Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°7 del Departamento Judicial de San Isidro con sede en Pilar para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.746 "ASOCIACION DE MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad del Pilar, con miras a que se declare la nulidad de la resolución 689/24, dictada por la Subsecretaría de Recursos Humanos comunal, y a que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 53 y 123 de la ley 14.656 y del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por la ordenanza local 175/17.
Requiere, en concreto, que se reconozca su derecho a celebrar negociaciones colectivas de tipo paritarias con la demandada y que se inste a esta a realizar la convocatoria en un plazo no mayor a cinco días.
En cuanto a los hechos, alega que mediante el citado pronunciamiento, el municipio demandado denegó su solicitud de participación en las negociaciones salariales en representación de sus afiliados, todos ellos profesionales de la salud que se desempeñan en el ámbito territorial de la Municipalidad del Pilar. Al respecto, arguyen que esa negativa hallaría su razón de ser en la falta de personería gremial de la actora.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro. Sin embargo, su titular se declaró incompetente para entender en el asunto tras sopesar -en lo primordial- que en la controversia lo que se debaten son cuestiones vinculadas al derecho colectivo de trabajo, razón por la cual el caso resultaba ajeno a la competencia del fuero contencioso administrativo (arts. 4 inc. 1, CCA; 1, ley 11.653 y 2 inc. 2, ley 15.057).
Al así decidir, ordenó la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes con sede en Pilar para que esta procediera a su sorteo entre los tribunales de trabajo de aquella jurisdicción (v. resol. de 30-V-2024).
Dicho pronunciamiento, luego de ser apelado por la actora, fue confirmado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín. Para rechazar el recurso, sus miembros consideraron que el remedio resultaba improcedente a los fines de dirimir la cuestión de competencia allí planteada (v. resol. de 2-VII-2024).
De este modo, el expediente recayó en el Tribunal de Trabajo N°7 del Departamento Judicial de San Isidro con sede en Pilar. No obstante, sus integrantes rechazaron la competencia que se les endilgara en la inteligencia de que el pleito no podía encasillarse en ninguno de los supuestos previstos en el art. 2 de la ley 15.057, ni en aquellos estipulados por la ley 23.551 (v. resol. de 15-X-2024).
Devueltos los obrados al órgano remitente, este mantuvo su postura primigenia, planteando así un conflicto de competencia que elevó a esta Suprema Corte a efectos de que lo dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. proveído del 22-XI-2024).
III. El art. 166 de la Constitución provincial consagra las bases de la materia contencioso administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166, Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ella contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices, el caso escapa de la competencia material contencioso administrativa, en tanto la solución del pleito involucra la aplicación de normas de raigambre laboral, específicamente aquellas vinculadas al derecho colectivo del trabajo. En efecto, la asociación sindical demandante pretende, a través de una pretensión anulatoria, que se reconozca su derecho a participar en las negociaciones salariales a llevarse a cabo con el municipio demandado; ello, en representación de un cierto número de trabajadores de la salud que prestan servicios en el ámbito municipal.
De allí que, independientemente de tratarse de una acción esgrimida a los fines de que se declare la nulidad de una resolución emanada de una dependencia pública -la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad del Pilar-, el litigio deberá ser zanjado por aplicación de normas y principios ajenos al derecho administrativo (doctr. causa B. 72.238, "Sancor Coop. de Seguros Ltda.", resol. de 8-V-2013).
V. Por todo lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°7 del Departamento Judicial de San Isidro con sede en Pilar el órgano que continúe entendiendo en la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°7 del Departamento Judicial de San Isidro con sede en Pilar para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental. A tal fin, líbrese oficio.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2025 10:58:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 15:21:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:07:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:29:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:59:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:02:43 hs. bajo el número RR-83-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia