Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78424
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.424, "Silva, Rubén Marino c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ Pretensión Anulatoria-Empl. Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria, Kogan, Kohan, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda entablada contra la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 3-VIII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2021, 08:17:50 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver, presentada la memoria de la parte demandada con fecha 7 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto y -de ese modo- confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda mediante la cual el señor Rubén Marino Silva pretendía la nulidad de la resolución 424/18 dictada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el consecuente pago del subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, con más el retroactivo allí solicitado.
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, destacó que la fundamentación que contenía el recurso no reunía los requisitos de suficiencia inherentes a una expresión de agravios, aspecto que -destacó- resultaba suficiente para justificar el rechazo del remedio deducido.
I.2. Sin perjuicio de ello, ingresó a su tratamiento y lo rechazó con base en los siguientes argumentos:
I.2.a. Recordó que la cuestión litigiosa se circunscribió a decidir si habiéndose el actor acogido al retiro voluntario, tenía derecho al otorgamiento del subsidio establecido mediante la ley 13.985 y su decreto reglamentario 149/10.
I.2.b. Señaló que de las constancias de autos no se encontraba controvertido que el señor Silva había percibido ese beneficio hasta el mes de febrero del año 2016, oportunidad en que fue dispuesto su retiro activo voluntario.
I.2.c. Destacó que la normativa aplicable prevé dos alternativas que habilitan el reconocimiento del beneficio en pasividad: 1. Que el retiro sea por incapacidad y 2. Que haya existido un pase a situación de actividad limitada.
I.2.d. Adunó que el actor, al retirarse en forma voluntaria, no tenía derecho al cobro por no haberse configurado ninguno de los supuestos previstos por la norma.
I.2.e. En otro orden de ideas, enfatizó que el hecho de que el señor Silva tuviese un grado de incapacidad permanente superior al previsto por el art. 2 del decreto 149/10, no resultaba suficiente para seguir cobrando el subsidio en pasividad, en tanto la causal de su cese no estaba prevista en la normativa.
I.2.f. Sobre el final, estimó que el plexo normativo en juego denotaba una claridad que no admitía una interpretación contraria, descartando -al igual que la jueza de grado- que la solución dada resultase violatoria al postulado que emerge del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. En esos términos, rechazó el recurso ordinario de apelación.
II. Contra dicho pronunciamiento el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación o errónea aplicación del art. 1 de la ley 13.985. Finalmente sostiene que el fallo viola los arts. 14 bis, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II.1. Inicia su embate efectuando una reseña de la normativa actuada como así de sus fundamentos.
A partir de allí, sostiene que el subsidio reclamado tiene un claro fin tuitivo de aquellos heridos en acto de servicio que, con causa en el cumplimiento del deber, terminan sufriendo una incapacidad muy grave.
Considera que dicha finalidad se vería truncada si a un sujeto -como es su caso- que presenta una incapacidad equivalente al 56.48% imputable al servicio, se le niega la protección legal.
II.2. Continúa argumentando que el reconocimiento y consecuentemente pago del subsidio luego del cese laboral, requiere para su procedencia que exista una incapacidad imputable al cumplimiento de la función policial, indistintamente de cuál haya sido la causal del cese.
En razón de ello, entiende que la sentencia impugnada, al interpretar de modo literal la norma y soslayar el grado de incapacidad constatado, violenta el espíritu que motivó su sanción.
II.3. Agrega que, si bien la legislación pareciera exigir para acordar el beneficio vitalicio el retiro por incapacidad, ello sucede porque dicha modalidad es una consecuencia lógica de la presencia de una minusvalía física muy severa adquirida en acto de servicio.
Sin embargo, enfatiza en que no puede confundirse cuál es el verdadero presupuesto del pago, a la luz del espíritu y fundamentos de la ley 13.985 que -reitera- debe ser la discapacidad grave imputable al cumplimiento de la función policial.
II.4. Recuerda que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al reglamentar la ley y dictar el decreto 149/10, interpretó que un 50% de incapacidad era suficiente para percibir el beneficio de manera vitalicia.
En ese sentido, se agravia de lo resuelto por el a quo en cuanto no dedica ni una sola palabra a esta circunstancia.
Entiende que una interpretación armónica de la ley en cuestión y su decreto reglamentario permite concluir sin mucho esfuerzo que al contar con una incapacidad de más del 50%, adquirida en acto de servicio, debería poder percibir el subsidio.
II.5. Remata diciendo que la sentencia impugnada resulta violatoria de garantías constitucionales, tratados internacionales y fallos del Máximo Tribunal federal que cita.
III. Por los fundamentos que seguidamente expondré, considero que el recurso extraordinario debe prosperar.
III.1. En forma liminar, efectuaré un repaso de los antecedentes fácticos del caso ventilado en autos:
III.1.a. El señor Silva, junto a otro agente, protagonizó un accidente en fecha 3 de junio de 2006 mientras participaba de un operativo policial. Como consecuencia de ello, sufrió lesiones catalogadas de carácter grave e imputadas al servicio por haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial en los términos del art. 208 -primer párrafo- del decreto 3.326/04 (conf. resol. 1.939/09). A partir de allí comenzó a percibir el subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985.
III.1.b. Por resolución 40/15 dictada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se otorgó al actor el retiro activo voluntario, oportunidad en la cual se interrumpió su pago.
III.1.c. Con motivo de ello, y con la finalidad de lograr el reconocimiento de su derecho al cobro del concepto de manera vitalicia, el actor inició un procedimiento a fin de que se revise el porcentaje de incapacidad. Finalmente, la Junta Superior de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Seguridad determinó que presentaba una incapacidad del 56,48% imputable en su totalidad a lesiones sufridas en acto de servicio.
III.1.d. Pese a ello, el Ministerio dictó la resolución 424/18 mediante la cual desestimó el reclamo con base en que la modalidad del cese -retiro activo voluntario- no encontraba previsión en la norma del art. 1 -segundo párrafo- de la ley 13.985, sin otro miramiento.
IV. Corresponde ahora analizar el plexo normativo vinculado al beneficio en debate. Veamos:
IV.1.a. Su génesis se ubica con el dictado del decreto 861/99 (B.O., 8-VI-1999), en cuya oportunidad el Estado provincial estableció un subsidio de liquidación mensual a favor del personal policial herido e incapacitado en forma transitoria, cualquiera sea el grado de la incapacidad, por acto de servicio y en ejercicio de la función de policía de seguridad. Ello, con el fin de compensar el perjuicio que genera para el sostenimiento de la familia, la disminución de los ingresos del agente toda vez que, durante el estado de imposibilidad laboral, ve frustrada toda posibilidad de complementación horaria del servicio, previendo finalmente la posibilidad de continuar percibiendo el beneficio para el caso de resultar permanente la incapacidad y acordado que fuera el pertinente retiro (v. cons. 1° y arts. 1 y 3).
IV.1.b. Con posterioridad fue sancionada la ley 13.985 (B.O., 27-IV-2009) estableciendo similar beneficio. En tal sentido, el art. 1 dispone: "Establecer para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de policía de seguridad un subsidio mensual a cargo del Estado provincial equivalente al haber que por todo concepto percibe un teniente Primero del régimen de la ley 13.201 de las Policías de la Provincia de Buenos Aires mientras dure la incapacidad y en las condiciones que determine la reglamentación. Para el supuesto de resultar permanente la incapacidad y acordado que fuera el retiro por dicha circunstancia o el pase a situación de actividad limitada, el personal seguirá percibiendo el mismo. Dicho subsidio tendrá carácter móvil, y no será absorbido por ascensos extraordinarios y/o aumentos salariales, y será incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa" (el destacado me pertenece).
IV.1.c. Luego, se dictó el decreto 149/10 que derogó el anterior y dispuso otra forma de liquidar el subsidio bajo análisis, extendiendo, asimismo, su reglamentación.
En lo que aquí interesa destacar, su art. 2 dispone: "...En los casos contemplados en el art. 1°, párrafo primero de la ley 13.985, el subsidio será acordado cualquiera sea el grado de incapacidad del agente en la medida que lo imposibilite en forma transitoria y por más de treinta (30) días para prestar servicio habitual y mientras dure tal situación, e incluirá a todo el personal que cuente con estado policial...".
Por su parte, en relación a los casos contemplados en el párrafo segundo del art. 1 de la ley 13.985, establece: "...la incapacidad permanente que dé origen al pase a situación de retiro o de actividad limitada originada en el acto de servicio deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la incapacidad total laboral...".
IV.2. Que en oportunidad de exponerse los fundamentos que motivaron la sanción de la ley 13.985 se sostuvo: "Debe considerarse que el funcionamiento policial, con el objeto de preservar las garantías individuales de los miembros de la sociedad, sacrifica y ofrenda su vida, diferenciando por ende de cualquier otro supuesto. En atención a ello, el Estado provincial debe resguardar la integridad afectiva y económica del personal policial y el de su grupo familiar, tal como lo manda la Constitución de la Provincia en su art. 36, al establecer como derecho social la protección de aquel núcleo, sin que deba perder de vista la delicada tarea que la comunidad le asigna. Asimismo, debe considerarse que el personal policial herido en acto de servicio, resulta perjudicado no solo a partir de la disminución de sus ingresos, toda vez que durante el estado de imposibilidad laboral aquel ve frustrado toda posibilidad de complementación horario de servicios por cual régimen, sino que además ve frustrada su carrera policial, no pudiendo alcanzar por ende otros grados superiores; siendo del mismo modo cuando se produce el fallecimiento por tal circunstancia respecto de su familia" (el destacado me pertenece).
IV.3. En síntesis, de acuerdo a lo expuesto, se concluye entonces que el Estado provincial -a través de la normativa referida- reconoce a los agentes de la policía el derecho a un subsidio mensual para el supuesto en que resulten heridos e incapacitados como consecuencia de actos propios del servicio, y cuya finalidad principal se erige en la necesidad de paliar los daños sufridos a instancias del desarrollo de la actividad que el Estado les encomienda.
Tal subsidio tiene como finalidad, por un lado, compensar la imposibilidad de realizar tareas complementarias en actividad y por otro, remediar la frustración de la carrera del agente incapacitado. Por ello, el subsidio se cuantifica teniendo como parámetro el salario de un teniente primero del régimen de la ley 13.201 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Tan es así, que la norma aplicable supone que, si la incapacidad es permanente, el personal seguirá percibiendo el subsidio aún en pasividad y que dicho subsidio tendrá carácter móvil y no será absorbido por ascensos extraordinarios o aumentos salariales.
Si bien la norma supone para el mantenimiento del cobro del subsidio el pase a pasividad producto de la incapacidad, ello responde -como bien señala el actor en su recurso- a que un grado superior al 50% permite acceder al beneficio jubilatorio en forma anticipada.
Una interpretación ceñida a la literalidad del plexo normativo, sin armonizar los principios y garantías aplicables a la materia, permitirían excluir el supuesto del actor de la percepción del subsidio, por cuanto se acogió a un retiro voluntario.
Ahora bien, en tanto es materia de debate la constitucionalidad de la norma para el particular caso ventilado en esta litis, es que no surge ajustado a derecho un análisis sesgado como el efectuado por el Tribunal de Alzada.
En el caso adquiere relevancia lo señalado -con reiteración- por esta Corte en materia previsional en cuanto a que debe procurarse la aplicación racional de las normas que la integran, evitando así la adopción de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto (conf. doctr. causas B. 58.671, "Osella", sent. de 8-III-2000; B. 59.632, "Vázquez", sent. de 18-VI-2008; B. 61.591, "Corbella", sent. de 29-XII-2014; Q. 71.783, "Orellano", sent. de 15-VII-2015; A. 71.314, "Teplizky Jutoran", sent. de 11-II-2016; entre muchas otras).
Así también se ha expedido nuestro más Alto Tribunal federal al sostener que en materia de seguridad social se requiere un máximo de prudencia en casos en que su inteligencia pueda llevar a la pérdida de un derecho a aquellos a quienes las leyes han querido proteger (Fallos: 305:292).
De manera que es dable afirmar que las pautas de interpretación expuestas colocan al juzgador en la necesidad de realizar en cada caso una ponderación del derecho y de los hechos que no solo preserve la finalidad tuitiva en juego, sino incluso que se concilie con los principios constitucionales que rigen en la materia. Todo ello con el fin -claro está- de evitar soluciones de estricto rigor formal que a la postre resulten frustratorias de esta clase de derechos.
V. Desde tal mirador, se concluye entonces que la aplicación del plexo normativo que rige en la especie y en particular del art. 1 de la ley 13.985 exige un análisis cuidadoso, prudente, que más allá de la literalidad de las palabras, que respete el espíritu que lo inspira.
Es que, tal como lo sostiene la actora, no resulta aceptable admitir que la modalidad del cese prevalezca por sobre la incapacidad efectivamente constatada, más aún en el caso particular de autos donde el actor presenta un 56,48% de discapacidad imputada en forma exclusiva al cumplimiento de la función policial, porcentaje que -en efecto- supera el estándar exigido por la reglamentación (art. 2 segundo párrafo, dec. 149/10).
En ese derrotero, advierto que la interpretación propiciada respecto del art. 1 de la ley 13.985 presenta un desacople con los fundamentos que motivaron su sanción. Pues no debe perderse de vista que la finalidad que inspiró su creación fue precisamente -se insiste- compensar a aquellos agentes incapacitados en forma permanente en virtud de haber sufrido lesiones en actos de servicio, brindando finalmente contención a todo su grupo familiar.
De modo que lo que aquí debe prevalecer por encima de aspectos formales en el caso - v.gr. la modalidad de cese- es la circunstancia de que el actor presenta un 56,48% de incapacidad imputada al servicio, porcentaje que -reitero- supera el exigido por la reglamentación para conserva en pasividad el subsidio. Subsidio que fue previsto también para paliar la frustración de la carrera policial.
Sostener lo contrario, implicaría desvirtuar las razones que dieron génesis al beneficio de referencia, lo cual deviene irrazonable.
En definitiva, es aquí donde radica el principal reproche a la interpretación dada por los sentenciantes puesto que, de admitirse tal exégesis, se estaría convalidando una solución que no solo transgrede el espíritu de la norma, sino que -además- resulta incompatible con los principios constitucionales y la finalidad tuitiva que imperan en la especie.
Resulta oportuno señalar a esta altura que mientras se encontraba en actividad percibía el subsidio por la incapacidad permanente emergida como consecuencia de su prestación fiel de servicio; incapacidad que persiste luego de pasar a retiro, dado que esa condición no se ve afectada por el cese en la actividad, no resultando razonable -por tanto- privarlo de tal beneficio por el solo hecho de haberse acogido a un retiro voluntario, máxime si se considera que el porcentaje de incapacidad que padece le hubiera permitido acceder al retiro en forma anticipada sin afectar su percepción.
En ese contexto, debe tenerse en consideración la doctrina de esta Corte en cuanto tiene dicho, ante circunstancias como las configuradas aquí, que debe rehusarse cualquier interpretación desfavorable de la norma aplicable a la situación en que se encuentren los destinatarios de la seguridad social (causas B. 58.854, "Cal Herbertz", sent. de 16-VIII-2000 y A. 71.314, "Teplizky Jutoran", cit.).
VI. A modo de corolario es dable afirmar que, si bien la decisión adoptada podrá lucir legítima en su apariencia, lo cierto es que en rigor de verdad conduce a una solución contraria al derecho previsional, de naturaleza tuitiva y que, como principio, debe ser interpretado a favor del justiciable.
En relación a esto último, adquiere relevancia el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que ante situaciones como la planteada en el caso manda interpretar los hechos y el derecho a favor del reclamante de los beneficios y, además, establece lo que se denomina "primacía de la realidad" (conf. causas B. 58.477, "Colombo", sent. de 16-VIII-2000; B. 59.096, "Fiscal de Estado", sent. de 18-XII-2002; A. 71.498, "González, María", sent. de 11-V-2016 y A. 72.102, "Borio", sent. de 19-X-2016).
VII. Por todo lo expuesto considero que, en atención a las particulares circunstancias puestas de resalto, el señor Silva debe continuar percibiendo el subsidio de referencia en los términos del segundo párrafo del art. 1 de la ley 13.985, razón por la cual el remedio extraordinario merece acogida favorable.
Insisto, la interpretación que aquí propicio es coherente con los principios fundamentales sustentados por este Tribunal, en virtud de los cuales en la labor interpretativa deben prevalecer los fines tuitivos propios de la materia, de manera que el sentido que se asigne a las leyes previsionales no conduzca a desnaturalizarlos o a la pérdida o desconocimiento de derechos (conf. causas B. 55.768, "Hermoso", sent. de 5-IV-2000; B. 60.505, "Barbalarga", sent. de 27-X-2004 y más recientemente B. 60.561, "Cerone", sent. de 28-VIII-2021).
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