la Cámara —en particular, el art. 138 del decreto 1.050/09— y que constituyó el núcleo central de la argumentación en que se sustentó la sentencia. Y esto constituye una de las causales de insuficiencia señaladas por esta Corte desde antiguo, en atención a la clara y estricta manda del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 76.570, "Brunet", sent. de 8-XI-2022; A. 76.813, cit.; e.o.).
A mayor abundamiento y para concluir parcialmente, el criterio seguido en autos por los jueces anteriores se ajusta al adoptado por esta Suprema Corte en un precedente de configuración semejante (v. causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016).
IV.2. En lo tocante a la reivindicación del procedimiento unilateralmente seguido en sede administrativa sin intervención de la agente policial —lo que la Cámara reputó una grave afectación del derecho de defensa con consecuencias invalidantes— y las alegaciones en torno al principio de subsanación y la configuración de absurdo valorativo, tales argumentos se desestiman en virtud de lo previsto en el art. 31 bis de la ley 5.827 —texto según ley 13.812—, en tanto que justificaciones similares ya fueron abordadas y desestimadas —dada la insuficiencia de tales planteos— en casos de análoga configuración al presente (v. causas A. 77.405, "Gutiérrez", sent. de 16-VI-2022; A. 76.246, "Álvarez", sent. de 16-VI-2022; A. 78.418, "Farías", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
IV.3. También luce insuficiente el planteo en punto a la pretensa violación de las normas legales y constitucionales citadas en el escrito bajo examen, por cuanto se limita a enumerarlas sin explicar de qué modo resultan transgredidas o vulneradas.
En forma reiterada esta Corte ha decidido que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causa A. 79.160, "Hernández", sent. de 11-VII-2024) tal como acontece en la especie.
Por su parte, corresponde señalar que la invocación de quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditadas en el caso (doctr. causas A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017; A. 77.102, "Pizurno", sent. de 30-V-2024; e.o.).
IV.4. La misma suerte adversa debe correr el agravio dirigido a cuestionar la reincorporación de la agente ordenada por la Cámara fundada en el efecto retroactivo ( ex tunc ) inherente a la declaración de nulidad, cuando ella recae sobre un acto irregular insanable.
Frente a ello, la apelante denuncia que el Tribunal de Alzada se apartó del criterio del reenvío adoptado en precedentes anteriores similares.
IV.4.a. Sobre esto, se tiene establecido que determinar la existencia de soluciones contradictorias por parte de un mismo órgano judicial importa una típica cuestión de hecho, en la que solo puede ingresarse mediante invocación y adecuada exhibición de absurdo (doctr. causas A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.117, "Portorrico", sent. de 13-VIII-2021; A. 76.191, "Albanese", sent. de 22-IX-2021; A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos" y A. 76.732, "AGCO Argentina S.A.", sents. de 25-VIII-2022 y A. 78.260, "Rubini", sent. de 11-X-2023).
Aunque el agravio no está planteado estrictamente en esos términos, cosa que indefectiblemente afecta la suerte del intento revisor (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019), no cabría atender aquí a una alegación de semejante tenor.
Es que como se ha dicho, los magistrados pueden —y en ocasiones, deben— modificar sus posturas a lo largo de sus carreras judiciales, fruto en gran medida de la reflexión constante a la que invita la experiencia jurídica, siempre que tales cambios de criterio estén respaldados por fundamentos y no se muestren arbitrarios (doctr. causa A. 76.732, cit.).
En el caso, se aprecia que el decisorio —de importar aquello mismo que se dice— encuentra sostén en las consecuencias legalmente previstas para las nulidades absolutas (conf. art. 390, Cód. Civ. y Com.).
Como fuere, agrego que en la especie no habría habido estrictamente un cambio de parecer en cuanto al fondo del asunto, sino simplemente en lo que atañe al remedio concreto, para lo cual el Tribunal de Alzada optó por componer positivamente el pleito en lugar de diferirlo a las resultas de un nuevo acto. A lo que añado que la manda del juez de primera instancia tampoco había dejado mayor margen para que la demandada resuelva libremente sobre el contenido de ese último.
En suma, lo avanzado en este tramo no alcanza para rescindir el fallo impugnado por las razones pretendidas (conf. causa A. 75.394, cit.).
IV.4.b. Tampoco procede esta misma queja en la forma de la violación de una supuesta doctrina legal sobre la cuestión del reenvío (con cita de las causas A. 70.214 y A. 71.490).
Independientemente de la orfandad argumental con la que se lo hace, cabe recordar que el resorte en cuestión, antes que una rígida regla, trata de una facultad correctora de los tribunales con contornos casuísticos, aplicable según las más diversas circunstancias, lo cual impide formalizar una crítica eficaz del pronunciamiento atacado en tales términos (doctr. causa A. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023).
Por lo demás, no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la p
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