Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.80.650 "CIRO PABLO DAVID C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, en lo que aquí interesa, el señor Pablo David Ciro promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la RESO-2024-1254-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encuadró dentro de las previsiones del art. 339 del anexo del decreto reglamentario 1050/09, las lesiones que aquel sufriera el 7-III-2023. A partir de dicha anulación, solicitó la modificación de la calificación legal del infortunio (la cual entiende que debería ser determinada en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del decreto reglamentario 1050/09). En consecuencia, pidió el reconocimiento y condena de la demandada al pago de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, devengadas durante el período comprendido entre el momento en que el actor fue herido en acto de servicio y hasta la fecha en la que reciba el alta, aclarando que -si frente a la eventualidad de que la incapacidad lo imposibilite de manera definitiva para el desarrollo de la actividad policial- su derecho al cobro se extienda hasta su retiro.
Asimismo, requirió que dichas mensualidades sean equivalentes a lo que por todo concepto, y a valores actuales, perciba un Teniente Primero del Subescalafón General de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Solicitó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10.
Por último, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del citado reglamento (v. presents. electrs. de 12-IX-2024 y 2-VII-2025).
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 25-VIII-2025).
Adujo que el actor, a través de su demanda, reclama a la jurisdicción el reconocimiento de un derecho (subsidio, ley 13.985), que no ha sido debatido y/o denegado por parte de la administración.
Entendió que el necesario respeto de la competencia prioritaria de la administración en el tema, no sólo se justifica para permitir el ejercicio de las incumbencias gubernativas que tiene asignado el ejecutivo en la materia, sino también para evaluar las condiciones legales de procedencia del reclamo, para tener la oportunidad de satisfacerlo extrajudicialmente en su instancia (sin cargar con los mayores costos de un proceso); para dar las eventuales razones que pudieran oponerse al otorgamiento, generando una instancia previa de resolución del punto, con virtual descongestión del servicio de justicia y para permitir que sólo lleguen a juicio los conflictos madurados, con información suficiente como para facilitar la tarea de debate en el proceso.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Pergamino rechazó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión planteada por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, ordenó reanudar el cómputo del plazo para contestar la demanda (confr. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 10-IX-2025).
Para así decidir, consideró que la demandada plantea que el actor no ha agotado la vía administrativa, en tanto no inició procedimiento alguno con miras a percibir un subsidio, que -en rigor de verdad- se encuentra concatenado a un planteo del señor Ciro que fue resuelto por la autoridad interviniente en forma distinta a la pretendida por aquel.
Explicó que las lesiones que sufrió el demandante fueron encuadradas por el Ministro de Seguridad en los términos del art. 339 del Anexo del Decreto 1050/09 y la parte actora pretende que dicho encuadramiento sea determinado por el art. 51 de la ley 13.982, encasillamiento que -según afirma- otorgaría el derecho a percibir el subsidio dispuesto por el art. 1 de la ley 13.985, el cual no fue solicitado por el señor Ciro en orden a lo que se decidió en sede administrativa con motivo de la normativa aplicada por la demandada a su situación.
Entendió que pretender el sostenimiento de la exigencia al actor de requerir el pago de un subsidio establecido legalmente para situaciones ajenas normativamente al encuadramiento efectuado por la propia demandada, luce como un "ritualismo inútil" al que refiere el art. 14 inc. b del Código Contencioso Administrativo, pues conforme a lo que surge de lo actuado tanto en sede ministerial, como ante estos estrados, se trata de uno de esos supuestos en los que media " ...una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación... ", advirtiéndose en este punto la infructuosidad cierta del procedimiento administrativo.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás confirmó el pronunciamiento de grado que desestimó la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión. Invocó lo resuelto por esa Cámara en la causa n° 4236 "Lucero", resolución interlocutoria de 3-X-2023 (v. sent. interloc. de 15-XII-2025).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de fecha 30-XII-2025), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de fecha 19-II-2026), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 27-II-2026).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión intentada por la demandada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.909, "Bustos", resol. de 4-VI-2025; Q. 80.009, "Clavijo", resol. de 27-VIII-2025; Q. 80.175, "Gimenez", resol. de 18-IX-2025 y Q. 80.436, "Semana", resol. de 22-XII-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Por último, con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:43 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:42:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:44 hs. bajo el número RR-346-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia