Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78734
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.734, "Streiternberger, Juan Diego c/ Ministerio de Seguridad s/ pretensión anulatoria. Empl. Público. Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó los recursos de apelación interpuestos, tanto por la actora como por la demandada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fuera concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora promovió demanda solicitando la nulidad de la resolución 90 de fecha 5 de febrero de 2016 y su confirmatoria resolución 1.565/17 de fecha 31 de mayo de 2017, ambas dictadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por medio de las cuales se dispusiera su pase al Subescalafón Servicios Generales, en los términos del art. 25 del decreto 1.050/09.
Allí relató que revistaba en el Subescalafón General de la Policía provincial con destino en el Servicio de Bomberos City Bell y que con fecha 10 de abril de 2011, siendo las 03.50 hs. aproximadamente se dirigía junto con dos compañeros a apagar un incendio cuando al llegar al lugar, y descender de la autobomba, pisó un pozo que se encontraba cubierto con agua, lo que le produjo la torcedura de su tobillo derecho. Explicó que a raíz de esto se iniciaron las actuaciones administrativas 21.100-287.205/2016, en el marco de las cuales el Ministerio de Seguridad dictó la resolución 1.267 de fecha 29-VIII-2016, en la cual se dispuso declarar las lesiones como graves y dentro del art. 339 del decreto 1.050/80.
Narró que antes del dictado de la resolución referida, el Ministerio de Seguridad —en el marco de otro expediente, el 21.100-266.531/16— dictó la disposición 90 de fecha 5-II-2016 (objeto de esta pretensión anulatoria, junto con su confirmatoria 1.565/17) mediante la cual se dispuso su cambio al Subescalafón Servicios Generales por aplicación de lo dispuesto en el art. 25 del decreto 1.050/09, al considerarse que las secuelas permanentes padecidas en su tobillo no resultaban imputables al servicio pero tampoco habilitaban a disponer su baja o retiro por invalidez.
Sostuvo que las lesiones sufridas debieron ser consideradas imputables al servicio en los términos de los arts. 20 de la ley 13.482 (Organización Policial) y 30 de la ley 13.982 (Personal Policial) por lo que no le resultaba aplicable el art. 25 del decreto 1.050/09 en el cual fueron encuadradas erróneamente, sino en el art. 51 de la ley 13.982 y, como consecuencia de ello, se lo debería haber pasado a situación de "actividad limitada".
Por ello, solicitó se declarara la nulidad de la resolución 90/16 que dispuso su pase al Subescalafón Servicios Generales del Ministerio de Seguridad y se lo reescalafonara en el Subescalafón Administrativo.
Por último, fundó en derecho su pretensión, ofreció prueba y solicitó una indemnización por daño moral en la suma de $40.000, así como el reconocimiento de la antigüedad y ascensos que le hubieran correspondido, todo ello a raíz del cambio escalafonario dispuesto por la demandada.
Respecto de la resolución 1.267/16, señaló que dispuso declarar las lesiones sufridas como de carácter grave y si bien las encuadró dentro de las previsiones del art. 339 del decreto 1.050/09, sostuvo que no se expidió expresamente respecto a si las lesiones eran imputables al servicio. Aclaró que, si bien esta es de fecha 29 de agosto de 2016, lo cierto es que los otros actos que aquí impugna fueron los que afectaron gravemente su situación de revista, por ser aquellos que decidieran, con anterioridad, su pase al Subescalafón Servicios Generales con invocación del art. 25 del decreto 1.050/09.
II. Por sentencia de fecha 11 de agosto de 2020, el juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de la ciudad de La Plata, hizo lugar parcialmente a la acción contencioso administrativa declarando la nulidad de la resolución 90 de fecha 5-II-2016 y su confirmatoria resolución 1.565/17 de 31-V-2017, ambas dictadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, condenó al mencionado ministerio a que, dentro del plazo de sesenta días (art. 163 Const. prov.), desde que quedara firme la sentencia, dictara un nuevo acto administrativo que dispusiera el pase del actor a situación de actividad limitada de acuerdo a lo normado en el art. 145 del decreto 1.050/09 y su mantenimiento en el escalafón originario previo al dictado de la resolución anulada (resol. 90/16).
Por su parte rechazó las pretensiones accesorias y condenó en costas a la demandada vencida.
III. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata se pronunció confirmando la sentencia de primera instancia, y rechazando los recursos.
III.1. Para así decidir comenzó puntualizando los elementos probatorios obrantes en la causa, para luego proceder al análisis detallado de la normativa policial aplicable. En ese marco, observó que existen dos tipos de lesiones reconocidas: aquellas que pueden calificarse como producidas en acto de servicio y aquellas ocurridas en ocasión o con motivo del servicio, cada una de las cuales posee requisitos específicos y que su correcta calificación conlleva distintas consecuencias jurídicas para el agente involucrado (cfr. arts. 45 inc. "g" apdo. 3, 51 y 52, ley 13.982 y 25, 83, 127, 128, 129, 338 y 339, dec. reglamentario 1.050/09).
De ese análisis concluyó que las lesiones padecidas por el actor fueron en cumplimiento del servicio y que, como tales, debían ser calificadas (art. 51, ley 13.982), trayendo las consecuencias que el ordenamiento jurídico les asigna en estos casos, remitiendo para ello al decreto reglamentario 1.050/09.
Para ello trajo a colación la sentencia del tribunal de trabajo, en la cual, luego de probarse el modo en el que se produjo el hecho dañoso, se hizo lugar a la demanda por accidente de trabajo interpuesta por el actor, condenándose en consecuencia al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (sent. de fs. 306).
También ponderó la disposición 19/12 del Superintendente de Seguridad Siniestral (v. fs. 3), donde se reconoce que el actor sufrió una torcedura de tobillo al bajar del autobomba, en momentos en que se disponía con otros dos compañeros a sofocar un incendio. Observa también que la resolución 1.267/16 del Ministerio de Seguridad reconoce expresamente que las lesiones del actor se produjeron con "motivo y en ocasión del servicio".
Entendió que la calificación jurídica que la Administración Pública realizó en la resolución 90/16 impugnada, al direccionar los hechos al art. 25 del anexo del decreto 1.050/09, es decir como lesiones no imputables al servicio, ha sido errónea, pues no se condice con la verdad de lo ocurrido.
Así y en un todo de acuerdo con el juez de grado, el Tribunal de Alzada concluyó en la existencia de un vicio palmario en la causa, en tanto se funda en un hecho inexistente afectando directamente la garantía constitucional de estabilidad en el empleo público y los derechos en materia laboral y seguridad social consagrados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Asimismo, encontró razón en lo planteado por el demandante en cuanto a la orfandad argumental y carencia de motivación suficiente de los actos impugnados, en tanto no se han especificado las patologías diagnosticadas, sus causas y si fueron adquiridas en el servicio.
Por último, también encontró vulnerado el debido proceso ante la omisión de la citación del actor, pues al margen de no tratarse "de un procedimiento disciplinario, sino de un proceso determinativo de las lesiones padecidas ello no permite convalidar en modo alguno, un procedimiento determinativo de las lesiones sin intervención de la parte afectada", agregando que "…no cabe admitir un trámite cursado hasta la resolución impugnada sin intervención de su destinatario, siendo que su participación surge como exigencia implícita a cualquier curso de rito, lo prevea o no la norma de aplicación, legal o reglamentaria, aun contra ella (conf. art. 18, CN y arts. 11 y 15, CPBA)".
Por todo ello rechazó el recurso de apelación interpuesto, confirmando de ese modo la sentencia de instancia en cuanto fuera materia de agravio, con costas en su calidad de vencida.
IV. Contra el referido pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando violación al art. 18 del Código Contencioso Administrativo, absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal.
IV.1. En primer lugar, con respecto a la violación del mencionado art. 18 que consagra el principio de firmeza de los actos, estima que al declarar la nulidad de las resoluciones 90/16 y 1.565/17, se modifica la calificación que la resolución 1.267/16 hizo de las lesiones, cuando esta última no fue motivo de impugnación expresa.
Explica que "El error de juzgamiento en el que ha incurrido el a quo es tan evidente, que el estado de cosas en que nos encontramos es de que, por un lado, tenemos un acto administrativo que calificó las lesiones sufridas por el actor como 'en ocasión o con motivo de servicio' (arts. 45 de la ley 13.982 y 339 del Decreto 1050/09), y por el otro, una sentencia judicial que declara que esas mismas lesiones fueron 'en acto de servicio' (arts. 51 de la ley 13.982; 144 y 145 del decreto 1050/09)".
Sostiene que ya al contestar la demanda explicaron que las resoluciones 90/16 y 1.565/17, que son los actos administrativos impugnados por el actor en el presente juicio, tenían como causa directa la resolución 1.267/16, por lo cual para analizar la calificación legal de las lesiones resultaba necesario analizar la legitimidad del acto administrativo que la había determinado, esto es, la resolución 1.267/16.
Por su parte, respecto de la violación de la doctrina de la causa A. 71.051, "Torres", que entiende desconocida en el fallo, explica que en dicho supuesto este Tribunal rechazo la indemnización solicitada por el exceso de duración de una disponibilidad preventiva, cuanto el acto que la había dispuesto se encontraba firme y consentido.
Argumenta que al afirmar que las resoluciones aquí impugnadas, esto es las 90/16 y 1.565/17, tienen un vicio en la causa, la Cámara tácitamente anuló la resolución 1.267/16 que, además de encontrarse firme y consentida, no fue impugnada, lo que le impidió a su parte defenderse.
IV.2. En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba, lo encuentra al tener por configurado un vicio en la causa de los actos impugnados con desentendimiento absoluto de la causa directa de hecho y derecho que —a su entender— era la resolución 1.267/16 y fijar a partir de ello las pautas para el dictado de un nuevo acto que desaplica la normativa policial de lesiones, disponiendo que se aplique a una lesión calificada como "en ocasión o con motivo del servicios" el régimen de las lesiones "en acto de servicio".
Señala que la Cámara transcribe las partes de la sentencia dictada en la causa laboral y de la resolución 19/12 en las que se describe la mecánica del accidente, concluyendo sin mayores explicaciones que el accidente sufrido configuró lesiones "en cumplimiento del servicio".
Alega que si el acto administrativo está encuadrando las lesiones en el art. 339 del decreto 1.050/09 (lesiones con motivo o en ocasión del servicio) que reglamenta el art. 45 inc. "g" apartado 3 de la ley 13.982, luego no puede concluirse que dichas lesiones son "en acto de servicio" en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 144, 145 y 338 del decreto 1.050/09.
IV.3. Por último, se agravia por la violación de la inteligencia de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial y la doctrina legal vinculada, sin respetar que el trámite de pase de Subescalafón —no sumarial— no prevé traslado previo del dictamen psicofísico y que dentro de ese trámite el actor ejerció su defensa por la vía recursiva, la que volvió a ejercer en sede judicial sin aportar contrapruebas. Cita los precedentes B. 59.986, "Caselli", sentencia de 16-II-2005 y B. 66.140, "Erquiaga", sentencia de 3-IV-2014.
Concretamente argumenta que esta inteligencia viola la propia letra de la legislación aplicable en la materia que establece para estos casos especiales un trámite de "mera certificación del estado del agente", no siendo necesario el desarrollo de un procedimiento bilateral, ni la exigencia de mayores formalidades y cita doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en causa B. 63.893, "Maciel", sentencia de 10-IV-2019. De allí que, respecto de procedimientos como el seguido en el sub examine , se ha dicho: "...es un procedimiento probatorio prima facie [...] Queda siempre abierto a la impugnación de la parte contra quien se pretende oponer [...] La información puede destruirse mediante procedimientos tendientes a demostrar su inexactitud" y cita doctrina de esta Suprema Corte en causa B. 50.115, "Sosa", sentencia de 23-VI-1987.
Para concluir, se agravia de que la Cámara haya omitido el argumento por su parte planteado, respecto de que tanto la vía recursiva en sede administrativa como la presente acción judicial, dieron suficiente oportunidad para que la actora ejerciera su derecho de defensa, sin que lo haya hecho idóneamente, en tanto habría llegado al extremo de desistir de la prueba pericial en el pleito y cita doctrina de esta Suprema Corte en la causa B. 59.986, "Caselli", sentencia de 16-II-2005. También, los precedentes B. 55.872, "Pretto", sentencia de 20-IV-1999 y B. 56.166, "Bruno", sentencia de 18-XI-2003.
V. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
V.1. Sin perjuicio del orden en que fueran formulados los agravios comenzaré aquí por el planteo de absurdo y ello pues, pese al intento de la demandada de presentar el caso como una cuestión de derecho invocando para ello la violación de distintos artículos, ya sea del Código Contencioso Administrativo o del Régimen policial, lo cierto es que el tema a resolver, al menos en esta parcela, es una cuestión de hecho y prueba, y como tal reservada a los jueces inferiores.
Las decisiones recaídas en este proceso, se cimentan sobre la calificación de las lesiones sufridas por el actor, como una consecuencia directa de su función como bombero.
La afirmación del a quo al inicio del apartado IV del fallo es demostrativa de lo que se quiere ilustrar. Allí, dijo el tribunal: "Adelantamos que el recurso no es de recibo. En sentido coincidente con lo dicho por el juez de primera instancia, de los elementos probatorios adunados en la causa surge palmariamente que, las lesiones padecidas por el actor fueron en cumplimiento del servicio y que, como tales, deben ser calificadas con las consecuencias que el ordenamiento jurídico les asigna en estos casos -decreto reglamentario 1050/09-".
Esta afirmación, que reviste el carácter central de la decisión, no ha sido debidamente refutada por el recurso. Siendo ello así, y no estando debidamente controvertido el eje de lo resuelto, que conforme se viene diciendo es una cuestión predominantemente fáctica —como es la apreciación de los hechos y su subsunción bajo una norma determinada—, la suerte adversa del embate es inobjetable.
En este sentido habré de recordar que el análisis de los hechos, como regla, resulta ajeno a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo que se denuncie y configure el supuesto excepcional del absurdo (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018; e.o.). Supuesto este que no se encuentra demostrado en autos.
Concretamente, aquí se intenta desbaratar la ponderación efectuada en las instancias anteriores acerca de si el accidente que padeció el actor —en función de las circunstancias que lo rodearon y la dinámica con la cual se desarrolló— lo fue "en o por acto de servicio", encuadrable en los términos del art. 51 de la ley policial (conf. art. 338, dec. 1.050/09) o, por el contrario, lo fue ajeno a este y "con motivo o en ocasión del servicio" (art. 339, dec. cit.).
En esa apreciación, tal como se anticipó, los jueces de la causa son soberanos, por lo que la temática se encuentra —como regla— excluida del control casatorio, a menos que se presente una seria desviación como la apuntada (conf. causas A. 70.984, "Bellocchio", sent. de 15-X-2014; A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016; A. 73.397, "Dospital", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
Al haberse inclinado por lo primero, el Fisco se agravia y busca desarticular semejante conclusión. Sin embargo, lo esgrimido en el recurso no aporta una explicación que deje al desnudo una desinterpretación grosera de las constancias objetivas de la causa y de lo que fuera materia de debate en ella.
Ese vicio ha sido definido como un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa, circunstancias que no han podido ser demostradas. Y que no basta un error meramente opinable, ni se trata de un carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien impugna (doctr. causas A. 71.156, "D. P. G., N. C.", sent. de 12-IX-2012; A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.733, "Busse", sent. de 5-X-2020; e.o.).
V.2. En cuanto al planteo de la violación del art. 18 del Código Contencioso Administrativo y de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia, por haberse declarado la nulidad de las resoluciones 90/16 y 1.565/17, sin hacerlo de manera expresa respecto a la resolución 1.267/16 siendo que según sostiene esta es su causa directa, debo adelantar que tampoco resulta atendible.
Hay una circunstancia que es totalmente inadvertida por la representación fiscal, y que desbarata todo su argumento. La resolución 90/16, fue dictada con anterioridad a la resolución 1.267/16.
Tal secuencia evidencia la inexactitud de lo afirmado por la defensa estatal, pues la resolución 1.267/16 dictada con fecha 29 de agosto de 2016, no puede razonablemente ser la causa de un acto administrativo anterior; en particular la mentada resolución 90/16 es anterior al 5 de febrero de 2016. Este descalce temporal quebranta irremediablemente el argumento fiscal.
Cuando la Administración dictó la resolución 1.276/16 (a la que el actor califica como la causa de la resol. 90/16), el día 29 de agosto de 2016, su par resolución 90/16 ya se encontraba impugnada.
De tal modo, la pretendida firmeza de la resolución 1.276, y su naturaleza de causa de los actos impugnados en
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