Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79186
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.186 "BORDON, KARINA LOURDES C/ FISCALIA DE ESTADO S/ PRETENSIÓN ANULATORIA. EMPLEO PÚBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, la señora Karina Lourdes Bordon promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la RESO-2023-103-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires declaró que el hecho que le generó las lesiones el día 2 de abril de 2017, no guarda vinculación alguna con el servicio. A partir de dicha anulación, solicitó la modificación de la calificación legal del infortunio (la cual deberá ser determinada en el art. 51 de la ley 13.985) y, en consecuencia, el reconocimiento y condena a la demandada al pago de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, hasta el momento de su retiro. Asimismo planteó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 4 del decreto reglamentario 149/10, en tanto condiciona el monto del subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la Ley 13.982 y, por último, solicitó se condene a la demandada al pago retroactivo de las sumas correspondientes al subsidio peticionado, devengadas desde la fecha en la cual fue herida (el 2-IV-2017), hasta el efectivo pago.
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial.
Sostuvo que debe resolverse, en primer lugar, la cuestión vinculada a la calificación de las lesiones y en el hipotético caso de serle favorable la sentencia a la actora, deberá reclamar las restantes prestaciones en sede administrativa y ante el organismo competente. Agregó que, no obsta a lo anterior, el hecho de que la demandante haya planteado la inconstitucionalidad de las normas que determinan el cálculo de los subsidios.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad formal de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado, declarando la inadmisibilidad de la demanda en la parcela referida al cobro de subsidios, retroactivos, reajustes y al planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, reanudando el plazo para contestar la demanda sólo respecto de la pretensión de nulidad de la RESO-2023-103-GDEBA-MSGP, dejando establecido que la acción de autos se circunscribe al debate de la legitimidad de la calificación de las lesiones como ocurridas "en ocasión del servicio" (v. resol. de 27-VI-2023).
I.4. Apelado dicho pronunciamiento por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la resolución en crisis y rechazó la excepción de inadmisibilidad formal de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado, remitiendo la causa al juez de grado a fin de que brinde continuidad al trámite del presente proceso judicial (v. sent. interloc. de 19-X-2023).
Para así resolver, consideró que de las constancias de las actuaciones administrativas y en concordancia con la tesitura que sustenta la pretensión de reconocimiento blandida, el procedimiento seguido en ese marco dio lugar a un pronunciamiento administrativo que, de haber arribado a una decisión contraria a la aquí impugnada [esto es, de haber calificado que las lesiones resultaron en el acto de servicio], habría finiquitado con el dictado de un acto administrativo que dirima las cuestiones sustanciales cuya determinación se persique en el presente litigio. De allí que, con respaldo en el principio in dubio pro actione , obligar a la actora a transitar este proceso judicial para, posteriormente, ocurrir a la vía administrativa a fines de obtener los beneficios económicos reclamados, importaría un excesivo rigor formal incompatible con las pautas constitucionales establecidas en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial.
Concluyó que, a tenor de la consideración integral de los antecedentes del caso, no lucía atendible la excepción de inadmisibilidad formal empuñada por la demandada con sustento en el recaudo de agotamiento de la vía administrativa previsto en el art. 14 del Código Contencioso Administrativo, puesto que en la especie el pretendido tránsito por ante esa sede ya ha tenido oportunidad a instancias de la propia actora y hubo merecido el pertinente pronunciamiento del órgano administrativo con competencia resolutoria final, impugnado en la presente (conf. art. 14 inc. 1, apdo. "a", CCA).
II. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 3-XI-2023), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 28-XII-2023), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 6-II-2024).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021 y Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada revocó la resolución de primera instancia que hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión intentada por la demandada, remitiendo la causa al juez de grado a fin de que brinde continuidad al trámite del presente proceso judicial. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el efecto aludido en el párrafo anterior (conf. causas A. 74.776, "Covac SRL", resol. de 6-IX-2017; Q. 75.645, “Rojas”, resol. de 24-IV-2019; Q. 77.039, "Peralta", resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.101, "Ortiz", resol. de 9-II-2023 y Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Por último, cabe agregar que la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2024 13:45:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2024 13:10:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:10:28 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 19:11:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 11:06:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2024 11:14:17 hs. bajo el número RR-538-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia