Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79952
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.952 "GUZMAN MARIANA SOLEDAD C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, la señora Mariana Soledad Guzman promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la resolución 2022-2041-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encuadró las lesiones que sufriera el 18-X-2020 en los términos del art. 339 del decreto reglamentario 1050/2009. A partir de dicha anulación, solicitó la modificación de la calificación legal del infortunio (la cual entiende que debería ser determinada en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del decreto reglamentario 1050/09). En consecuencia, pidió el reconocimiento y condena de la demandada al pago de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985 por el período comprendido entre aquel en que fue herida en acto de servicio y el momento de su retiro. Asimismo planteó la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, en tanto establece el monto del subsidio en la suma equivalente al sueldo básico más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la ley 13.982. También solicitó la invalidez de los arts. 2 y 4 inc. "b" del mentado reglamento, en tanto disponen que aquellos efectivos que hayan perdido de manera definitiva la capacidad para realizar tareas operativas deberán contar con una incapacidad igual o superior al 50% T.O. para percibir el beneficio (v. presents. electrs. de 30-XI-2022 y 4-VI-2024).
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la via judicial (v. present. electr. de 15-VIII-2024).
Adujo que la actora intenta judicializar en forma simultánea planteos que deben tratarse en forma sucesiva, por depender de trámites propios, como son: i) la recalificación de las lesiones; ii) el otorgamiento del subsidio de la ley 13.985, con tacha del umbral del 50% de incapacidad para su otorgamiento (arts. 2 y 4, dec. regl. 149/10); iii) el reajuste del monto del subsidio con tacha del art. 3 del decr. 149/10 y iv) que se le reconozca el derecho al pago retroactivo de las sumas reclamadas.
Entiende que a lo único que debe ceñirse la demanda en traslado es a la cuestión vinculada a la anulación de la resolución que califica las lesiones (para saber si ocurrieron con motivo o en ocasión del servicio, o por acto de servicio), deviniendo a su vez una cuestión prejudicial de la que depende todo análisis ulterior (autónomo) sobre temas sucesivos (subsidio, reajuste, retroactivos, etc.), en relación a los cuales todavía no existe caso o controversia (ni puede suponerse que exista uno implícito por el debate suscitado), porque en relación a ellos no se generó ningún planteo en sede administrativa que haya sido rechazado.
I.3. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mercedes rechazó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión interpuesta por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36 inc. 1, CCA; v. resol. de 16-IX-2024).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el pronunciamiento de grado (v. resol. de 26-XII-2024).
Consideró que el pedido de Fiscalía de Estado de que en esta instancia se aborde únicamente el planteo anulatorio implicaría -en las particulares circunstancias de autos- un exceso ritual contrario al principio de economía procesal y a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva, en tanto obligaría a la actora a transitar nuevamente la vía administrativa en procura de los derechos cuyo reconocimiento pretende, y a los cuales no puede acceder en virtud de una postura ya asumida por la Administración (cfr. arts. 15, Const. prov. y 14 inc. b, CCA).
Asimismo, ponderó que las demás objeciones que la demandada observe con respecto a la procedencia de los derechos reclamados en autos, podrán ser sustanciadas en el marco del presente proceso, donde deberán abordarse sus argumentos y pruebas sobre la cuestión, sin que se advierta una injerencia impropia en facultades discrecionales de la Administración, en tanto no se advierte prima facie una exigencia mayor que la confrontación de los hechos ventilados en autos con los supuestos normativos previstos por las leyes invocadas por la actora, a fin de dilucidar si le corresponden -o no- los beneficios que reclama como consecuencia de su planteo nulitivo.
Recordó que resulta factible para la judicatura el reenvío de los autos a sede administrativa a los fines de que el órgano competente dicte el acto correspondiente si no fuese factible o jurídicamente procedente dirimir en esa sede la cuestión material planteada y, en su caso, analizar dicha resolución en el marco de la ejecución de la sentencia de estos obrados.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de 13-II-2025), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado -(v. resol. de fecha 20-III-2025), motivó la presente queja (v. present. electr. de 31-III-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que solo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión intentada por la demandada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resol. de 30-XII-2024 y Q. 79.733, "Cuello", resol. de 11-IV-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Por último, con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:43:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:14:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:34:39 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2025 12:23:53 hs. bajo el número RR-400-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia