Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.80.440 "CAAPOBEL NORMA BEATRIZ C/ PCIA DE BS.AS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD. HH. S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPLEO PÚBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones y aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Zárate-Campana, en el marco de una pretensión de reconocimiento de derechos deducida por la señora Norma Beatriz Caapobel contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en etapa de ejecución de sentencia y ante la denuncia de incumplimiento del pago de honorarios, intimó por el plazo de 10 días a la parte demandada condenada en costas a abonar los regulados al doctor Paulo Marcelo Vera, tanto en primera como en segunda instancia (v. proveído de 28-VIII-2024).
Ante ello, la representante de Fiscalía de Estado planteó oposición a su obligación de pago bajo la invocación de que la actuación profesional desplegada por este último se hallaba viciada por su incompatibilidad proveniente de su condición de empleado público de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo funciones como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (v. presentación de fecha 16-IX-2024).
La jueza a quo rechazó el planteo contra la intimación oportunamente formulada (v. resol. de 11-IV-2025).
Luego de analizar la normativa vigente con relación a la profesión de abogado concluyó, en primer término, que no surge expresamente receptada la incompatibilidad de un agente del servicio penitenciario provincial para llevar a cabo la representación judicial en calidad de abogado con relación a la interposición de demandas judiciales como la tramitada en el presente (relativa a una cuestión de empleo público de la Provincia).
Seguidamente, remarcó la atribución de los Colegios de Abogados para ejercer el poder de policía y aplicar sanciones disciplinarias a sus colegiados, de corresponder.
Y por último, resaltó que la improcedencia del planteo surgía de la ausencia de tempestividad, ya que fue introducido recién al apelar por altos los honorarios a cuyo cobro el letrado ya tenía derecho, sin ponerlo en crisis a lo largo del proceso.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó el decisorio de primera instancia. Consideró que el escrito de apelación no contenía una crítica concreta y razonada del fallo impugnado por la apelante -conf. art. 56 inc. 3, CCA- (v. resol. de 16-IX-2025).
Para así decidir, ponderó que la demandada dejó incólume la estructura medular sobre la cual la jueza decidió, es decir, la aplicación concreta de las normativas detalladas que están vigentes en lo que se decide y recurre.
III. Frente a ello, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-X-2025), el que denegado -con sustento en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada- (v. resol. de 27-X-2025), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 5-XI-2025).
IV.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, en principio, no son susceptibles de ser impugnados por la vía prevista por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, por ser posteriores a la sentencia definitiva, no reúnen la calidad requerida por el citado artículo y tales cuestiones, en cuanto corresponden al cumplimiento de lo ya decidido y firme, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (doctr. causas Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 77.523, "Comba", resol. de 11-II-2022; Q. 79.141, "Benítez", resol. de 26-VI-2024; Q. 79389, "Cliba Ingeniería Ambiental SA", resol. de 11-VII-2024 y Q. 79.454, "Alfonso", resol. de 23-V-2025; e.o.).
Asimismo, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas A. 78.382, "Sanchez", resol. de 9-X-2023; Q. 79.138, "Media Planning SA", resol. de 19-IV-2024; Q. 79.958, "Ramos", resol. de 18-VI-2025).
Así, el fallo de la Cámara que, en la etapa de ejecución de sentencia y encontrándose firme la imposición de costas, rechazó la oposición a la obligación de pago de honorarios, no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 76.440, cit.; Q. 77.214, "Arabia", resol. de 17-IX-2021 y Q. 79.454 cit., e.o.).
IV.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
IV.3. La alegación de cuestiones federales no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129, "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:37:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 18:35:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2026 11:50:55 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 10:56:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:03:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:47:04 hs. bajo el número RR-99-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia